viernes, 9 de abril de 2010

DEBATE ESTÉRIL SOBRE LA CORRUPCIÓN.

Ningún debate parlamentario debiera ser estéril, y mucho menos aquellos que abordan cuestiones esenciales del funcionamiento de las instituciones democráticas. La falta de un debate parlamentario sobre la corrupción pública en las Cortes de Aragón, cuando la corrupción y la valoración de la clase política han pasado a ser uno de los problemas con mayor presencia y peso específico en los medios de comunicación y en los sondeos de opinión a la ciudadanía, resultaba totalmente incomprensible.

Ayer, por fin, y a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, el tema fue debatido en el Pleno del Parlamento autonómico, a través de una comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón, para exponer la posición del Ejecutivo autonómico frente al problema de la corrupción. Pero no intervino el Presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, sino su Consejero de Presidencia, Javier Velasco, cuya afirmación de que el debate era ocioso porque en Aragón no existe problema de corrupción da, precisamente, una idea clara del grado de degradación a que ha llegado la sensibilidad política y ética del Ejecutivo autonómico.

El resultado de tal comparecencia, visto desde la óptica de los ciudadanos o de los servidores públicos, no puede resultar más decepcionante. Ni existe previsión de medidas anticorrupción ni es posible hallar el menor atisbo de autocrítica por parte del Gobierno de Aragón. La corrupción no puede generalizarse de forma infundada, dando a entender que no hay institución que se libre de ella, pero mucho menos minimizarse o negarse, como hace el Consejero de Presidencia, Javier Velasco. Tampoco puede convertirse en una mera arma arrojadiza entre los diferentes partidos políticos.

El debate a mantener en las Cortes de Aragón no debería aludir a otra corrupción que la que pueda afectar a las instituciones y acción pública de nuestra Comunidad Autónoma. Pero resulta del todo pueril, y políticamente inaceptable, dar a entender que no hay más corrupción que la que declaran las sentencias de los tribunales, sobre todo cuando tal criterio conlleva que se mantengan al frente de ciertas instituciones –como es el caso del Ayuntamiento de La Muela- responsables políticos con graves imputaciones por enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones.

No se ha producido hasta la fecha la necesaria reflexión sobre las condiciones o circunstancias que han permitido que se den casos como el de La Muela –o el de ASAEL, no lo olvidemos-, y de tantos otros que no han aflorado por el momento, pero que sin duda existen, pues no es posible admitir que lo sucedido en La Muela sea un caso aislado.

Un Gobierno que ha bloqueado durante años la constitución de la Cámara de Cuentas –creada por una Ley de 2001-, que no ha sido capaz de incorporar al ordenamiento jurídico aragonés el régimen de conflictos de intereses de altos cargos aprobado por las Cortes Generales para la Administración General del Estado, que no ha logrado establecer criterios básicos de transparencia en sus cada vez más numerosas empresas públicas, y que ha desatendido, en reiteradas ocasiones, la petición de esta Asociación para la aprobación de un Código de Buen Gobierno, similar al ya aprobado por el Gobierno de España en el año 2005, es un Gobierno responsable políticamente, al menos por omisión, de la corrupción pública que exista en Aragón, pues no ha puesto los medios adecuados ni para prevenirla ni para sancionarla.

La dirección política de la Comunidad Autónoma compete -y sobre ello no cabe discusión posible-, al Presidente y al Gobierno de Aragón y la total falta de medidas de prevención y lucha contra la corrupción, durante estas tres últimas legislaturas -las de la coalición de gobierno PSOE-PAR- justifican que los ciudadanos hagan políticamente responsable de la corrupción pública existente –incluida la de La Muela- al actual Gobierno de Aragón, por su inactividad previa y posterior a los hechos detectados. Los Tribunales sancionan, pero los Gobiernos y los Parlamentos han de adoptar las medidas de prevención necesarias.

Cuando desde esta Asociación se propuso a la Mesa de las Cortes de Aragón la creación de una Comisión especial de estudio, para la elaboración de normas de ética pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, en un marco plural y representativo de todos los aragoneses, la respuesta dada no pudo ser más desoladora: se inadmitió la petición y se negó a esta Asociación la capacidad para hacer tal tipo de propuestas. Ninguna formación política, que sepamos, retomó tal iniciativa.

