Dentro del procedimiento seguido en el recurso contencioso-administrativo promovido por esta Asociación contra el Decreto del Gobierno de Aragón que introdujo, en el régimen de provisión de puestos de trabajo de la Administración aragonesa, la fórmula de la "comisión de servicios en distinta escala o clase de especialidad", como mecanismo de la llamada "promoción interna temporal", la Administración ha venido a formular recientemente su escrito de conclusiones, quedando así la cuestión lista para sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Dicho escrito de conclusiones resulta llamativamente escueto y elude pronunciarse sobre los argumentos y los documentos aportados por esta Asociación en su respectivo escrito de conclusiones, con el que se adjuntaban pronunciamientos relevantes en apoyo de las tesis expresadas en su demanda, procedentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo (a favor de la legitimación de esta Asociación en la impugnación de la Oferta de Empleo Público de 2007), del Justicia de Aragón (recomendando al Gobierno de Aragón la derogación del Decreto impugnado, por entenderlo contrario a la Ley de Ordenación de la Función Pública) y de la Intervención General del Gobierno de Aragón (entendiendo contrario a la legislación básica estatal el régimen retributivo fijado para los supuestos de promoción interna temporal en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2010).
Vale reproducir aquí dos de sus axiomáticas conclusiones -formuladas sin el menor esfuerzo argumental y, por supuesto, ignorando las razones expresadas en el escrito de conclusiones de esta Asociación-, en lo que afecta a la debatida legitimación de la Asociación para formular su recurso y al conjunto de razones alegadas para contradecir la argumentación de la contestación de la demanda, con el valioso respaldo de los citados pronunciamientos del Justicia de Aragón y de la Intervención General del Gobierno de Aragón.
En el primero de los puntos, se afirma: "Las alegaciones vertidas de contrario no consiguen enervar el hecho de la falta de legitimación activa de la Asociación demandante, que pretende, bajo el amparo de la figura asociativa, introducir la acción pública en materia de empleo público, acción no reconocida por el ordenamiento jurídico". Cuando se carece de argumentos sólidos sobre el fondo de la cuestión, no hay nada más socorrido que insistir en la falta de legitimación activa, para impedir el control jurisdiccional sobre un reglamento nulo, como en este caso, por contradecir normas de rango legal. Si los funcionarios públicos, organizados en una asociación, no pueden defender la legalidad de la función pública, que incide de lleno en su relación de servicios, ¿quién puede hacerlo? ¿Nadie? ¿Sólo los sindicatos, los mismos que han pactado y convenido la ilegalidad? ¿En qué situación de indefensión dejamos no sólo a los funcionarios afectados sino al mismo Estado de Derecho? Los argumentos han de evaluarse por sus consecuencias, y la consecuencia de la falta de legitimación alegada sólo opera en favor de la ilegalidad, por lo que los Tribunales debieran rechazarla por simple sentido de la legalidad.
En el segundo de los puntos, se dice: "Las alegaciones presentadas por la actora en el escrito de conclusiones no hacen sino reiterar una y otra vez las expuestas en la demanda, de modo que, por nuestra parte, nos remitimos a nuestro escrito de contestación en que quedan cumplidamente rebatidas". ¿Rebatidas cumplidamente? Sorprende una afirmación como esa, cuando precisamente el escrito de conclusiones de esta Asociación viene reforzado con sendos pronunciamientos del Justicia de Aragón y de la Intervención General del Gobierno de Aragón, en los que se respaldan las razones de su impugnación. Ni una sola mención a tales escritos, ya que es preferible ignorar lo que no gusta o no favorece las tesis propias.
Con independencia del contenido de la sentencia que recaiga finalmente, esta Asociación tiene la satisfacción de haber actuado para impedir la consolidación normativa de una flagrante ilegalidad en el sistema de provisión de puestos de trabajo de la Administración autonómica. Quede claro que, en modo alguno, esta Asociación se opone a la promoción interna de los empleados públicos, ni mucho menos, sino a sucedáneos inadmisibles como el propuesto de la "promoción interna temporal", que ni es verdadera promoción interna y, probablemente, tampoco sería temporal (o tan temporal como se dice).
El sistema de selección y provisión de puestos de trabajo de la Administración autonómica ha de reconducirse a la legalidad, y nada contribuye a ello -sino todo lo contrario- la introducción de figuras atípicas como la señalada, que sólo vienen a agravar el actual estado de inaplicación de la Ley aragonesa de la Función Pública en materia de selección y provisión.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
23 comentarios:
CHA pide que los informes del Consejo Consultivo se publiquen en la web de la DGA de forma inmediata
Triste función la de defender la ilegalidad.
