domingo, 4 de abril de 2010

EL NECESARIO CONTROL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMARCAL.

El proceso de comarcalización -dilatado en el tiempo, pues la primera ley autonómica de comarcalización se remonta a 1993- supone un paso decisivo en la estructuración territorial y administrativa de nuestra Comunidad Autónoma, aunque probablemente su enfoque debiera haberse dirigido más a corregir el minifundio municipal existente y no a la descentralización de competencias autonómicas, rompiendo con ello la economía de escala que conllevaba el ejercicio de competencias desde la estructura provincial de la administración periférica autonómica. Ese enfoque descentralizador, que ha primado sobre el de concentración y fortalecimiento de los servicios locales, hace que el nuevo escalón administrativo -al margen de sus bondades en cuanto a vertebración territorial- venga a duplicar algunos cometidos institucionales, respecto al papel propio de las Diputaciones Provinciales, y haga más compleja y costosa la red de administraciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma.

Al igual que la ya larga andadura de nuestra Comunidad Autónoma no ha permitido todavía que el nivel político e institucional se acomode suficientemente a las reglas propias de nuestro ordenamiento constitucional y a las pautas deseables de buen gobierno, cabe considerar que también las comarcas aragonesas tardarán mucho tiempo en ajustar plenamente sus estructuras políticas y administrativas al cometido que el ordenamiento jurídico ha querido asignarles dentro de la gestión de los intereses generales.

No debemos olvidar, en ningún caso, que las comarcas son entidades locales y que, al igual que todo nivel territorial de gobierno, cuentan cada una de ellas con una Administración Pública propia para la gestión de sus competencias y, en definitiva, para asegurar la correcta ejecución de sus responsabilidades administrativas, conforme a los principios señalados en el artículo 103 de la Constitución Española.

Sin embargo, creemos que hasta ahora se ha prestado escasa atención al proceso de formación de la función pública comarcal, es decir, a la selección y ordenación del conjunto de servidores públicos que han de ocuparse de la gestión del conjunto de los servicios públicos que se prestan por las comarcas.

Pese a que el personal al servicio de las comarcas es objeto de regulación en un título de la vigente Ley de Comarcalización, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, existen serias dudas de que el proceso de formación de una función pública llamada a contar con un claro protagonismo en la realidad administrativa de nuestra Comunidad Autónoma esté siendo suficientemente transparente y respetuoso con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad que han de regir en el acceso a todo tipo de funciones públicas, y a ello ha de sumarse el débil control que a las condiciones de formación de dicha función pública pueda estarse llevando a cabo desde el Gobierno de Aragón, tanto por los responsables de política territorial como de función pública.

Un signo del proceso singular de formación de la función pública comarcal es la inexistencia de personal transferido desde la Comunidad Autónoma a pesar de los importantes traspasos de competencias realizados. ¿A qué puede deberse semejante hecho, que contrasta tanto con el proceso de formación de la propia función pública autonómica, surgida a partir del personal transferido desde la Administración del Estado? Al margen de las dificultades reales para llevar a cabo tales transferencias
de personal, dado el superior número de comarcas al de las delimitaciones periféricas de la Comunidad Autónoma, es evidente que en la ausencia de transferencias ha estado presente la voluntad política de permitir a las comarcas conformar con total libertad su función pública, prescindiendo incluso de ella, a través de la constitución de una posible red de empresas públicas o empresas de servicios.

¿Sabemos cuál es la realidad de la función pública comarcal? ¿Velan los órganos competentes de la Comunidad Autónoma para que los responsables comarcales respeten la regulación establecida en la Ley de Comarcalización respecto al personal al servicio de las comarcas? ¿Se cuida por una adecuada definición de los puestos de trabajo y por el respeto de las condiciones de selección del personal? ¿Se procura garantizar la movilidad del personal entre las diferentes comarcas? ¿Existe información sobre todo esto?

Lógicamente es difícil reclamar a una Administración, como la Comunidad Autónoma de Aragón, que vele por el respeto a la legalidad en la función pública comarcal cuando no es capaz de hacerlo respecto a su propia función pública, como utópico puede parecer que la Comunidad Autónoma haga pública información detallada y fiable sobre el estado de la función pública comarcal cuando se ha negado expresamente a hacerlo sobre su propia función pública, y sin embargo es necesario exigir ambas cosas. La Administración de la Comunidad Autónoma, tanto por sus responsabilidades en materia de administración local y función pública, como por ser la Administración que ha transferido a las comarcas el grueso de sus actuales responsabilidades, ha de cuidarse del modo en que se gestionan, es decir, del proceso de formación de las nuevas funciones públicas comarcales, de su selección, de su ordenación y de su régimen retributivo.

