martes, 13 de abril de 2010

EL ACTUAL ESTADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RESULTADO DE UNA DÉCADA SIN PROYECTO.

Desconocemos la suerte que pueda correr el borrador de Anteproyecto de Ley de Empleo Público en el que se ha trabajado por la Dirección General de la Función Pública a lo largo de los últimos años, con el propósito de desarrollar el marco normativo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Es muy probable que, dado lo avanzado de la legislatura y la falta de consenso sobre el contenido de dicho texto, tanto político como sindical, el borrador elaborado no llegue siquiera a convertirse en Proyecto de Ley y, por lo tanto, no sea nunca remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación.

Es posible que dicho Anteproyecto simbolice el tiempo perdido en la actualización del régimen de función pública de la Comunidad Autónoma y represente la falta de proyecto para la Administración Pública aragonesa de la que ha adolecido el Gobierno de coalición PSOE-PAR a lo largo de nada menos que tres legislaturas. Un tiempo más que suficiente para haber revisado en profundidad la organización y el funcionamiento de la Adminitración autonómica y que, sin embargo, se ha desperdiciado incomprensiblemente, lo cual ha de reprocharse tanto al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, como a los sucesivos Consejeros responsables de la materia, como son Eduardo Bandrés, Alberto Larraz y Javier Velasco. De ninguno de ellos hemos escuchado jamás una idea suficientemente madurada o desarrollada del modelo de administración y de función pública que se quería para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Doce años sin avance alguno en la ordenación de la función pública ha de valorarse como un periodo de retroceso y deterioro en la organización y en el funcionamiento de la Administración autonómica. La ausencia de política de calidad en los servicios públicos, la irrelevancia interna de órganos como la Inspección General de Servicios, la total falta de liderazgo en gestión de recursos humanos, la inexistencia de una solvente política de formación del personal, la obsoleta y arbitraria gestión de los procesos selectivos, el abandono de todo estímulo al desarrollo profesional de los servidores públicos y el general incumplimiento de las normas de provisión y de régimen retributivo propios de la función pública son, entre otros muchos, claros indicadores del fracaso que cabe atribuir a este Gobierno y a su Presidente como responsables de la principal organización de servicios de nuestra Comunidad Autónoma.

En modo alguno queremos incurrir en ninguna especie de catastrofismo, pero un balance mínimamente crítico no permite desconocer la realidad. Los valores constitucionales y la ética pública que debieran ser el más valioso bagaje del servicio público, a preservar y acrecentar por todo Gobierno, apenas han sido atendidos a lo largo de todos estos años: ni el respeto a la ley ni la transparencia en la gestión pública han parecido interesar o preocupar a los responsables del Gobierno de Aragón, provocando con ello un grave déficit democrático a la actual organización administrativa.

Una Administración Pública despojada de sus valores fundamentales -la legalidad, la profesionalidad, el servicio objetivo al interés general, la eficacia- difícilmente puede ejercer la función que tiene encomendada en la realización diaria de las exigencias propias de un Estado social y democrático de Derecho. Este estado de cosas, sin embargo, no puede llevar a los servidores públicos al fatalismo y al desistimiento, sino a un consciente y lúcido compromiso, individual y colectivo, con el modelo constitucional de administración y de función pública, pues en su éxito o fracaso todos tenemos algún grado de responsabilidad, ya sea por acción o por omisión.

38 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Tanto?

Anónimo dijo...

El 20% del trabajo funcionarial en el Gobierno de Aragón es precario y el 60% en las comarcas

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=573965

Anónimo dijo...

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Aragón, Daniel Alastuey, sostuvo hoy que el 20% de los trabajadores funcionarios del Gobierno de Aragón ejercen de manera precaria, un porcentaje que crece hasta el 60% (80% en el caso de las mujeres) en las comarcas.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

¿No habrán contribuido ellos algo a ese resultado?

Anónimo dijo...

Por supuesto que sí.

Anónimo dijo...

Bastaría recordar los argmentos esgrimidos cuando se opusieron a la demanda de esta asociación contra la oferta de 2007.

Anónimo dijo...

El empleo en la administración general de la Diputación General de Aragón ha caído entre 2005 y 2009 un 5,72 por ciento, de 10.451 a 9.853 trabajadores, y ha aumentado la precariedad hasta situarse en torno al 20 por ciento, mientras se ha duplicado en cuatro años la plantilla vinculada a empresas públicas.

Así se recoge en un estudio elaborado por UGT sobre la evolución del empleo público en Aragón, cuyas perspectivas "no son precisamente halagüeñas", según ha destacado en la presentación del informe el secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato, Daniel Alastuey.

