EL COLOR DE LA CORRUPCIÓN.

Es clásica, a la hora de hablar de la corrupción y de su distinta percepción social, la diferenciación entre corrupción negra, gris y blanca, atendiendo al grado de rechazo o tolerancia que reciben determinadas conductas. La corrupción negra sería la que obtiene el repudio de toda la sociedad, la gris sólo de una parte de los ciudadanos y la blanca es la generalmente admitida o consentida.

También es clásica la idea de que la evolución saludable de una sociedad en materia de ética pública implica un creciente rechazo de los diferentes supuestos de corrupción: de ese modo, la corrupción gris pasa a considerarse negra y la blanca pasa a gris, elevándose con ello de forma gradual el nivel de exigencia ética de los ciudadanos y de las instituciones. Así ha sucedido, por ejemplo, en el tema del fraude fiscal, aunque ahora se perciba algún signo de retroceso.

Lo lógico es que la corrupción negra figure en las normas penales como delito, al reflejar la conciencia social de su condena y valorarse como un grave daño a los principios que rigen la vida en común. Pero no sólo las normas penales sirven como instrumento para proteger los principios de la vida pública. También hay otras normas o instrumentos que contribuyen a ello, aunque no tengan carácter represor como el Código Penal sino que se limitan a prevenir posibles conductas inadecuadas y fomentar la ética pública.

Entre tales instrumentos de prevención se encuentran, por ejemplo, las normas de conflictos de intereses de altos cargos, para evitar el riesgo e incluso la simple duda de que las funciones públicas puedan ponerse al servicio de intereses privados. O los códigos de buen gobierno o de buena conducta administrativa, para recordar a unos y otros de forma constante cuáles son los criterios de actuación que corresponde respetar cuando se dirige o trabaja en una institución.

Pues bien, los colores pueden cambiar su tono en una dirección, pero también en la contraria. Por ello, debemos preguntarnos qué sucede en una sociedad que llega a ver normal que las leyes no se respeten por quienes gobiernan los intereses públicos -¿se abre acaso con ello la veda para el incumplimiento general?- o que las responsabilidades públicas puedan ejercerse para favorecer intereses privados, defraudando el interés general con ello e incurriendo en abuso de poder.

¿Hacia qué sociedad se avanza cuando el nivel de exigencia ética cede, y los medios de comunicación no denuncian los abusos del poder político, las ilegalidades en que incurren quienes administran los intereses generales, las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos que se cometen? ¿O cuando tales cosas se disculpan por los funcionarios públicos, a pesar de ser los encargados de velar por el respeto de la legalidad? ¿O cuando no se corrigen convenientemente por los titulares del Poder Judicial? ¿O cuando los ciudadanos los contemplan con indiferencia, hastío o resignación?

Por el color de la corrupción, sabremos mucho sobre el estado de una sociedad y el porvenir que cabe esperar para ella. Esta Asociación, con su actividad, trata de reaccionar frente a un sentimiento generalizado de fatalismo en el conjunto de la función pública, frente a la creencia de que es imposible cualquier proyecto de rearme moral de las instituciones, cualquier iniciativa que trate de devolver a cada cosa su color.