INICIATIVA, RESPONSABILIDAD Y EXIGENCIA EN LA ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Una Asociación que pretenda abrir un espacio de reflexión e impulsar una acción de defensa de los principios de una actividad de tanta relevancia social como es el ejercicio de la función pública ha de conjugar, en todas sus acciones, dosis equilibradas de iniciativa, de responsabilidad y de exigencia.

La iniciativa, para mantenerse en circunstancias no favorables como las que tiene que afrontar esta Asociación, ha de apelar constantemente a la imaginación, para descubrir posibilidades de acción que amplifiquen los efectos posibles de una propuesta o de una campaña. El derecho fundamental de petición, por ejemplo, cumple dicha función amplificadora, pues al mismo tiempo que sirve para canalizar las propuestas de la Asocación, permite comprobar el grado de respeto de nuestras instituciones al derecho de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Resultado de dicha estrategia, por ejemplo, ha sido la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra un acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, en el cual ya no se debate el objeto de la petición planteada –la creación de una Comisión de Investigación-, sino la inadecuada actuación del órgano parlamentario al negar a la Asociación el derecho o la capacidad para formular tal petición. La lucha contra la corrupción pública y a favor de la ética pública ha logrado así trascender en una lucha por los derechos fundamentales de participación política de los ciudadanos. Hemos logrado combinar, en toda su potencialidad, la reivindicación de los valores del Estado de Derecho y del Estado Democrático.

La responsabilidad ha de presidir todas las iniciativas, pues la defensa del deber ser de las instituciones públicas ha de partir de la salvaguarda de las instituciones. Como se ha dicho por alguien, para que haya Estado de Derecho ha de haber Estado. Por ello, esta Asociación ha llevado adelante todas sus actuaciones, o al menos así lo ha intentado, con un claro sentido de responsabilidad cívica, sin descalificaciones, sin generalizaciones gratuitas, sin tremendismos, tratando de diferenciar claramente el valor esencial de las instituciones del comportamiento de quienes las dirigen u ocupan en un determinado momento. La interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a una decisión de las Cortes de Aragón se ha realizado desde el máximo respeto a la institución parlamentaria, sin entender que para defender lo que creemos nuestro derecho de participación debamos ofender ni a las Cortes, como institución, ni a las personas presentes en los órganos parlamentarios que adoptaron la decisión discutida.

Por último, aunque no por ello de menor valor, se ha pretendido que la acción de la Asociación incorporase un claro sentido de exigencia, en diferentes sentidos. Exigencia de rigor y de veracidad –sin dar curso a afirmaciones infundadas o a propuestas incoherentes- y exigencia de honestidad y coherencia con los principios asociativos –sin dejar de plantear objeciones a aquellas medidas que, aunque pudieran ser beneficiosas o ventajosas en algún sentido para los miembros de la Asociación en cuanto servidores públicos, entendíamos ilegales, como ocurrió en el caso de la cláusula de revisión salarial o, más tarde, con el anticipo de carrera profesional-, pero también exigencia hacia los responsables públicos, al no cosentir que la degradación del modelo de función pública, la inaplicación o vulneración de la ley –como sucede en materia de oferta de empleo público- o el inadecuado uso de los recursos públicos –puesto claramente de manifiesto en el caso de los asesores del Gobierno de Aragón- quede sin señalar o sin demandar su subsanación.

Creemos que, hasta aquí, y pese a que hayamos llevado a las Cortes de Aragón ante el Tribunal Constitucional y a los miembros del Gobierno de Aragón ante la Fiscalía General del Estado, la Asociación ha mantenido firme su iniciativa y compromiso con los principios que motivaron su creación, en febrero de 2007, sin abandonar o traicionar la responsabilidad y la exigencia a las que ha tratado de ajustar todas sus actuaciones. Responsabilidad y exigencia que obligan necesariamente a mantener dicha iniciativa.