OPINIONES Y SENTENCIAS

Cuando se produjo la comparecencia de esta Asociación ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón –en noviembre de 2008-, los representantes de la Asociación quisieron alertar a los diferentes Grupos Parlamentarios sobre un conjunto de disfunciones e ilegalidades en el ámbito de la función pública. Tales manifestaciones fueron acogidas favorablemente por los grupos de la oposición y rechazadas por los grupos de la mayoría. Entonces y ahora esta Asociación ha tratado de situarse al margen del debate político, por entender que los valores que defendemos lo son de todos los partidos políticos aragoneses y las situaciones que denunciamos pueden afectar, igualmente, a todos ellos. Sin embargo, el portavoz del Grupo Socialista en dicha Comisión hizo, entonces, particular hincapié en que nuestras afirmaciones eran simples opiniones, y que las ilegalidades las declaran los jueces en sus sentencias. No nos pareció oportuno ni cortés polemizar sobre dicha cuestión en ese momento.

Pero el tiempo ha pasado desde entonces, y precisamente dicha lógica interesada de negar la ilegalidad que no sea declarada por los jueces –desafortunada desde nuestro punto de vista, pues todos sabemos cuándo estamos infringiendo las normas de tráfico, a pesar de que no nos sancionen por ello- parece haber llevado a algunos responsables institucionales a una pasividad completa frente a ciertas evidencias de abuso de poder, lo que ha impedido corregir determinadas prácticas irregulares a su debido tiempo.

Porque primero se niega valor a todo lo que no sea una sentencia judicial, y a continuación se adoptan todas las medidas necesarias para que los jueces no puedan pronunciarse sobre los casos que se planteen. Sirva como ejemplo el caso de la Directora de la Biblioteca de Aragón, pendiente a estas alturas de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si esta Asociación tiene legitimación para interponer un recurso sobre la modificación del puesto aprobada por los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, para posibilitar su desempeño por un ex alto cargo de la Administración autonómica. Impedir el acceso a los tribunales no tiene otra finalidad que privar a la sociedad de la más potente facultad de control sobre el poder político y dotar a éste del mayor margen posible de acción.

Acaso se creía que, por la misma razón, el tema de los asesores de los miembros del Gobierno de Aragón –planteado una y otra vez por esta Asociación- no llegaría a ninguna parte, y si llegaba no tardaría en archivarse o darle carpetazo. Lo peor de razonar así es que los responsables políticos acaban creyéndose protegidos por un manto de impunidad y piensan, por lo tanto, que no es necesario respetar las normas ni siquiera guardar las apariencias.

Esta Asociación cree firmemente que la acción política es propia del espacio público e institucional, y debe desarrollarse en el marco de las instituciones democráticas, sin que dicho debate haya de verse limitado o condicionado por un permanente riesgo de judicialización. Pero ello, claro, requiere que la gestión de los recursos públicos que llevan a cabo los responsables políticos se haga con transparencia y respeto del interés general, con sujeción a la ley y a los principios del Estado de Derecho. No es posible que alguien piense que la legitimidad de los votos le autoriza a vulnerar las normas o a abusar del poder.

Pero, cuando se impone la lógica de las opiniones y sentencias y, además, se cierran los oídos a todas las opiniones que alertan sobre riesgos o peligros de ilegalidad, viéndose en ellas una crítica política cuando no hay más que una reivindicación de los valores propios del sistema –de las reglas del juego-, no es extraño que el resultado sea el peor de los posibles. Y ello haya sentencias o no.