HAY QUE MANTENER LA PRESIÓN CUANTO SEA NECESARIO.

Si alguna lección cabe extraer de estos años de actividad que ya acumula la Asociación -escasos todavía en resultados, aunque intensos en trabajo- es la importancia que tiene no desitir en las exigencias legítimas, no abandonar los temas mientras no estén debidamente resueltos, no permitir que las cuestiones se cierren en falso, se entierren o se olviden. No ceder a la estrategia del desgaste que siempre se emplea desde el poder, para imponer una política de hechos consumados, avasalladora, desalentadora para quien quiera reaccionar y oponerse a ella. Frente a ello, es preciso perseverar, seguir batallando, hasta que la razón y la insistencia logren imponerse, tarde o temprano. Es difícil para un Gobierno, por reacio que sea a reconocer sus errores, como ocurre con el Gobierno de Aragón, negar permanentemente lo que las leyes establecen e ignorar los derechos que las leyes, cuando no la Constitución, reconocen.

No desistimos, por lo tanto, en nuestro empeño de que la legislación básica del Estado y la de la Comunidad Autónoma se respeten por el Gobierno de Aragón y que, además, su acción de gobierno y la gestión pública de la Administración autonómica vayan incorporando, paulatinamente, criterios crecientes de transparencia y de exigencia democrática, aunque ahora parezcamos estar -y de hecho, lo estemos- tan alejados de ese objetivo.

El reciente debate mantenido en las Cortes de Aragón sobre el control de la dedicación del personal eventual, por el simple hecho de producirse, ya denota un síntoma de mal gobierno, pues convendremos en que ningún Grupo Parlamentario plantearía una iniciativa, como la realizada por el Grupo Parlamentario Popular, si no hubiese constancia -o fundada sospecha, expresada públicamente en numerosas ocasiones, por unos y otros- de la irregular situación existente en los gabinetes de buena parte de los miembros del Gobierno.

Es difícil reconocer la realidad, es preferible negarla, pero mejor sería corregirla, algo que ha podido hacer este Gobierno en diferentes ocasiones y que no ha sabido o no ha querido hacer hasta el momento. Una votación parlamentaria, como la celebrada en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, no es suficiente para ocultar una realidad que resulta inaceptable en una sociedad que aún conceda algo de valor a los principios éticos y que todavía demande comportamientos mínimamente ejemplares de los responsables políticos.

Es difícil explicar qué razones pueden llevar a un Gobierno a adoptar pautas de comportamiento que constituyen precisamente un antimodelo para los ciudadanos, es decir, un ejemplo a no seguir, una conducta a no imitar. Y porque algo así es sencillamente insostenible, ha de perseverarse en su denuncia pública, en la exigencia de su eliminación, sin que una mera votación parlamentaria o una resolución del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma -negando una realidad que nos consta- puedan llevarnos a la resignación y a la aceptación de que se continúe tranquilamente con el abuso de los puestos públicos por parte de la coalición de gobierno. Ese es, al menos, el compromiso de esta Asociación.