Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, nos hemos dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para hacerles llegar una copia de la recomendación realizada, el pasado mes de febrero, por el Justicia de Aragón al Ejecutivo autonómico, para que proceda a derogar la regulación de la “promoción interna temporal” llevada a cabo por Decreto 118/2009, de 7 de junio, al entenderla contraria a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma.
Esta Asociación, que ya promovió en su momento recurso contencioso-administrativo contra el referido Decreto, por sostener el mismo criterio ahora manifestado por el Justicia de Aragón –al entender que no cabe arbitrar, por vía reglamentaria, ninguna modalidad de provisión de puestos que contradiga la ordenación de la función pública en Cuerpos y Escalas y las condiciones de movilidad fijadas por las relaciones de puestos de trabajo-, ha remitido una copia de la recomendación del Justicia de Aragón a la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, junto con el escrito de conclusiones recientemente formulado.
Consideramos, no obstante, que al margen del control de legalidad que corresponde a los Tribunales sobre las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Gobierno de Aragón, no debe olvidarse el necesario control parlamentario, especialmente cuando, sobre la cuestión, existe ya un pronunciamiento tan inequívoco como el realizado por el Justicia de Aragón.
Confiamos en que, a la vista de la recomendación realizada, desde los diferentes Grupos Parlamentarios se inste al Gobierno de Aragón a restaurar la legalidad de la función pública y, consecuentemente, derogar la regulación introducida sobre la denominada “comisión de servicios en distinta escala o clase de especialidad”, poniendo con ello fin a este lamentable episodio protagonizado por la Dirección General de la Función Pública.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón:
“Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
Zaragoza, 9 de abril de 2010.
Estimados señores:
El Justicia de Aragón, en el ejercicio de sus competencias en materia de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, ha dirigido una reciente recomendación al Gobierno de Aragón, a través de su Consejero de Presidencia, para que, entre otras medidas, proceda a la derogación del régimen de “promoción interna temporal” introducido en la provisión de puestos de la Administración autonómica mediante el Decreto 118/2009, de 7 de junio, del Gobierno de Aragón.
Mediante dicho Decreto, el Gobierno de Aragón ha venido a introducir en el sistema de provisión de puestos de trabajo de la Administración aragonesa una nueva modalidad de comisión de servicios, denominada “comisión de servicios en distinta escala o clase de especialidad”, mediante la que se trata de posibilitar que los funcionarios de carrera desempeñen, con carácter temporal, puestos de trabajo de grupo de titulación superior, pertenecientes a distinto Cuerpo, Escala y Clase de especialidad a la del funcionario comisionado.
Dicha modalidad de comisión de servicios, derivada de un acuerdo alcanzado en el ámbito de la negociación colectiva entre Administración y Sindicatos, vulnera diferentes preceptos de la Ley de Ordenación de la Función Pública, al infringir tanto la estructura de la función pública en Cuerpos y Escalas, ordenados de acuerdo a la titulación exigida en las pruebas de acceso, como el el régimen de movilidad administrativa, resultante de la determinación de los requisitos de desempeño mediante las relaciones de puestos de trabajo.
Tal fórmula de provisión, por la que que pretende primar a funcionarios de carrera de cuerpos inferiores sobre el personal interino externo a la Administración en la cobertura de ciertas vacantes, vulnera el principio de jerarquía normativa, al posibilitar lo que una norma de rango superior, como es la Ley de Ordenación de la Función Pública, no permite. Por ello, el Justicia de Aragón, una vez constatada tal contradicción, ha solicitado al Gobierno de Aragón la derogación del reglamento ilegal aprobado, por incurrir en vicio determinante de nulidad de pleno derecho, conforme a lo señalado en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La ilegal regulación de la “comisión de servicios en distinta escala o clase de especialidad” se vio, además, acompañada de una inconstitucional regulación de los efectos económicos de tal comisión de servicios, contenida en el artículo 19.2 de la Ley 12/2009 de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, contraria a la estructura retributiva de los funcionarios públicos establecida por la legislación básica estatal en maeria de función pública. Tal contradicción, señalada igualmente en la propia recomendación del Justicia de Aragón, fue asimismo puesta de manifiesto por la Intervención General del Gobierno de Aragón en escrito remitido a los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón. En relación con tal previsión retributiva, esta Asociación se ha dirigido a las diferentes instituciones del Estado –Gobierno, Cortes Generales y Tribunal de Cuentas- para solicitar la eliminación del referido precepto.
Si bien la citada recomendación ha de ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón, por exigirlo así la Ley del Justicia de Aragón, nos permitimos remitirles una copia de la misma, para su conocimiento, por si consideran oportuno adoptar algún tipo de iniciativa parlamentaria dirigida a que el Gobierno de Aragón restaure la legalidad vulnerada por el Decreto 118/2009, de 7 de junio, procediendo a su expresa derogación, de acuerdo con la recomendación formulada desde la Institución del Justicia de Aragón.
Agradeciéndoles la atención prestada al presente escrito, aprovecho para expresarles nuestro más atento y respetuoso saludo.
El Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
Julio Guiral Pelegrín
P.A.
El Secretario
Fdo.: Félix Gracia Romero”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
45 comentarios:
¿Les preocupará algo a los diputados este tema?
Al menos, debería preocuparles que el Gobierno respete la legalidad.
