La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa cree necesario que el Gobierno de Aragón garantice una total transparencia en cuanto al régimen de nombramiento y un control suficiente sobre el régimen de dedicación del personal eventual de la Administración autonómica, al que corresponde el ejercicio de funciones de confianza, como aserores, en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.
En tal sentido, la publicación de sus nombramientos y ceses en el Boletín Oficial de Aragón sigue –a pesar de la sugerencia realizada hace meses por el Justicia de Aragón- sin ajustarse a lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón aprobada el pasado año. En lugar de publicarse la resolución por la que se acuerda el correspondiente nombramiento y cese, con su texto íntegro y firma de la autoridad que lo acuerda, como exige la Ley y señala el Justicia de Aragón, dicha publicación se viene sustituyendo indebidamente por un anuncio de publicidad del nombramiento o cese, suscrito por el titular de la Secretaría General Técnica del respectivo Departamento.
Siendo importante dicho aspecto, por lo que supone de cumplimiento de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, resulta todavía más importante insistir en la necesidad de que dicho personal ejerza de forma efectiva las funciones para las que es nombrado y por las que percibe unas retribuciones públicas.
La actual situación en diferentes gabinetes, en los que los asesores no ejercen función alguna, constituye un uso irregular y abusivo de los puestos propios de personal eventual, instrumentalizados por el Gobierno para asegurar ingresos a determinados cargos municipales o militantes de los partidos de la coalición de gobierno.
Dicha irregularidad, que no quiso ser corregida ni controlada por el Gobierno de Aragón ni por las Cortes de Aragón, a pesar de las diferentes peticiones realizadas desde esta Asociación, fue a su vez denunciada por esta Asociación a la Fiscalía General del Estado, ante la posibilidad de que dicho uso abusivo de puestos públicos pudiera constituir un ilícito penal.
No obstante, las actuaciones de investigación llevadas a cabo por el Fiscal Superior de Aragón se limitaron a solicitar un informe sobre los hechos al titular del Departamento de Presidencia, concluyendo con la afirmación de falta de indicios de incumplimiento de sus deberes profesionales por parte del personal asesor.
Tal conclusión de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma, carente de una verdadera investigación que pueda avalarla, parece verse radicalmente desmentida por afirmaciones realizadas por algún representante sindical de la función pública aragonesa que habló, no hace mucho, de “asesores fantasma” o por iniciativas como la promovida por el Grupo Parlamentario Popular, que esta mañaña será objeto de debate y votación en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, al formularse una proposición no de ley en la que, además de reducir el número de asesores existente, se reclama “controlar efectivamente, en todos los casos, el cumplimiento de las funciones de los asesores eventuales de confianza, su horario y asistencia al puesto de trabajo”.
En el caso de que el Gobierno de Aragón siga manteniendo el actual estado de cosas, de falta de transparencia y de control sobre el nombramiento y el régimen de dedicación del personal eventual de los gabinetes de Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Ejecutivo autonómico, esta Asociación procederá a poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción tales hechos, al considerar totalmente carente de rigor la investigación llevada a cabo en su día por parte del Fiscal Superior de Aragón –recientemente condecorado por su ejemplar trayectoria- y entender persistente no sólo la situación irregular sino, sobre todo, la voluntad del Gobierno de Aragón de dar un uso fraudulento a tales puestos de trabajo.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
31 comentarios:
Me parece bien que se insista.
Este tema es lo suficientemente importante como para dejarlo correr.
PERSONAL EVENTUAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
La Comisión Institucional ha debatido y votado una proposición no de ley sobre el personal eventual de confianza, presentada por el G. P. Popular, que finalmente no ha contado con el respaldo suficiente.
Según ha explicado Antonio Suárez (PP) durante la presentación de la iniciativa, “en los últimos años, se ha triplicado el número de personal eventual o cargos de confianza. En los presupuestos de 2010 tenemos 128 cargos de este tipo”. “No solo los gabinetes de los consejeros se han poblado de personal de esta naturaleza, sino también puestos de trabajo eminentemente técnicos”, ha considerado el diputado popular.
Por tanto, desde el PP han propuesto “reducir el número de contratos de asesores eventuales al 50% de los que existen al día de hoy” y “controlar efectivamente, en todos los casos, el cumplimiento de las funciones de los asesores eventuales de confianza, su horario y asistencia al puesto de trabajo”.
Desde el PSOE, Carlos Tomás ha recordado que “los asesores no ocupan cargos de carácter técnico” y la ley recoge la contratación de este tipo de personal. “Son personas de atribuciones diversas y cuyos horarios no tienen nada que ver por extensión con los de los empleados públicos”, ha destacado el diputado socialista, quien ha defendido la “absoluta responsabilidad” con la que estos cargos afrontan su trabajo.
Por su parte, Ana de Salas (PAR) ha añadido que los cargos de confianza son “una clase de empleado público prevista en nuestra legislación y son la manifestación de la potestad del Gobierno de Aragón en su carácter organizativo” y ha especificado que son “órganos de apoyo especial y asesoramiento”.