Por sectores, ha afirmado que la Educación es el área donde "mejor trabajo se ha hecho" al ser la única en la que se ha aprobado para 2010 una oferta de empleo público, mientras que en Sanidad, ha aumentado el empleo para adecuarlo a las demandas de los ciudadanos pero con "algunas irregularidades" que hacen que no sea de "absoluta calidad", al aumentar "muchísimo" la precariedad y acudir a la iniciativa privada.

Según las cifras aportadas por UGT, en la administración general de la DGA se han perdido entre 2005 y 2009 casi 600 empleos y ha aumentado "de manera notable" la precariedad, ya que el personal fijo ha pasado del 72 al 68 por ciento, ha dicho Alastuey.

Además, ha crecido un 10,86 por ciento el número de empleados con una situación "discrecional" dentro de la DGA como personal fijo, el que la administración coloca en un destino "a dedo", ha precisado Alastuey.

Por contra, el sindicato estima que el número de empleados en las entidades, empresas y fundaciones públicas ha podido pasar de unos 1.500 en 2006 a unos 3.000 en 2009, dado que los gastos de personal en ese periodo casi se han duplicado, de 55,4 millones de euros a 107,2.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Es una vergüenza que no tengamos datos oficiales y públicos sobre todo ello.

Anónimo dijo...

¿Por qué no los piden en las Cortes de Aragón?

Anónimo dijo...

¡Qué pena de Consejero, incapaz de la mínima medida de transparencia en función pública!

Anónimo dijo...

¡Vaya legado!

Anónimo dijo...

¿Y el balance de Brun?

Anónimo dijo...

La nada, que ya es decir.

Anónimo dijo...

No acabamos con este tema, con el problema.

Anónimo dijo...

Suma y sigue.

Anónimo dijo...

CORRUPTORES O CORROMPIDOS.

Para que haya corrompidos tiene que haber corruptores. Esto es una obviedad. Según la literatura católica, el demonio se aparece ante el eremita transformado a veces en una bella mujer y busca poner en un aprieto su fortaleza, agrietada por las privaciones y la soledad. En el caso Gürtel, sin embargo, Lucifer enarbolaba un mostacho imponente, aunque esta ostentación pilosa nos parezca de una virilidad un poco tosca si de lo que se trataba era de impresionar primero a las esposas de los líderes.

Cuando Álvaro Pérez, jefe de Orange Market, entregaba a Isabel Bas, esposa de Francisco Camps, un bolso de Loewe valorado en 750€ o un robot Aibo de 1.800€ para sus hijos calculaba (¡presuntamente!) los suculentos contratos que obtendría a cambio, pero en las conversaciones telefónicas intervenidas sólo chorrea un viscoso agradecimiento mutuo. El demonio conseguía así su propósito.

Tras ser vencidos, algunos eremitas deliran. “Tenemos que hablar de lo nuestro, que es muy bonito”, le dijo Camps a su diablillo particular, y no se dio cuenta de que se trataba de una beldad con rabo y pata de cabra.

Al final, la corrupción consiste en que buenos y piadosos cristianos venden su alma por un precio insultantemente módico, mientras Belcebú se lleva sus ganancias a las islas Caimán, que son su paraíso particular. Luego, cuando son descubiertos, los corrompidos sólo necesitan rezar dos padrenuestros para que su caso no tenga efectos electorales y los corruptores están dispuestos a pasar unos años en la cárcel –como el maestro Roldán- a cambio de una jubilación dorada. Y así pasa la gloria del mundo.

JOAN GARI
PUBLICO.

Anónimo dijo...

A lo mejor nos quedamos cortos.

Anónimo dijo...

¿Sólo una década?

Anónimo dijo...

El personal de las empresas públicas se duplica desde 2006, según UGT.

Anónimo dijo...

Hace mucho que la Asociación no se pronuncia en los medios de comunicación, pero ya va siendo hora de que explique ante la opinión pública la hipocresía y contradicciones de esos sindicatos, que ahora denuncian la precariedad del empleo público, y han pactado, tragado y aceptado unas ofertas públicas de empleo que conducían precisamente a esto. Y que cuando esas ofertas públicas de empleo se han recurrido por la Asociación se han alineado sin reservas con la Administración.

No han sido ni siquiera espectadores pasivos, que ya sería grave, sino actores directamente implicados, que es peor.


¿A quién quieren engañar si ellos son copartícipes y cómplices de los mismo que ahora denuncian?

Anónimo dijo...