Funcionarios
Ya tenemos el chivo expiatorio de la crisis: el funcionariado. El Gobierno ya ha anunciado la reducción del número de próximas plazas de funcionarios y que sólo se cubrirán una de cada diez plazas de jubilados servidores de la función pública. Con lo cual, imagínense ustedes cómo van a ir los “parásitos funcionarios” de nuestro país. Muchos “de la empresa privada se frotarán las manos”. “Por fin se hará justicia con esos vagos privilegiados”. Que se queden ellos ciegos aunque nosotros nos quedemos tuertos. Como además, desde fuera, parecen la larga mano del poder pero, eso sí, con los cuales se puede meter uno. No con el poder, poder, que ese es inalcanzable. Ataquemos pues a sus mandados.
Olvidando varias cosas. Por ejemplo, que el funcionario por antonomasia, lo es por oposición. Es decir, ha perdido años de su existencia estudiando, con la consiguiente pérdida de calidad de vida. Ha perdido años de cotización, por tanto de futuras pensiones. Ha perdido experiencia laboral, pues además, el temario rara vez se ajusta a lo que más tarde tendrá que desarrollar. Y ha perdido dinero. Ha desarrollado un gran esfuerzo, viviendo solo para el examen. Nadie le ha regalado nada. Su plaza la ha conquistado con su esfuerzo. Además, nos acordamos de ellos cuando las cosas van mal, olvidando que en las épocas buenas, hubo mucha gente –algunas, sin apenas esfuerzo- que hicieron dinero a espuertas, mientras que los funcionarios mantenían el mismo salario, exiguo por lo general.
Olvidando que los que no son funcionarios confunden a éstos con las muchedumbres que hace años, y aún ahora mismo han entrado en las Administraciones Públicas “a dedo”, y luego se han quedado en las mismas condiciones que los que ganaron la oposición libre. Éstos, que entraron “por la gracia del dios del momento”, han llevado la misma trayectoria que los de fuera de las administraciones. Con todas las excepciones habidas y por haber –que son muchas-, a los ganadores de unas oposiciones se les supone unos conocimientos y capacidad de voluntad y de esfuerzo que otros tienen todavía que demostrar.
Se ha producido sutilmente una inversión de la justicia social que consiste en considerar “privilegiados” a los que tienen plaza “en propiedad”, o sea, a los que la han ganado con su propio sudor, y, en cambio, se considera unos pobrecillos a los que han conseguido ganarse la vida gracias a otros, a los que deben lo que son. Porque, no nos engañemos –y esto lo saben muy bien los que están dentro, pero no lo dicen-, el libre mercado es el libre mercado de las influencias, e incluso del nepotismo, todo tan mal visto hace unas décadas, y de todo lo cual apenas se habla… ¡porque ha cambiado de manos!
Mariano José de Larra –en sus artículos de costumbres de la revista satírica “El pobrecito hablador”- trajo a colación al funcionario que no pegaba clavo en “Vuelva usted mañana”. Y eso también ha ayudado lo suyo al subconsciente colectivo que achaca al funcionario el vicio de la vagancia. Todos conocemos funcionarios que trabajan por todo lo que no trabajan los menos. Pero eso también pasa fuera de la función pública. Pero los tópicos es muy difícil destruirlos. Máxime cuando se ceban en los más débiles. Y todos vamos a comprobar tristemente el aumento de problemas con la administración gracias a la reducción de personal.
JOSE LUIS MATEOS.
ARAGON DIGITAL.
Zaragoza.- El consejero de Presidencia, Javier Velasco, ha afirmado que en estos últimos once años ningún concejal, ningún diputado autonómico o provincial y ningún consejero autonómico o comarcal “han sido condenados por corrupción”. Velasco ha reconocido que en “términos absolutamente objetivos” se puede decir que “la clase política aragonesa está limpia”.
Velasco ha destacado que en Aragón se hace política “con limpieza y honradez”, respetando la gestión de lo público, y ha afirmado que los sistemas de control “funcionan con absoluta normalidad”. Además, ha señalado que el Gobierno de Aragón es el primer interesado en aclarar “cualquier cuestión de gestión política sobre la que se planteen dudas”.
El consejero ha recordado que la corrupción política “consiste en utilizar los cargos y las funciones públicas para beneficio personal a cambio de una recompensa en lugar de utilizar ese cargo para todo aquello que las leyes democráticamente prevén”.
Con respecto al caso de La Muela, Velasco ha remarcado que los delitos imputados son “de índole económica y no urbanística” y ha afirmado que es el primer interesado “en aclarar las dudas”. Además, ha destacado que tras dos años de investigaciones "no hay ni un solo imputado relacionado con el Gobierno de Aragón".
Velasco ha realizado estas declaraciones durante la respuesta a una comparecencia parlamentaria, a solicitud del grupo parlamentario popular, para explicar el posicionamiento del Gobierno de Aragón sobre la corrupción en Aragón y las medidas arbitradas en esta legislatura para impedirla.
ARAGON DIGITAL.
El PSOE ha recordado que la corrupción “no es algo que le preocupe a los aragoneses” ya que ocupa el lugar 21 en el último Barómetro de la Opinión, tal y como ha explicado su portavoz, Jesús Miguel Franco.
¿No preocupa?
¿Y por eso es menos importante?
¿Vivimos en Marte?
¿Pero ese señor lee la prensa española?
¿A dónde vamos con gente así?