Finalmente, Chesús Bernal (CHA) ha coincidido con el PP en la idea de controlar los puestos de confianza, no así en el cupo de recorte del 50%, por lo que ha pedido la votación separada de los puntos de la iniciativa.
Saque cada cual sus conclusiones.
A la Fiscalía,
no queda otro remedio.
¿Para que vuelvan a archivarlo?
¿O para ver si esta vez investigan de verdad?
Veremos.
Demos una oportunidad a la Fiscalía Anticorrupción.
Además, pueden existir cabos que atar con el caso de ASAEL.
¿No cobraba su presidente como asesor del gabinete de Boné?
¿Pero acudía al trabajo?
¿Con coche oficial?
A duras penas.
¿Empezamos a salir del letargo?
La Comisión Institucional de las Cortes ha rechazado, con los votos en contra de PSOE y PAR, una proposición no de ley, a propuesta del PP, que pedía la reducción en un 50% los cargos de confianza del Gobierno de Aragón. Asimismo, solicitaban que a estos trabajadores se les controlara laboralmente el número de horas que realizan.
ARAGON DIGITAL.
Zaragoza.- En la actualidad existen unas 128 personas que desempeñan las labores en puestos de confianza. Por este motivo, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley, rechazada por los partidos que sustentan al Ejecutivo autonómico PSOE-PAR, en la que se pretendía la reducción en un 50% de los cargos de confianza del Gobierno de Aragón.
El diputado del Partido Popular Antonio Suárez ha denunciado públicamente ante la Comisión Institucional de las Cortes que en los últimos años se ha producido un aumento “incontrolado” del llamado personal eventual o de confianza en los distintos Departamentos de la Diputación General de Aragón.
Además, ha apuntado que existen “dudas fundadas”, en algunos casos, de cuál es el trabajo que están desarrollando al servicio de la Comunidad Autónoma. Especialmente, ha resaltado que estos trabajadores no sólo desempeñan sus labores en los gabinetes de los consejeros, sino que se ha “poblado de personal de esta naturaleza trabajos que son técnicos”. “Hay auxiliares administrativos en la sede del Ejecutivo autonómico en Bruselas o en Madrid, por citar dos ejemplos, que son personal de confianza”.
Suárez ha animado al Gobierno autonómico a “no abusar” de este tipo de trabajadores en un “tiempo de crisis en el que es más necesario que nunca la austeridad”.
Afirmación que no ha sido compartida desde el Partido Socialista Obrero Español. Su diputado Carlos Tomás ha recordado que “los asesores no ocupan cargos de carácter técnico” y la ley recoge la contratación de este tipo de personal. “Son personas de atribuciones diversas y cuyos horarios no tienen nada que ver por extensión con los de los empleados públicos”, ha destacado el diputado socialista, quien ha defendido la “absoluta responsabilidad” con la que estos cargos afrontan su trabajo. En esta línea, la diputada del Partido Aragonés Ana de Salas ha añadido que los cargos de confianza son una clase de empleado público prevista en por la “legislación y son la manifestación de la potestad del Gobierno de Aragón en su carácter organizativo” y ha aseverado que son “órganos de apoyo especial y asesoramiento”.
El diputado de Chunta Aragonesista, grupo que se ha abstenido en la reducción del 50% por ser una cifra taxativa, pero que ha apoyado el control de los trabajadores, Chesús Bernal ha solicitado que se “cumpla” la Ley del Presidente que “regula” la utilización de este tipo de cargos públicos.
ARAGON DIGITAL.
Era completamente previsible.
Zaragoza.- En la actualidad existen unas 128 personas que desempeñan las labores en puestos de confianza. Por este motivo, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley, rechazada por los partidos que sustentan al Ejecutivo autonómico PSOE-PAR, en la que se pretendía la reducción en un 50% de los cargos de confianza del Gobierno de Aragón.
El diputado del Partido Popular Antonio Suárez ha denunciado públicamente ante la Comisión Institucional de las Cortes que en los últimos años se ha producido un aumento “incontrolado” del llamado personal eventual o de confianza en los distintos Departamentos de la Diputación General de Aragón.
Además, ha apuntado que existen “dudas fundadas”, en algunos casos, de cuál es el trabajo que están desarrollando al servicio de la Comunidad Autónoma. Especialmente, ha resaltado que estos trabajadores no sólo desempeñan sus labores en los gabinetes de los consejeros, sino que se ha “poblado de personal de esta naturaleza trabajos que son técnicos”. “Hay auxiliares administrativos en la sede del Ejecutivo autonómico en Bruselas o en Madrid, por citar dos ejemplos, que son personal de confianza”.
Suárez ha animado al Gobierno autonómico a “no abusar” de este tipo de trabajadores en un “tiempo de crisis en el que es más necesario que nunca la austeridad”.
