El Director General de la Función Pública, Antonio Brun, ha comparecido ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón para exponer ante los diferentes Grupos Parlamentarios las líneas básicas del Documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El documento elaborado, al que ha tenido acceso esta Asociación, constituye un alarde de reflexión teórica sobre el impacto del Estatuto Básico del Empleado Público y sobre las diferentes circunstancias que inciden en la actual configuración de la función pública aragonesa, así como sobre la orientación de las reformas que debiera introducir una nueva norma legal que venga a ordenar la función pública aragonesa en los próximos años.
Pero la teoría ha de venir después de la información, después de los datos relevantes que pemitan conocer la realidad que vive la función pública de nuestra Comunidad Autónoma. Y, para sorpresa de esta Asociación, el citado documento de diagnóstico no incluye ni un solo dato numérico o descriptivo de la función pública aragonesa. Ni siquiera se cuantifica el personal que se encuentra al servicio de la Comunidad Autónoma, ni su distribución por sectores ni por cuerpos o escalas o régimen jurídico, ni estudio alguno de sus edades y proceso de renovación con personal de nuevo ingreso. Tampoco hay un mínimo dato sobre los puestos de trabajo y su situación de cobertura, su forma de provisión, las tasas de interinidad, los niveles retributivos de los puestos. No hay información alguna sobre la evolución de la función pública a lo largo del tiempo, ni sobre las tendencias que se perciben en la misma.
Entiende esta Asociación que, sin datos, sin un previo análisis de la realidad y de sus síntomas, no cabe efectuar ningún diagnóstico posible. El documento presentado por el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, puede ser un conjunto de percepciones, intuiciones, sensaciones compartidas, valoraciones e intenciones,pero no cabe calificarlo de diagnóstico, pues carece de toda base de información en la que pueda sustentarse.
Esta Asociación ha venido reclamando a los responsables de función pública, sin éxito, la confección de un documento de datos estadísticos relevantes sobre situación y evolución de la función pública aragonesa, que permita conocer a todos -tanto a los responsables departamentales, como a los Grupos Parlamentarios, a los servidores públicos y al conjunto de los ciudadanos- una radiografía básica de la situación de la función pública. Esa falta de información, y de transparencia, es la misma que ha puesto de manifiesto el mal llamado documento de "diagnóstico" presentado por Antonio Brun ante las Cortes de Aragón.
Desde esta Asociación seguiremos reclamando información objetiva, para contrastar las valoraciones y conclusiones formuladas desde la Dirección General de la Función Pública, muchas de las cuales no pueden ser en modo alguno compartidas.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
29 comentarios:
Noticia publicada hoy en La Razón:
28 Septiembre 09 - Madrid - F. Cancio.
Los que han puesto el grito en el cielo en esta ocasión han sido los funcionarios. Se quejan de que la gran mayoría de los asesores que trabajan para el Gobierno de Aragón «no realizan función alguna y se limitan a cobrar un sueldo público de modo injustificado». Y por ello, hace unos días, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa decidió formular una denuncia ante la Fiscalía por esta «irregular situación».
La asociación prefiere no hablar ni de cifras ni de nombres, pero según fuentes consultadas por este periódico al menos 32 de los 60 asesores designados por el Ejecutivo de Marcelino Iglesias «apenas aparecen por sus puestos de trabajo». Trece de ellos son alcaldes en algún municipio de las tres provincias aragonesas y su sueldo en esa tarea es, en ocasiones, simbólico o inexistente, por lo que lo completan con esta otra labor de confianza.
Pero no sólo hay alcaldes. También hay concejales, ex diputados, candidatos a las elecciones... Todos, del PSOE o del PAR. Desde la asociación llevan desde 2007 peleando y, aparte del silencio institucional, sólo han conseguido que sea obligatorio hacer público el nombramiento de estos cargos de confianza de libre designación que cobran, aproximadamente, unos 37.000 euros anuales como mínimo. Es más, en plena crisis, el Gobierno de Iglesias ha aumentado el personal de confianza, pasando de 60 en 2005 a 136.
