¿CONTAMOS CON UN VERDADERO DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA?

Todo parece indicar que el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, va a presentar ante la correspondiente Comisión de las Cortes de Aragón un análisis y diagnóstico sobre la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuando esta Asociación compareció, en noviembre de 2008, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, apuntó ya tal necesidad: no es posible carecer de un diagnóstico sobre la realidad de la función pública aragonesa y de un estudio sobre el clima laboral existente dentro de la Administración autonómica.

Parece lógico que antes de abordar cualquier modificación normativa de una materia -como es el caso de la función pública-,y más si lo que se pretende es dictar una nueva regulación que venga a desarrollar en nuestra Administración el nuevo marco jurídico establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público, deba realizarse un detallado análisis de la realidad de la función pública aragonesa -su dimensión, su composición, sus exigencias, sus problemas, etc-, determinando, si ello es posible, las causas de dicha realidad, y formulando las necesidades y posibilidades de mejora, así como las opciones que quepan para llevarlas a efecto.

Las realidades responden a causas y circunstancias concretas,y sólo desde un ejercicio de honestidad en su análisis cabe buscar soluciones efectivas. El primer dato a analizar, sin duda, sería la dimensión de la plantilla: cuántos somos, qué hacemos, y si somos más o menos de los necesarios. Posteriormente, la composición de la plantilla: si estamos las personas requeridas, por su formación o cualificación, o si la plantilla carece de la cualificación requerida para ejercer adecuadamente las funciones que corresponden a la Administración autonómica. En tercer lugar, comprobar si la situación de la plantilla es la que las leyes exigen -personas reclutadas por procesos objetivos y con inamovilidad en su relación de servicios- y las razones que puedan explicar el que la realidad desmienta o no se ajuste a esta exigencia, dado el elevadísimo porcentaje de interinidad o temporalidad.

Después de esa primera aproximación a la realidad cuantitativa y cualitativa de los efectivos de la Administración autonómica, podemos empezar a analizar, de forma singularizada, el conjunto de los elementos del régimen funcionarial vigente y del que cabe establecer en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, para asegurar los principos constitucionales a los que sirve la Administración Pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos en lo que toca a la Administración Pública. ¿Qué hacer en materia de selección? ¿Qué fórmulas aplicar a la provisión de puestos de trabajo? ¿Cómo garantizar la profesionalidad de los servidores públicos y asegurar un régimen adecuado de carrera profesional? ¿Qué régimen de retribuciones establecer? Y así con los restantes elementos del régimen de personal de la Administración.

Todo diagnóstico y toda estrategia debieran estar, en su caso, presididos por una determinada idea de función pública. ¿Qué entendemos por función pública? ¿Cuál es la misión que le corresponde desempeñar en un Estado social y democrático de Derecho? Esta Asociación ha expresado, desde su constitución, la necesidad de configurar la función pública como garantía de buen funcionamiento del Estado de Derecho, es decir, como elemento asegurador del respeto del principio de legalidad y de la realización de los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a una buena administración, derecho que no fue recogido en el Estatuto de Autonomía de Aragón. Con subordinación al poder político -al Gobierno que dirige la Administración-, pero sólo desde la premisa de que ese Gobierno actúe sometido a la Ley y al Derecho.

El compromiso de los servidores públicos con el ordenamiento constitucional los convierte en un agente cualificado de garantía de los ciudadanos frente a las arbitrariedades e ilegalidades posibles del poder político. Justo todo lo contrario a su brazo ejecutor. Cualquier desarrollo del marco jurídico de la función pública que no contemple esta necesidad no constituye una opción verdaderamente regeneradora del actual modelo degradado de función pública.

Debemos saber qué razones han llevado al actual estado de degradación del modelo de función pública y por qué otras Administraciones, con idéntico modelo, han asegurado un mejor funcionamiento y un mayor respeto de los principios legales del sistema.

¿Por qué no se ha respetado el régimen de acceso y oferta de empleo público? ¿Por qué no se ha asegurado el acceso objetivo a los puestos de trabajo? ¿Por qué los pactos y acuerdos alcanzados en la negociación colectiva han vulnerado, en numerosas ocasiones, la legalidad? ¿Por qué no se aseguran criterios objetivos en la definición de los puestos de trabajo? ¿Por qué se adaptan requisitos y retribuciones de los puestos a sus futuros titulares? ¿Por qué no se garantiza la objetividad en la designación de los miembros de los Tribunales? ¿Por qué se ha incurrido en supuestos generalizados de cesión ilegal de trabajadores entre empresas públicas y departamentos, como en el caso de Sodemasa y Medio Ambiente? ¿Por qué determinados puestos de trabajo, como los de los asesores del Gobierno de Aragón, se utilizan sólo como medio de asegurar retribuciones a militantes de los partidos del Gobierno?

El diagnóstico, seguramente, no dará respuesta a todos nuestros interrogantes, pero debiera señalar los motivos fundamentales del actual estado de cosas, apuntando no sólo a las deficiencias normativas sino a las malas prácticas de los responsables de la Administración. Si no se remedia lo segundo, no existe garantía ninguna de que con distintas normas no se llegue a idéntico resultado de degradación sistémica. El problema que encierra el diagnóstico realizado por el responsable del órgano gestor es la dificultad de apuntar los problemas reales y efectivos de los que -en buena medida- es responsable también el actual Director General de la Función Pública. Es una ocasión única para poner a prueba su capacidad de autoexigencia y autocrítica.