La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa dirigirá hoy al Justicia de Aragón escrito de queja con motivo de la Oferta de Empleo Público para 2010 aprobada por el Gobierno de Aragón, al entender que los responsables de función pública han vulnerado la Ley aragonesa de Función Pública, incurriendo en desviación de poder, al incluir en dicha Oferta un número de plazas para Sociólogos y Politólogos, a pesar de que tales plazas no existen en las relaciones de puestos de trabajo de la Administración autonómica.
La Oferta de Empleo Público que debe aprobar anualmente el Gobierno de Aragón ha de incluir, además de las plazas ocupadas por personal interino, aquellas plazas vacantes que se estime necesario cubrir con personal de nuevo ingreso, por carecer de efectivos propios suficientes para atenderlas. Así se establece con total claridad en el artículo 23 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
No obstante, el Gobierno de Aragón no sólo incumple la obligación de incluir las plazas cubiertas por personal interino –como se puede comprobar con las plazas de la Escala Auxiliar Administrativa, de la cual no se incluye ni una sola plaza, pese a los cientos de funcionarios interinos existentes en los diferentes Departamentos-, sino que también incumple la ley al preverse la selección de funcionarios de carrera para plazas que, en el momento de aprobar la Oferta, no existen en las relaciones de puestos de trabajo, como es el caso de las tres plazas previstas para Sociólogos y Politólogos.
Dichas plazas no existen sencillamente porque la creación de la Clase de especialidad Sociólogos y Politólogos se aprueba el mismo día que la Oferta de Empleo Público, y las hipotéticas plazas que puedan adscribirse a la nueva categoría tendrán que ser resultado de una modificación –todavía por tramitar- de las actuales relaciones de puestos de trabajo de la Administración autonómica. Es decir, hoy por hoy, no existen vacantes dotadas de la nueva Clase de especialidad que justifique su inclusión en la Oferta de Empleo Público.
No es posible que la Oferta de Empleo Público se instrumentalice, como ha hecho el Departamento de Presidencia, para forzar la creación de plazas no previstas en las relaciones de puestos de trabajo y justificar la posterior selección. Llama, además, poderosamente la atención el hecho de que las tres plazas de Sociólogos y Politólogos, propias de una Clase de especialidad todavía no creada en el momento de elaboración y aprobación de la Oferta, se asignen a procedimientos de selección diferentes: una plaza para turno libre, otra plaza para turno de promoción interna y la tercera para el turno reservado a personas con discapacidad.
Si la Oferta de plazas para Sociólogos y Politólogos se aprueba anticipadamente a la existencia de vacantes en las relaciones de puestos de trabajo, con manifiesta vulneración de la Ley, ello invita a “sospechar” que las personas a seleccionar –cada una por su turno correspondiente- también puedan conocerse con antelación a la aprobación de la Oferta. La arbitrariedad de los contenidos de la Oferta se ve, además, reforzada por la total discrecionalidad de que gozan los responsables políticos para designar a los miembros de los Tribunales de selección. Todo ello no parece que sea el modo de garantizar el derecho fundamental de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, previsto en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
16 comentarios:
Pero estos tíos, digo quienes mandan, ¿están sujetos a la ley o hacen lo que les da la gana?
Pero hombre como podeis poner un articulo de Elvira Lindo en el blog,lo degrada considerablemente.
¿No queda lindo?
Pues, también hay que tener en cuenta lo que, a veces, dice Manolito Gafotas.
Yo creo que esos tíos, los que sueñan que mandan, disponen y gobiernan, hacen efectivamente lo que les da la gana, pero quien actúa así no llega muy lejos, y si no al tiempo.
Ánimo, hay que mantenerse alertas frente a la arbitrariedad con que día tras día nos obsequia el Gobierno de Aragón.
¿Que no llegan muy lejos? Pues llevan once años, y veremos...
A ver qué dice el Justicia sobre un asunto tan evidente.
