En Aragón vivimos una circunstancia crítica, o al menos así nos lo parece a algunos. Mal estaba que nuestras instituciones políticas –en especial, Gobierno de Aragón y Cortes de Aragón- no se mostrasen dispuestas a abordar de forma enérgica el problema de la corrupción pública, puesta de manifiesto con los casos La Muela y Asael, entre otros. Pero peor está, y raya en el despropósito institucional, el que el obligado debate sobre la corrupción pública en Aragón se eluda, evite, silencie o, lo que es peor, se obstruya en el seno del Parlamento.
¿Dónde vamos a debatir los aragoneses los problemas de la Comunidad Autónoma si no es en el Parlamento? ¿Dónde vamos a controlar la acción del Gobierno de Aragón y su sujeción a los principios de buen gobierno si no es en el Parlamento? ¿En la prensa? ¿En la calle? ¿En los chats? ¿En los blogs? ¿Al votar, una vez cada cuatro años? ¿Quién tiene interés en que la voz de los ciudadanos, su inquietud por el modo de llevarse los asuntos públicos, no se oiga en el Parlamento, no conste en el diario de sesiones? ¿Quién quiere privar al Parlamento de su función institucional más genuina? ¿Quién puede creer que silenciar un problema es un modo posible de corregirlo?
La corrupción es un problema, por mucho que se quiera negar. Lo es en España y lo es en Aragón. No hay más que ver las noticias de cada día, y es muy lamentable que la lucha contra la corrupción –que debiera ser causa común de todos, gobernantes y ciudadanos, pues es la base misma de la confianza que sustenta las instituciones democráticas- derive en una lucha política entre los partidos implicados en casos de corrupción. Queremos creer que no son corruptos los partidos políticos, sino algunos miembros de los mismos que ostentan responsabilidades públicas. La corrupción de un gobernante –sea del partido que sea- no ha de servir para, a renglón seguido, calificar de corrupto al partido a que pertenece el político afectado. Con ello se dañaría a la estructura central de la democracia representativa, apoyada en el papel constitucional que corresponde desempeñar a los partidos políticos.
Los partidos políticos, sin embargo, deben contribuir activamente a la lucha contra la corrupción, y han de ser los primeros interesados en corregir y expulsar de su seno a quienes ponen en entredicho su honorabilidad. Cuando se ampara al corrupto, por ser “uno de los nuestros”, se está dando pie a que se impute al conjunto del partido una inadmisible tolerancia hacia la corrupción pública. ¿Cómo pedir luego el voto a los ciudadanos, sin un compromiso inequívoco de honradez y transparencia en la acción política o en la gestión pública?
Los problemas de corrupción cobran una especial gravedad, en una democracia, cuando se alojan como prácticas en las instituciones públicas. Es el caso de los asesores del Gobierno de Aragón, denunciado por esta Asociación ante la Fiscalía General del Estado. Nadie pensará que la utilización indebida de los fondos públicos es un derecho que conceden los votos. No se vota a los responsables políticos para autorizarles a abusar del poder, sino para que lo ejerzan conforme a la orientación marcada en los programas electorales presentados a los ciudadanos, y dentro de las reglas del Estado de Derecho. ¿O es que existe un programa oculto de gobierno, una parte no escrita relativa al uso y abuso que se pretende ejercer luego desde las instituciones públicas?
No cabe imaginar que cuando la oposición –por fin- hace de la lucha contra la corrupción pública una de sus prioridades, el Presidente de las Cortes de Aragón, en virtud de simples formalidades técnicas, trate de obstruir la función de control al Gobierno. No es posible leer, sin sentir incredulidad como ciudadano, titulares de la prensa aragonesa como el que decía: “PSOE y PAR se niegan a condenar la corrupción”. ¿Es tolerable que pueda darse algo así? ¿Existen matices que la información periodística no recoge? ¿A tal nivel de degradación se ha llegado en Aragón? ¿Puede existir, acaso, algún grupo político dispuesto a no rechazar y condenar la corrupción? ¿No sería tal negativa una señal letal para la credibilidad de las instituciones?