Esta Asociación, inicialmente circunscrita a la función pública autonómica, tras la modificación de sus estatutos en febrero de 2010, va a extender su ámbito de actuación también al conjunto de la administración local aragonesa, en la que se incluyen las comarcas, y por lo tanto va a hacer de la función pública comarcal una prioridad en su labor de seguimiento y control.

36 comentarios:

Anónimo dijo...

La administración cerca; el poder lejos.

Cuando se crearon las comarcas anticipé que serían una estructura de captación clientelar. Acerté, pero he de reconocer que han superado mis peores expectativas.

Las comarcas sobran.

Anónimo dijo...

¿Chupamos rueda del Heraldo?

Anónimo dijo...

Los funcionarios comarcales representan el 6% de su personal. ¿Con qué criterios se contrata el resto?

Anónimo dijo...

Espero que esa asociación acierte a internarse en el alambicado mundo de la administración local.

Anónimo dijo...

El gasto de personal en las comarcas aragonesas ha _aumentado un 12% en el último año. Y eso pese a que la crisis económica ha hecho que el presupuesto global de las entidades supramunicipales en el ejercicio 2009 solo se incrementara un 2,9%. Si esta cifra se compara con la de 2003, la partida destinada a los trabajadores se ha más que duplicado. Las cifras hablan por sí solas: el 38% de las cuentas generales (casi 56,2 millones de euros) se destina a pagar a los contratados por las comarcas, mientras que hace seis años el porcentaje se quedaba en un 18%. Esto supone que ahora casi cuatro de cada diez euros se utilizan en pagar nóminas.

Así se desprende de los últimos presupuestos de las 32 comarcas publicados en el Boletín Oficial de Aragón y que corresponden a 2009. El desembolso proporcional en personal es especialmente significativo en algunas comarcas como Monegros, donde supone un 64,47% (en este caso, se destinan dos de cada tres euros a este fin). En otras cuatro, más de la mitad del presupuesto se dedica a pagar a los trabajadores: Bajo Aragón, Bajo Cinca, La Litera y Somontano de Barbastro.

Si se compara el número de trabajadores con el de habitantes puede concluirse que hay un contratado por cada 617 habitantes. Entre todas las comarcas, la plantilla en 2009 se elevaba a 2.152 empleados. El dato incluye el número de funcionarios (apenas el 6%), personal laboral, eventual, jefes de gabinete y asesores. Estos últimos son cargos de confianza, que suman ya veinte (en 2005 eran nueve eventuales). Cuatro de esta veintena están contratados por la comarca Comunidad de Calatayud. En algunos casos, el número de vacantes también es elevado. Por ejemplo, en Cinca Medio, de los 102 puestos, casi la mitad están vacantes. Hay que tener en cuenta no obstante, que algunos de los puestos se financian con convenios con organismos como el INAEM o la DPZ.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Según datos del Departamento de Ordenación del Territorio de la DGA, del total de la plantilla de las comarcas un 85% de los empleados están vinculados directamente con la prestación de servicios que tienen transferidos y el 15% restante, es decir, unos 300, realizan labores de gestión y administración. Las demarcaciones prestan servicios de desarrollo local, tratamiento de aguas, asesoramiento, medio ambiente, consumo y comercio, empleo, formación, deporte y servicios sociales, entre otros. A estos hay que sumar el personal -de momento, representativo- de las sociedades que han empezado a florecer en algunas de estas administraciones. Por ejemplo, en la comarca del Maestrazgo se ha creado Servicios Integrales del Maestrazgo con un presupuesto de 355.910 _euros y cuatro puestos de trabajo. En la del Matarraña, la sociedad Desarrollos e Iniciativas del Matarraña maneja unas cifras de 301.000 euros y en Borja, Integración Laboral de Discapacitados tiene 322.900 euros.
Más de 800 consejeros

En las 33 comarcas (aunque la Mancomunidad Central de Zaragoza todavía no se ha constituido como tal) hay 837 consejeros. El número correspondiente a cada delimitación depende de la población y oscila entre los 19 y los 39. La mayoría solo cobran por asistencias a plenos y comisiones. Y en comarcas como el Aranda, la cuantía se limita a un máximo de 500 euros trimestrales por asistir a comisiones informativas. Eso sí, si los políticos se ausentan una vez iniciadas y antes de la finalización solo reciben la mitad. A esto hay que sumar los sueldos de los presidentes o gerentes, que varían. En la Ribera Baja el presidente, por ejemplo, percibe 51.426,90 euros al año.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Comentario:

Sinceramente, no existe masa critica en la mayoria de las comarcas para el presupuesto que gestionan. Mucho despilfarro de presupuesto que sin ningun tipo de coherencia se gestiona a nivel local sin ninguna visión supraterritorial. Y por cierto, jefes de gabinete en comarcas? Ya estamos despilfarrando de nuevo dinero público.