Más sanciones y más duras para los funcionarios que no cumplan con sus funciones. El Gobierno de Aragón ha elaborado ya un anteproyecto de ley de empleo público. En el borrador se considera como grave la "falta de rendimiento" de los trabajadores de la Administración. El documento supone una ampliación disciplinaria respecto a los reglamentos ya existentes. Algo que no gusta a los sindicatos, sobre todo porque esta medidas, dicen, no afectan a los altos cargos.
El anteproyecto, que todavía no ha sido negociado con los sindicatos, contempla una extensa retahíla de sanciones, distribuidas entre muy graves, graves y leves. Entre las primeras, la desobediencia "abierta a las órdenes o instrucción de un superior" o el abandono del servicio, "así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas".
Además se considerará como grave la "falta de rendimiento" o la "desconsideración con los directivos o responsables de la unidad, compañeros o subordinados, así como con los ciudadanos". También el "abuso de autoridad" o el "incumplimiento de las órdenes". Por todo ello los funcionarios podrán ser sancionados. Se les aplicará la separación del servicio, o el despido disciplinario. También el traslado forzoso e incluso la pérdida de los tramos de carrera.
El incremento de la tipología de las faltas y el recrudecimiento de las sanciones no gusta a los sindicatos. Consideran que se penaliza sobre todo a los funcionarios a los que se exige, ante todo, la adhesión a sus jefes, muchos de ellos personal de confianza. Por ello avanzan que no apoyarán el texto y que intentarán que no salga adelante esta legislatura. "Es llamativo que las faltas solo las comentan los funcionarios de base, no los directores generales. Nosotros pedimos que se incluyese la inhabilitación de entre dos y cuatro años para ellos, pero no se aceptó", lamentó Pablo Asín, de CISF. Del mismo modo piensa Daniel Alastuey, de UGT. "Es más un reglamento disciplinario. Ahora ya se puede sancionar, pero no se hace. Es un borrador anticuado y que no resuelve ningún problema".
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
Habeis dado en el clavo. Los politicos quieren menos funcionarios que fisacalicen sus mamoneos, asi contratan asesores y empresa privada que dice amen al que le paga. La suerte que tienen los políticos es que nadie les sanciona a ellos, los electores nos hemos convertido, unos, en pasotas y otros en "juligans".
El PSOE ganaría las próximas elecciones autonómicas y podría formar gobierno con su socio actual, el Partido Aragonés (PAR), o un tripartito con Chunta Aragonesista e Izquierda Unida (IU), según refleja los datos de una encuestaa de intención de voto elaborada por la empresa A+M y que publica hoy Heraldo de Aragón.
Dicha encuesta está realizada del 5 al 19 de abril de 2010, con 2.000 entrevistas telefónicas en el territorio aragonés, siendo el margen de error de +/- 2,23 por ciento.
El PSOE sería de nuevo la fuerza más votada en la comunidad autónoma, con un 40,1 por ciento de los votos, y conseguiría 29 diputados, en vez de los 30 que tiene ahora. El PP, con un 36,9 por ciento de los votos, lograría 27 escaños, cuatro más que en las pasadas elecciones (23) de 2007.
El PAR, en cambio, reuniría sólo un 8,3 por ciento de votos, y pasaría de 9 diputados a 5, un descenso importante. Chunta Aragonesista (CHA) mantendría sus 4 diputados, con un 7,1 por ciento de los votos, e Izquierda Unida (IU) tendría un escaño más en las Cortes, en vez de uno, gracias a la provincia de Zaragoza.
Aunque el PSOE mantendría su hegemonía en las tres provincias, el PP recortaría diferencias en la provincia de Zaragoza y, sobre todo en la de Huesca, donde si los socialistas obtienen un porcentaje de voto de un 41,5 por ciento, el PP llegaría a un 40 por ciento.
HERALDO DE ARAGON.
Admirable artículo de Leguina hoy en "El País".
El goteo de la corrupción cada día es mayor y sólo porque no hay fontanero político que arregle la fuga por la que se pierden los dineros de todos, yendo a parar a los bolsillos de los corruptos y sus familias, y a financiaciones ilegales.