Lo que ocurre es que no saben qué decir, cómo defender lo indefendible.
Eso sí, con el dinero de todos.
La presidenta del PP en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha pedido hoy al Gobierno de Aragón que reduzca los cargos de confianza y el número de empresas públicas, que a su juicio es exagerado.
Rudi ha agregado que el Ejecutivo autonómico está "bloqueado" y "paralizado" y se limita a decir y repetir el mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero de que "ya escampará", pero "llevamos mucho tiempo así, no escampa e indudablemente es una situación tremendamente complicada", ha dicho.
La presidenta del PP en Aragón ha reiterado que, aunque las reformas estructurales son competencia del Gobierno central, hay ejecutivos autonómicos que han acometido medidas dentro de sus tramos de capacidad fiscal, en los distintos impuestos cedidos, de adelgazamiento de la administración.
"En Aragón no se ha acometido reducción de cargos de confianza, del numero de empresas publicas, que es exagerado", ha afirmado, al tiempo que ha agregado que no es necesario que se esté gestionando tanto dinero fuera de los presupuestos de la comunidad autónoma.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
"Rudi pide al Gobierno Aragón que reduzca los cargos confianza y las empresas públicas".-
Ya es hora de que alguien diga algo sensato. Pero me temo que esa decisión le va a tocar tomarla a la Sra. Rudi. Veremos entonces.
Aplaudo la idea.
Sobre todo a los que no trabajan.
La Ley de Lenguas ha pasado de la actualidad diaria, de protagonizar los más furibundos discursos y las campañas más demagógicas a quedarse aparcada. El Consejero Superior de las Lenguas debería haberse creado esta semana. También el Departamento de Educación tendría que contar ya con una oficina que coordinase la aplicación de esta nueva norma.
EL PERIODICO DE ARAGON.
¿Y la Cámara de Cuentas?
¿No es más grave ese retraso?
Sí, lo es.
HUESCA.- Los sindicatos CATA, CEMSATSE, CGT, CSL, OSTA, STEA-i y USAE, excluidos del proceso de elaboración del Anteproyecto de ley del Empleo Público de Aragón, manifiestan su "absoluto y total desacuerdo con algunas de las propuestas del mismo". Así, indican que es un anteproyecto que, entre otras "sorpresas", contiene una serie de propuestas "gravemente lesivas para los intereses de los trabajadores que representamos".
En concreto, se refieren a la constitución de una mesa común de negociación de todas las administraciones y empresas públicas, que "en caso de conformarse tal y como se indica en el anteproyecto, vaciaría de contenido los distintos ámbitos de negociación. Se observa una grave burocratización de la Administración Pública" y se diseñan tres organismos encargados de la coordinación de los trabajadores públicos: el Consejo de Empleo Público de Aragón, la Comisión Intersectorial de Empleo Público de la Administración Comunidad Autónoma y la Comisión Interdepartamental de Empleo Público de Administración Comunidad Autónoma.
Esta última Comisión, que es la de más bajo nivel, está integrada por los secretarios generales técnicos de los distintos departamentos (equivalentes a los subsecretarios de los distintos Ministerios Estatales)".
Señalan que "de igual forma, en el artículo 14 se define un ente: Instituto Aragonés de Administración Pública, que se encarga prácticamente de la gestión del personal de la DGA".
En lo relativo al acceso al empleo público, "la creación de órganos de selección permanentes, sin ningún tipo de control, entendemos que pone en cuestión el artículo 14 de la Constitución". Añaden que "no se propone ninguna solución para reducir la temporalidad en el empleo público, problema que afecta a cerca del 30% del personal, sin hacer ninguna referencia a la posibilidad de un proceso de consolidación de empleo".
Se quejan de que "introduce la figura de despido "objetivo". Además, el Estatuto Básico del Empleado Público señala que las Leyes de Función Pública tenían que ser las encargadas de desarrollar la carrera profesional y la evaluación del desempeño, "pero este Anteproyecto deja estos temas sin concretar ni desarrollar".
Estos sindicatos han solicitado una reunión de urgencia con el consejero de Presidencia, "en la que le trasladaremos nuestra frontal oposición al anteproyecto y en el caso de no obtener respuesta satisfactoria, en el sentido del compromiso de apertura de una negociación real del anteproyecto con todas las organizaciones sindicales con representación, iniciaremos una serie de movilizaciones".