Esta Asociación ha tratado de insistir, sin apenas resultado, en que una función pública altamente profesionalizada y comprometida con el Estado de Derecho constituye uno de los más poderosos anticuerpos frente a los fenómenos de corrupción. Sin embargo, la política de personal aplicada por el Gobierno de Aragón, a lo largo de todos estos años, en nada ha contribuido, a dotar a la Comunidad Autónoma de esa función pública. El resultado del debilitamiento de las instituciones es, inevitablemente, el sacrificio del interés público a intereses particulares y la consiguiente aparición de la corrupción pública, tanto política como administrativa.

Si el actual Gobierno de Aragón es corrupto u honesto, el tiempo lo dirá. Lo que a estas alturas podemos afirmar con rotundidad es que este Gobierno no ha sido capaz de establecer en nuestra Comunidad Autónoma unos estándares de ética pública homologables a los aprobados en la Administración General del Estado. El debate celebrado ayer en las Cortes de Aragón podría haber hecho hincapié en las razones de este “hecho diferencial”, y en los posibles motivos que puedan explicarlo: o bien se quieren tolerar o posibilitar situaciones que en la Administración General del Estado se consideran no tolerables, o, sencillamente, no existe voluntad de eliminar prácticas que han permitido asegurar hasta la fecha esa “estabilidad” política y social que ha acabado por ser el símbolo de este periodo. Ambas opciones resultan igualmente preocupantes.

18 comentarios:

Anónimo dijo...

La pretensión de que la oposición entre en los consejos de administración de las empresas públicas, defendido incluso por periodistas que no sé si tachar de ingenuos, y la insistencia en ello mientras se niega información en las Cortes me parece un insulto a la inteligencia y una muestra de desvergüenza y cinismo por parte del Gobierno. Los miembros de los consejos de administración de las empresas, públicas o no, están obligados por el secreto de las deliberaciones, por lo que aunque tengan la información que solicita legítimamente la oposición, no podrían hacer uso de ella. Ni la opinión pública podría disponer de ella ni conocerla. Aunque la supiera la oposición o aquellos de sus miembros que se integraran en los consejos de administración. Eso lo sabe el Gobierno, y por eso insiste. Y eso lo sabe la oposición, y por eso se niega. La tentación es ofensiva: a cambio de unas magras dietas por asistencias, que pagaremos entre todos y que redondearán los ingresos de los agraciados. A cambio de su silencio, que acabará siendo cómplice.

Eso y no otra cosa pretende el Gobierno. ¿O hay alguien que después de la que está cayendo cree que lo ofrece por generosidad o un repentino prurito de transparencia?

Anónimo dijo...

¿Cómo se puede asegurar con esa facundia, como la que emplea Velasco, que en Aragón no existe corrupción? ¿Un tipo que asegura por escrito a las Cortes que sus asesoras, que con toda evidencia no tienen capacidad técnica sobre la materia que se gestiona en su Departamento, le “hacen asesorías orales”? Está escrito en el Diario de las Cortes.

Negar que existe corrupción en Aragón, y además a gran escala, es tanto como negar que hay parasitosis porque no hemos encontrado tenias cuando estamos ante una infestación masiva con miles de lombrices que está llevando al hospedador a la muerte por consunción.

Aquí todavía no hemos hallado tenias, escasas y grandes, salvo, parece, en la Muela y Herrera, pero hay cientos o quizás miles de lombrices. Se las conoce como “clientela política”. El expolio global de todas ellas es mucho mayor que el de unos pocos parásitos gordos.

¿Qué otra cosa que un entramado corrupto son las empresas públicas o las comarcas? Otra cosa es que no haya salido todavía un trincón conspicuo y reconocible, salvo en los dos lugares citados, pero toda la administración autonómica es un puro trinque. Negarlo es negar la evidencia. La hija de menganita, el hijo de fulanito, la mujer del zutanito…, todos ellos en un pañuelo. Y todos ellos contratados en las empresas públicas de forma preferente y privilegiada. Son casos conocidos por centenares de personas ¿Eso no es corrupción?