Una institución que no condene de modo inequívoco y rotundo la corrupción, acabará siendo condenada por ella. Corrupción y credibilidad democrática son incompatibles. No cabe concluir que quien no condena la corrupción es corrupto por ello, pero ese gesto es suficiente para privarle de la confianza y del respeto de los ciudadanos. ¿Son conscientes de ello?
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
20 comentarios:
Son señales de alarma que todos minimizan.
Suma y sigue.
Nada nuevo, después de todo. La mayoría parlamentaria trabaja para tapar las vergüenzas del gobierno, como en todas partes.
Comentario en Heraldo:
El asunto ASAEL es bochornoso. El que una asociación de ayuntamientos con convenios con la DGA que suponen importantisimas cantidades anuales de dinero seautilizado para pagar a alcaldes y concejales como asesores? y que al parecer alguno prestaba sus servicios en la sede del PAR es aparentemente, una malversación de fondos públicos tan evidente que hecho que esto no se investigue es aterrador para cualquiera que se precie de democrata.
Otro comentario:
No os deis mal Pina es sumiso a la mano que le da comer y eso amigos conlleva lo que conlleva; esperemos a que esta Legislatura termine y ya veremos en la próxima, bueno veremos quién acompaña al Biel que ese seguro que está, que pena....
¿A esto es a lo que se llama realismo?
El portavoz del PSOE, Jesús Miguel Franco, argumentó que la pregunta de CHA "deja claro que hay una imputación y cuando alguien tiene una sospecha, debe acudir a los tribunales
¿No fue ya esa asociación? ¿O sólo dio traslado al Fiscal? ¿Y si éste no hace nada?
Con qué flema se puede decir lo de ir a los Tribunales. ¿Que yo he robado? ¡Vaya a los tribunales!
¿Pero a usted le queda algo de vergüenza?
Otro comentario:
Si no respetan la democracia entre sus filas, ¿como van a respetar al resto?
PUBLICADO EN DIARIO DEL ALTOARAGON:
ZARAGOZA.- El PP y CHA en las Cortes de Aragón denunciaron ayer que la falta de democracia en el Parlamento ha llegado a unos límites sin precedentes porque se impone la "mordaza" a la oposición para proteger al presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias.
En sendas ruedas de prensa, los portavoces del PP y de CHA, Eloy Suárez y Chesús Bernal, censuraron al presidente de la Cámara, Francisco Pina, al asegurar que ayer en la Junta de portavoces había impedido la calificación de iniciativas que sí lo fueron con anterioridad. "Hemos vivido el día más negro de la historia de la Cámara" porque Pina reconoció que el pasado 4 de septiembre pidió a los servicios jurídicos de las Cortes que los informes que elaboraran fueran "lo suficientemente ambiguos" para que permitieran "cualquier interpretación" -en relación con la calificación de iniciativas- y ayer impuso "el rodillo" e impidió que esas afirmaciones figuren en el acto de la sesión, según Suárez. Además, aseguró que se impidió que se debata en el próximo pleno una iniciativa del PP para reprobar a Iglesias por la "mala" negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y para que comparezca para dar su posición sobre el caso de corrupción de La Muela.
Bernal denunció que Pina había decidido que no se califique una pregunta de su grupo a Iglesias para la próxima sesión de control, un hecho que nunca había ocurrido en el Parlamento. La pregunta se refería a los impedimentos del Gobierno para condenar la corrupción política y no se calificó porque según Pina contiene juicios de valor cuando recoge textualmente el contenido de una propuesta de resolución que sí se calificó la semana pasada en la última jornada del debate sobre el Estado de la Comunidad, explicó.
Fuentes parlamentarias recordaron que el pasado 1 de julio el presidente de las Cortes emitió una resolución en la que recordaba que, en función del Reglamento de la cámara, serían inadmitidas a trámite las preguntas que incluyan aseveraciones o incluso juicios de valor, que es lo que, según las mismas fuentes, ocurría con las preguntas no calificadas ayer.