LA inmunidad parlamentaria se incluye en la Constitución para blindar a los miembros electos de las Cámaras en su tareas de representación popular, no para proporcionarles el privilegio de una protección extra ante procesos penales de delincuencia común. El abuso de esta prerrogativa con fines espurios constituye una repugnante perversión del juego limpio de la política, ya de por sí bastante degradado para que tipos como el senador Bárcenas y el diputado Merino insistan en acogerse a fuero frente a sospechas de venalidad aparentemente bien fundadas. Cuando a uno lo acusan de corrupción, y más si existen presunciones serias, no cabe invocar la condición de representante público; a nadie lo han elegido para llevarse dinero bajo cuerda.
Se puede entender que Merino y Bárcenas, el presunto «Luis el Cabrón» del sumario Gürtel, otorguen prioridad a sus intereses personales y se agarren como tabla de salvación a sus garantías especiales para escapar de los instructores ordinarios y ponerse en manos del Supremo. Los escaños son suyos aunque no los habrían obtenido sin el amparo de unas siglas. Lo que no se entiende es que su partido decline la obligación de reclamarles taxativamente a ambos las actas de la que están haciendo uso indebido, ni que en su defecto los expulse del grupo que les da acogida. Esta dejación constituye una forma indirecta de abrigo político que causa daño a la imagen corporativa del Partido Popular. Cada vez que los medios de comunicación mencionen a estos imputados podrán hacerlo con el remoquete de «senador o diputado del PP», aunque hayan causado baja provisional como militantes para minimizar las salpicaduras del escándalo.
El caso más delicado es el de Bárcenas por su proximidad funcional a Mariano Rajoy. Por mucho que se precie de manejar los tiempos y de aguantar sus criterios sin que le impongan la agenda, Rajoy no puede abdicar gallegueando —«supongo que seguirá»— de sus exigencias de honestidad y limpieza. Un líder no supone nada que le concierna bajo su mando; o desautoriza o consiente. Si ha forzado la dimisión del tesorero ante la existencia de graves indicios o recelos razonables debe completar la cirugía con un despido parlamentario. Y si cree en su inocencia ha de proclamarlo sin ambigüedades y defenderlo con todas las consecuencias. El tibio estilo marianista permite que persista en la opinión pública la sensación de que Bárcenas goza de trato de favor por su posición sensible como veterano guardián de las cuentas del partido, una percepción incompatible con las aspiraciones de alternativa de gobierno. Con la corrupción no caben medias tintas, ni éticas relativistas, ni posiciones de conveniencia. Menos aún si contradicen la doctrina de firmeza exigida con toda razón al adversario. La cuestión se llama ejemplaridad, y no tiene matices; si el PP quiere ser percibido por la sociedad como una organización distinta con un mensaje distinto, tendrá que comportarse de distinta manera. Supongo.
IGNACIO CAMACHO.
Existe, por fortuna, una vocación política en el seno de las sociedades más o menos civilizadas, como existe también gente solidaria y altruista. Es una obviedad reconocerlo así, como algunas de las reflexiones que seguirán, pero, no por serlo, dejan de olvidarse. No es hacia la política a la que el ciudadano medio manifiesta reparos, sino contra quienes la ejercen y se aprovechan de ella maliciosamente o de los dineros públicos. Porque no toda la función política consiste en administración, aunque lo parezca tan a menudo y, cuando supuestas acciones o delitos se reiteran, la desconfianza general se consolida. Aludir a la llamada «clase política» (una aberración en cuanto a la denominación misma) equivale entonces a mentar la bicha. Puede utilizarse, incluso, el siguiente y falso silogismo: el poder corrompe, los políticos representan el poder; en consecuencia, son la corrupción. La punta más visible de este iceberg es la económica, pero no la única. No todas las políticas son buenas por naturaleza. Tampoco podemos equiparar unos políticos a otros. El poder –contrapesado en democracia por la oposición– puede orientar en dirección errónea una economía, una política internacional o unos servicios públicos. No hace tantos años que se crearon en algunas universidades facultades de Ciencias Políticas. Bien es verdad que la política acaba envolviéndolo todo, pero entenderla como una ciencia parece descabellado. No puede existir, porque ésta es una opción fundada en dispares opciones ideológicas. Mal andaríamos si supusiéramos la opción política como verdad indiscutible. Esto se calificó de totalitarismo. Otra cosa es que no pueda explicarse la historia sin justificar quiénes ejercen el poder, por qué medios lo obtuvieron y a quiénes representan. Pero cabría entenderlo como una sociología de la política.