Lo que dicen los primeros responsables de los principales partidos políticos cuando aparece un bandolero de éstos, no del estilo de Cucaracha, que dice robaba a los ricos para darlo a los pobres, sino, en este caso, para quitar lo de todos y quedárselo él y sus compinches; lo que dicen, digo, no sirve de nada. Sólo es un simulacro de cómo intentar apagar el fuego sin una pizca de voluntad.
De nada sirve decir "seremos implacables contra la corrupción", como dice Rajoy, y después no mover ni un dedo para impedirla; de nada sirven las declaraciones de patrimonio cuando se llega a un puesto de responsabilidad, como hacen los socialistas, si después no se les controla el aumento exagerado de ese patrimonio; de nada sirven los códigos encaminados a mantener las manos limpias y la conciencia tranquila, como dice el primer partido de la oposición, si luego, a continuación, se deja la caja abierta para que los sin escrúpulo dejen aparcado el código de las buenas formas y la buena conciencia, y se lleven el dinero que quieren y más; dinero que, dicho sea de paso, jamás lo volvemos a ver porque los astutos lo han puesto bien escondido y cuando salgan de la cárcel, si es que entran, lo disfrutarán.
Hace poco salió de "chirona" uno de ésos que se puso morado cogiendo billetes de la caja que tenía a mano, y que ahora dice haber pagado por lo que hizo, pero el dinero que se llevó no lo hemos visto. ¿Eso es haber pagado por todo lo que hizo ¿Por qué quien se apropia de lo que no es suyo no sigue en el trullo hasta que devuelva el último euro que se llevó a su cuenta particular .
Está claro que esto no hay quien lo arregle y por lo tanto cada día son más los que, al estar cerca de la caja, la dejan vacía para llenar la suya particular. Para ellos esto no es robar, sino simplemente el trasvase del contenido de una caja a otra.
Y no es cuestión de color político este asunto, porque en todo el espectro los hay con manos largas para coger y coger, engordándose ellos hasta reventar.
Con todo esto, ¿cómo no vamos a pensar los ciudadanos que la política está podrida y que huele que apesta, si vemos que cada vez son más las manzanas podridas que hay en la cesta, y que además el dinero robado nunca ya se devuelve ¿Cuántos agujeros se podrían tapar con el dinero que se esfuma ¡Larga novela se podría escribir con las andanzas de estos bandoleros!.
Hay que respetar la presunción de inocencia de todos, tal cual se hace, pero se constata que el vivero de los culpables es casi tan grande como el de los presuntos culpables. Pone esto de manifiesto aquello de "cuando el río suena, agua lleva".
Visto lo visto, está claro que no hay fontanero que arregle la fuga por donde se van los euros, no a goteo sino a chorro.
PASCUAL ASCASO.
DIARIO DEL ALTOARAGON.
Como si no hubieran pasado los años y el túnel del tiempo fuera capaz de devolvernos a los primeros días de la transición, una mayoría de la sociedad española asiste entre indignada, perpleja y preocupada al retorno del frentismo como una manera de estar en la vida pública, bien sea en la acción política o utilizando subrepticiamente alguno de los encendidos púlpitos mediáticos. Si la transición fue generosidad, altura de miras y un deseo compartido de pasar página a las décadas de dictadura, el tiempo presente queda enmarcado en una revisión permanente de todo aquel proceso.
Así, todo vale para la confrontación: desde los muertos de la Guerra Civil hasta la fraudulenta revisión de lo que en su día fue el pacto constitucional. Desde la súbita reaparición de la Falange en los titulares de los diferentes medios de comunicación hasta la recuperación de una idea cerrada de España. Y eso en medio de una crisis económica internacional sin precedentes desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En eso también fue diferente la transición: lo importante antes que lo accesorio y lo prioritario por delante de lo urgente. La deriva frentista debe ser frenada inmediatamente si no queremos cargarnos aún más el país y demoler cimientos básicos de convivencia.
Que nadie se engañe, Catalunya siempre ha perdido en estas situaciones, y ahí está la historia reciente para corroborar este diagnóstico. No hay buenos y malos, de la misma manera que los demócratas no están en un único bando ideológico. Estos clichés estereotipados valen para una campaña electoral, pero para poca cosa más. Dediquemos todos los esfuerzos a salir de la crisis económica y dejemos los álbumes de fotos del pasado en su sitio, que es la historia y no los diarios de abril del 2010.
