La próxima elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que ha de remitir el Gobierno al Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre, así como la de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, debieran motivar un debate público, amplio y sereno, sobre los costes de las Administraciones Públicas y la eficiencia de los servicios públicos, del que forma parte necesariamente el nivel salarial de los empleados públicos. Las leyes anuales de presupuestos no sólo han de prever los costes generales de funcionamiento de las Administraciones –entre ellos, el capítulo de personal de las distintas organizaciones públicas-, sino que además han de establecer los posibles incrementos anuales de las retribuciones del conjunto de los empleados públicos.
Este debate debe estar guiado por criterios de responsabilidad política y social, pero también de pleno compromiso con la legalidad, valor esencial de las Administraciones Públicas. No sería deseable que –como sucedió en nuestra Comunidad Autónoma con la cláusula de revisión salarial pactada entre Administración y Sindicatos- el régimen retributivo de nuestra Administración autonómica vulnere los límites autorizados por las Cortes Generales al aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La responsabilidad de los gestores públicos y la coherencia de los sindicatos debiera excluir que en Aragón se alcancen acuerdos que vulneren la legislación básica estatal o desconozcan la potestad presupuestaria de las Cortes de Aragón. Ha de evitase que las decisiones sobre política salarial pública y coste del funcionamiento de la Administración puedan adoptarse de espaldas a la ley y al parlamento y, consecuentemente, al conjunto de los ciudadanos.
Tampoco ha de limitarse el debate sobre el coste de las Administraciones a la cuantía de los salarios públicos. Tanto o más decisivo que su cuantía es su necesidad o rentabilidad social. Coincidiremos en que tener buenos profesionales al servicio de todos los ciudadanos interesa a la sociedad. Lo que no interesa es engrosar de forma irracional e innecesaria las plantillas –a veces con un claro uso fraudulento de los puestos públicos- o no asegurar una gestión eficiente del conjunto de los programas de gasto público. Para evitarlo habría que fomentar la calidad y profesionalidad de los gestores públicos, la claridad y transparencia de los procedimientos de gestión, la racionalidad de las estructuras administrativas –incluido el gran número de entidades y empresas públicas- y la evaluación y rendición de cuentas de las diferentes políticas públicas. Es necesario que las instituciones funcionen y se doten de personal cualificado, competente para planificar, ejecutar y evaluar los diferentes proyectos o medidas que se impulsan desde las diferentes Administraciones. El no funcionamiento en Aragón de la Cámara de Cuentas habla por sí solo de la debilidad del actual sistema de control del gasto público.
La Comunidad Autónoma de Aragón no dispone en la actualidad de un análisis sobre la eficiencia y la calidad de sus servicios públicos. Parece que ello no constituya una prioridad del Gobierno de Aragón, y en concreto de su Departamento de Presidencia, carente de toda estrategia en materia de calidad. Sorprende también que tal preocupación no figure en ninguno de los documentos del Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA). Los aragoneses, como el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales, no deberíamos ser indiferentes a los objetivos de mejora del funcionamiento de los servicios públicos, tratando de optimizar los recursos públicos comprometidos. La racionalización de las administraciones públicas debiera ser una preocupación constante para todo Gobierno, pero resulta ineludible en momentos de grave crisis económica como los que vivimos.
En ese contexto ha de enmarcarse el debate sobre el coste de las Administraciones Públicas y el peso relativo que en su funcionamiento corresponde a los salarios de los empleados públicos. Congelar los salarios de una Administración ineficiente –si fuera el caso de la Administración aragonesa- y no corregir los supuestos de mala gestión pública puede aligerar la factura global de la Comunidad Autónoma , pero no supondrá ningún avance en la imprescindible racionalización de los servicios públicos.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
6 comentarios:
Esta nota apareció publicada ayer en "Heraldo de Aragón" como artículo de opinión.
NOTICIA EN DIARIO DEL ALTOARAGON:
HUESCA.- El Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón ha comunicado al Justicia de Aragón "la no aceptación de la sugerencia realizada por esta institución para llevar a cabo la aprobación de un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La razón esgrimida para dicho rechazo es que, en estos momentos, se está trabajando por la Dirección General de la Función Pública en el anteproyecto de la Ley de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la que se pretende desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, entendiéndose que será en dicho texto donde se recogerá la regulación de los tribunales calificadores, por lo que no procede la elaboración de una regulación específica al margen", denuncia la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
Indican, mediante un comunicado, que "dicha razón para rechazar la sugerencia del Justicia de Aragón resulta falaz y totalmente infundada, a juicio de esta Asociación, pues la elaboración de una futura Ley que regule la función pública aragonesa en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público en nada impide adoptar las medidas oportunas para reforzar las garantías de competencia y objetividad en la selección del personal de nuevo ingreso mediante una adecuada ordenación de los tribunales de selección".
De hecho -añaden-, en otras materias que han interesado a la Dirección General de la Función Pública –anticipo de carrera profesional o promoción interna temporal-, "la elaboración de la futura ley no sólo no ha sido obstáculo para su aprobación, sino que dicha futura regulación se invoca como fundamento de tales medidas, para anticipar aspectos de la misma".
Es decir, la Administración "rechaza medidas que garantizan la objetividad del acceso al empleo público, mientras que, al mismo tiempo, no tiene inconveniente en promover otras medidas –como el anticipo de carrera profesional, declarado ilegal en otras Comunidades Autónomas-, pese a carecer de toda base legal y contradecir la normativa vigente. Con ello no hace sino evidenciarse la absoluta arbitrariedad con que se dirige la función pública aragonesa por parte del actual consejero de Presidencia, Javier Velasco, y su director general de la Función Pública, Antonio Brun", dice la nota.
Esta Asociación va a dirigirse a los citados responsables, para deplorar su decisión de rechazo de la sugerencia del Justicia de Aragón, así como a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para manifestarles la preocupación por este "nuevo signo de arbitrariedad" por parte del Gobierno de Aragón y solicitarles la adopción de iniciativas parlamentarias para corregir la decisión comunicada al Justicia de Aragón.
El Justicia de Aragón dirigió, el pasado mes de diciembre, dicha sugerencia al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, adoptada a partir de un escrito de queja formulado por esa Asociación.
Pero no era plenamente coincidente, me parece.
¿Tiene algún espacio esta asociación?
caminamos firmemente hacia las ochenta mil entradas en el blog,
¿es mucho o sólo me lo parece?
¿Pero alguien tiene interés en fomentar debate, información, criterio, transparencia, control o exigencia?
Publicar un comentario