En los Boletines Oficiales de los últimos días hemos podido observar el diferente tratamiento que la Administración General del Estado y la Administración autonómica aragonesa dan a la publicación de los nombramientos del personal eventual de los Gabinetes de los miembros de los respectivos Ejecutivos o altos cargos de tales Administraciones.
En el caso de la Administración General del Estado, se publica en el Boletín Oficial del Estado la disposición por la que se acuerda el nombramiento, recogiéndose el contenido íntegro de la misma, fecha en que se dicta y autoridad competente que la dicta. En suma, se respetan los requisitos que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la publicación de actos administrativos, pues no debe olvidarse que el nombramiento de personal eventual es un acto administrativo.
Por el contrario, en el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el Boletín Oficial de Aragón no se publica la disposición por la que se lleva a cabo el correspondiente nombramiento de personal eventual, suscrito por la autoridad que lo acuerda, sino que dicha publicación –expresamente requerida por el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón- es sustituida indebidamente por un mero anuncio que da publicidad de tal nombramiento y que viene suscrito por el titular de la correspondiente Secretaría General Técnica.
Ese modo de proceder por parte de los miembros del Gobierno de Aragón no se ajusta ni a lo que establece la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón ni a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, razón por la cual debiera sostenerse que el nombramiento efectuado carece de validez, al haberse incumplido el requisito de publicación exigido por la Ley.
Además, y aunque las comparaciones resulten odiosas, tal forma de proceder del Gobierno de Aragón –como bien puede apreciarse- no resiste la comparación con la práctica seguida en la Administración General del Estado.
Nada justifica que la publicación, con sus claras exigencias, se vea suplantada en la Administración aragonesa por el sucedáneo de la publicidad, en el que se nos cuenta, por tercera persona, el nombramiento que se ha llevado a cabo. Acaso sea una muestra más de la aversión a la transparencia que parece sufrir el actual Gobierno de Aragón.
Veamos, a continuación, lo que cada cual hace para poder comparar:
A) PUBLICACIÓN DE NOMBRAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
Orden TIN/1062/2010, de 12 de abril, por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración a doña Gemma Pinyol Jiménez.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.2 f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de abril de 2010, he resuelto nombrar a doña Gemma Pinyol Jiménez, N.R.P. 5262626346 E, Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
Madrid, 12 de abril de 2010.–El Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho Chaves.
B) PUBLICIDAD DE NOMBRAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se da publicidad al nombramiento como Personal Eventual de un Asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, se da publicidad al nombramiento de D. Ángel Luis Monge Gil como Asesor adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón, con efectos del 8 de marzo de 2010, mediante Decreto de 3 de marzo de 2010, del Presidente del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 18 de marzo de 2010.
El Secretario General Técnico de la Presidencia, IGNACIO REVILLO PINILLA
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
43 comentarios:
Lo que resulta odioso en este caso, como en tantos otros, es la actitud mantenida por el Gobierno.
LA última iniciativa de las fuerzas políticas mayoritarias en el "Parlament de Catalunya" para repudiar al Tribunal Constitucional es una maniobra de alcance político inquietante. Hablo de repercusiones políticas porque en términos jurídicos, el recorrido es nulo. Como institución y en el uso de sus funciones, el TC es un órgano independiente amparado por la Constitución de la que es su último garante e intérprete. Así las cosas la recusación o repudio que viene de Barcelona no pasaría de ser una maniobra política. Una más por parte de quienes incluso antes de conocer el signo de la sentencia sobre los recursos presentados contra el "Estatut", han decidido ponerse en lo peor intentando deslegitimar al árbitro. Lo malo es que para hacerlo invocan un supuesto mandato del "pueblo catalán". El equívoco no es casual. Es intencionado. El último Estatuto de Cataluña fue sometido a referéndum y fue aprobado, pero dicha aprobación ni sancionaba su constitucionalidad ni, por supuesto, anulaba la capacidad y jurisdicción del Tribunal Constitucional para, ante un eventual recurso, poder sentenciar acerca de su naturaleza acorde o ajena a la Carta Magna.
