DEBATE ESTÉRIL SOBRE LA CORRUPCIÓN.

Ningún debate parlamentario debiera ser estéril, y mucho menos aquellos que abordan cuestiones esenciales del funcionamiento de las instituciones democráticas. La falta de un debate parlamentario sobre la corrupción pública en las Cortes de Aragón, cuando la corrupción y la valoración de la clase política han pasado a ser uno de los problemas con mayor presencia y peso específico en los medios de comunicación y en los sondeos de opinión a la ciudadanía, resultaba totalmente incomprensible.

Ayer, por fin, y a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, el tema fue debatido en el Pleno del Parlamento autonómico, a través de una comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón, para exponer la posición del Ejecutivo autonómico frente al problema de la corrupción. Pero no intervino el Presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, sino su Consejero de Presidencia, Javier Velasco, cuya afirmación de que el debate era ocioso porque en Aragón no existe problema de corrupción da, precisamente, una idea clara del grado de degradación a que ha llegado la sensibilidad política y ética del Ejecutivo autonómico.

El resultado de tal comparecencia, visto desde la óptica de los ciudadanos o de los servidores públicos, no puede resultar más decepcionante. Ni existe previsión de medidas anticorrupción ni es posible hallar el menor atisbo de autocrítica por parte del Gobierno de Aragón. La corrupción no puede generalizarse de forma infundada, dando a entender que no hay institución que se libre de ella, pero mucho menos minimizarse o negarse, como hace el Consejero de Presidencia, Javier Velasco. Tampoco puede convertirse en una mera arma arrojadiza entre los diferentes partidos políticos.

El debate a mantener en las Cortes de Aragón no debería aludir a otra corrupción que la que pueda afectar a las instituciones y acción pública de nuestra Comunidad Autónoma. Pero resulta del todo pueril, y políticamente inaceptable, dar a entender que no hay más corrupción que la que declaran las sentencias de los tribunales, sobre todo cuando tal criterio conlleva que se mantengan al frente de ciertas instituciones –como es el caso del Ayuntamiento de La Muela- responsables políticos con graves imputaciones por enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones.

No se ha producido hasta la fecha la necesaria reflexión sobre las condiciones o circunstancias que han permitido que se den casos como el de La Muela –o el de ASAEL, no lo olvidemos-, y de tantos otros que no han aflorado por el momento, pero que sin duda existen, pues no es posible admitir que lo sucedido en La Muela sea un caso aislado.

Un Gobierno que ha bloqueado durante años la constitución de la Cámara de Cuentas –creada por una Ley de 2001-, que no ha sido capaz de incorporar al ordenamiento jurídico aragonés el régimen de conflictos de intereses de altos cargos aprobado por las Cortes Generales para la Administración General del Estado, que no ha logrado establecer criterios básicos de transparencia en sus cada vez más numerosas empresas públicas, y que ha desatendido, en reiteradas ocasiones, la petición de esta Asociación para la aprobación de un Código de Buen Gobierno, similar al ya aprobado por el Gobierno de España en el año 2005, es un Gobierno responsable políticamente, al menos por omisión, de la corrupción pública que exista en Aragón, pues no ha puesto los medios adecuados ni para prevenirla ni para sancionarla.

La dirección política de la Comunidad Autónoma compete -y sobre ello no cabe discusión posible-, al Presidente y al Gobierno de Aragón y la total falta de medidas de prevención y lucha contra la corrupción, durante estas tres últimas legislaturas -las de la coalición de gobierno PSOE-PAR- justifican que los ciudadanos hagan políticamente responsable de la corrupción pública existente –incluida la de La Muela- al actual Gobierno de Aragón, por su inactividad previa y posterior a los hechos detectados. Los Tribunales sancionan, pero los Gobiernos y los Parlamentos han de adoptar las medidas de prevención necesarias.

Cuando desde esta Asociación se propuso a la Mesa de las Cortes de Aragón la creación de una Comisión especial de estudio, para la elaboración de normas de ética pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, en un marco plural y representativo de todos los aragoneses, la respuesta dada no pudo ser más desoladora: se inadmitió la petición y se negó a esta Asociación la capacidad para hacer tal tipo de propuestas. Ninguna formación política, que sepamos, retomó tal iniciativa.

Esta Asociación ha tratado de insistir, sin apenas resultado, en que una función pública altamente profesionalizada y comprometida con el Estado de Derecho constituye uno de los más poderosos anticuerpos frente a los fenómenos de corrupción. Sin embargo, la política de personal aplicada por el Gobierno de Aragón, a lo largo de todos estos años, en nada ha contribuido, a dotar a la Comunidad Autónoma de esa función pública. El resultado del debilitamiento de las instituciones es, inevitablemente, el sacrificio del interés público a intereses particulares y la consiguiente aparición de la corrupción pública, tanto política como administrativa.

Si el actual Gobierno de Aragón es corrupto u honesto, el tiempo lo dirá. Lo que a estas alturas podemos afirmar con rotundidad es que este Gobierno no ha sido capaz de establecer en nuestra Comunidad Autónoma unos estándares de ética pública homologables a los aprobados en la Administración General del Estado. El debate celebrado ayer en las Cortes de Aragón podría haber hecho hincapié en las razones de este “hecho diferencial”, y en los posibles motivos que puedan explicarlo: o bien se quieren tolerar o posibilitar situaciones que en la Administración General del Estado se consideran no tolerables, o, sencillamente, no existe voluntad de eliminar prácticas que han permitido asegurar hasta la fecha esa “estabilidad” política y social que ha acabado por ser el símbolo de este periodo. Ambas opciones resultan igualmente preocupantes.