Un partido tampoco es un todo unitario y las ideas de sus militantes pueden cubrir un abanico más o menos amplio de opiniones. Pero el político como individuo debe sentirse antes llamado por una vocación de servicio a la comunidad. No hay buen médico, ni profesor, ni buen albañil siquiera, sin vocación. Corromperse utilizando el dinero público para el enriquecimiento personal o para otros fines ilegales es ya delito. Tampoco debe pensarse que se va a la política por afán de enriquecimiento, aunque se atribuya esta afirmación a alguno que ya no está aparentemente en activo. Tales delitos resultan más graves, como lo es el pecado del sacerdote, ya que éste constituye un espejo en el que se contemplan sus creyentes. El escándalo de las corrupciones debe entenderse grave, porque quienes se dejan corromper han sido elegidos para trazar la ruta que ha de seguir aquella sociedad que les alienta en sus votos y su confianza, en el caso de que se viva en democracia. Pero conviene no caer tampoco en idealismos e ingenuidades. Países vecinos, de sólidas convicciones, han sido malos ejemplos que tal vez en los albores de la restauración democrática podían desorientar. Me temo, sin embargo, que los escándalos que se prodigan en los medios y se hallan en los juzgados vienen de más lejos. El anterior régimen se mantuvo y duró hasta la muerte natural del Caudillo sin que apenas afloraran, amordazados, escándalos como los que ahora venimos observando. Bolsas sociales entendieron que la impunidad de los políticos resultaba algo natural. Porque no hay corrupción posible en una sociedad que se autorregula. Nuestra cifra de paro es tan abrumadora que hace pensar que una parte, por lo menos, sobrevive merced a la economía sumergida; que la hay. Los malabarismos fiscales que permiten declaraciones de renta inocuas las realizan los que pueden, que serán los menos, aunque se desvele de vez en cuando –y no sin sorpresa– que Hacienda tampoco éramos todos. Con el IVA y sin el IVA, la clase media, profesionales y comerciantes defraudan lo que buenamente se puede. Y las grandes sociedades, aquellas que nos empujaron a la gran crisis que ahora vivimos, muestran a menudo fórmulas económicas que, aún siendo legales, rozan el delito. Y ¿qué decir de los paraísos fiscales? Debían desaparecer cuando se produjo la mayor alarma, el capitalismo sería refundado, los bonus y altos salarios de los directivos bancarios controlados por eficientes gobiernos. Todo quedó en buenas intenciones. Tras ello adivinamos los inconfesados grupos de presión. Los mecanismos de la corrupción son tan varios que en más de una ocasión nos hemos lamentado de nuestra insignificancia, ya que no hemos sido nunca tentados, ni hemos podido permitirnos corrupción alguna. En todo ser humano existe una zona oscura que cae en tentaciones. Al fin y al cabo, políticos y partidos reflejan en sus comportamientos la sociedad entera. Hay, sin embargo, quienes se aprovechan del exaltado «ego» que se deriva del poder. Sin redundar en fáciles moralinas no vendría mal una cura de humildad en quienes gobiernan, una inevitable Ley de Financiación de los partidos, un rígido control sobre los recursos públicos y una purga general que obligara a algunos a descender de sus pedestales. El bien público resultaría entonces el objetivo de quienes han de guiar el recto proceder de todos –y no sólo de algunos– ciudadanos: la hoy denostada utopía.
joaquin marco.
LA RAZON.
MIQUEL ADROVER. PALMA. La Plataforma Cívica "por la ejemplaridad en la gestión pública" es partidaria de suprimir bastantes empresas públicas y que la Sindicatura de Cuentas tenga capacidad sancionadora. Estas medidas, según el portavoz de la plataforma Alexandre Forcades, servirían para reducir la corrupción en la administración pública.
La Plataforma Cívica se reunió ayer con Unió Mallorquina, partido con una docena de políticos imputados, para presentarles el documento "Medidas para luchar seriamente contra las prácticas corruptas". Forcades compareció junto al presidente de UM, Josep Melià, quien ha asegurado que su formación suscribe gran parte de las tesis que se enumeran en el documento de la Plataforma Cívica.
Forcades ha asegurado que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIN) está directamente relacionado con la corrupción: "Desde Estados Unido a Somalia existen estudios que demuestran que en los países donde la corrupción es más elevada el PIB baja".
Para el presidente del Cercle d´Economia y portavoz de la Plataforma seria preferible la "eliminación de muchas empresas públicas, dejando sólo las que se demuestre que son necesarias". Hay que recordar que los principales casos de corrupción de Balears se han producido en empresas públicas. Dichas entidades nacieron con el objetivo de encontrar sistemas de gestionar que eran del todo imposibles en la administración y con la excusa que eran más ágiles.
Un aspecto que coincidió tanto Forcades como Josep Melià fue en que es imprescindible dar mayor competencia a la Sindicatura de Cuentas. Este organismo ahora se limita a realizar informes de gestión. En este sentido, Forcades y Melià se mostraron partidarios de que además tenga capacidad sancionadora cuando una institución no realice una gestión responsable de sus recursos públicos.
DIARIO DE MALLORCA.
DANIEL CAPÓ La corrupción masiva invade al PP. Esta podría ser la conclusión del levantamiento del sumario del caso Gürtel. Balears nos da otra perspectiva, aún menos prometedora: la corrupción invade la sociedad que se deja cortejar por la política: UM y PP; sí, pero ni los unos ni los otros tendrían lugar sin el caldo de cultivo que los hace posibles. Hablo también de decadencia democrática porque asistimos al fin del sueño de la Transición. Uno diría la quimera, aunque no es exactamente eso. La Transición era la regeneración y el camino hacia Europa. Ahora, los shocks se suceden en un país que contempla invertebrado la fealdad anestesiada de su propio rostro. Lo cual tiene que ver con la moral y con la inteligencia: la persona inteligente es moral, las sociedades inteligentes también lo son. Por eso mismo, las crisis son fundamentalmente problemas morales (y de inteligencia). Son inteligentes las respuestas acertadas a problemas complejos, así como son inmorales los que encubren los problemas, los que vociferan, los maniqueos y los cínicos. Observo la corrupción política y no la puedo desligar de la crisis económica ni de la mediocridad institucional. Esto no sólo afecta a España, pero sobre todo afecta a España.