¿Cómo puede decirse que no hay corrupción cuando más del noventa por ciento de los empleados de las comarcas son laborales, contratados con criterios desconocidos, a dedo o quizás a ojo como decía Jesús Solá, el de ASAEL, y no funcionarios con pruebas selectivas regladas, como corresponde a una administración pública?

En este mismo blog hay un amplio muestrario de corrupciones. O de corruptelas menudas pero a gran escala, como diferenciaba hace un par de días un articulista.

Anónimo dijo...

La fiscalía de Madrid ha solicitado ocho años de inhabilitación para la secretaria de organización del Partido Socialista de Madrid (PSM) y diputada regional, Trinidad Rollán, por un presunto delito de prevaricación cometido en el año 2001, cuando era alcaldesa de Torrejón de Ardoz.

En un escrito de diligencias dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el fiscal acusa a Rollán y a otros 13 concejales --nueve del PSOE y cuatro del Partido Demócrata Español (PADE)-- de haber aprobado un "convenio urbanístico" a pesar de que el secretario del ayuntamiento y el interventor les advirtieron de su "ilegalidad". Para todos ellos solicita la misma pena. Entre los acusados también figura la actual diputada socialista en la Asamblea de Madrid Esperanza Rojas.

Según el escrito de acusación, el convenio, que firmó el entonces concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas con la entidad Patrimonios Siglo XXI, contemplaba que dicha sociedad urbanizaría terrenos municipales por un importe de 539 millones de las antiguas pesetas. El secretario del ayuntamiento advirtió de la "ilegalidad" del convenio por no "ajustarse al procedimiento de concurso".


EL PERIODICO DE CATALUNYA.

Anónimo dijo...

Velasco ha comenzado su intervención con una encendida defensa de la generalidad de los cargos públicos aragoneses y con un reproche hacia el PP porque, ha dicho, Aragón es una comunidad donde se hace política "con limpieza y honradez" y donde los sistemas de control "funcionan con normalidad".

Pero es que dos años después de que el juez abriera la investigación en torno a este asunto, no hay "ni un solo imputado" en el Gobierno de Aragón, además de que los delitos de La Muela son de índole económica y no urbanística.

Todas las actuaciones en La Muela, ha agregado Velasco, se hicieron con base en la Ley del Suelo en aquel momento vigente, promulgada por el PP y que según el consejero propiciaba un modelo que se ha demostrado, después, insostenible.

El Gobierno tiene las manos "absolutamente limpias", ha dicho Velasco, quien ha hecho hincapié en que el caso de La Muela es aislado entre los miles y miles de cargos electos que ha habido en Aragón en los últimos once años, los que tiene la actual coalición de Gobierno PSOE-PAR, y ha pedido que se deje trabajar a los jueces.

Para Suárez, la inocencia judicial no implica inocencia política, porque es "evidente" que "algo falló" en La Muela y que el Gobierno no lo atajó "cuando podía".

En línea similar se ha pronunciado la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, quien ha recordado que es la primera vez que la Mesa de las Cortes califica una iniciativa relacionada con la corrupción en La Muela, lo que le hace sospechar acerca de la implicación de determinados miembros del Gobierno.

Muchas de las cosas que se han hecho en La Muela, ha dicho, han sucedido porque hay papeles "con firmas" de miembros del Ejecutivo, y por eso ha pedido "claridad y transparencia", mientras que ha advertido de las "contradicciones" del PP, que no aplica el mismo código ético en todas las comunidades.

Para el portavoz de IU, Adolfo Barrena, el 92 por ciento de los casos de corrupción que se han dado en España se han producido en lugares con importantes desarrollos urbanísticos y en esta línea ha lanzado varias propuestas para intentar atajar estas prácticas, que requieren en algunos casos reformar leyes.

En este sentido, ha hablado de la regulación del mercado, del fraude fiscal, de la economía sumergida o del control de los beneficios empresariales desorbitados, además de una pacto político para adoptar medidas cautelares ante estos casos.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Jesús Miguel Franco, ha reprochado al PP que con el debate planteado hoy "quiera extender la sombra de duda" que se cierne sobre los populares en otras comunidades, lo que no es "lógico ni honrado", mientras que el aragonesista Miguel Ferrer ha insistido en negar cualquier vinculación del Gobierno de Aragón con el caso, algo que se demuestra tras dos años de investigaciones. EFE

Anónimo dijo...