El registro de las Cortes recibió ayer una notificación oficial del Partido Popular en la que comunicaba por escrito su rechazo a participar en los consejos de administración de las empresas públicas. Con esta notificación confirmó algo que ya se había anunciado y que así lo indicaban en su comunicación: que no entrarían en la corporación hasta que no obtuvieran toda la información de este entramado empresarial desde 1999, año en el que empezó a gobernar la coalición PSOE-PAR. En breves días expiraba el plazo dado por la Mesa de las Cortes a la oposición para formar parte de estos consejos de administración, en los que el PP tenía derecho preferencial por ser el partido mayoritario de oposición. Pero ya habían anticipado que no entrarían si no recibían todos esos datos, a lo que se opone el Ejecutivo autonómico, que les invitó a saber los datos mediante su presencia en las empresas.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Acertada decisión del Partido Popular. ¿Qué hacen los partidos metidos a empresarios? ¿Tiene pies y cabeza la oferta del Gobierno de Aragón?

Anónimo dijo...

Acertada decisión del Partido Popular. ¿Qué hacen los partidos metidos a empresarios? ¿Tiene pies y cabeza la oferta del Gobierno de Aragón?

Anónimo dijo...

Comentario:

Creo que el PP ha actuado correctamente.

La pretensión de que la oposición entre en los consejos de administración de las empresas públicas, defendido incluso por periodistas que no sé si tachar de ingenuos, y la insistencia en ello mientras se niega información en las Cortes siempre me ha parecido un insulto a la inteligencia y una muestra de desvergüenza y cinismo por parte del Gobierno. Los miembros de los consejos de administración de las empresas, públicas o no, están obligados por el secreto de sus deliberaciones, por lo que aunque tengan la información que solicita legítimamente la oposición, no podrían hacer uso de ella. Ni tampoco la opinión pública podría disponer de ella ni conocerla, aunque la supiera la oposición o aquellos de sus miembros que se integraran en los consejos de administración. Eso lo sabe el Gobierno, y por eso insiste. Y eso lo sabe la oposición, y por eso se ha negado. La tentación es ofensiva: a cambio de unas magras dietas por asistencias, que pagaremos entre todos y que redondearán los ingresos de los agraciados. A cambio de su silencio, que acabaría siendo cómplice.

Eso y no otra cosa pretendía el Gobierno. ¿O hay alguien que después de la que está cayendo cree que lo ofrece por generosidad o un repentino prurito de transparencia?

Anónimo dijo...

El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, impuso ayer la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort al fiscal superior de Aragón, José María Rivera, del que se destacó el excepcional trabajo que ha desarrollado en la comunidad.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Desde luego, no será por su brillante y diligente investigación sobre la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.

Anónimo dijo...

¿o se incluirá también dicha intervención en el premio concedido?

Anónimo dijo...

LA campaña falsamente «progresista» en favor del juez Garzón alcanza ya límites inaceptables porque pone en cuestión las reglas básicas del Estado de Derecho. Es intolerable que se descalifique a la sala de lo Penal del Tribunal Supremo sin tener en cuenta que la independencia del Poder Judicial y el respeto a sus decisiones son elementos esenciales para la convivencia democrática. No es cierto que la extrema derecha «persiga» al magistrado en venganza por su pretensión de investigar la época franquista. Lo único que ocurre es que Garzón, como cualquier otro ciudadano, está sujeto a las leyes y el Alto Tribunal le imputa la eventual comisión de un delito de prevaricación. Por ello, los encierros, los manifiestos e incluso las concentraciones -ciertamente poco concurridas- a favor del juez tergiversan la realidad de los hechos al servicio de un radicalismo político que descalifica a sus promotores. Es la consecuencia natural de la desafortunada ley de la Memoria Histórica promovida por Rodríguez Zapatero, siempre dispuesto a buscar ventajas partidistas aunque sea a costa del éxito colectivo que supuso la Transición democrática. Una sociedad que mira al futuro no puede dedicar su tiempo y su esfuerzo a la apertura de fosas o a la revisión de acontecimientos pretéritos que deben quedar en manos de los historiadores.
Ahora resulta que los sindicatos afines al Gobierno se apuntan a esta operación de propaganda y anuncian movilizaciones para apoyar a Garzón. Es difícil aceptar que la función de los sindicatos en una sociedad desarrollada se extienda a un ámbito tan alejado de la defensa de los intereses laborales de los trabajadores, sobre todo en plena crisis económica y con una cifra de parados que sigue creciendo de forma imparable. UGT y CC.OO. no se han movilizado contra la política económica del Ejecutivo, salvo algunas manifestaciones recientes convocadas para cubrir las apariencias. Sin embargo, ahora se ocupan de las peripecias procesales del «juez estrella» y se apuntan a una operación partidista que en nada beneficia a sus afiliados, pero que causa un grave daño a las instituciones del Estado de Derecho.

ABC.

Anónimo dijo...