¿Por qué digo que el problema creado es de naturaleza política Pues porque quienes recusan (Montilla, Mas, Saura, etc) saben perfectamente que la raíz de un Estado de derecho (como es España) está basada en la separación de poderes. Y en esa estructura el TC es piedra de bóveda. Intentar removerlo es poner en riesgo todo el sistema constitucional que fue aprobado, también en referéndum, por todos los españoles. Catalanes incluidos. Aunque estén ya en campaña electoral, los Montilla (¡ex ministro del Gobierno de España!), Mas, Saura y compañía, deberían reflexionar sobre las repercusiones de semejante desafío. También falta una palabra de Rodríguez Zapatero sobre este asunto... a fin de cuentas es el presidente del Gobierno de España. No estaría de más que recordara que los tribunales a la carta son ajenos a la esencia del sistema democrático
JULIA NAVARRO
DIARIO DEL ALTOARAGON
Vivimos unos momentos de enorme zozobra, a la vista de la realidad económica e institucional de nuestro país.
¿lo arreglamos entre todos?
¿Se puede suprimir alguna empresa pública?
¿Toca adelgazar la administración aragonesa como se ha hecho en el Estado?
El Consejo de Ministros ha aprobado sendos planes para racionalizar la Administración general del Estado, con el consiguiente recorte de altos cargos, y para reducir el sector público empresarial. El Gobierno busca con estos planes cumplir sus compromisos de austeridad para reducir el déficit.
De esta forma, el Gobierno ha decidido reducir en 29 el número de empresas públicas, que hasta ahora eran 106, y también ha suprimido 32 altos cargos de los distintos ministerios. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía Elena Salgado, ha cifrado en 16 millones de euros el "ahorro directo" que supone este recorte.
La reestructuración del sector público empresarial consiste en la desaparición de 14 sociedades mercantiles y la fusión de otras 24, y también se suprimirán la mayoría de las fundaciones. La reestructuración del sector público supondrá la supresión de 80 cargos directivos y de 450 puestos de consejeros en empresas y entidades públicas empresariales.
Según el Plan de Racionalización aprobado por el Consejo de Ministros, las empresas públicas estatales recortarán en al menos un 10% sus puestos directivos, 40 en total, y un 15% el número de consejeros de aquellas sociedades que cuenten con un consejo de administración de más de seis miembros, 150 en total.
La misma reducción porcentual se aplicará a otras entidades públicas empresariales, lo que implicará una amortización de 40 puestos directivos y 300 consejeros.
Habrá una excepción para el caso de las autoridades portuarias, en las que la reducción de consejeros será del 40%, según explicó Salgado.
La amortización de los consejeros deberá formalizarse antes del 31 de julio, en tanto que la reducción de los cargos directivos tendrá efecto antes de que acabe el año.
Los 32 altos cargos del Gobierno que desaparecen son ocho directores generales, un secretario general y 14 organismos autónomos con rango de director general.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos hará un seguimiento permanente de la aplicación del plan y elevará un informe sobre el mismo al Consejo de Ministros en el primer trimestre del año que viene.
Plan de Austeridad
El plan aprobado por el Gobierno buscará mejorar la eficiencia y la gestión de la Administración General del Estado, que cuenta con unos 340 altos cargos (desde secretarios de Estado hasta directores generales). Se desarrollará en coherencia con el plan de austeridad aprobado a finales de enero, que limita la tasa de reposición de efectivos al 10% y reduce los costes de personal en un 4% hasta 2013.
EL MUNDO.
Comentario:
El problema es que no es bastante. Hay mucho más que podar. Y muchísimo también en las CCAA y ayuntamientos. ¿ Cuando empezarán estos ? Ojalá se vaya contagiando. No se libra ningún partido político.
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A ver: cuántos funcionarios menos en total ? Porque si lo único que van a hacer es cambiarlos de sitio, apaga y vámonos ...
Comentario:
Ahora le toca el turno a las CCAA y a los aytos que son los que mas personal, empresas publicas, fundaciones y altos cargos tienen.
Comentario:
¿ Se van al paro ? O recoloca a 32 altos cargos con cargo al presupuesto público. No explican nada. Es decir nada nuevo.
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Apuesto a que ninguno de los trabajadores nombrados a dedo de las empresas públicas van al paro...
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Pues mira que han tardado..... y pocos me parecen, sobran todos los amigos, hijos, amigos de sus hijos, dobles trabajos, asesores que ni aparecen,....(pero cobran),...... muchos muchos
Comentario:
De qué sirve reducir la administración del Estado si luego las CCAA no hacen lo mismo (el caso de Andalucía es terrible: decenas de empresas públicas sin control llenas de enchufados para mantener la red de control de la sociedad). Eso solo beneficia a los nacionalistas, que aligeran cada vez más la presencia de España en sus territorios.
Comentario:
Se suprimirán las empresas pero se recolocarán a los empleados, ¿no? al final es mover el gasto de sitio.
