Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha remitido una breve respuesta al largo escrito de consideraciones, remitido en su día por el Director General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, y comentado en su momento en este blog, sobre el papel a jugar por el derecho de petición dentro de la estrategia de participación ciudadana impulsada por el Gobierno de Aragón a través de dicha Dirección General.
Esta Asociación no puede dejar de poner de manifiesto su incomodidad por la actitud mantenida hasta la fecha por la práctica totalidad de los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración autonómica respecto a los escritos de petición formulados desde esta Asociación, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.
Ni se acusa recibo a las peticiones formuladas ni se responde en la forma y plazo que establece la ley, a pesar de tratarse de un derecho fundamental de los ciudadanos y constituir, por ello, una vía cualificada de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. No sólo no se respeta el contenido esencial del derecho, sino que, además, por parte del responsable de la Dirección General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, se trata de minimizar e ignorar dicha situación, tratando de desvincular la estrategia de participación ciudadana, auspiciada desde el poder político, de los derechos constitucionales de participación política, que a nuestro juicio debieran ser parte esencial de cualquier estrategia pública de participación ciudadana.
Así se ha querido señalar desde la Asociación al responsable de la Dirección General de Participación Ciudadana, a través de un escrito de respuesta que se reproduce íntegro a continuación:
"Ilmo. Sr. Director General de Participación Ciudadana
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón
Zaragoza, 6 de abril de 2010.
Estimado señor:
Deseamos agradecerle su escrito del pasado 11 de enero de 2010, en el que nos trasladaba sus consideraciones respecto al papel que cabe atribuir al derecho de petición dentro de la estrategia de participación ciudadana del Gobierno de Aragón, al tiempo que debemos expresarle la abierta disconformidad de esta Asociación con sus planteamientos.
Nada justifica, a nuestro entender, que un Gobierno, como es el caso del Gobierno de Aragón, ignore un derecho fundamental reconocido por la Constitución, como es el derecho de petición, y nos resulta decepcionante y difícilmente comprensible que el Director General de Participación Ciudadana de ese Gobierno trate de minimizar dicha vulneración, restando importancia al papel que corresponde al derecho de petición en el conjunto de la política pública de participación ciudadana.
Ninguna forma de hacer política, ninguna forma de gestionar los asuntos públicos o de construir políticas públicas puede merecer nuestro respaldo o aprobación si no es capaz de preservar, al mismo tiempo, la esencia de todo régimen democrático, que no es otra que el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ni el Gobierno de Aragón ni esa Dirección General han sido capaces de dar paso alguno para corregir una situación que, a nuestro juicio, desautoriza cualquier discurso posible sobre participación ciudadana y, en general, sobre el ejercicio del poder político. Una política de participación que no considera central el conjunto de derechos fundamentales de participación de los ciudadanos -y entre ellos, guste o no, el derecho de petición- no es una política al servicio de la democracia ni de los ciudadanos, sino un instrumento auxiliar del poder político, dirigido al control político de la sociedad, algo que no podemos compartir desde esta Asociación.
Por ello, esta Asociación, desde su compromiso con los principios del Estado de Derecho, va a mantener su posición crítica frente a la actitud del Gobierno de Aragón respecto al derecho de petición y, en los casos que se estime necesario, recabará de las instancias oportunas el amparo al derecho fundamental y el obligado reproche a un poder público que ha olvidado algo tan esencial como el sometimiento al ordenamiento jurídico.
Ninguna política pública que se promueva desde el desconocimiento al ordenamiento jurídico, sea de participación ciudadana o de cualquier otra materia, puede contribuir a un mejor gobierno o a una democracia de más calidad.
Atentamente,
El Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
Julio Guiral Pelegrín
P.A.
El Secretario
Félix Gracia".
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
9 comentarios:
¿Vacante, ausencia o enfermedad?
¿Guiral ausente?
Pero el fuera de juego es el propio Celaya.
¿Que no se respeta el derecho de petición? ¿Y qué le vamos a hacer?
¿Nos vamos a preocupar por esa minucia?
El consejo comarcal de Bajo Aragón-Caspe ha aprobado por unanimidad un código de buena conducta que garantiza el derecho de la ciudadanía a una "buena administración". El texto será de aplicación para funcionarios y empleados públicos, cargos electos, responsables políticos no electos y otras personas con responsabilidad pública en la Administración local. Desde la institución comarcal, se pretende establecer pautas de buen comportamiento basadas en los principios y normas de conducta básicas y favorecer la transparencia de la corporación, así como incentivar el desarrollo sostenible.
EL PERIODICO DE ARAGON.
¡Una buena noticia!
¿No se lo pidió esta Asociación?
Fue la única comarca que contestó de todas.
Nadie quiere formar parte de la Cámara de Cuentas aragonesa. Nadie con prestigio. Curioso.
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