Afirmación que no ha sido compartida desde el Partido Socialista Obrero Español. Su diputado Carlos Tomás ha recordado que “los asesores no ocupan cargos de carácter técnico” y la ley recoge la contratación de este tipo de personal. “Son personas de atribuciones diversas y cuyos horarios no tienen nada que ver por extensión con los de los empleados públicos”, ha destacado el diputado socialista, quien ha defendido la “absoluta responsabilidad” con la que estos cargos afrontan su trabajo. En esta línea, la diputada del Partido Aragonés Ana de Salas ha añadido que los cargos de confianza son una clase de empleado público prevista en por la “legislación y son la manifestación de la potestad del Gobierno de Aragón en su carácter organizativo” y ha aseverado que son “órganos de apoyo especial y asesoramiento”.
El diputado de Chunta Aragonesista, grupo que se ha abstenido en la reducción del 50% por ser una cifra taxativa, pero que ha apoyado el control de los trabajadores, Chesús Bernal ha solicitado que se “cumpla” la Ley del Presidente que “regula” la utilización de este tipo de cargos públicos.
ARAGON DIGITAL.
BALTASAR Garzón, el magistrado más famoso del país y el juez español más reconocido en el mundo, se asoma al precipicio. Tres casos, que alguien unió en el tiempo, amenazan la hasta ahora brillante carrera del todavía titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional: la investigación de los crímenes del franquismo, un patrocinio del Banco Santander y las escuchas del caso Gürtel, donde está implicados altos cargos y ex dirigentes del PP por financiación irregular de su partido.
En el primer caso se da la circunstancia de que el querellante es un partido que dio cobertura ideológica a la dictadura de Franco, lo cual da alas a la defensa moral de Garzón, sin que lamentablemente para él eso sea equivalente a validar su instrucción, que es lo que está en cuestión desde el punto de vista estrictamente jurídico. Lo que pasa es que el debate legal se ha diluido en medio del debate político, de manera que ahora lo que parece estar en juego es la propia posición de la justicia española ante el franquismo. No es nada fácil resolver las dudas que planean sobre este caso, y menos si falla la defensa jurídica de Garzón, pero lo que es innegable es que una condena no solo pesaría sobre la cabeza del juez estrella: la propia democracia española quedaría algo tocada ante los ojos del mundo que aplaudió a Garzón cuando instruyó causas contra tiranos de América y Asia.
La admisión a trámite de querellas contra Garzón no avaladas por la fiscalía es otro indicio de que algo falla en la cúpula del sistema judicial español. Si se observan imprecisiones o incluso errores en el trabajo del juez también cabe corregirlos sin tanta contundencia, dejando a un lado la vía penal. En definitiva, tampoco sería la primera vez que el famoso magistrado instruye con ciertas lagunas.
El país no solo está asomado al precipicio que tiene Garzón delante. También está reviviendo problemas del pasado que por lo que vamos viendo no están tan resueltos como parecía que estaban. Cuando menos, el pacto de la transición admite algunos ajustes, empezando por saldar la deuda con los familiares de todos los asesinados. Garzón, esté o no errado desde el punto de vista estrictamente jurídico, puede ser percibido como un símbolo por quienes exigen un reconocimiento a unos familiares a los que también quieren darle sepultura con dignidad. Si España hizo lo más difícil en la Transición, cuesta creer que ahora no sepa hacer los deberes pendientes. Entre todos.
JOSE LUIS GOMEZ.
DIARIO DEL ALTOARAGON.
La cuestión palpitante, eh?
¿Es mucho pedir?
Las Cortes de Aragón debatirán hoy la proposición no de ley del Partido Popular sobre el personal eventual de confianza. Esta iniciativa propone reducir el número de contratos de asesores eventuales al 50% de los que existen al día de hoy, "teniendo en cuenta el aumento de su número en los últimos años y el coste económico que ha supuesto para todos los aragoneses", indica este partido.
Además, plantea la necesidad de "controlar efectivamente, en todos los casos, el cumplimiento de las funciones de los asesores eventuales de confianza, su horario y asistencia al puesto de trabajo".
EL PERIODICO DE ARAGON.
¿Importa a alguien este asunto?
¿Y a los ciudadanos?
Ni al Fiscal.
Ni a las Cortes.
Ni al Gobierno.
Todo parece indicar que no.
¿Pero los ciudadanos conocen el en toda su magnitud y con todas sus implicaciones?
En estos momentos, explicó el director general [de Particiapción Ciudadana], existen ocho procesos de participación abiertos. Entre ellos, el de derechos y deberes de los alumnos o el de la ley de Empleo Público. En opinión de Celaya, este año 2010 será el de la "consolidación" de esta forma de trabajo, la de dar voz a la ciudadanía, que es "una apuesta valiente" en la que "Aragón ha abierto camino".
¿Ha participado la Asociación en el debate de la Ley de Empleo Público? ¿Está colgado el texto en la web? ¿Lo conocen los funcionarios?
¿Y qué hay del Derecho de Petición? ¿Y qué ha sido de las Iniciativas legislativas populares habidas a lo largo de estas últimas legislaturas?
Participación... Qué hermosa palabra, tan vacía de contenido en sus manos. Pura impostura.
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