DIARIO DEL ALTOARAGON.
Basta meterse en la web del Gobierno de Aragón, en el apartado de dictámenes del Consejo Consultivo- el órgano asesor de la DGA- para darse cuenta de que no gozan de excesiva actualidad y, por tanto, transparencia. Los últimos informes publicados datan todavía del año 2008.
Hay que tener en cuenta que, pese a ser preceptivos, se utilizan en muchos casos como respaldo por la DGA para tomar ciertas decisiones políticas. Por ejemplo, durante el año pasado, el Consejo Consultivo (antes Comisión Jurídica Asesora) fundamentó la no disolución del Ayuntamiento de La Muela, lo que permitió sustanciar la decisión del Ejecutivo autonómico de no intervenir en este municipio, en el que seguía de alcaldesa, María Victoria Pinilla, acusada de once delitos.
Hace solo unas semanas, se pronunció sobre el polémico acuerdo de las mermas tributarias. Solo razonó si se ajustaba a derecho -concluyó que sí-, y no entró a valorar la oportunidad ni conveniencia del discutido pacto. Pero pese a que se emitió el 19 de abril, 15 días después los grupos no han tenido acceso aún a él aunque lo solicitaron inmediatamente después de que el consejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, lo diera a conocer el 21 de abril.
"No pueden estar ocultos"
Ante esta situación, CHA denuncia que estos informes "no pueden permanecer ocultos a los grupos ni a la opinión pública". Por eso, a través de una proposición no de ley exigirá que se remitan de oficio a las Cortes, "de forma inmediata en el momento de su recepción" por el Gobierno de Aragón. Además, los nacionalistas reclaman que todos los dictámenes se hagan públicos en la web del Ejecutivo autonómico "a la mayor brevedad posible" y no con la demora de más de un año de ahora.
En la exposición de motivos de esta iniciativa parlamentaria, CHA también evidencia otra cuestión: el proceso de elección de los miembros de este órgano consultivo. En Aragón, todos son designados directamente por el Ejecutivo autonómico. En la mayoría de las comunidades, sin embargo, los parlamentos también eligen a una parte de los miembros de sus consejos consultivos. En algunos casos, incluso a la mayor parte de ellos.
HERALDO DE ARAGON.
¿Axiomáticas conclusiones?
¿Axiomáticas conclusiones?
La palabra axioma proviene del griego αξιωμα, que significa "lo que parece justo" o aquello que es considerado evidente y sin necesidad de demostración. La palabra viene del griego αξιοειν (axioein) que significa "valorar", que a su vez procede de αξιος (axios) que significa "valuable" o "digno". Entre los antiguos filósofos griegos, un axioma era aquello que parecía ser verdadero sin ninguna necesidad de prueba.
En lógica y matemática, un axioma o postulado es una fórmula bien formada de un lenguaje formal que se acepta sin demostración, como punto de partida para demostrar otras fórmulas.
Tradicionalmente, los axiomas se eligen de entre las demás fórmulas por ser "verdades evidentes" y porque permiten deducir a las demás fórmulas deseadas. Sin embargo, no todos los teóricos están de acuerdo con esta aproximación.
Proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración.
Es decir, están formuladas las conclusiones como axiomas, sin molestarse en argumentarlas o demostrarlas, pero no son axiomas, pues no son verdades evidentes o aceptadas, o ¿lo serán para el juez?
En el Heraldo de ayer, domingo, día 2 de mayo decía Elisa Moreu, profesora de Derecho administrativo, lo siguiente: “[lo verdaderamente criticable] es el crecimiento desmesurado que se ha producido en los últimos diez años del personal eventual y de confianza en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y que su función sea muy poco transparente. Estas contrataciones sí son la lacra del sistema, mucho más que la masa funcionarial, porque da muy mala imagen al suponerle regreso a los puestos políticos de antes, como eran las cesantías del siglo pasado”.
Se hablaba allí de una tesis doctoral, de un tal Antonio Serrano, cuyo título es muy expresivo: “La crisis de los principios de igualdad, capacidad y mérito en el modelo español del empleo público: el avance del sistema de confianza política en las entidades locales”. “Con la libre designación no hay garantías de objetividad, y se corre el riesgo de volver a la situación del siglo XIX, de las cesantías...”
Sería una charla interesante la que podrían dar esas dos personas.
¿Horas bajas?
Un reportaje en el que, por cierto, ni se citaba a esa asociación.
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