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pero esto lo anuncian como la super-medida, y se ahorran 16 millones de euros?? pero que son 16 millones de euros?? eso es calderilla¡¡¡ que fuerte, estan son las medidas de austeridad que iban a anunciar hoy....está claro que lo de este gobierno no tiene arreglo
Comentario:
Grandioso ahorro, 3 euros y medio por parado.
Comentario:
Y por que no reducen el sueldo a los funcionarios no productivos de los ministerios, a esos miles de funcionarios que van a trabajar solo para calentar la silla, que fichan por la mañana y se van al Corte Ingles a las rebajas, o a la peluqueria del propio ministerio, o incluso a aquellos que yendo a trabajar no estan ocupados ni el 50% de su tiempo. Estamos tirando el dinero de todos los contribuyentes y lo peor es que no es tampoco culpa de los trabajadores si no de los cargos medios y altos de esas administraciones que no son capaces de aprovechar sus recursos y los mantienen ociosos. Que verguenza!!! Deberiamos manifestarnos para que no se tire el dinero publico en lugar de preocuparnos de si Belen Esteban ha discutido con el jurado de un programa de baile. Fdo: Ignacio García
Donde dice "de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón" se está mintiendo, porque no es eso lo que dice la Ley.
¿Quién se preocupa de los boletines oficiales?
¿Invocan la Ley para incumplirla?
FINAL DE TRAYECTO.
La suerte está echada. Salvo milagro todo apunta a que la odiseica aventura del Estatut acabará de la peor manera posible: los magistrados corren –ahora, sí, raudos y veloces– hacia la reforma judicial de la Constitución. ¿Sabemos por qué la desdichada aventura neoestatutaria catalana ha levantado tantas ampollas, ha causado tan radicales desencuentros, ha provocado tantos disgustos? Lo sabemos.
Es evidente que Aznar y su idea de la segunda transición tensaron las cuerdas hasta el punto de suscitar una reacción visceral en amplios segmentos de la sociedad catalana. También es evidente que Catalunya necesitaba para hacer frente a sus necesidades, un nuevo instrumento legal de autogobierno y, muy especialmente, mejor financiación. Es evidente, asimismo, que el camino escogido era escrupulosamente legal (y opuesto, por cierto, al que en su momento recorrió Ibarretxe, lo que hace muy incomprensible la agresividad crítica de los sectores más razonables de la cultura política española).
Pero la aventura del Estatut evidenció desde el primer momento un pecado original: cada uno de los partidos catalanistas se lanzó a esta aventura, más que para responder a unas necesidades objetivas catalanas, con una obscena pretensión táctica: dejar al rival en fuera de juego. De ahí la subasta, iniciada en el Parlament, hacia propuestas casi confederales. Unas propuestas que estaban muy lejos, no sé si de la Constitución, pero sí de la realidad. La luna sólo la pueden pedir los que no tienen responsabilidad política. La luna es para los lunáticos y los soñadores.
Si la apuesta catalana rayaba en el delirio, la respuesta de la sociedad española rayó en la xenofobia. Aquel proceso culminó con una sociedad catalana desconcertada, hastiada, despegada de sus representantes. Pero la simiente de cizaña ya estaba sembrada en el resto de España y dio cohesión a un segmento muy amplio y transversal de la españolidad: el que va del neofranquismo al fernandosavaterismo (del que el magistrado Aragón es equivalente judicial). Eso pasó hace ya cuatro años. Entonces yo recordé una anécdota que cuenta Montaigne, quien, durante la guerra de religión francesa del siglo XVI, no quiso fortificar su castillo del Périgord a pesar de que todos sus vecinos lo hacían. "Se equivoca el gentilhombre al hacer gala de su estado de defensa, si no lo está del todo. Quien tiene un lado descubierto, los tiene todos". Tampoco quiso Montaigne alquilar soldados. Sus vecinos sí lo hicieron. Todos los castillos fueron destrozados menos el suyo: "Toda guardia lleva rostro de guerra. Que se lance quienquiera, si lo quiere Dios, contra mí; pero en ningún caso seré yo quien lo llame". No saben cómo lamento que Montaigne tuviera razón sobre el Estatut. Pero ya basta de lamentos. Aquella aventura termina ahora. Muy tristemente, se acaba una época. Habrá que volver a empezar. Y se hará sin lunas; y sin lunáticos.
ANTONIO PUIGVERD.
LA VANGUARDIA.