El Consejo del Poder Judicial no debería contentarse con una simple nota de protesta ante el mayor ataque que ha sufrido el Tribunal Supremo, a manos de sindicalistas, actores y militantes de extrema izquierda. Lo sucedido ayer en la Complutense, con su rector a la cabeza, es un linchamiento en toda regla, incompatible con la democracia, un episodio bochornoso de quienes tratan de impedir el recto funcionamiento del Estado de Derecho. Que el PSOE lo apoye y el Gobierno lo aliente es de enorme gravedad.

LA RAZON.

Anónimo dijo...

Con una celeridad desconocida, el Consejo General del Poder Judicial reaccionó ayer con “preocupación y tristeza” al acto de apoyo a Baltasar Garzón celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. Al CGPJ le ha consternado especialmente la participación de “personas que han ocupado destacadas responsabilidades en instituciones básicas del Estado”, en clara referencia a Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción. Villarejo lanzó un durísimo alegato contra magistrados del Tribunal Supremo por convertirse en “un instrumento que favorece la expresión actual del fascismo”, al admitir a trámite querellas presentadas por organizaciones ultraderechistas contra Garzón. Para el CGPJ, “no resulta tolerable el descrédito hacia el propio Estado de Derecho” que a su entender producen intervenciones como las de Villarejo.

Conmueve la “tristeza” que embarga al CGPJ, cuyos miembros deberían ocuparse de investigar las razones objetivas del “descrédito” que tanto lamentan. ¿Creen en serio que el desprestigio de la Administración de Justicia se debe a las críticas que reciben sus actuaciones? ¿No serán algunas actuaciones absolutamente incomprensibles las que provocan el “descrédito”? ¿Qué hace el más alto tribunal de una democracia atendiendo las demandas de grupos fascistas contra un juez por abrir (y cerrar) una investigación sobre las fosas del franquismo? Eso es lo que produce no ya tristeza, sino indignación.

JESUS MARAÑA.
PUBLICO.

Anónimo dijo...

Comentario:

Somos los ciudadanos los que debemos estar preocupados y tristes por la deriva tomada por uno de los tres poderes del Estado. Cuando una persona como Jiménez Villarejo, nada sospechosa de antisistema ni de ideas anarquistas, critica a algunos magistrados del Supremo, ésto resulta intolerable para el CGPJ. ¡Qué rápido han reaccionado a las declaraciones de Trillo pidiendo que se pronuncie sobre los actos de apoyo a Garzón! ¿Esa presión sí es procedente?
Hablan de descrédito hacia el propio Estado de Derecho, y admiten demandas de grupos y personas que no creen en él, callan ante actitudes como la del PP, acusando a la Policía de estar al servicio del Gobierno inventando pruebas contra ellos. ¿Esto no les produce consternación?
Tienes razón, Jesús, toda la razón: INDIGNACION.

Anónimo dijo...

Comentario:

Si en una democracia hay tres poderes. cómo es que se puede cuestionar, desacatar, vuilipendiar al Ejecutivo y al Legislativo y sigue intocable el Judicial, el mas corrompido de los tres. ¡Se acabó la vista gorda!. Los jueces no pueden estar por encima de los ciudadanos.

Anónimo dijo...

Hala, pues, no dejemos nada en pie, si os parece.

Anónimo dijo...

¿Quién defiende la impunidad, después de todo?

Anónimo dijo...

Comentario:

Se empieza deslegitimando al Tribunal Supremo y se acaba quemando iglesias.

Anónimo dijo...

Comentario:

Qué tendrá que ver lo del Tribunal Supremo con lo de quemar iglesias. La gente no tiene sentido de la mesura ¿o es que nunca ha tenido ni un poco raciocinio? Todo esto viene porque no se han establecido las reglas correctamente en la Constitución: el fascismo está perseguido en Europa y aquí se encumbró con la Ley preconstitucional de amnistía. La indefensión de cualquier ciudadano debería ser tenida en cuenta para valorar la actuación correcta de los tribunales.

Anónimo dijo...

Comentario:

El CGPJ depende del congreso y el senado que es quien elige a los miembros del Tribunal Supremo.

Es curioso, como la mayoría de los que braman contra el TS ya han decidido que son jueces franquistas. De nada sirve que el órgano judicial se haya renovado 6 ó 7 veces en democracia. Se ha lanzado el aserto de que es un tribunal cómplice de las torturas del franquismo y sanseacabó.

Dívar, nombrado por Zapatero, franquista.

Margarita Robles, secretaria de justicia con F. González, franquista.

Varela, fundador de jueces para la democracia. franquista.

Todos los que no sean favorables a Garzón… fascistas y cómplices de los torturadores!

Anónimo dijo...

¿Considera que el acto en apoyo a Garzón en la Complutense fue un acto democrático?