Anónimo dijo...

Comentario:

De TBO. 33 comarcas para 47.000 km2 y 1, 3 millones de habitantes. Con 10 comarcas ya valía para dar servicio y eficicacia administrativa. Ésto es un auténtico despilfarro. Vean uds las páginas web de cada una de las comarcas y verán si merece o no la pena: promoción turística y el calendario de las fiestas de los pueblos. Una pena.

Anónimo dijo...

El Gobierno de Aragón defiende que el proceso de comarcalización crea puestos de trabajo, vertebra el territorio y mejora la prestación de servicios. Las comarcas presupuestaron el año pasado un total de 146,6 millones de euros, de los que el 38%, unos 56,1 millones se destinaron a personal. Algunas demarcación, como Monegros, elevó este porcentaje hasta el 64%.

Desde el Ejecutivo insisten en las bondades del proceso comarcalizador y las mejoras en la prestación de servicios que se han producido desde su puesta en marcha. "Han desarrollado servicios más ajustados al territorio y que responden en mayor medida a las demandas de los vecinos, tanto en las materias transferidas y dotadas económicamente, como en otras que aún no les han sido transferidas y para las que dedican recursos propios", explican. Y en esta línea, justifican la necesidad de disponer de un elevado número de trabajadores para prestarlos y cubrir las necesidades de toda la población. De hecho, unos 1.800 empleados de estas administraciones se dedican a prestar servicios, mientras apenas 350 acometen labores administrativas.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Comentario:

Las comarcas es otro invento para colocar políticos, familiares y amigos. Todos a cargo del contribuyente. Claro qeu crean empleo, lo que no dicen es a favor de quién. Las comarcas como las empresas públicas son un despilfarro innecesario y lo más sencillo es que desaparecieran. claro que eso no hay partido que lo proponga, ¿Cómo van a suprimir un instrumento que les da poder, empleo y dinero?

Anónimo dijo...

Comentario:

Así, cualquiera crea empleo.

Anónimo dijo...

¿Con la chequera?

Anónimo dijo...

¿Y cómo se incorporó el de las anteriores mancomunidades de municipios?

Anónimo dijo...

¿Seguro que no hay personal transferido en las comarcas?

Anónimo dijo...

Zaragoza.- El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Salvador Plana, ha puesto en conocimiento de los consejeros de Economía y de Política Territorial del Gobierno de Aragón la preocupación de la Comisión de Comarcas de la Famcp por el recorte de la financiación comarcal en el presupuesto de 2010.

En las cartas enviadas a los consejeros Larraz y Silva, el presidente de la Famcp, Salvador Plana, les recuerda que desde la puesta en marcha de las comarcas no se ha incrementado su financiación, ni siquiera se ha actualizado con el incremento anual del IPC, “lo que ha supuesto una pérdida de capacidad económica comarcal y la quiebra del principio de suficiencia financiera”.

Plana ha reseñado que “por parte del Gobierno de Aragón siempre se ha argumentado que el aumento en la financiación comarcal no era competencia del Ejecutivo sino que debía realizarse una modificación legal en sede parlamentaria. Por ello entendemos que en el caso de un recorte como el que se produce en la actualidad debería utilizarse el mismo criterio”.

El máximo responsable de la Famcp ha trasladado a los consejeros la preocupación de los presidentes de las 32 comarcas aragonesas, que integran la Comisión de Comarcas de la Famcp, y solicita al Gobierno de Aragón “que en el presente ejercicio al menos se mantenga la financiación establecida para 2009. Es decir, que no se produzca recorte alguno en el ejercicio 2010”.

ARAGON DIGITAL.

Anónimo dijo...

¿Qué es eso? ¿Un eufemismo para no hablar de control o vigilancia?

Anónimo dijo...

¿Observar a otras Administraciones?

Anónimo dijo...

¿Un Gobierno que se dedica a observar? ¿Tiene sentido algo así?

Anónimo dijo...