La palabra clave del gobierno de Obama es "responsabilidad". Es la antítesis de lo que hemos vivido hasta ahora en nuestro país, que podríamos definir como el desconocimiento –calculado o no– de las consecuencias de los actos políticos, económicos y sociales. Ha sido irresponsable la política crediticia de los bancos –junto a la expansión urbanística–, el uso de derivados en la bolsa o la apertura indiscriminada de fronteras. Posiblemente hayan sido irresponsables la demagogia autonómica y el descontrol fiscal de los ayuntamientos. Si la sensatez nace en primer lugar del reconocimiento de la verdad –aunque ésta pueda ser impopular–, la mentira se ha hecho fuerte allí donde nadie quería escuchar esta verdad. Quizás porque los intereses cruzados eran y son demasiados y el interés de las elites –los privilegiados del poder– sea, simplemente, la preservación del statu quo. Como ha sido siempre en España y sigue siendo.
En su famoso discurso en Georgetown, A New Foundation, Obama recordaba la metáfora evangélica de la casa edificada sobre arena o sobre roca. Hablaba de valores y de virtudes como cimientos sociales. Hablaba por tanto de la inteligencia y la moral como fundamentos de la prosperidad de una nación. ¿Alguien se atrevería a sostener lo mismo en España? ¿Y en Balears? Uno lo duda, porque hay tradiciones culturales que actúan y dificultan las reformas. Pero es necesario ir dibujando un escenario post-crisis que desligue la sociedad de la incompetencia de los políticos y que recupere la centralidad de la excelencia. Zapatero llegó con un discurso regeneracionista que se desdibujó a las primeras de cambio. El PP bascula entre el reformismo y la cainismo conservador. Ambos partidos yerran al no comprender la magnitud del drama. Y de repente todos tendemos a creer lo peor de nuestros representantes, quizás porque sabemos que, en los próximos meses, nos jugamos unas cuantas décadas de prosperidad.
DIARIO DE MALLORCA.
¡¡¡Ufff!!!
Velasco aboga por incentivar a funcionarios más eficaces y responsables.
¿Como sus asesoras?
Me gusta esa expresión utilizada por Mayor Zaragoza de "espectadores distraídos", que se han desentendido de la verdadera trama de las cosas.
¿Somos los funcionarios un ejemplo de "espectadores distraídos"?
¿O de actores indiferentes?
¿Interesa en la función pública el debate sobre la corrupción?
¿O lo consideran ajeno?
¿Y eso quién lo sabe?
Todo son meras especulaciones.
Aquí lo único que cuenta, por lo visto, son las sentencias de condena. Y ya vimos el celo que mostró la Fiscalía con el tema de los asesores del Gobierno, por no hablar de la Inspección de Trabajo con la situación en el CIAMA.
Sin palabras.
No, es que la Fiscalía sólo se ocupa de la corrupción, no de las corruptelas. Ahora, ¿que quien distingue entre ellas y marca el límite?
Y convendría que alguien lo hiciera, porque un estado de corruptelas generalizadas puede acabar con nosotros.
Corrupción = Democracia en descomposición
Desde hace treinta años, la democracia española tiene un cáncer. Me refiero a la corrupción, esa lacra que afecta, en mayor o menor medida, en uno u otro momento, en muchas de las administraciones públicas, a todos los partidos. Al menos a los que tienen o en algún momento han tenido poder. Basta con tener un poco de memoria. Pero la que está cayendo ahora sobre el Partido Popular demuestra la enorme fuerza que trae hoy la hedionda riada de democracia en descomposición. Y la necesidad de atajarla.
Dejemos que la Justicia vaya ajustando cuentas, pero eso no nos excusa de acometer tres medidas imprescindibles. El legislador debe incrementar y multiplicar los controles legales y normativos sobre contratos y subvenciones. Ítem más, debe crear mecanismos exigentes de fiscalización a posteriori, con sanciones efectivas, penales y civiles, para los delincuentes. Y, tres: debemos aplicar la presión ciudadana sobre los partidos que permitan, por acción u omisión, el desvío de fondos públicos.
La sociedad española debe reaccionar imperativamente contra los ladrones y los malos administradores. Con tolerancia cero. Tenemos que sacar de la política a los malversadores, a los que abusan de su puesto, a los que prevarican y sobornan, a los que falsean documentos o se dedican al tráfico de influencias... Por elemental decencia, hay que exigir --y exigir en la calle, si fuera necesario-- la regeneración política de España. Porque corremos el riesgo de ahogarnos en toda esta mierda.
RAFAEL FERNANDEZ ORDOÑEZ.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
La corrupción seguirá mientras los dos grandes partidos sigan así. PP y PSOE ya saben como acabar con la corrupción. Pero se conoce que apesar de todo les compensa. En realidad conocemos mucho menos de lo que existe.
Comentario:
El problema es que se admitan como normales, como hizo Velasco en las Cortes, las corruptelas, minimizándolas. La Administración aragonesa, por ejemplo, está minada por las corruptelas como una viga de madera con la carcoma.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, apostó por establecer un sistema en la Administración pública para incentivar y primar a aquellos trabajadores públicos que dedican más tiempo y asumen más responsabilidades, "si la Administración quiere ser moderna y eficaz". Así lo manifestó en respuesta a una interpelación parlamentaria formulada en el pleno de las Cortes de Aragón por el diputado del Partido Popular (PP), Antonio Suárez, quien se interesó por los proyectos e iniciativas del Departamento de Presidencia puestos en marcha y pendientes de desarrollar en los próximos meses. Al respecto, adelantó que están haciendo "algún ensayo y los resultados son muy interesantes". Por otra parte, Velasco anunció que "en próximas fechas" se llevará a Consejo de Gobierno el proyecto de proyecto de ley sobre el empleo público, para después presentarlo en las Cortes de Aragón para su debate y aprobación y reconoció que algún sindicato no está de acuerdo con el borrador, al tiempo que pidió disculpas por no haber facilitado el borrador a los grupos.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
esto sirve para que los amigos de los amigos cobren mas, ya esta pasando ahora, la productividad variable la cobran todos igual,los que trabajan y los que no; que pasa, que la gente se desmotiva y deja de trabajar bien, ahora con esto pasara mas de lo mismo. dinero extra para enchufados, amigos y recomendados y los curritos de a pie, que son los que sacan el trabajo, sigan con su sueldecillo, trabajando y viendo como el que tiene al lado, que es amigo de los directivos, pues cobra mas, sin pegar ni golpe, esto pasa en casi todas la consejerias de la DGA, y en Salud muchisimo.
