Zaragoza, 20 de mayo de 2009.
La participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas constituye un elemento de creciente importancia en el funcionamiento de los sistemas democráticos, con el que se viene a reforzar la legitimidad y la eficacia de las decisiones a través de mecanismos de integración y consulta de los intereses afectados por ellas.
La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos viene garantizada por la propia Constitución española de 1978, que ha arbitrado fórmulas para la participación de los ciudadanos en el ejercicio de todas las potestades del Estado: ejecutiva, legislativa y judicial. El derecho de petición y el referéndum, la iniciativa legislativa popular y la institución del jurado son algunas modalidades de dicha participación, reconocidas y garantizadas al máximo nivel en nuestro ordenamiento jurídico.
El Gobierno de Aragón, en la actual legislatura, se ha dotado de un órgano directivo, la Dirección General de Participación Ciudadana, dentro de la estructura del Departamento de Presidencia, encargado de estimular y fomentar los mecanismos de participación ciudadana. Dicha Dirección General, pese a los requerimientos realizados desde esta Asociación, se ha mostrado incapaz hasta el momento de asegurar el respeto al ejercicio del derecho fundamental de petición por esta Asociación ante los miembros del Gobierno de Aragón y diferentes altos cargos de la Administración autonómica, olvidando que la principal misión de los órganos administrativos es respetar las leyes y los derechos de los ciudadanos.
Esta Asociación, pese a ser una asociación constituida para promover los valores constitucionales de la función pública, sin vocación de defensa de intereses profesionales o corporativos, no ha logrado que los altos cargos de la Administración autonómica respondan a ninguna de sus propuestas y peticiones ni ha sido tomada en cuenta en el supuesto proceso de participación para la elaboración de la Ley de la Función Pública, del que se carece de toda información.
En nuestra opinión, las relaciones entre la sociedad civil y el poder político sólo pueden ser constructivas si se respetan, como premisa básica, las reglas constitucionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
No comprendemos que se pretende avanzar en el fomento de la participación ciudadana cuando no se es capaz de asegurar el respeto de los derechos fundamentales de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Un Departamento de Presidencia que no contesta a los ciudadanos ni colabora con el Justicia de Aragón en la tramitación de quejas que afectan a su área de responsabilidad es un Departamento que, en nuestra opinión, cuenta con escasa credibilidad en cualquier proyecto de participación ciudadana que promueva, salvo que su pretensión sea buscar un modelo de participación dirigido a desactivar las voces críticas de la sociedad civil.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
49 comentarios:
Es bueno, creo, que hablemos más de Europa en este blog:
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la conciencia europea y el totalitarismo en la que solicita un debate "honesto y en profundidad" sobre los crímenes del fascismo y el comunismo. Los diputados subrayan que sólo se logrará la reconciliación mediante la divulgación de estos crímenes y la admisión de responsabilidades, y apoyan la proclamación de un Día europeo de las víctimas de estos regímenes. Además, el texto reclama "una preservación adecuada de la memoria histórica".
La Eurocámara aprobó una resolución, con 553 votos frente a 44 y 33 abstenciones, en la que afirma que "Europa no estará unida hasta que no sea capaz de establecer una visión común sobre su historia, reconozca al nazismo y al estalinismo y a los regímenes fascistas y comunistas como un legado común, y realice un debate honesto y en profundidad sobre todos los crímenes perpetrados por todos estos regímenes en el siglo pasado" (considerando C y enmienda 22).
Los diputados están convencidos de que el objetivo final de la divulgación de los crímenes perpetrados por los regímenes totalitarios comunistas es la reconciliación, "que puede lograrse mediante la admisión de responsabilidades, la petición de perdón y el fomento de la renovación moral" (párrafo 16).
El texto -consensuado por los grupos PPE, ALDE, UEN y los Verdes- "condena firme e inequívocamente todos los crímenes contra la humanidad y todas las violaciones masivas de los derechos humanos perpetradas por todos los regímenes totalitarios y autoritarios", a la vez que "transmite a las víctimas de estos crímenes y a sus familiares sus condolencias y comprensión, así como el reconocimiento por su sufrimiento" (enmienda 24).