JOSE ANTICH.
LA VANGUARDIA.
Madrid ya no es la “ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)” del amargo poema de Dámaso Alonso. Pero el centro de Madrid (como el de Barcelona, Sevilla y otras muchas ciudades) vio ayer desfilar por sus calles a miles de familiares de víctimas del franquismo. Portaban los retratos de padres fusilados o madres desaparecidas cuyos cadáveres no han conseguido recuperar. Todas las voces se unieron en un clamor final: “No a la impunidad”.
Se equivoca Mariano Rajoy si entiende estas manifestaciones como “una brutal campaña contra el Tribunal Supremo”. Está ciego el Supremo si a su vez interpreta, como Rajoy, que se trata de “presiones antidemocráticas” contra la independencia judicial. Lo que ayer caló en el aire templado de esta primavera agria fue el grito del sentido común y de la dignidad de quienes no reclaman venganza, sino justicia. ¿Tanto cuesta entender que lo antidemocrático (e inmoral) es calificar de prevaricación el intento de un juez (cualquier juez) de ayudar a unos nietos a recuperar los huesos de sus abuelos? Si la técnica jurídica permite apoyar a los herederos de los verdugos e ignorar la dignidad de las víctimas, entonces la justicia pierde su finalidad ética. Dice Felipe González (poco sospechoso de admirar a Garzón) que “lo que no se puede explicar no puede ser justo”. Y el proceso a Garzón es “inexplicable”. Porque atenta contra el sentido común.
JESUS MARAÑA.
PUBLICO.
LA polémica sobre la ley de amnistía de 1977 es un artificio de una parte de la izquierda para mantener vivo el estado de crispación y enfrentamiento en el que encuentra su única forma de vivir en la política actual. La evidente pérdida de referencias ideológicas tras el colapso del Telón de Acero y la renuncia de la sociedad española a opciones extremistas se han traducido en un vacío de ideas que llena con desesperados intentos de resucitar causas pasadas, aun cuando el esfuerzo requiera la manipulación de la historia y la estafa a los ciudadanos. En esto están los sectores de izquierda que, escondiéndose tras la causa de Garzón, cargan ahora contra la ley de Amnistía de 1977, que es su manera de hacer ilegítima la Transición de la dictadura a la democracia y de renegar del pacto constitucional de 1978. Como bien dijo el Fiscal de la Audiencia Nacional al juez Garzón, es «un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de «ley de impunidad»». Esto último es bien cierto, porque el diario de sesiones del Congreso refleja la voluntad de los partidos de izquierda que promovieron la Amnistía. «Pedimos amnistía para todo, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie», dijo el portavoz del Partido Comunista de España. «Casi todas las fuerzas políticas de esta Cámara -¡ojalá fueran todas!- tienen la voluntad de enterrar un pasado triste para la Historia de España», añadía el portavoz socialista. Aquella ley fue aprobada por un parlamento democrático y con ella España se daba a sí misma el perdón por un pasado fratricida. Los que ahora quieren derogar la ley de 1977 desprecian la dolorosa historia que la hizo necesaria y son los que están obligando a traerla a la memoria, como tuvo que hacer Esperanza Aguirre en el Parlamento madrileño para recordar a IU que nadie estuvo libre de culpa, que la II República fue traicionada por la izquierda en el fracasado golpe de Estado de 1934 y que pedir cuentas permitiría preguntar a la izquierda de hoy si condena el asesinato de José Calvo-Sotelo.
Esta izquierda sectaria y gritona debe asumir el tiempo en el que vive España y adaptarse a los valores constitucionales, porque su momento histórico ha caducado, como bien se encargan de recordar ellos mismos cuando lanzan el «no pasarán» que sonaba en el Madrid de 1936, con la diferencia de que, en 2010, todos hemos pasado ya a la democracia y a la libertad gracias a la Constitución de 1978.
ABC.
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