EL NECESARIO CONTROL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMARCAL.

El proceso de comarcalización -dilatado en el tiempo, pues la primera ley autonómica de comarcalización se remonta a 1993- supone un paso decisivo en la estructuración territorial y administrativa de nuestra Comunidad Autónoma, aunque probablemente su enfoque debiera haberse dirigido más a corregir el minifundio municipal existente y no a la descentralización de competencias autonómicas, rompiendo con ello la economía de escala que conllevaba el ejercicio de competencias desde la estructura provincial de la administración periférica autonómica. Ese enfoque descentralizador, que ha primado sobre el de concentración y fortalecimiento de los servicios locales, hace que el nuevo escalón administrativo -al margen de sus bondades en cuanto a vertebración territorial- venga a duplicar algunos cometidos institucionales, respecto al papel propio de las Diputaciones Provinciales, y haga más compleja y costosa la red de administraciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma.

Al igual que la ya larga andadura de nuestra Comunidad Autónoma no ha permitido todavía que el nivel político e institucional se acomode suficientemente a las reglas propias de nuestro ordenamiento constitucional y a las pautas deseables de buen gobierno, cabe considerar que también las comarcas aragonesas tardarán mucho tiempo en ajustar plenamente sus estructuras políticas y administrativas al cometido que el ordenamiento jurídico ha querido asignarles dentro de la gestión de los intereses generales.

No debemos olvidar, en ningún caso, que las comarcas son entidades locales y que, al igual que todo nivel territorial de gobierno, cuentan cada una de ellas con una Administración Pública propia para la gestión de sus competencias y, en definitiva, para asegurar la correcta ejecución de sus responsabilidades administrativas, conforme a los principios señalados en el artículo 103 de la Constitución Española.

Sin embargo, creemos que hasta ahora se ha prestado escasa atención al proceso de formación de la función pública comarcal, es decir, a la selección y ordenación del conjunto de servidores públicos que han de ocuparse de la gestión del conjunto de los servicios públicos que se prestan por las comarcas.

Pese a que el personal al servicio de las comarcas es objeto de regulación en un título de la vigente Ley de Comarcalización, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, existen serias dudas de que el proceso de formación de una función pública llamada a contar con un claro protagonismo en la realidad administrativa de nuestra Comunidad Autónoma esté siendo suficientemente transparente y respetuoso con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad que han de regir en el acceso a todo tipo de funciones públicas, y a ello ha de sumarse el débil control que a las condiciones de formación de dicha función pública pueda estarse llevando a cabo desde el Gobierno de Aragón, tanto por los responsables de política territorial como de función pública.

Un signo del proceso singular de formación de la función pública comarcal es la inexistencia de personal transferido desde la Comunidad Autónoma a pesar de los importantes traspasos de competencias realizados. ¿A qué puede deberse semejante hecho, que contrasta tanto con el proceso de formación de la propia función pública autonómica, surgida a partir del personal transferido desde la Administración del Estado? Al margen de las dificultades reales para llevar a cabo tales transferencias
de personal, dado el superior número de comarcas al de las delimitaciones periféricas de la Comunidad Autónoma, es evidente que en la ausencia de transferencias ha estado presente la voluntad política de permitir a las comarcas conformar con total libertad su función pública, prescindiendo incluso de ella, a través de la constitución de una posible red de empresas públicas o empresas de servicios.

¿Sabemos cuál es la realidad de la función pública comarcal? ¿Velan los órganos competentes de la Comunidad Autónoma para que los responsables comarcales respeten la regulación establecida en la Ley de Comarcalización respecto al personal al servicio de las comarcas? ¿Se cuida por una adecuada definición de los puestos de trabajo y por el respeto de las condiciones de selección del personal? ¿Se procura garantizar la movilidad del personal entre las diferentes comarcas? ¿Existe información sobre todo esto?

Lógicamente es difícil reclamar a una Administración, como la Comunidad Autónoma de Aragón, que vele por el respeto a la legalidad en la función pública comarcal cuando no es capaz de hacerlo respecto a su propia función pública, como utópico puede parecer que la Comunidad Autónoma haga pública información detallada y fiable sobre el estado de la función pública comarcal cuando se ha negado expresamente a hacerlo sobre su propia función pública, y sin embargo es necesario exigir ambas cosas. La Administración de la Comunidad Autónoma, tanto por sus responsabilidades en materia de administración local y función pública, como por ser la Administración que ha transferido a las comarcas el grueso de sus actuales responsabilidades, ha de cuidarse del modo en que se gestionan, es decir, del proceso de formación de las nuevas funciones públicas comarcales, de su selección, de su ordenación y de su régimen retributivo.

Esta Asociación, inicialmente circunscrita a la función pública autonómica, tras la modificación de sus estatutos en febrero de 2010, va a extender su ámbito de actuación también al conjunto de la administración local aragonesa, en la que se incluyen las comarcas, y por lo tanto va a hacer de la función pública comarcal una prioridad en su labor de seguimiento y control.