Además, recalca que "la experiencia histórica dominante en la Europa Occidental fue el nazismo", mientras que los países de la Europa Central y Oriental tuvieron la experiencia tanto del comunismo como del nazismo. Por tanto, sostiene que "debe promoverse la comprensión del doble legado dictatorial que sufrieron estos países" (considerando F ter).
También recuerda que en 2009 se cumplen 20 años de la caída de los regímenes comunistas, aunque afirma que "desde la perspectiva de las víctimas resulta irrelevante qué régimen les privó de su libertad o les torturó o asesinó por cualquier razón" (considerandos J y L). Los eurodiputados destacan además que "los actos más recientes de genocidio y de crímenes contra la humanidad en Europa" aún tenían lugar en julio de 1995 (párrafo 4).
Me sorprende que os sorprenda que no os hagan ni caso. Haceros caso sería el final de su forma de dirigir la Administración, el final de su carrera política.
Aragón es una excepción en la corriente europea, por eso necesitamos más Europa y menos Aragón. Europa sí que es un sueño que vale la pena compartir.
Una opinión traída de Heraldo.es:
El mundo asociativo y de fundaciones está corrompido hace mucho tiempo.Implicados politicos ,familiares y funcionarios, que de esta manera mantienen un sobresueldo, a parte de vacaciones y viajes gratis.Y esto ocurre en casi todos los municipios de España. Las sociedades municipales son ilegales segun la CEE, pues alteran el principio de competividad y no permite el acceso a las empresas públicas a concursar por la gestión de sus trabajos. Ahi se entiende que los Fondos de Cohesión de la CEE van a parar a manos de paliticos y familiares directos.Ahora que vienen lar elecciones europeas,seria bueno que aclararan qué se hace con el dinero que nos viene de la CEE.A los ciudadanos no nos llegan directamente.
Transparencia Internacional (TI) es una organización internacional dedicada a combatir la corrupción política, teniendo como herramienta principal la divulgación de información. Fue fundada en 1993 y tiene su sede en Berlín, Alemania.
¿Hay algún tipo de colaboración con esa organización?
Indaguemos en esta dirección:
Access Info Europe es una organización internacional de derechos humanos que promueve la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Europa, tanto en el sentido amplio de los países que conforman el Consejo de Europa, como en el sentido más restringido que comporta la Unión Europea, y a nivel nacional en cada uno de esos países. Han sido observadores en el proceso de adopción de la Convención de Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa y están siguiendo de cerca el proceso de reforma del Reglamento de la Unión Europea que regula el acceso a documentos de las instituciones europeas. En España se encargan de la Coordinación de la Coalición Pro Acceso, que defiende el reconocimiento pleno del derecho de acceso a la información pública en España.
Incluyo aquí este interesante texto:
Tenemos derecho a saber cómo se emplea el dinero de nuestros impuestos, por Eva Moraga de Access Info Europe
Cada cuatro años juzgamos a los que han sido nuestros cargos electos en función de sus decisiones y los resultados que esas decisiones concretas han tenido durante ese tiempo; y en virtud del juicio realizado ejercemos nuestro voto. Pero ese juicio sólo es posible si se tiene conocimiento no solamente de las decisiones y medidas adoptadas, sino también de los criterios, datos objetivos y factores que se tuvieron en cuenta a la hora de adoptarlas, así como sobre su correcta ejecución posterior. Y es en este punto en el que en nuestro país es necesaria una revolución conceptual e ideológica de nuestros políticos, gobernantes y funcionarios. Mi decisión sobre mi voto no únicamente debe estar condicionada por mis preferencias subjetivas y emocionales sobre candidatos y partidos sino también por el conocimiento informado sobre su actuación real.