Comentario:
Vamos ver: hace poco leí una interesante reflexión en el blog de la Asociación para la Defensa de la Función Pública que decía: Contactos=Carrera Administrativa, No Contactos=No Carrera Administrativa. Si eso es cierto para la promoción, y todos los amigos y conocidos que trabajan en la Administración me lo han confirmado, ¿quién puede garantizar que no será igual con estos incentivos? ¿Lo va a garantizar Velasco que no es capaz de hacer cumplir la legislación en materia de Función Pública?
El Gobierno no tiene previsto realizar la auditoría de Asael.
Política Territorial ha recibido la petición, pero no ha hecho nada.Ningún socio ha pagado todavía la cuota solicitada por la asociación.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Todavía no hay una decisión tomada. Pero fuentes del Gobierno consultadas por este diario confirmaron que no está previsto realizar ninguna auditoría a la Asociación de Entidades Locales (Asael). No es función del Departamento de Política Territorial. Así que lo normal es que se opte por el silencio administrativo.
El presidente de Asael, Javier Abenia, sin embargo, confía en que la auditoría se haga. "Nosotros aprobamos en la última asamblea realizar la petición a la Consejería de Política Territorial, así que enviamos una carta para encargarla", admitió. Y sí, la misiva ha llegado. Pero nada más. Ni es función del departamento ni se acaba de entender que se solicite una revisión de las cuentas solo del 2009.
Así que, mientras la comisión liquidadora de la asociación, sigue avanzando en sus gestiones, es poco probable que la auditoría llegue a realizarse. De forma oficial, desde Política Territorial admiten que ha llegado la carta y que no se ha iniciado ningún proceso. Pero fuentes consultadas confirmaron que Asael no deja de ser una simple asociación, además en proceso de liquidación, sobre la que no tiene nada que decir el departamento.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
Dá vergüenza una vez más que para nombrar el tribunal de cuentas no consigan a nadie,la realidad es que al ser nombramiento pólitico podian suponer que seria un tragala más ,de los muchos que tenemos y siendo asi el censor seria un mero portavoz de la voz de su amo.
Los que tocaron para ver si aceptaban no aceptaron,se supone por las condiciones en que iban a trabajar,en esta comunidad hay excesivos estómagos agradecidos pero afortunadamente aún quedan honorables y honestos profesionales,pocos pero los hay,enhorabuena a estos
ESTADO JUDICIAL.
Cuando un dirigente del PP denunció que vivimos en un Estado policial, sólo lo hizo como adelanto de lo que viene después de los guardias: los jueces. Si en algo hemos vivido esta semana, ha sido en un Estado judicial. Todo el presente y el futuro del país parecen en manos de administradores de justicia. Repasas las notas para la crónica, no hay más que togados, como si la política y la crisis económica hubieran sido barridas por un tsunami de banquillos y sumarios. Somos ya el país berlanguiano del "todos a la cárcel". Jueces que tienen que decidir sobre el honor de personas e instituciones; sometidos a investigación o perseguidos; vapuleados en tertulias como si fueran diputados; ilustres nombres a los que miran su ideología para respetar o no sus decisiones y, por si faltara algo, magistrados llamados a hacer explotar en cuatro días la bomba del Estatut.
Algunos de esos magistrados se han convertido, además, en autores de éxito. Frases de sus autos se repiten como chascarrillos o citas ingeniosas en discursos y conversaciones. Esos autos se cuelgan en las ediciones electrónicas de los diarios. Se pregunta si se ha leído el de Castro sobre Matas con la curiosidad que se pregunta si se ha visto la película que ganó el Oscar. Los jueces y las causas que llegan a sus manos marcan así la agenda política, mientras la política se retira discretamente, el Parlamento desaparece de escena y los dirigentes de más éxito, ¿qué hacen? Defenderse de acusaciones, o convertirse en comentaristas de resoluciones judiciales. Eso es todo.
No es ninguna anécdota. Si el caso Garzón se ha convertido en asunto de debate periodístico mundial, es que las heridas del franquismo siguen abiertas, traspasan fronteras y es muy arriesgado condenar a un juez por el supuesto delito de investigar una dictadura. Y si los juzgados más importantes ocupan su tiempo y sus medios en investigar o castigar la corrupción, es que tenemos un serio y extendido problema de corrupción: cerca de ochocientos casos pendientes de juicio en España, aunque sólo los más escandalosos son seguidos por los medios informativos.