El PP había pedido en principio la comparecencia del presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, quien a pesar de estar en el hemiciclo durante el debate ha hecho uso del reglamento de la Cámara y ha delegado en su consejero de Presidencia, Javier Velasco.

En su primera intervención, Suárez ha insistido en que ante la corrupción sólo cabe el "rechazo social y la persecución policial", pero también ha advertido al Ejecutivo aragonés, en referencia al caso de La Muela, de que cada uno debe de asumir "sus responsabilidades en el marco de sus competencias", y el Gobierno las tiene en el ámbito urbanístico, puesto que debe de aprobar el planeamiento urbanístico de los municipios.

El diputado del PP ha lamentado que el Gobierno de Iglesias, en lugar de "dar la cara" y asumir sus "responsabilidades políticas", se haya "escondido" o se limite a hablar "de lo que ocurre en otras comunidades autónomas".

A juicio del PP, la actuación del Gobierno de Aragón ha sido "decisiva" para que se cometieran en La Muela determinados delitos relacionados con el urbanismo, y ese es motivo suficiente, según Suárez, para que se den explicaciones políticas, al margen de la actuación judicial abierta.

Suárez ha agregado que la alcaldesa de La Muela, principal imputada en el caso Molinos, se valía de "resortes del poder del Gobierno" para evadir determinados filtros, y ha manifestado que si el Ejecutivo no hubiera accedido a aprobar determinadas recalificaciones muchos de los delitos descubiertos no se hubieran cometido.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno, y a su presidente, que no siga dando "la callada por respuesta" y que ofrezca explicaciones y asuma responsabilidades.

Anónimo dijo...

Los partidos mayoritarios no pueden centrar el debate de la corrupción en un tira y afloja sobre cuál de los casos que se investigan en los tribunales en los últimos meses es más grave. Aparte de que esté claro, cualquier tipo de corrupción es pernicioso y debe ser erradicado. Desde luego que el PP no estuvo muy fino al interpelar al Gobierno por el caso La Muela justo la semana en la que afloraban nuevos detalles de la red Gürtel y en la que el exministro Matas depositaba su millonaria fianza. Ahora bien, esa falta de oportunidad no resta legitimidad al debate en las Cortes, que se produce cuando crece del descrédito de lo público y baja a mínimos históricos la valoración de la clase política. El consejero Javier Velasco cumplió con su papel de fiel escudero en las Cortes, pero el momento pide a gritos un debate profundo sobre la corrupción.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

El juez decano ve "factible y positivo" la inhabilitación de cargos imputados.

Ángel Dolado dice que es necesario cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal esta misma legislatura.Los grupos políticos consideran la iniciativa de CHA "interesante", aunque quieren estudiarla más.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Volvió La Muela por sus fueros. Y la tensión estuvo de nuevo servida. El portavoz popular, Eloy Suárez salió al ruedo a cumplir una papeleta complicada. Tuvo que olvidarse del Gürtel, de Matas y Bárcenas, vencer un resfriado que lo dejaba afónico por momentos, y tratar de convencer de la idoneidad de la comparecencia. Ni en su partido se lo creían. Muchos admitieron que era un grave error de cálculo. Pero él salió airoso. Eso sí, desaprovechó la oportunidad de sacar a colación a Becerril o Asael.

El portavoz popular tuvo que lidiar con la afonía y también con la repentina entrada de Marcelino Iglesias en la Cámara. Con el debate ya iniciado el presidente acudió a su escaño. La comparecencia solicitada por el PP iba dirigida a él, así que su llegada tardía no sentó bien en las filas conservadoras. Pero allí estaba Javier Velasco, que corrió raudo a su lado. El consejero de Presidencia realizó una intervención muy respetuosa. Algunos socialistas pedían más "caña", pero mantuvo fuera de las Cortes temas como Gürtel o Matas. Mientras se desarrollaba el debate, Luis Bárcenas dimitía.