Comentario:
Excelente artículo. Esta claro que el estatut no corresponde a las verdaderas necesidades del pueblo, si no a los sueños de unos iluminados que van a llevar a Catalunya al desastre. La prueba evidente es el entusiasmo con que se votó.El TC tiene que emitir el fallo cuanto antes, y recortar lo que crea necesario . y no pasa na...
EFE. PALMA. El Consell de Govern ha aprobado hoy el proyecto de Ley de la Función Pública, una norma que tendrá vigencia en todas las administraciones de Baleares y que, entre otras novedades, reducirá "de forma sustancial" el número de plazas que se adjudican por el procedimiento de libre designación.
La consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, ha comparecido tras la reunión semanal del Gabinete para explicar las principales características de un proyecto que, tras dos años de elaboración, cuenta con el respaldo de los sindicatos CCOO, CSIF, STEI-i, UGT y USO y con la anuencia de UM.
Costa, que se ha mostrado dispuesta a pactar también el proyecto con el PP durante su tramitación en el Parlament, ha destacado entre las novedades de la ley que limita la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de concurso al 20 por ciento de las plazas.
En la misma línea, restringe la valoración de méritos en los concursos oposición, fija el 30 por ciento como máximo de porcentaje de puestos de trabajo que se podrían cubrir mediante promoción interna.
Asimismo, si la ley finalmente se aprueba tal y como la propone el Govern, quedará prohibido que los altos cargos del Govern tomen parte en pruebas selectivas para acceder a la administración autonómica y en los procesos para cubrir empleos públicos mediante libre designación.
Costa ha incidido en que la norma tratará de favorecer el acceso de discapacitados al empleo público, donde se les reserva un 5 por ciento de los puestos, cota que casi se alcanza en el caso de la Comunidad Autónoma pero que queda lejos de cumplirse en otras administraciones públicas.
La consellera ha subrayado que el proyecto legal establece que la regla del 5 por ciento para personas con discapacidad "será extensible a todas las administraciones y a las empresas y entes" ligados al sector público autonómico, insular o municipal.
Otro precepto de discriminación positiva contemplado en el texto, y que supone un desarrollo de la Ley de Igualdad estatal, es el que establece que las mujeres tendrán preferencia si hubieran empatado a puntos en una oposición para acceder a un empleo público en el que las féminas estén subrepresentadas.
Como ejemplo del recorte que se pretende imponer en la adjudicación de plazas por libre designación, Costa ha señalado que los jefes de servicio, que ahora pueden ser nombrados "a dedo", tendrán que ganar su plaza en un concurso oposición.
DIARIO DE MALLORCA.
¿La llaman de Función Pública?
¿No de Empleo Público?
¿Por qué?
¿Son de esa opinión?
HARD TIMES.
Se acercan tiempos duros. En realidad, ya estamos en ellos. El volcán griego, por un lado, cuyas cenizas sobrevuelan peligrosamente la península ibérica. El descrédito institucional, por otro –un acto de funambulismo político de hondas consecuencias para el difícil equilibrio del país. No sé cuál de los dos es más grave; pero, sin duda, se encuentran íntimamente relacionados y responden ambos al estado general de dejación de las responsabilidades públicas. Sí, la economía no se desliga de la sociedad, no son compartimentos estancos como tampoco lo son la educación o la política. Hay vicios comunes que se repiten, que se dan la mano y que conforman el tono general de un país. El desprecio a la cultura, por ejemplo. Peor aún, el desprecio a la verdad, al rigor intelectual, al debate que huye de la demagogia. El desafío al Constitucional, pongamos por caso, nos habla de la vulgaridad y de la mentira como armas políticas que se recrean en la autoficción demagógica. Se exige paradójicamente respeto democrático, cuando la democracia encuentra su origen en el poder moderado, tamizado por la ley. Sin ley no hay democracia posible, como tampoco la hay sin la independencia de las instituciones. Pero la crisis constitucional nos habla también de la impunidad política, del furor desatado por el control de un poder que no cede ante nada y que hace suya la mentira como arma. Un país que no respeta sus leyes y sus instituciones no es creíble. Y España no es creíble, porque actúa y se comporta en clave ficcional, como una especie de meta-relato que nos aleja de los problemas de la historia y de sus consecuencias.
Los actos y las decisiones no son gratuitos. Las buenas y malas políticas son reflejo de lo que acabo de decir. La irresponsabilidad fiscal se paga (ahora en Grecia, mañana quizás en España). El dinero fácil de la especulación no es riqueza. Tampoco era cierto del todo el superávit que dependía de la coyuntura favorable de los tiempos. La mejora de la calidad de vida no ha revertido en la potenciación del tejido productivo, mientras hemos vivido protegidos bajo el paraguas del euro y del ahorro alemán. Buffett dijo que cuando la marea baja se sabe quién nada desnudo. Como el rey del cuento de Andersen, paseamos sin ropa mientras los criados agitan los cócteles de una fiesta que ya ha terminado. Grecia es el horizonte sólo si queremos. Y parece que por ahora preferimos seguir así a reconocer la realidad.