Más allá de las situaciones personales de los Bárcenas o los Matas, hay una enfermedad que hace que casi todo esté sub júdice en este país. Funciona el Estado de derecho, pero algo anómalo ocurre cuando de algún juzgado depende nada menos que la memoria del franquismo, la revisión de los mecanismos de control de las administraciones públicas, la limpieza interna de los partidos o la división de poderes. Y al fondo, un uso perverso de los argumentos, porque atención a lo que viene después de la denuncia de Álvarez- Cascos, en su entrevista de ayer con Carlos Herrera: la manipulación partidista de la policía judicial. Una cosa es el protagonismo de la justicia, aunque sea insólito, pero es el que corresponde a una sociedad donde se delinque masivamente. Otra distinta, y grave, es ese tipo de discursos: esa clase política que debería dar ejemplo, y cuando se ve perjudicada se lanza a desprestigiar a los servidores de la ley.
FERNADO ONEGA.
LA VANGUARDIA.
Comentario:
Mi admirado Sr. Onega: algo muy grave falla en un pais cuyos jueces se politizan y sus gobernantes se judicializan. El mundo al revés. Si no funciona Montesqieu estamos arreglados.Pero bueno mientras haya futbol...
Comentario:
Cuando en democracia, el diálogo político falla, y prima la partitocracia, radicalmente opuesta, cuando la corrupción es tolerada y ocultada para no perder votos. El poder se judicializa. Es lo que tenemos.
María Terrades Pallicer. Palma.
La honorabilidad exigible
Quién considere que el honor, la fama y la honradez son valores pasados de moda y cosa de idealistas y quijotadas semejantes, quizás tenga razón, pero entonces ¿qué es lo que nos queda? seguramente, egoísmo, codicia y desfachatez. La reivindicación de que el político debe ser un servidor y no un "servido", debe reafirmarse en las urnas por parte de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas a los que nos importa el futuro de nuestros hijos, de nuestros mayores y de todos aquellos que por una u otra razón se encuentran en situación de debilidad.
Solicitar transparencia, eficacia, y honestidad al que es gestor de los bienes y erario públicos no significa caer en un pueril idealismo, ni tampoco pedir que nos "bajen la luna", es sencillamente una apelación al sentido común, y también la contrapartida natural y necesaria a la confianza que depositamos los votantes para una correcta gestión de nuestros intereses. Sin embargo también es cierto que mientras recordamos el "abc" del buen comportamiento, aquél que exigiríamos a cualquier vecino que se salta las normas de la comunidad o al hijo adolescente que no llega a la hora nocturna estipulada, asistimos impotentes al modo de hacer de numerosos políticos y cargos públicos que, como mínimo, parecen haberse olvidado de cierto mandamiento y como máximo han tenido que pagar una fianza de tres millones de euros para eludir la cárcel.
El que nada exige, nada obtiene. Exijamos pues la honorabilidad en la vida pública, y que la próxima vez no sea la justicia la que recuerde la lección básica : la política de verdad no es para enriquecer y servir a los políticos, es y sirve para facilitar y mejorar en lo posible la vida de todos los ciudadanos. De toda la vida.
DIARIO DE MALLORCA.
Tú coges a un militante del PP de Valencia y le robas la cartera con el dinero que acaba de sacar del cajero automático, y el tío te persigue hasta que te pilla. Lógico. A la gente no le gusta que le roben. Lo que me parece raro es lo contrario, que pilles a un caco desvalijándote la casa y que en vez retorcerle el brazo, pienses que hay una conspiración contra el que te está levantando el televisor de plasma, y que el verdadero culpable eres tú. Eso es más o menos lo que pasa con la corrupción política: nos roban y nos quedamos tan campantes. Nos quedamos tan campantes los que somos normales. Los anormales van un paso más allá y defienden al ladrón de su dinero. Hay varias teorías para explicar esta reacción tan incomprensible, pero tan extendida en España. Una dice que aquí somos tan sectarios que aceptamos que nos roben si el ladrón es de los nuestros. No me la creo. Otra dice que la sociedad está corrupta y que los electores no penalizamos a los partidos envueltos en escándalos como la Gürtel, porque todos haríamos lo mismo en circunstancias similares. Esta hipótesis me la creo más, pero tampoco me convence. La indiferencia ciudadana ante el caso Gürtel se debe a nuestro escaso sentido de lo público, a nuestra pésima educación ciudadana. Cuando Bárcenas quintuplica su patrimonio, nadie tiene la sensación de haber sido expoliado, por más que ese dinero provenga directa o indirectamente de las arcas públicas. En cambio, si Bárcenas nos atracara en un callejón oscuro sí montaríamos en cólera, aunque fuéramos del PP. ¿Por qué? Porque una vez que entregamos el dinero a Hacienda dejamos de considerarlo nuestro. Porque creemos tan poco en lo público, que nos damos ya por robados.
ANTONIO OREJUDO.
PUBLICO.
Comentario:
Los partidos políticos deberían aspirar a ejercer un liderazgo ético de la sociedad. Su organización debería ser transparente y deberían arbitrar mecanismos que evitaran la corrupción personal de sus miembros y la financiación irregular de sus partidos. Mal está que se generen situaciones concretas de corrupción y no nos debe extrañar que los personajes implicados se aferren a lo que sea con tal de preservar su status o los beneficios vergonzosos que han alcanzado mediante el robo y el tráfico de influencias. Pero ¿y los partidos, sus grupos, fundaciones, etc ?, ¿cómo pueden consentir la descomposición de su cuerpo ético ?, ¿qué cabe pensar entonces de los verdadereos motivos de su existencia ?. La continuidad de estas situaciones puede llevarnos a una descomposición progresiva del sistema participativo y al desembarco de una política populista dirigida a las entrañas de las personas y no a su inteligencia.