¿No servirá para ese control el creado Observatorio de las Comarcas?

Anónimo dijo...

La secretaria de Estado de Educación y posible candidata del PSOE a la presidencia de Aragón el próximo año, Eva Almunia, se dio hace tres días un buen susto después de que dos personas merodearan en los alrededores de la vivienda en la que reside, situada en una urbanización de una localidad oscense. Fueron sus vecinos los primeros en percatarse de que dos hombres llevaban un tiempo con actitud sospechosa por la urbanización, al tiempo que tomaban fotografías de la zona y de la vivienda de la también exconsejera de Educación del Gobierno aragonés.


Fotografías

Según aseguraron estos vecinos, en un momento determinado, los dos individuos se encaramaron a unas vallas para hacer fotografías de la casa. Al ser sorprendidos por los vecinos, que llegaron a preguntarles qué estaban haciendo, huyeron del lugar con rapidez. A los vecinos les dio tiempo a tomar el número de la matrícula y comunicarlo a la Guardia Civil. Almunia interpuso además una denuncia.

En un principio, la exconsejera mostró su preocupación. Al no conocer verdaderas intenciones de los individuos, se llegó a pensar incluso en la posibilidad de que se tratara de terroristas. Afortunadamente, el asunto no tenía ese cariz. Tras las investigaciones emprendidas por la Guarda Civil, se supo que la matrícula era la de un militante socialista aragonés, que desde hace un tiempo ha iniciado una persecución política y personal contra Eva Almunia y su marido, Carlos Esco.

Según fuentes del PSOE, este militante es César Ciriano, presidente de Fundiniciativas y abogado que ha iniciado "una campaña de infamias y falsedades" contra Esco, hasta hace poco viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y actual directivo de Telefónica Internacional.


Expediente

Fuentes del partido indicaron que a Ciriano se le ha abierto un expediente disciplinario ante la sospecha de que la persecución que ha iniciado no tenga fundamento. Este expediente podría acarrear la expulsión del partido. El entorno de Eva Almunia lamentó el incidente y aseguró que la política oscense, además de la denuncia que ya ha presentado en la Guardia Civil, se reserva el derecho a emprender otro tipo de medidas legales.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Creo recomendable el estudio en detalle del Portal de la Comarcalización de Aragón. Podrán observar algunos detalles que a mí me ponen la carne de gallina.

En el apartado denominado “Las transferencias a las comarcas. Traspasos económicos” se dice textualmente: "La financiación del proceso de comarcalización no ha supuesto un incremento del presupuesto general de la Comunidad Autónoma, todo el proceso se enmarca en el principio de “coste cero”."

Estoy seguro de que eso es directamente falso. Ya no hablo de la transferencia de competencias y servicios que antes prestaba la administración autonómica, que estoy seguro de que también se ha encarecido notablemente, sino de la creación de órganos políticos, construcción de sedes, coches oficiales, sueldos de los consejeros, presidentes, asesores e incluso jefes de gabinete... No me creo el “coste cero”.

Anónimo dijo...

¿Qué sucede en Aragón? ¿Por qué se puede poner en duda la corrección de la política de personal de toda la administración comarcal?¿Tiene fundamento la posición de Heraldo de Aragón?

Anónimo dijo...

¿Es posible tanto descrédito?

Anónimo dijo...

¿O lo elige la Fiscalía?

Anónimo dijo...

¿Por votación popular?

Anónimo dijo...

¿A quién se le puede dar en Aragón?

Anónimo dijo...

¿Premio para corruptos?

Anónimo dijo...

Me surge una pregunta: si una parte de las transferencias de fondos de la DGA a las comarcas tienen carácter incondicional, es decir, no deben rendir cuentas de su destino y del uso que hacen de ellos, ¿quién controla ese gasto? ¿Siguen siendo competentes las Cortes para controlar ese gasto o con la aprobación de la comarcalización la propia Comunidad Autónoma renunció a una parcela del poder transferido, transfiriéndolo a su vez a estos entes comarcales? Porque si todo se reduce a una pérdida del control político, creo que hemos cometido un tremendo error.

Anónimo dijo...

Me resulta harto compleja esta cuestión.

Anónimo dijo...

Y aún hace falta el levantamiento de crédito para cubrir un puesto de la DGA, por la absurda Ley de Comarcalización?

Anónimo dijo...

¿Se puede mantener semejante absurdo?

Anónimo dijo...

