SILENCIO INSTITUCIONAL Y DESLEGITIMACIÓN.

La legitimidad de un Gobierno democrático tiene su origen en la voluntad de los ciudadanos, expresada en las elecciones convocadas de forma periódica, y en el respaldo o confianza otorgados por el Parlamento resultante de esas elecciones. Un Gobierno legítimo, por lo tanto, es el que accede a sus funciones por cauces democráticos, tras unas elecciones limpias, que aseguren correctamente el ejercicio del derecho de sufragio de los ciudadanos.

Esa legitimidad de origen –la de ser el Gobierno querido por la mayoría de los ciudadanos- puede mantenerse, acrecentarse o mermarse con el ejercicio del poder. Gobernar no es un derecho adquirido –por el simple hecho de haber ganado unas elecciones-, sino una responsabilidad contraída con la sociedad, con el conjunto de los ciudadanos. Una responsabilidad doble: la de gobernar de forma solvente, demostrando capacidad para afrontar los problemas y gestionar satisfactoriamente los diferentes servicios públicos, y la de gobernar de forma honesta, respetando las normas de conducta exigibles a quien administra el dinero público, de todos los ciudadanos, cuyo gasto ha de aplicarse a fines exclusivamente de interés general.

¿Qué ocurre cuando la gestión no se ejerce de forma responsable? Cuando se gestiona de forma ineficiente el interés público, lo que se produce es una pérdida constante de respaldo ciudadano a la política del Gobierno – la deficiente gestión de la economía y de las políticas de desarrollo, el deterioro de los servicios públicos y la disminución de la calidad de vida pasarán una ineludible factura al Gobieno saliente en las próximas elecciones-, pero cuando se gobierna de forma deshonesta o inadecuada desde un punto de vista ético –con vulneración de las normas de funcionamiento institucional, abuso de confianza o lucro personal-, el rechazo social a tal forma de gobierno dependerá en gran medida del nivel de exigencia ética de la sociedad.

No es raro, sin embargo, ver a políticos corruptos revalidados en las urnas por los ciudadanos. Ello es resultado de un mal diseño o funcionamiento institucional: un gobernante incompetente debiera ser relevado por los ciudadanos en las elecciones siguientes, pero un gobernante deshonesto –que ha defraudado a los ciudadanos, abusando del poder que se le ha confiado- debiera ser inhabilitado para el desempeño de cargos públicos, evitando con ello la posibilidad de que concurra a unas nuevas elecciones.

El sistema democrático no puede permitir jugar –confiar el interés general- a tramposos. Los corruptos deben ser expulsados de la política, pues su deslegitimación daña también a las instituciones que gobiernan y, en definitiva, a la confianza de los ciudadanos en el propio sistema democrático. ¿Qué obligación, por ejemplo, de pagar correctamente sus impuestos puede sentir un ciudadano, si el desvío de fondos públicos por quienes gobiernan no se investiga ni se sanciona? ¿Controlamos el fraude en los ingresos pero no el fraude en los gastos? ¿Cómo puede interpretarse esa doble vara de medir?

Todo esto viene a cuento de la situación irregular de los puestos de los asesores de los gabinetes del Gobierno de Aragón: es decir, de que el Gobierno efectúe nombramientos en puestos públicos –lógicamente retribuidos- a personas que no van a ejercer función pública alguna. Es decir, se va a pagar un sueldo a cambio de nada, salvo la “fidelidad política” o el “favor debido”.

Resulta sorprendente el silencio absoluto que, ante la información que publicó la prensa aragonesa y la denuncia ahora formulada por esta Asociación, vienen guardando no sólo los responsables del Ejecutivo –empezando por su Presidente, Marcelino Iglesias-, sino el conjunto de la clase política aragonesa, incluidos los partidos de la oposición.

Ese silencio, aunque puedan no entenderlo así quienes lo guardan, es un factor de deslegitimación de las instituciones aragonesas, incapaces o remisas a aclarar si quienes gobiernan están haciendo un uso ilegítimo de los recursos públicos. ¿No se está reconociendo con ello, de forma implícita, que gobernar conlleva la posibilidad de utilizar de forma ilícita los recursos públicos? ¿Abusar del poder es una forma admitida de ejercer el poder en la Comunidad Autónoma de Aragón?

El debate en las Cortes de Aragón sobre el estado de la Comunidad, que hoy comienza, será una oportunidad para comprobar si ese silencio se escenifica o no –y con qué amplitud-, o si la democracia es capaz de ser consecuente con su dimensión moral y no quedar reducida a un mecanismo para alcanzar y ejercer el poder institucional. En el caso de que el juego democrático no cumpla esa función de control del Gobierno –no un control de competencia, sino de honestidad-, confiamos en que la Fiscalía General del Estado pueda subsanar ese grave déficit que padecen las instituciones autonómicas.