Todos tenemos derecho a saber. Los ciudadanos queremos conocer no únicamente qué trámites debemos seguir para cumplir con nuestras obligaciones o qué servicios o ayudas nos ofrecen las administraciones públicas sino también cómo están desempeñando su labor nuestros gobernantes, cómo están empleando el dinero de nuestros impuestos, cómo toman sus decisiones y qué criterios tienen en cuenta a la hora de tomarlas.
El derecho a saber es el derecho de toda persona a tener acceso a toda la información que se encuentra en manos de las autoridades públicas. De los 27 países de la Unión Europea sólo hay 5 que no tienen una ley específica que regule este derecho, y España es uno de ellos. ¿Por qué? ¿Qué razones pueden aducir nuestros políticos para que no se dé un reconocimiento pleno a un derecho que está en la base de toda sociedad democrática?
Las normas españolas sobre el derecho de acceso a la información pública son dispersas, restrictivas y poco claras y no se encuentran en consonancia con los principios reconocidos a nivel internacional para este derecho. En otros países es suficiente, por ejemplo, con coger el teléfono o mandar un email y solicitar que se te remita un listado de todos los contratos que hayan sido firmados por un organismo público con empresas privadas en un determinado espacio de tiempo, sin que se tenga que explicar para qué se quiere la información o qué uso se va a dar a la misma. Sin embargo, en nuestro país nos encontramos con que es norma habitual de nuestra Administración exigir la justificación de un interés legítimo para la realización de la solicitud, unas veces porque la ley lo exige expresamente así, otras porque es la costumbre.
¿Qué más interés legítimo necesita tener un ciudadano para solicitar información a la Administración que el mero hecho de querer estar informado sobre la actuación de la misma? El control y la fiscalización de la acción de nuestros gobernantes no es únicamente tarea de los organismos de control sino también de los propios ciudadanos que quieren participar activamente en la transformación de su sociedad.
En los últimos meses se han aprobado leyes que de forma más o menos tangencial afectan a este derecho y que perpetúan el modelo restrictivo que tenemos en la actualidad, sin que haya habido un debate serio sobre lo que significa para nuestra democracia que este derecho no esté reconocido en su amplitud.
Segunda parte (esta sí es buena):
Congresos y conferencias, e incluso leyes, se suceden unos a otros interminablemente tratando de definir en qué consiste una Administración abierta y transparente. Sin embargo, si se estudia en profundidad su contenido parecen más encaminados a profundizar en el "ciudadano transparente" que en la propia apertura y transparencia de la propia Administración. El ciudadano no tendrá problema para obtener información sobre cómo debe pagar sus impuestos o sobre cómo debe poner en conocimiento de la Administración la realización de una actividad que necesite un permiso y el pago de una tasa. Es decir, sobre cómo debe facilitar información sobre sí mismo para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Pero qué ocurre cuando es ella la que debe responder de sus acciones? En un estudio realizado en el año 2005 sobre la situación en España a este respecto, uno de los datos más sobresalientes fue el hecho de que el 60% de las solicitudes quedaron sin contestar. ¿Existe de verdad en la Administración y en nuestros gobernantes una voluntad real de transparencia? ¿O es el silencio la única respuesta que se merecen los ciudadanos ante sus preguntas?
Necesitamos una ley que regule el derecho a saber de los ciudadanos en España. Su aprobación sería una señal clara de la existencia de una auténtica voluntad de transparencia por parte de nuestros políticos y gobernantes. Mientras tanto, las recurrentes aunque reiteradamente olvidadas declaraciones de unos y otros sobre la transparencia seguirán siendo meros brindis al sol.
Eva Moraga es Abogada de Access Info Europe (www.access-info.org), una organización internacional dedicada a promover el derecho de acceso a la información pública en el ámbito internacional y europeo. Esta organización es miembro de la Coalición Pro Acceso (www.proacceso.org), una plataforma creada en España y formada por 18 organizaciones de la sociedad civil que piden que se apruebe una ley de acceso a la información pública en nuestro país.
Esto es más bien transparencia que participación, pero qué participación cabe realizar por los ciudadanos sin la información que suministran los criterios de transparencia de las Administraciones Públicas.
