EL ACTUAL ESTADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RESULTADO DE UNA DÉCADA SIN PROYECTO.

Desconocemos la suerte que pueda correr el borrador de Anteproyecto de Ley de Empleo Público en el que se ha trabajado por la Dirección General de la Función Pública a lo largo de los últimos años, con el propósito de desarrollar el marco normativo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Es muy probable que, dado lo avanzado de la legislatura y la falta de consenso sobre el contenido de dicho texto, tanto político como sindical, el borrador elaborado no llegue siquiera a convertirse en Proyecto de Ley y, por lo tanto, no sea nunca remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación.

Es posible que dicho Anteproyecto simbolice el tiempo perdido en la actualización del régimen de función pública de la Comunidad Autónoma y represente la falta de proyecto para la Administración Pública aragonesa de la que ha adolecido el Gobierno de coalición PSOE-PAR a lo largo de nada menos que tres legislaturas. Un tiempo más que suficiente para haber revisado en profundidad la organización y el funcionamiento de la Adminitración autonómica y que, sin embargo, se ha desperdiciado incomprensiblemente, lo cual ha de reprocharse tanto al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, como a los sucesivos Consejeros responsables de la materia, como son Eduardo Bandrés, Alberto Larraz y Javier Velasco. De ninguno de ellos hemos escuchado jamás una idea suficientemente madurada o desarrollada del modelo de administración y de función pública que se quería para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Doce años sin avance alguno en la ordenación de la función pública ha de valorarse como un periodo de retroceso y deterioro en la organización y en el funcionamiento de la Administración autonómica. La ausencia de política de calidad en los servicios públicos, la irrelevancia interna de órganos como la Inspección General de Servicios, la total falta de liderazgo en gestión de recursos humanos, la inexistencia de una solvente política de formación del personal, la obsoleta y arbitraria gestión de los procesos selectivos, el abandono de todo estímulo al desarrollo profesional de los servidores públicos y el general incumplimiento de las normas de provisión y de régimen retributivo propios de la función pública son, entre otros muchos, claros indicadores del fracaso que cabe atribuir a este Gobierno y a su Presidente como responsables de la principal organización de servicios de nuestra Comunidad Autónoma.

En modo alguno queremos incurrir en ninguna especie de catastrofismo, pero un balance mínimamente crítico no permite desconocer la realidad. Los valores constitucionales y la ética pública que debieran ser el más valioso bagaje del servicio público, a preservar y acrecentar por todo Gobierno, apenas han sido atendidos a lo largo de todos estos años: ni el respeto a la ley ni la transparencia en la gestión pública han parecido interesar o preocupar a los responsables del Gobierno de Aragón, provocando con ello un grave déficit democrático a la actual organización administrativa.

Una Administración Pública despojada de sus valores fundamentales -la legalidad, la profesionalidad, el servicio objetivo al interés general, la eficacia- difícilmente puede ejercer la función que tiene encomendada en la realización diaria de las exigencias propias de un Estado social y democrático de Derecho. Este estado de cosas, sin embargo, no puede llevar a los servidores públicos al fatalismo y al desistimiento, sino a un consciente y lúcido compromiso, individual y colectivo, con el modelo constitucional de administración y de función pública, pues en su éxito o fracaso todos tenemos algún grado de responsabilidad, ya sea por acción o por omisión.