Y no han sido los funcionarios los únicos que han cargado contra estos asesores. Desde el PP aseguran que también llevan tiempo haciéndolo y que han solicitado un plan de austeridad, pues estos cargos suponen «un gasto público innecesario».
Algunos de los nombres que han ido saliendo en torno a este asunto son el Encarnación Mihi, asesora de presidencia y ex diputada de las Cortes, o el de Nicolás Medrano, alcalde de Cabañas de Ebro y asesor en el área de Educación, Cultura y Deporte. El alcalde de Magallón, Víctor Manuel Chueca, asesor en Ciencia, Tecnología y Universidad también está. Como M. Ángeles Roca, alcaldesa de Albelda y asesora en Salud y Consumo. Y los regidores de Herrera de los Navarros, Aniñón, Camporrells...
Objeto de algunos comentarios.
Y si fueran sólo los asesores del Gobierno de Aragón, iríamos bien. ¿Verdad señor Gallardón?
¿No os habéis parado a pensar que igual es un dinero bien pagado? ¡Imaginaos que empiezan a hacer cosas!
Hombre algo harán como por ejemplo ir al banco todo los meses.
¡Y hasta eso lo hacen mal!
Precisamente es un sueldo para que los asesores se estén quietecitos y no hagan nada en el gobierno aragonés. ¡Ay, si hubieran hecho lo mismo con los de Zapatero!
¡Suertudos! por no ponerme a llorar ...
Abusones! No hay derecho, y que lo hagan socialistas. ¿Dónde quedó la honradez de Pablo Iglesias y de Besteiro?
¿Sabrán quiénes son, acaso?
Que poca vista... si fueran asesores del Gobierno de Valencia ya estaba en portada hace 7 horas...es que elegís mal las noticias.
y que sigan sin hacerlo, porque en cuanto se ponen la lian como en Valencia y Madrid y los 37.000 pareceran una limosna con lo que levanten.
Mañana será noticia de portada del País ... ja, ja, ja.
Viva la imparcialidad!
El Gobierno sigue sin decir una sola palabra sobre el tema.
La oposición tampoco pregunta.
¿Sirve de algo dejarlo correr?
¿Pensarán que el tema se va a archivar y quedará en nada, en una corruptela disculpable?
HAGAN JUEGO SEÑORES: BRUN APUESTA.
El director general de la Función Pública, Antonio Brun, ha apostado este lunes que seguirá creciendo el personal en las áreas relacionadas con la educación, la sanidad y la dependencia, siempre y cuando sea necesario ese aumento. Además, ha recordado que tanto en 2008 como en 2009 el empleo público en los servicios esenciales.
Zaragoza.- El director general de la Función Pública, Antonio Brun, ha apostado que seguirá creciendo el personal en las áreas relacionadas con la educación, la sanidad y la dependencia, siempre y cuando sea necesario ese aumento de los recursos humanos. “Una gestión basada en criterios de eficacia y eficiencia exige revisar tantos puestos como sean necesarios con el fin de crecer allí donde el consumo de recursos humanos es esencial para la prestación de lo servicios públicos”.
Brun ha recordado que a pesar de los criterios de contención durante el 2008 y el 2009 el empleo ha crecido en la prestación de servicios esenciales. Todo con el objetivo de seguir garantizando la calidad de los servicios públicos.
A pesar de que desde el Gobierno de Aragón se ha apostado por una contención del gasto corriente, Brun ha querido dejar claro que se derivarán los recursos existentes “allí donde el factor humano sea necesario e imprescindible para prestar servicios a los ciudadanos”.
¿Calidad de los servicios y calidad en el empleo?
RESEÑA EN ARAGON DIGITAL:
Aragón contará con una nueva Ley de la Función Pública antes de que finalice esta legislatura. Así se ha comprometido el director general de la Función Pública, Antonio Brun, en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón. Este proceso de elaboración del proyecto lleva ya más de dos años de recorrido y Brun ha indicado que “están en condiciones de enviarlo” en la fecha estimada.
La complejidad de esta norma requerirá un esfuerzo de “consenso y diálogo”, algo que presumiblemente sucederá puesto que la oposición ya ha mostrado su actitud favorable a lograr este objetivo. Brun se ha mostrado abierto y esperanzado ante esta posibilidad porque permitirá hacer “una Ley de consenso que mejore la actual”.
