¿PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA REGULACIÓN LEGAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA?

El documento de diagnóstico sobre la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma, presentado este pasado lunes por el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, contiene una afirmación llamativa: “la actual regulación legal de la organización de la función pública autonómica adolece de una profunda pérdida de vigencia”.

¿En qué consiste esa denominada “profunda pérdida de vigencia”? La primera de las razones invocadas es verdaderamente sorprendente, al afirmarse que los cambios reglamentarios de las estructuras orgánicas de los Departamentos han desactualizado el modelo legal. Verdaderamente cuesta creer que la pérdida de vigencia de una ley se produzca por vía reglamentaria, ya que ello implicaría una abierta infracción del principio de jerarquía normativa. Pero todo vale en un documento que, al parecer, no sólo carece de aparato informativo o estadístico que lo sustente, sino del más elemental rigor en sus planteamientos, como éste que achaca la pérdida de vigencia de una ley a las novedades reglamentarias.

Otra de las razones que se alegan para justificar esa “profunda pérdida de vigencia”, que no derogación, como si no fuese la derogación la única causa admisible de la pérdida de vigencia de una norma legal, es la sectorialización que ha experimentado la función pública aragonesa –con la incorporación del personal docente, sanitario o de la administración de justicia-, sin regularse adecuadamente la competencia de gestión de tales colectivos. Casualmente, la atribución de competencias de gestión cabe hacerla por norma reglamentaria, como se ha hecho en cada caso, por lo que no existe ni inseguridad jurídica ni pérdida de vigencia de la Ley por tal causa.

Aflora de nuevo la falta de rigor jurídico cuando se habla de la necesidad de profundizar en la descentralización de la gestión de los recursos humanos, como la realizada en su día a favor de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos. Aquí se confunde descentralización con desconcentración, dos conceptos con cierta similitud pero nítidamente diferentes. La descentralización sólo se produce cuando las competencias de una Administración pasan a otra Administración –de la Comunidad Autónoma a las Entidades Locales, por ejemplo-, o cuando pasan a entes públicos con personalidad jurídica propia –la descentralización funcional-, pero no cuando cambian entre órganos de una misma Administración, supuesto que se denomina desconcentración.

Cabría seguir analizando las inexactitudes e incongruencias del documento de diagnóstico, contenidas en este apartado relativo a la “profunda pérdida de vigencia” de la Ley de Ordenación de la Función Pública, pero creemos oportuno señalar que la verdadera causa de crisis de dicha Ley no es la señalada “pérdida de vigencia”, sino su generalizado incumplimiento, que es cosa bien distinta, y cuya responsabilidad recae sobre los órganos de dirección de la función pública: Gobierno de Aragón, Departamento de Presidencia y Dirección General de la Función Pública. Sirve como claro ejemplo del incumplimiento de las responsabilidades de todos ellos lo acontecido en materia de selección de personal y oferta de empleo público. El incremento de la temporalidad –reconocido en el propio documento de diagnóstico- no es resultado de circunstancias externas, sino directa consecuencia del manifiesto incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón, y de los órganos gestores de la función pública, de la obligación de aprobar la oferta anual de empleo público e incluir en la misma la totalidad de los puestos ocupados por funcionarios interinos, como expresamente se exige en el artículo 7.4 de la “vigente” Ley de Ordenación de la Función Pública.

Eso no se ha hecho, pero no porque dicho artículo de la Ley haya perdido su vigencia. No, las normas no han dejado de aplicarse porque hayan dejado de estar vigentes. Las normas siguen vigentes y su falta de respeto y cumplimiento es una responsabilidad de los órganos de la Administración autonómica encargados de aplicarlas: es decir, y por este orden, del Director General de la Función Pública, del Consejero de Presidencia y del Gobierno de Aragón. Por ello, el cambiar de Ley no ofrece garantías de solución si el Gobierno de Aragón y los restantes órganos siguen sin ajustarse a ella, sin respetarla.