En la información del presidente Pina anunciaba la concesión de una hora para que el grupo subsanara la redacción de la pregunta.
¿Esta es la transparencia impensable de la que hablaba Iglesias en el debate?
Impensable llegar a esto, desde luego. Se superan día a día.
Grave fallo de Pina, que contradice su tesis sobre la gran calidad democrática de las Cortes de Aragón.
Equivocación supina.
Bien está apuntar la importancia de cosas como la sucedida en las Cortes. Levantar acta de todos los abusos de poder de los que somos testigos. ¿Nos sentimos ciudadanos, ejercemos tal condición, la hacemos valer?
¿esperar a que termine la legislatura? menudo ejercicio de paciencia, el que se nos pide
¿Hay alguna acción combinada entre esa Asociación, los grupos de oposición y Heraldo?
Se dice en el artículo: “Queremos creer que no son corruptos los partidos políticos”. Lamento discrepar. Yo también desearía creer eso, pero la evidencia demuestra lo contrario. Hay organizaciones esencialmente delictivas, y la corrupción y sus variantes son delitos. Son delictivas las organizaciones terroristas, lo es la Mafia… ¿Puede creerse en la honorabilidad de un partido político en que es habitual la aparición de casos de corrupción? ¿Puede creerse en su honorabilidad cuando lejos de combatirla y empeñarse en erradicarla de sus filas la disculpa, la justifica y la encubre?
Esas consideraciones me llevan a otra pregunta: ¿se puede ser honrado trabajando para la Mafia?
ESTA PROPOSICION SE DEBATE EN EL PLENO MAÑANA:
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
D. Chesús Yuste Cabello, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la solicitud de disolución del Ayuntamiento de La Muela, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
La jurisprudencia constitucional tiene declarado que el principio de autonomía local es compatible con la existencia de controles de la actividad de las Corporaciones Locales, especialmente en el supuesto en que pueda proceder la disolución de aquéllas por derivarse de su actuación un daño grave a los intereses generales que supongan un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales (Sentencias del Tribunal Constitucional 4/1981, 117/1984, 187/1988 o 192/2000).
El citado precepto de la ley básica estatal prevé, además, que acordada la disolución será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.
En este sentido, el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General dispone que, en los supuestos de disolución de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año. Añade que, mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una comisión gestora designada por la diputación provincial o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la corporación. Por último, previene que las funciones de Alcalde o Presidente serán ejercidas por aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la comisión.
CONTINUA:
Expuesto el anterior marco legal, es indudable que la instrucción del sumario penal seguido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos a la citada Corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por la misma ha sido gravemente dañosa para los intereses generales. En primer lugar, por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados. En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales actuales imputados, lo que no sólo supone un escándalo político, sino que, además, provoca alarma social, el descrédito de la democracia municipal y genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. En tercer lugar, estas circunstancias provocan un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa, al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución de base o configuración democrática, siendo este sentimiento social generalizado y no circunscrito a los vecinos del Municipio, lo que revela el alcance o afectación al interés general.
Además de esta grave afección al interés general, el sumario ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de La Muela, por las irregularidades continuadas en la actuación urbanística desarrollada, ha incumplido sus obligaciones constitucionales, en especial las de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación, y la de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, que imponen a los poderes públicos los artículo 47 y 45 de la Constitución.
En esta grave situación, el Gobierno de Aragón, único legitimado para ello, debía haber solicitado ya al Consejo de Ministros la disolución de la Corporación Municipal de La Muela, de modo que se designara una comisión gestora para la administración ordinaria de sus asuntos y, en su caso, se procediera a convocar elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación. Al no haberlo hecho el Gobierno de Aragón, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que solicite al Consejo de Ministros, de conformidad con lo previsto en el artículo 61.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la disolución de la Corporación Municipal de La Muela (Zaragoza).
Publicar un comentario