La rebaja del rating de S&P es un nuevo aviso. El riesgo se llama iliquidez más que insolvencia y provocaría efectos sísmicos en toda la zona euro. Se puede rescatar a Grecia, pero el estallido de España sería un Krakatoa. Mientras tanto, asistimos a la segunda ola del crash de 2007. En la primera, los Estados salieron al rescate de la gran banca. En la segunda, son los propios Estados los que están en riesgo de sucumbir. En This time is different, un ensayo ya clásico sobre la actual crisis, Rogoff apunta que la suspensión de pagos de algunas naciones es inevitable. Uno cree, sin embargo, que todo es eludible si se toman las decisiones acertadas y se deja a un lado la ficción y la mentira. Y el primer paso sería reconocer la gravedad de la situación. Sin alarmismos y sin dilación.
DANIEL CAPÓ.
DIARIO DE MALLORCA.
Del blog de Antonio Arias:
LIBRE DESIGNACIÓN Y CORRUPCIÓN.
El presidente del Tribunal de Cuentas de España Núñez estuvo en la Universidad de Oviedo, donde pronunció una conferencia titulada ‘El comportamiento ético en la gestión pública‘, con motivo de la festividad del patrono de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort.
Núñez habló sin pelos en la lengua, sobre corrupción, sobre reformas legislativas necesarias, pero también sobre función pública.
Según su tesis, que pasó desapercibida para los medios de comunicación, el germen de la corrupción se encuentra en la generalización de los puestos de libre designación entre los funcionarios con altas responsabilidades en materia de control económico y financiero. Tuvo especiales referencias para los Habilitados estatales del mundo local.
Unos días antes, Sevach se había atrevido a publicar en la prensa asturiana, todo un decálogo contra la corrupción que incluía un apartado similar y que la semana pasada incluyó en su bitácora.
Cualquier directivo público aspira a tener la ayuda de un gestor que comparta sus objetivos, esté al día en las nuevas tecnologías, conozca la normativa que debe aplicar y esté al tanto de sus últimas reformas. A veces, la expectativa es más simple y sólo se trata de que le espere en la oficina para despachar cuando la sobremesa de la comida de trabajo se alarga en exceso.
Todos conocemos funcionarios que se quedaron en el temario de la oposición, cuando accedieron al correspondiente cuerpo o escala administrativa. Algunos fueron dejando en el camino habilidades como la iniciativa, la creatividad o la capacidad para la innovación o las relaciones humanas. Dicen que para evitar su anquilosamiento, surgió la libre designación.
Sin embargo, los órganos de control interno deberían estar fuera de ese juego. La Oficina Antiraude de Cataluña (OAC), que depende del Parlament, acaba de concretar en 34 medidas los compromisos que deberían asumir las principales instituciones catalanas. Elaborado en diciembre pasado, está pendiente de recibir confirmación y adhesiones. Pues bien, el citado pacto por la integridad pretende reforzar la independencia de los órganos de control interno de los ayuntamientos, garantizando la solvencia de los secretarios e interventores, asegurando, a través de la Conselleria de Governació y las diputaciones, que no queden vacantes estas plazas. La OAC apuesta por reformas legislativas para garantizar la transparencia en la concesión de subvenciones y suspender la entrega de ayudas a las administraciones que, como pasa ahora, no respondan ante la Oficina o la Sindicatura de Comptes.
Del blog de Antonio Arias:
El atajo de la Libre Designación
Para los funcionarios más jóvenes, que llegan empujando “fuerte”, la libre designación se convierte en su mejor arma para “saltarse el escalafón” y para ello, nada mejor que ser reclamados por un directivo político, incluso de otra Administración. Si además existe cierta afinidad con el partido en el Gobierno de esa Administración, parece que hay un atajo garantizado.
La extraordinaria serie británica, “Si, Ministro”, ha retratado, muy bien las patologías funcionariales y políticas. El asunto es simple: ¿Tiene derecho el político a tener colaboradores de su confianza? Si, pero ¿a qué nivel? Aquí debemos distinguir entre Administración y Gobierno. Para ello, nada mejor que recordar los anuncios o carteles que inauguran o señalizan las obras públicas: han pasado a encabezarse con el título de “Gobierno de Syldavia”, donde la Administración parece haber desaparecido como sujeto titular de esas actividades, a favor de los fines electorales del Gobierno de turno.