Valioso comentario del blog de Juan Vega:
En estos momentos se encuentra a debate la “European Convention on Access to Official Documents” o “Tratado Europeo de Acceso a los Documentos Oficiales”, cuyo texto original, de julio del 2007, puede leerse aquí en inglés o en francés, aunque en breve lo traduciré, si nadie se anima, para que podamos ir conociéndolo. El citado proyecto legislativo transnacional, se está debatiendo ahora con singular intensidad, a partir del trabajo de un grupo de expertos de quince de los cuarenta y siete gobiernos que forman parte del Consejo de Europa. El grupo de expertos terminó sus trabajos a finales del 2007, y el documento base fue aprobado en Estrasburgo en la primavera del 2008. Desde entonces hasta ahora se han enredado en una burocrática rueda de tiras y aflojas, que no es de extrañar, pues la pretensión es que el acceso a todos los “documentos oficiales” pueda ser ejercitado por cualquier persona, sin necesidad de demostrar ser “persona interesada”, tal y como hizo el gobierno de España en el caso de la información ambiental con los grupos ecologistas, en la ley en vigor en España -de la que eliminaron elementos recogidos en el Convenio de Aarhus-, para reducir a un grupo de organizaciones subvencionadas, lo que deben ser derechos públicos generales e ilimitados, que no se pueden restringir razonablemente a ningún grupo de interés, con una intención claramente limitadora de los derechos del conjunto de los ciudadanos.
Resulta muy curiosa la situación actual de este debate, sobre las leyes de acceso, que están inspiradas en la Freedom of Information Act (FOIA) de los muy denostados Estados Unidos. Zapatero ya dio señales de vida sobre estos compromisos en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde por primera vez anunció que su gobierno piensa sacar adelante esta ley en la legislatura, algo que no tiene más remedio que hacer, para cumplir con los compromisos internacionales de España. Esta iniciativa tiene su gracia, pues conviene recordar que en realidad, de los veintisiete estados miembros de la Unión Europea, España es uno de los cinco únicos países europeos que carecen de una ley de esta naturaleza, y el PSOE ya llevó esta ley, en su programa, en las campañas del 2004 y del 2008.
Lo último que sabemos sobre la situación de esta crucial iniciativa legislativa europea, es que el 17 de diciembre pasado, el Consejo de la Unión Europea rechazó una interesantísima petición de la abogada española Eva Moraga, asesora legal de la asociación acces-info, dedicada a estos menesteres, cuya actividad seguiremos a partir de ahora con el máximo interés, para ir trasladando a la ciudadanía el estado de la cuestión, mientras aquí en Asturias seguimos pegándonos por saber cómo intenta armárnosla nuestro gobierno en el asunto que nos ha llevado a conocer estos indiscutibles avances democráticos, que nuestra legislación no va a tener más remedio que acoger, aunque en realidad se pueden emprender otras muchas líneas de trabajo para exigir de la administración la información que los ciudadanos tienen el derecho a obtener, y por qué no, el deber de conocer. En la petición rechazada a la abogada Moraga, el Consejo de Europa le negó el acceso a la información sobre las posiciones de cada uno de los representantes de los países de la Unión, en la redacción de esta nueva ley.
Hemos de dar un salto cualitativo en el funcionamiento de nuestras instituciones, y no vemos que la realidad aragonesa apunte en ninguna dirección mínimamente satisfactoria.
Hay que ir formando el tejido ciudadano necesario para propiciar el cambio imprescindible, que debe impulsarse desde las instituciones.
Cúantos años de ventaja nos llevan en el Reino Unido, me pregunto, al leer esta iniciativa que desconocía:
MYSOCIETY O CÓMO CONSEGUIR QUE LOS POLÍTICOS SE DEN POR ALUDIDOS
Mercè Molist.
Cuando a Tom Steinberg se le pregunta por qué puso en marcha mySociety lleva su mano al corazón y sonríe: "¿Sabes cómo te llena que a alguien le resuelvan algo gracias a tí?". MySociety es un portal de servicios sin ánimo de lucro que permite a los británicos no sólo saber qué hacen sus representantes políticos sino también que les escuchen.
