NECESIDAD DE UN ALTO NIVEL DE EXIGENCIA.

La gestión de los servicios públicos, como cualquier otra actividad en la que se vean afectados los derechos e intereses de los ciudadanos, ha de llevarse a cabo con un alto nivel de exigencia, tanto profesional –por parte de los servidores públicos que la llevan a cabo, asegurando en la misma el máximo nivel posible de competencia y de diligencia- como política –por parte de los responsables públicos, garantizando la plena sujeción a criterios de imparcialidad, acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, transparencia y rendición de cuentas-, generando con ello el necesario círculo virtuoso que estimule una mejora continua de nuestra organización administrativa y de nuestra función pública.

Cada cual –servidores públicos, por un lado, y responsables políticos, por otro- han de cuidar el nivel de exigencia que corresponde a su espacio de intervención, conscientes, además, de que no son espacios separados o estancos, sino parcelas distintas de un solo espacio, el de la gestión pública: a unos les corresponde la responsabilidad directa sobre la buena administración y a los otros sobre el buen gobierno. Conscientes todos de que una mala administración lastra cualquier propósito de buen gobierno, y un mal gobierno degrada inevitablemente cualquier empeño, por voluntarista que sea, de buena administración.

Esta Asociación, desde sus primeros pronunciamientos públicos, ha propugnado un horizonte común de buen gobierno y buena administración, reclamando para ello un conjunto de medidas, entre las que se incluían la aprobación de códigos de buen gobierno, dentro de una estrategia de ética pública, la aprobación de un régimen de conflictos de intereses para los altos cargos de la Administración autonómica o el impulso de medidas de transparencia, para asegurar un efectivo control de la gestión pública por parte de los ciudadanos.

El tiempo transcurrido y la reacción del Gobierno de Aragón –y también, en ciertas ocasiones, de las Cortes de Aragón- a las propuestas formuladas nos ha permitido apreciar la escasa, por no decir nula, voluntad de formular una agenda política de buen gobierno. Se han rechazado, una tras otras, todas las propuestas de esta Asociación, pero no se ha formulado ninguna alternativa a las mismas. Resultado de todo ello es la posición cada vez más rezagada que ocupa nuestra Comunidad Autónoma en la adopción de medidas que refuercen la idea de una Administración Pública al servicio de los ciudadanos.

¿Qué cabe esperar de un Ejecutivo autonómico cuyos niveles de exigencia en materia de gobierno se sitúan entre los más bajos de España? ¿Qué objetivos pueden alcanzarse desde la mediocridad y la reiterada e injustificada autocomplacencia? ¿Qué autoridad moral asiste a un Gobierno ante los ciudadanos en momentos de crisis, cuando, por ejemplo, se acumulan diez años de retraso en el establecimiento de un efectivo control de las cuentas públicas y ni siquiera se ha sido capaz de mantener el rigor –léase legalidad- en las retribuciones públicas? ¿Puede exigir sacrificio a los ciudadanos quien no se ha exigido a sí mismo ni competencia ni transparencia, ni respeto a la ley ni rendición efectiva de cuentas?

No podemos estar en modo alguno satisfechos con el actual estado de cosas, pero somos al mismo tiempo conscientes de que no se puede exigir a los demás sin antes exigirse a uno mismo. Sólo desde un compromiso ético radical con el servicio público estaremos legitimados verdaderamente para denunciar la arbitrariedad y las irregularidades en que incurra el Gobierno de Aragón –el actual, y los que vengan en el futuro-, y si la caridad ha de comenzar por uno mismo –como suele decirse-, también la exigencia en el quehacer profesional y en el rigor de los análisis sobre la realidad de la administración y de la función pública han de imponérsela los miembros de esta Asociación y el conjunto de los servidores públicos para luego reclamar medidas de buen gobierno a los responsables políticos.