La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a plantear, a lo largo de los próximos meses de mayo y junio, la realización de una serie de reuniones de trabajo, abiertas a la participación de todos los servidores públicos aragoneses, para analizar los contenidos del borrador de Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón, elaborado por la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Aragón.
Con independencia de que dicho texto tenga o no posibilidades reales de convertirse en Ley, dado lo avanzado de la actual legislatura, constituye una propuesta de regulación, extensa y trabajada, sobre el conjunto de aspectos de la ordenación de la función pública y de la relación de servicios de los empleados públicos.
Una norma que ordene la función pública aragonesa ha de tener la capacidad de asegurar los principios que la Constitución Española establece para el funcionamiento de la Administración Pública y, con ello, reforzar el funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho, para cuya gestión es imprescindible una función pública profesional, cualificada y con un alto sentido del servicio público y de la ética pública.
Una buena función pública requiere, en primer lugar, de buenos servidores públicos, algo a lo que indiudablemente contribuyen las buenas leyes de función pública, pero las leyes no son suficientes. El modo de aplicación de las normas, la selección de los cargos públicos, la calidad en la gestión de los recursos humanos, la cultura organizativa que se promueva o el respeto a los principios y valores de la organización administrativa son tanto o más decisivos que las leyes que se aprueben.
Por ello, el análisis que desea realizar esta Asociación del texto del Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón no quiere reducirse o limitarse al texto articulado que se ha elaborado y hecho público, sino extenderse también a las medidas de gestión y organización que debieran acompañar a la futura Ley para asegurar una dinámica que permita superar la actual situación de parálisis y falta de horizontes.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
33 comentarios:
Imagino que los sindicatos y especialmente los grupos parlamentarios que hayan de debatir el texto estarán ansiosos (algunos más que otros) por conocer las observaciones de la Asociación.
Me parece necesario que esa asociación haga una valoración pública del texto, pues no vale el no pronunciarse sobre la propuesta de Función Pública.
Lo importante es acertar con el formato de esas reuniones.
¿Qué es lo importante?
Llega el momento de mojarse con el modelo de función pública que se propugna.
Brun nos excluyó del proceso de participación y consulta, pero el no pronunciarnos ahora supondría una autoexclusión del debate público.
Tampoco he oído valoraciones públicas de las organizaciones sindicales.
Bueno, ya llegarán.
El texto es largo y requiere una lectura sosegada.
En opinión de algunos es "infumable".
Probablemente es una propuesta que ni siquiera han hecho suya los responsables de personal de los Departamentos.
Eso ya la lastra de inicio.
Pero, ojo, que va con el aval de la Dirección General de Participación Ciudadana.
Sería bueno saber qué ciudadanos han participado en el proceso.
¿No somos todos ciudadanos?
¿Sigue vivo el blog?
¿A eso nos referimos?
Pasan muchas cosas que no sabemos y, además, todos los días.
¿Ha pasado algo que no sepamos?
¿Por qué no iba a estarlo?
¿Existe parálisis?
Sorprende que, en el proceso de participación de la elaboración del Anteproyecto de Ley, no se cuente con una Asociación cuyos fines no pueden ser más claros LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.
Hoy me ha contado una persona cercana a un sindicato con presencia en la Administración que la Asociación tiene más poder del que sus propios miembros imaginan. Me ha dejado sorprendido.
¿Poder?
Me cuesta creerlo.
¿Capacidad de influencia?
¿Condicionamiento de decisiones?
¿Incidencia sobre el Gobierno?
¿En el Parlamento?
¡Vete a saber!
LA única reacción política bien definida tras la derrota de la ponencia que avalaba en su mayoría el Estatuto de Cataluña ha sido la de José Montilla, que ha pedido a Zapatero y Rajoy la renovación de los magistrados del TC cuyo mandato está en prórroga. Con esta secuencia de hechos -primero se pierde la ponencia que «gustaba» al Gobierno y ahora hay que renovar el TC a toda prisa- es evidente que el presidente del tripartito catalán, el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero dan por perdido el Estatuto con la actual composición del Tribunal. Por eso, lo que Montilla plantea es un tribunal «ad hoc», es decir, un tribunal cuya única razón de ser sea salvar este ingente trueque llamado Estatuto, realizado entre socialistas y nacionalistas para desmontar el orden constitucional en Cataluña y perpetuarse en el poder. Después de tres años y medio de espera, estas prisas son hipócritas, en primer lugar porque a quienes las atizan les interesa únicamente el rescate del Estatuto catalán; en segundo lugar, porque si no ha habido renovación se debe a las maniobras desleales del Gobierno. Al respecto hay que recordar la «enmienda Casas», que ha perpetuado a esta magistrada en la presidencia para evitar que su voto de calidad cayera en manos conservadoras. También hay que traer a la memoria la deslealtad del Gobierno de no cubrir la vacante por fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo, que correspondía ser propuesta al Partido Popular. No menos significativos han sido los vetos socialistas a las propuestas de las autonomías gobernadas por el PP con los candidatos al TC (Francisco Hernando y Enrique López). Rajoy no puede obviar estos datos ante los cantos de sirena que empezarán a llegar con llamamientos al sentido de Estado.
La renovación, ahora, es lo menos urgente. La prioridad absoluta es que el TC dicte sentencia cuanto antes sobre el Estatuto de Cataluña y que los actuales magistrados asuman, con libertad e independencia, la responsabilidad histórica que les ha correspondido con la Constitución española. Puestos a discutir legitimidades, no será mayor que la actual la de los nuevos magistrados que entraran en el TC con el estigma de ser mandatarios de sus respectivos mentores, PSOE o PP, para salvar sus posiciones políticas sobre el Estatuto. Hay, sin duda, un fuerte daño al crédito institucional del TC, que se haría definitivo si sus actuales magistrados lo abandonaran sin haber cumplido su deber con el interés nacional puesto en sus manos.
ABC.
PP y PSOE creen que la lucha contra la corrupción ha de ser uno de los «objetivos principales» de los partidos, ya que la legitimidad del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes «permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos». Esta es una de las ideas que contendrá el pacto anticorrupción, que se materializará en una iniciativa parlamentaria que ambos tienen muy avanzada, y que ha conocido ABC.
La propuesta, en una amplia exposición de motivos, defiende la «nobleza» de la actividad política al tiempo que se lamenta de que «las actuaciones irregulares y corruptas de unos pocos» extiendan un manto de descrédito para la política y los políticos.
ABC.
Fiscalía Anticorrupción
Se estudia la posibilidad de incluir en el pacto una mención expresa sobre la conveniente «objetividad e imparcialidad» de la Fiscalía Anticorrupción, que el PSOE cree innecesaria. Otro tanto pasa con la propuesta de que se potencien el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas Autonómicas, aunque la labor fiscalizadora también pasaría por imponer auditorías externas.
Populares y socialistas se comprometen a facilitar comisiones de investigación, reforzar el pacto antitransfuguismo, de modo que un tránsfuga nunca tenga un cargo ejecutivo en el gobierno local surgido tras la moción y que en ningún caso sean incluidos en las listas electorales.
Además se limitaría la presentación de mociones de censura de modo que se impedirían el primer y último año de mandato, «si no van avaladas por los dos tercios del número legal de miembros de la corporación».
Los dos partidos mayoritarios esperan que se sumen a esta propuesta otros Grupos de la Cámara con la intención de que todas estas medidas puedan estar listas para las elecciones de mayo de 2011.
ABC.
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