Una Administración de los funcionarios o de los políticos.
Es cierto que la jurisprudencia permite la libre designación cuando se da el requisito de la especial responsabilidad, si bien, con frecuencia se omite su justificación. Por ejemplo, el 16 de septiembre de 2009 se produjeron dos sentencias del Tribunal Supremo sobre la el asunto. Una primera anulo una plaza de libre designación por no haber sido motivada su inclusión en la RPT. Otra recordaba su carácter excepcional, en la medida que completa el método normal de provisión que es el concurso, se aplica a determinados puestos directivos y de confianza:
La objetivación de los puestos de esta última clase («especial responsabilidad») está incorporada a las relaciones de puestos de trabajo, que deberán incluir, «en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos», y serán públicas, con la consecuente facilitación del control. Se puede concluir este apartado, por tanto, que «la asignación del sistema de libre designación comporta, por parte de la Administración, el ejercicio de una potestad discrecional con elementos reglados»”.
Al final, como quien tiene la llave para acabar con la generalización indiscriminada de la libre designación es precisamente personal de libre designación, el personal eventual o los políticos gobernantes, pues difícil resultará atajar el problema. De hecho, baste como ejemplo, el intento del Estatuto de aludir a esa “tercera vía” del directivo profesional, cuyo desarrollo pese a no estar sujeto a reserva de ley, sino a simple reglamento, no ha nacido ni se le espera. Otras ocasión perdida.
Fundaciones creadas para gestionar bibliotecas, o colecciones de objetos, o actividades culturales, o festivales, o políticas culturales. ¿Por qué no pertenecen éstas actividades al ámbito propio de la gestión administrativa como su personal técnico cualificado, que ha pasado por un proceso selectivo de libre concurrencia?
Nick Clegg is the candidate of change.
The Liberal Democrats offer a prospect of renewal which has been denied them by a grossly unfair voting system
The rotten parliament is dissolved; this week a new one will be elected. Scores of incumbents who fiddled their expenses will be evicted. Many who did not are standing down anyway, too defeated by the public's loathing of politicians to face the campaign trail.
So change is inevitable. Parliament will be full of novice MPs. It might also, if current opinion polls are borne out, be hung.
The Conservatives have spent much energy campaigning against that outcome. They have publicised their irritation that voters could deprive David Cameron of a majority much better than they have explained why he deserves one in the first place.
Mr Cameron warns portentously that a coalition might lead to instability, economic jeopardy and "more of the old politics". Perversely, he also rejects the need to change the current voting system, which has, he says, the merit of delivering clear results. Except this time it might not. What then? Mr Cameron's view is that the system would work fine, if only everyone voted Conservative. This is sophistry draped in hypocrisy. He backs first past the post, while agitating against one of the outcomes that is hard-wired into it. He is campaigning against the voters instead of pitching for their support. He defines change in politics as the old system preserved – but run by the Tories.
The expenses scandal signalled the need for more radical reform. This newspaper has consistently argued that the most effective change would be to introduce a fairer voting system. The current model contains a huge bias towards Labour and the Conservatives, giving them hundreds of safe seats where MPs can complacently ignore voters. Parties then divert money and skew policy towards a handful of tactically important constituencies. Awarding seats in parliament in proportion to votes cast would extend the franchise to millions of people who feel their voices have gone unheard. Deep unfairness radiates out of our voting system and corrupts our politics. This can only be fixed with electoral reform.
If a different system yields more coalition governments, so be it. Mr Cameron ought to appreciate how like coalitions the current political parties already are. Conservative policy expresses the party's agonies in recent years as different factions have competed to graft their priorities on to the leader's mutating creed.
When Mr Cameron became leader in 2005 he recognised that the party was widely perceived as uncaring and ill-disposed towards 21st-century Britain. He embarked on a campaign of modernisation. He tried to stamp out illiberal views on homosexuality. He sought to promote candidates from minority communities. He shifted rhetoric away from attacks on immigration and the European Union, professing instead enthusiasm for the environment and international aid. That process yielded a rise in opinion poll ratings, but provoked suspicion within the party.
In some policy areas, the Conservative party has genuinely changed. The Tories are reconciled to the minimum wage, civil partnerships, the NHS. But the project is incomplete.