Su eco no llegó hasta Zaragoza, ni mucho menos alcanzó a la plaza del Pilar. En Aragón, que nos registren. El mensaje del Gobierno fue bien claro, en esta comunidad: "Tolerancia cero". Y ya de paso, mejor sacar pecho: "Aquí tenemos las manos limpias". Lo mismo dijo el PP. Todo está muy limpio. Impoluto. ¿Y La Muela? Pues un borrón. Un manchón. El único. Mejor no generalizar. De otra forma, el daño a la democracia puede ser irreversible. Si no lo es ya.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Comentario:

¿Impoluta?!!! La idiosincrasia política aragonesa, por decirlo suavemente, no fomenta precisamente que se investigue y que se hagan públicas las cuentas.

Anónimo dijo...

Comentario:

La única actuación que se investiga...Y mira lo que se descubre. Vale más no decir chorradas no sea que a algún Juez le dé por escarbar y dejemos Zuera pequeño.

Anónimo dijo...

Comentario:

Estoy harto de leer, que la mayoria de los políticos es honesta. La mayoria de los políticos saben muy bien lo que hacen sus colegas los corruptos y se callan ,se benfician o se miran para otro lado.
Es así de claro. Aqui, nadie actua, hasta que no está todo el bacalao vendido.
En las tramas de corrupción, están los corruptores ( generalmente empresarios ), los corruptos ( politicos ), los conyuges de los corruptos ( que son los que mas se benefician, en el fondo ), los amigos o familiares de los curruptos, los políticos del mismo partido que los corruptos, y al final, los periodistas, ( que sacan los dossieres cuando les interesa ) y los jueces ( que en función de la riqueza o pobreza del acusado, dictan sentencia ) .Toda una cadena de eslabones necesarios para que el sistema siga engrasado y funcione sin fricciones.

Anónimo dijo...

¿Cómo se pueden decir cosas como las que dice Velasco?

Anónimo dijo...

Hace falta tener muchísima cara.

Anónimo dijo...

El Ayuntamiento de Zaragoza ha designado a José Ignacio Notivoli nuevo interventor, después de que el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, firmara el decreto de nombramiento.

La comisión encargada de designar al interventor presentó una propuesta con tres nombres al alcalde y Belloch "ha nombrado al primero" de esos tres nombres. José Ignacio Notivoli, desempeñaba su función en la Diputación Provincial de Huesca y será a lo largo de abril o del próximo mes de mayo cuando tome posesión de su nuevo cargo una vez que salga su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalló Gimeno.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

El decreto de selección y provisión de plantilla fija que con "carácter general" habrá oposiciones al Salud cada dos años. Así lo recoge el documento, cuya versión definitiva se presentó ayer a los sindicatos en la mesa sectorial de sanidad, en el que también se incluye la exclusividad de los nuevos jefes de servicio y sección (salvo los antiguos que podrán seguir con su forma de trabajo actual).

Cemsatse valoró positivamente que por fin se tenga un decreto sobre estas cuestiones, aunque reconoció que hubieran "cambiado algunas cosas", precisó Lorenzo Arracó, representante de Cemsatse, que se muestra contrario a la exclusividad y a los criterios de selección. "Casi es un proceso de libre designación", precisó.

Mientras, Rubén Eitó, de CC. OO. consideró un "avance" la exclusividad, pero aseguró que algunos de los artículos rozan la ilegalidad. Entre ellos, asegura que hay una discriminación de los trabajadores del Departamento de Salud y Consumo cuando optan al traslado. En concreto, con algunos empleados del consorcio. José Miguel Salas, de UGT, consideró "un paso adelante" que el Salud fije en el decreto que se celebrarán oposiciones cada dos años y valoró el "esfuerzo" de la dirección de Recursos Humanos. Evangelino Navarro, de CSI-F, fue uno de los más críticos. Recordó que no se habían recogido algunas de las cuestiones planteadas por el sindicato.

La gerente del Salud, Ana Sesé, destacó que este decreto recopila la normativa hasta ahora dispersa respecto a criterios como la movilidad o el acceso al Salud. El nuevo reglamento podría comenzar a aplicarse en unos siete meses, tras pasar el proceso administrativo.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

¿Cada dos años?

Anónimo dijo...

¿No quedamos en que el EBEP establece el carácter anual de la Oferta?

funcionaria dijo...

Las últimas medidas del gobierno exigirían empezar por constituir un marco ético, dcdesde este blog http://adebatefuncionpublica.blogspot.com propongo formar una plataforma independiente