La normativa tendrá una especial importancia en tres ejes. El primero de ellos, es la búsqueda de la modernización de las estructuras de la función pública, el segundo busca el reconocimiento de la labor de los funcionarios mediante una carrera horizontal, algo novedoso pero que “es lo que exige cualquier organización moderna”. El último de los puntos apunta hacia una profesionalización de la gestión pública mediante la planificación, la fijación de objetivos y la evaluación.
El director general de la Función Pública que esta Ley no busca objetivos a corto plazo sino que su horizonte es más lejano. “No es para ustedes (diputados) sino para las personas que van a acceder a la función pública en los próximos años y para las que presten los servicios en la Comunidad. Es un texto para el futuro”.
Brun ha realizado estas declaraciones en la presentación en las Cortes de Aragón del documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma. En él ha destacado que la principal fortaleza es que la vigente Ley contiene un modelo consolidado de empleo público que ha permitido hasta el momento poder prestar de manera adecuada los servicios ofrecidos. Por contra, una de sus principales debilidades es que la legislación actual no de adapta a la realidad compleja del empleo público, sobre todo tras las transferencias en materia de sanidad o justicia.
¿De qué datos hablamos?
Palabras de Lambán, presidente de la DPZ: “Es importante la ejemplaridad de los cargos públicos: la eliminación del nepotismo, tentación ante la que frecuentemente se cede; la eliminación de dobles sueldos por estar en dos instituciones o la eliminación de dietas por asistencia a consejos de administración de empresas públicas por el hecho de ser miembro de una corporación, caso no menos frecuente" en la fiesta de la rosa (socialista). ¡Coño!, se está refiriendo a lo que están haciendo precisamente ellos. ¿Miraba a Marcelino mientras lo decía? ¿Y las listas de empleados de las empresas públicas no sobreabundan de casos de nepotismo? ¿Para qué, si no, han creado esas empresas? Lo malo es que no basta con decirlo -algún ingenuo se conformará con ello-: es que hay que hacerlo.
Del dicho al hecho hay mucho trecho, cierto, pero es que hay quien ya no llega ni al dicho.
No dan datos porque no los tienen
Encuentro esta reseña en noticias en la red:
Los funcionarios denuncian ante la Fiscalía: Los asesores de Aragón cobran 37.000 euros «por no hacer nada».
Una asociación de funcionarios lleva ante la Fiscalía al Ejecutivo de Aragón. Se quejan de que la gran mayoría de los asesores que trabajan para el Gobierno de Aragón «no realizan función alguna y se limitan a cobrar un sueldo público de modo injustificado». Y por ello, hace unos días, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa decidió formular una denuncia ante la Fiscalía por esta «irregular situación».
La verguenza es que habiendo gente preparada se pague a otros que sus conocimientos dejan mucho que desear, es mas no creo que tengan conocimientos para pod asesorar Me parece muy bien que estos hechos se pongan e manos de la fiscalia, a ver que hace,si su comportamiento es como en baleares
Está muy bien que sean los funcionarios quienes denuncien esta situación. Contribuirá a lavar el tópico (en muchos caso merecido) de "aprueba una oposición y échate a dormir". La Administración no puede ser un escondite para gandules. Sobre todo, teniendo en cuenta que pagamos sus sueldos entre todos.
Hay mucha gente viviendo del cuento. Muchísima. Ale a tomar por el mismísimo.
No tenemos que olvidar que Antonio Brun es médico, aunque con poco tiempo de ejercicio clínico profesional.
El diagnóstico sobre la Función Pública Aragonesa que ha elaborado, es un diagnóstico construido, no a través de los síntomas y análisis , sino gracias a su “olfato clínico”. Pocos profesionales conozco, (ninguno) que sean tan atrevidos en su ignorancia como para diagnosticar y tratar un cáncer guiados por ese olfato clínico.
El director general de la Función Pública, como estatutario, sigue cobrando los emolumentos de la carrera profesional del Salud mientras diseña el futuro de los funcionarios de la Administración General. Tendremos que acudir al Servicio de atención al paciente.
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