Modern Conservatives, Mr Cameron says, are open. But the Tories concealed for years the non-domicile tax status of Lord Ashcroft, their deputy chairman and campaign financier. Modern Conservatives are supposed to accept gay rights. But the party is allied in the European parliament with homophobic nationalists. Modern Tories should have jettisoned censorious moralism over single mothers. But Mr Cameron offers a tax break to couples on the condition that they marry, as if lone parents, blind to the virtue of wedlock, must forfeit government help.
Marriage aside, the Tory manifesto is defined by suspicion of state intervention. Mr Cameron promises a Big Society, in which charities, businesses and volunteers tackle social problems that Labour's bureaucratic agencies have failed to solve.
But the Conservatives offer no credible route map for the transition from state funding. Mr Cameron deploys the language of civic duty to salve patrician Tory consciences over what would really be a Thatcherite assault on public sector jobs and services.
Nobody disputes the need to rein in government spending. All three main parties pledge to do so. But only the Conservatives embrace austerity out of an ideological conviction that government is by nature pernicious.
That belief, central to Conservative philosophy, left David Cameron and George Osborne ill-equipped to respond when financial crisis struck. Their support for government action to stabilise the banks and stimulate the wider economy was queasy and slow.
By contrast, history will recognise Gordon Brown's intellectual acuity and political resolve when the edifice of global capitalism looked liable to fall.
Mr Brown would surely like the election to be decided on the basis of the decisions he took in those crucial days. But Labour comes into the campaign defending 13 years of incumbency, the last three of which have passed under a prime minister who has failed to inspire party and country with a coherent agenda for government. As a result, Labour's election offer has been too retrospective, a plea to preserve old achievements with little promise of greater things to come.
Even then, Mr Brown has been a weak advocate for the government's record. Labour reversed a generation of Tory under-investment in public services, building new schools, hospitals and children's centres, recruiting thousands of teachers and nurses, subsidising nursery care. Britain's social infrastructure has been upgraded. The Tory assertion that public spending rises under Labour were profligate is false. There was some waste. But mostly, Labour spent to improve the quality of life of ordinary British citizens.
Now, however, the money has run out and Labour looks spent, with few ideas and a crumpled leader.
There are as many causes for regret as there are for celebration in Labour's record. Tony Blair made peace in Northern Ireland, but he also made war in Iraq. Under Labour, violent crime has fallen substantially, but jails are full and fail to rehabilitate their inmates. In response to terrorism, crime and anti-social behaviour Labour has bought security at an intolerable cost in liberty. In place of community, we have CCTV.
Labour government has raised the incomes of the poorest, but not as quickly as it facilitated the transfer of wealth to the richest. Mr Brown was courageous in fixing the financial crisis, but cowardly beforehand in allowing the City's culture of greed and reckless borrowing to colonise the rest of the economy.
The vital context for this election is the twin crises in our economy and our politics. On both issues most credit accrues to the Liberal Democrats. Their Treasury spokesman Vince Cable was prescient in warning of an unsustainable debt bubble; Nick Clegg pushed for greater openness about expenses long before the scandal erupted.
The Lib Dems have in recent years developed a habit of getting things right. They were first of the big three to embrace environmentalism, first to kick back against the assault on civil liberties, alone in opposing the Iraq war.
The conventional riposte to those boasts is that the Lib Dems were free to take idealistic positions because they knew they would never be tested in government. Thus is political courage denigrated as a luxury of eternal opposition. Mr Clegg's mettle cannot be fully tested until he is in office. But he did manage, in the televised leaders' debates, to articulate sensible, liberal positions on immigration and on European integration that many Labour ministers might share but would be afraid to express. He resisted the temptations of casual populism and stated his case with passion and clarity.
Not every Lib Dem policy meets that standard. The party's aversion to nuclear power as a low-carbon energy source is misguided. Its unaffordable aspiration to abolish university tuition fees is either naive or disingenuous. But the thrust of Nick Clegg's manifesto is right on political reform, right on tax reform that would redistribute wealth from high finance to ordinary citizen, right on liberty and equality.
By advocating these things with refreshing urgency, Mr Clegg has also exposed the vacuity of David Cameron's claim to represent change. The Conservative leader has had four and a half years in which to come up with an offer that might inspire the country. Yet, on the eve of polling he is left recycling populist lines on immigration from the 2005 manifesto and spreading fear of a hung parliament. Tory poll ratings peaked nearly two years ago and have recently dipped as low as levels achieved under Michael Howard.
Mr Cameron set himself the twin tasks of irrevocably transforming his party and earning a resounding mandate from voters. Judging by the campaign so far, he has failed.