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acaba de hacer público su barómetro de marzo, que no incluye intención de voto. Sin embargo, el dato más relevante es el suspenso que los ciudadanos otorgan a los políticos, que, en una valoración de 1 a 10, obtienen un raquítico 2,87, solo superado en negativo por la nota de un colectivo tan denostado como los okupas (2,45). La desafección ciudadana hacia los políticos se ve confirmada en la respuesta sobre los principales problemas del país: la clase política y los partidos ocupan el tercer lugar (con un 15,8%), eso sí, muy lejos del paro (82,9%) y de los problemas económicos (45,3%). Los abundantes casos de corrupción y, sobre todo, la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo para combatir la crisis económica seguro que figuran entre las causas de este desapego que, curiosamente, no es mayor entre los jóvenes, sino entre una de las franjas de población más politizadas, la que va de los 35 a los 44 años. A mayor interés por la política, mayor desencanto. Es decir, este dato demuestra que no predomina la indiferencia, sino la actitud crítica.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

¿Hay que examinarse en septiembre?

Anónimo dijo...

Comentario:

este dato demuestra muy a las claras que todo el mundo en este pais sabe de que va la politica: si eres un inutil y no sabes que hacer, dedicate a ella, tienes muchas posibilidades de ganarte una pension rapida sin dar un palo al agua y nadie te pedira responsabilidades por tu estupidez...

Anónimo dijo...

¿No se denigra en exceso?

Anónimo dijo...

Aprovechemos los días de asueto para mirar cómo está el país. Las calles de mi ciudad, vacías. La gente ha huido como si no estuviera en crisis. ¿Dónde está la crisis?, se preguntan los que frecuentan los restaurantes y observan los atascos. Quizá se lo pregunten también Zapatero y Salgado, que ven las reservas hoteleras como un brote verde. No os hagáis esa pregunta: la gente huye de la crisis misma. Se toma puentes y vacaciones comosi fueran las últimas.Y lleva su procesión por dentro. Si por algo está rezando esta Semana Santa, es por su empleo. Es que hay miedo. Lo que revela el último barómetro oficial es que el paro ya no es una estadística agobiante. Es un miedo colectivo (82,9%) a perder el puesto de trabajo. Esa es la desconfianza. La incertidumbre se ha apoderado de la sociedad.

MÁS INFORMACIÓNLa caída del mito


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¿Se hace algo por evitar esa psicosis? Mala semana para hacer ese análisis. Me cuentan de grandes almacenes que el año va mejor; que marzo ha sido buen mes; que nadie se atreve a decirlo, pero hay indicios de recuperación del consumo. Me suena como si el ciudadano se hubiera cansado de la austeridad y volviera a gastar con algo de alegría. Pero llegan los gurús y lo enfrían todo. Esta semana ha sido terrorífica: el motor alemán no arranca, detecta el FMI; puede haber nueva recaída, asusta el G-20; España tardará casi otros dos años en crear empleo, profetiza el banco emisor. Parece una conjura: la conjura de los analistas para cortar los asomos de optimismo.

Dan ganas de decirles: ¿por qué no se callan? Dan ganas de decírselo, porque parecen estar en una carrera a ver quién es más negativo. Y después, sus dictámenes tienen efectos sociales y políticos. Sociales, por el desaliento que crean. Políticos, porque este país tiene la desgracia de aplicar la óptica electoral a todo lo que pasa. Y claro: un gobierno que llegue a las elecciones del 2012 sin crear un solo empleo neto en los cuatro años de mandato es un gobierno de difícil reelección.

Eso explica el afán de los ministros en negar los pronósticos: saben que dependen de que la gente deje de perder el miedo al paro. Eso explica las dificultades para conseguir sellar el nonato pacto de Zurbano: nadie quiere pasar por sostén del fracasado. Y eso explica la fruición y locuacidad de Rajoy al comentar el último informe del Banco de España, en el mismo acto en el que se negó a decir una palabra de la herida que en ese momento tenía abierta, que era la del señor Matas.

Estamos, donde siempre: un gobierno que necesita la recuperación económica para salvarse, y una oposición tan centrada en la crisis, que esa recuperación sería su peor escenario para ganar. Y eso exagera la tensión política. El caso Matas se aprovecha por el PSOE para presentar a todo el PP comocorrupto, porque es su tabla de salvación. Y el PP aprovecha el dictamen de cualquier profeta para presentarse como salvador. Y ahí, el cronista político sólo puede hacer un ruego: no nos obliguen a elegir entre eficaces, pero corruptos, y honestos, pero torpes. Ni es así, ni merecemos esa condenación.

FERNANDO ONEGA.