POLITICA Y CORRUPCION.
Existe, por fortuna, una vocación política en el seno de las sociedades más o menos civilizadas, como existe también gente solidaria y altruista. Es una obviedad reconocerlo así, como algunas de las reflexiones que seguirán, pero, no por serlo, dejan de olvidarse. No es hacia la política a la que el ciudadano medio manifiesta reparos, sino contra quienes la ejercen y se aprovechan de ella maliciosamente o de los dineros públicos. Porque no toda la función política consiste en administración, aunque lo parezca tan a menudo y, cuando supuestas acciones o delitos se reiteran, la desconfianza general se consolida. Aludir a la llamada «clase política» (una aberración en cuanto a la denominación misma) equivale entonces a mentar la bicha. Puede utilizarse, incluso, el siguiente y falso silogismo: el poder corrompe, los políticos representan el poder; en consecuencia, son la corrupción. La punta más visible de este iceberg es la económica, pero no la única. No todas las políticas son buenas por naturaleza. Tampoco podemos equiparar unos políticos a otros. El poder –contrapesado en democracia por la oposición– puede orientar en dirección errónea una economía, una política internacional o unos servicios públicos. No hace tantos años que se crearon en algunas universidades facultades de Ciencias Políticas. Bien es verdad que la política acaba envolviéndolo todo, pero entenderla como una ciencia parece descabellado. No puede existir, porque ésta es una opción fundada en dispares opciones ideológicas. Mal andaríamos si supusiéramos la opción política como verdad indiscutible. Esto se calificó de totalitarismo. Otra cosa es que no pueda explicarse la historia sin justificar quiénes ejercen el poder, por qué medios lo obtuvieron y a quiénes representan. Pero cabría entenderlo como una sociología de la política.
Un partido tampoco es un todo unitario y las ideas de sus militantes pueden cubrir un abanico más o menos amplio de opiniones. Pero el político como individuo debe sentirse antes llamado por una vocación de servicio a la comunidad. No hay buen médico, ni profesor, ni buen albañil siquiera, sin vocación. Corromperse utilizando el dinero público para el enriquecimiento personal o para otros fines ilegales es ya delito. Tampoco debe pensarse que se va a la política por afán de enriquecimiento, aunque se atribuya esta afirmación a alguno que ya no está aparentemente en activo. Tales delitos resultan más graves, como lo es el pecado del sacerdote, ya que éste constituye un espejo en el que se contemplan sus creyentes. El escándalo de las corrupciones debe entenderse grave, porque quienes se dejan corromper han sido elegidos para trazar la ruta que ha de seguir aquella sociedad que les alienta en sus votos y su confianza, en el caso de que se viva en democracia. Pero conviene no caer tampoco en idealismos e ingenuidades. Países vecinos, de sólidas convicciones, han sido malos ejemplos que tal vez en los albores de la restauración democrática podían desorientar. Me temo, sin embargo, que los escándalos que se prodigan en los medios y se hallan en los juzgados vienen de más lejos. El anterior régimen se mantuvo y duró hasta la muerte natural del Caudillo sin que apenas afloraran, amordazados, escándalos como los que ahora venimos observando. Bolsas sociales entendieron que la impunidad de los políticos resultaba algo natural. Porque no hay corrupción posible en una sociedad que se autorregula. Nuestra cifra de paro es tan abrumadora que hace pensar que una parte, por lo menos, sobrevive merced a la economía sumergida; que la hay. Los malabarismos fiscales que permiten declaraciones de renta inocuas las realizan los que pueden, que serán los menos, aunque se desvele de vez en cuando –y no sin sorpresa– que Hacienda tampoco éramos todos. Con el IVA y sin el IVA, la clase media, profesionales y comerciantes defraudan lo que buenamente se puede. Y las grandes sociedades, aquellas que nos empujaron a la gran crisis que ahora vivimos, muestran a menudo fórmulas económicas que, aún siendo legales, rozan el delito. Y ¿qué decir de los paraísos fiscales? Debían desaparecer cuando se produjo la mayor alarma, el capitalismo sería refundado, los bonus y altos salarios de los directivos bancarios controlados por eficientes gobiernos. Todo quedó en buenas intenciones. Tras ello adivinamos los inconfesados grupos de presión. Los mecanismos de la corrupción son tan varios que en más de una ocasión nos hemos lamentado de nuestra insignificancia, ya que no hemos sido nunca tentados, ni hemos podido permitirnos corrupción alguna. En todo ser humano existe una zona oscura que cae en tentaciones. Al fin y al cabo, políticos y partidos reflejan en sus comportamientos la sociedad entera. Hay, sin embargo, quienes se aprovechan del exaltado «ego» que se deriva del poder. Sin redundar en fáciles moralinas no vendría mal una cura de humildad en quienes gobiernan, una inevitable Ley de Financiación de los partidos, un rígido control sobre los recursos públicos y una purga general que obligara a algunos a descender de sus pedestales. El bien público resultaría entonces el objetivo de quienes han de guiar el recto proceder de todos –y no sólo de algunos– ciudadanos: la hoy denostada utopía.
JOAQUIN MARCO.
LA RAZON.
Hay una teoría del daño difuso que explica, al menos en parte, la tolerancia ante la corrupción. Nadie se siente especialmente dañado en sus intereses. O no más dañado que el resto.
Pero hay sociedades, Finlandia, Dinamarca, donde sus ciudadanos no toleran ni siquiera ese daño difuso. Y hacen muy bien.
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