The Tories have misdiagnosed the country's problems and offer the wrong prescriptions. They think society is broken, and think wedding bells can fix it. They say the economy is wounded, and offer cuts to save it.
For all the government's failings and mistakes over 13 years, Labour's historic instinct is to protect those most vulnerable in a harsh economic climate. Many voters will want to reward that instinct even if it has been poorly expressed by the party's high command. There are constituencies where the only way to ensure a presence in parliament that might halt a Tory assault on public services is to support the local Labour candidate.
But ideally the Conservative proposition should be met with a positive and radical alternative. Nick Clegg's party offers the prospect of political renewal that David Cameron used merely as camouflage. There is a moral imperative to consider in this election, distinct from the old Labour-Tory contest. Opinion polls throughout the campaign suggest that the country wants the Lib Dems to take a place of equal standing alongside the other main parties. A grossly unfair voting system has historically deprived them of that right. It is vital this time that they win a mandate for real change expressed in the overall share of the vote, not just in the discredited distribution of seats in parliament.
There is only one party on the ballot paper that, by its record in the old parliament, its manifesto for the new one and its leader's performance in the campaign, can claim to represent an agenda for radical, positive change in politics. That party is the Liberal Democrats. There is only one way clearly to endorse that message and that is to vote Liberal Democrat.
THE GUARDIAN.
Interminable editorial el de The Guardian.
Comment:
Isn't that what you said about Tony Blair? Forgive us for being sceptical.
Comment:
Labour says "Vote Clegg, get Cameron".
The Tories say "Vote Clegg, get Brown".
The Lib-Dems say "Vote Clegg - get Clegg".
So I am voting Clegg.
This newspaper has long defended Gordon Brown but is not unaware of his failings. He is a radio politician in a television age, and that has cost him dear. He has been around a long time, and that has had its impact in an era when the mantra is for change. And he has not succeeded in persuading voters that his personality defects are irrelevant to the question of effective government. Yet there is a magnificence about Brown and, on the rare occasions when this election campaign has addressed matters of substance, most importantly the economy and the deficit, it is a case of "no time for novices". And Labour has done an impressive job in 13 years, whatever the failings, notably of foreign policy.
We debated whether it was right for us to dare to advise our readers. But we think we should be clear. We worried that to ask for an anti-Tory vote in selected constituencies might seem negative. But we are convinced that nothing could be more positive than to secure a change to a fairer voting system. No one should be scared of a hung parliament: it is the key to progress.
We called on Britain to register, and we call on you to vote. If you are convinced by the Tories, then please give Mr Cameron your considered support. But if you believe that we are on the cusp of a once-in-a-lifetime opportunity, then join with us, and vote for the change that really matters. Use your democratic right to enhance the democratic rights of all. Vote for a hung parliament, and a better, fairer, greener Britain may just be ours.
THE INDEPENDENT.
This newspaper believes there are certain principles that should guide any successful government. These are a determination to aid enterprise, to make the state small and effective, to create a climate of economic liberalism allied with a social conscience. It should help the underprivileged to achieve their potential and prevent too many from becoming a burden on society. Only through a successful private sector can the country create the wealth to fund an adequate welfare system.
Now that Labour under Mr Brown has abandoned some of these principles, the opportunity is there for the Tories to seize the moment. That they have done so in a hesitant manner cannot be denied, but they are a party in transition and David Cameron is battling to make them dominate the centre-right of politics.
Even the Conservatives’ friends would acknowledge this is not the strongest shadow cabinet, reflecting the damage done to the Tory gene pool by three election defeats. That can change, as long as some of the impressive candidates who will be elected on Thursday are brought quickly into government. The party’s “big society” idea has appeal and, in time, could transform education and other public services. But it was launched far too late on an unsuspecting electorate.
Despite this, the Conservatives offer the best hope. Mr Cameron has spent the past four years trying to turn his party into a modern, socially liberal force with which people under the age of 65 can feel comfortable. He has not got rid of all the backwoodsmen but they no longer dominate the party.
The Tories are articulating the most dynamic vision for Britain at a time of economic crisis. The dividing line in this election is an old one: between a Labour party veering back to its old ways and believing big government is best and a Tory party that wants a smaller state and greater individual freedom. It is between a Labour party that wants to redistribute wealth through central diktat, rather than encourage people to make their own way and create that wealth for a fairer society. The Tory route at least offers hope of success.
Britain needs a change of government on Thursday and a decisive outcome. This can only mean that the best solution will be an outright Conservative victory.
THE TIMES.
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