MySociety es un experimento único cuyo éxito ha hecho que deje de serlo: le han salido clones por todo el planeta, gracias a que está hecho con "software" libre, lo que permite copiarlo sin problemas. Su misión es usar Internet para dar poder a los ciudadanos o, como dice Steinberg, "permitirles ejercer control e intervención sobre la agenda política".
El sitio empezó su andadura hace 5 años, como organización sin ánimo de lucro. Su primera aventura fue "WriteToThem" (Escríbeles), una sencilla aplicación donde el visitante introduce su código postal y se le informa de quienes son sus representantes políticos, desde los locales hasta los europeos. Puede escribirles un correo electrónico o enviarles un fax.
"El 50% de personas que lo han usado, nunca antes habían escrito a un político, lo que demuestra que estamos creando herramientas para quienes no tienen ni idea de Internet o de cómo usarla para contactar con ellos", afirma Steinberg. Desde su aparición, se han mandado casi medio millón de mensajes.
El éxito animó a Steinberg a mejorarlo con "TheyWorkForYou" (Trabajan para tí): se introduce el código postal y aparecen los representantes en el Parlamento británico, con información detallada de cada uno y estadísticas: qué leyes han votado, qué preguntas han hecho, en cuántos debates han intervenido.
En Gran Bretaña existe una ley que obliga al gobierno a dar información a quien la solicite, siempre que no sea secreta. "TheyWorkForYou" se nutre principalmente de esta ley, aunque Steinberg reconoce: "Es un arte convencer al gobierno para que te la facilite".
Cuando se tiene la información, el siguiente paso es "traducirla a un lenguaje sencillo para que los ciudadanos puedan comprender el trabajo de los diputados", explica Steinberg.
A lo mejor son buenas ideas para los expertos que ha buscado Celaya.
Las nuevas tecnologías han revolucionado la manera de gobernar, pero organizaciones y expertos denuncian que una administración "opaca" y "vertical" impide que España disponga de una ley que garantice el acceso a la información pública y cuente con iniciativas de democracia digital.
Tras su investidura, Barack Obama se comprometió a gobernar de acuerdo con los principios del "Gobierno abierto", basados en la transparencia de la administración y la participación de la sociedad civil, según explica a EFE Antonio Gutiérrez-Rubí, considerado uno de los mejores expertos nacionales sobre e-democracia.
La coordinadora de la Coalición Pro Acceso, Eva Moraga, señala que España es unos de los pocos países europeos que carece de una ley que reconozca el acceso a la información por parte del ciudadano como "un derecho fundamental" para su participación.
"Tenemos derecho a acceder a la información que se encuentra en manos del poder público, con el compromiso de éste de hacerlo en un período corto de tiempo y sin que exista ninguna exigencia de explicar ni por qué ni para qué se quiere la información", reivindica Moraga.
Aunque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en octubre pasado la elaboración de una norma, cuya elaboración acaba de iniciarse, Moraga reivindica un marco regulador "claro", que integre las diferentes leyes relacionadas con la materia y acabe con el "apagón informativo".
GOBIERNO 2.0
Para Gutiérrez-Rubí, esta legislación sería un paso "muy importante" en la promoción del gobierno "2.0", un término que define la segunda generación en la historia de la Web basada en las redes sociales o los blogs que fomentan la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios.
Éste tipo de gobierno está retrasado en España por la existencia de "una cultura del poder demasiado centralizada, vertical y opaca", asegura.
A este respecto, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, sentencia que los políticos temen a internet, pues elimina la intermediación cuando "sus señorías" no dejan de ser intermediarios, y les ha reclamado que, "en lugar de sentirse un estorbo", faciliten el uso de la red.
El subdirector general de Innovación y Programas de Atención al Ciudadano del Ministerio de Administraciones Públicas, Claudio Pérez-Olea, considera que se debe impulsar el gobierno abierto pero alerta del riesgo a que un ciudadano "con un poco de malicia" pueda hacer mal uso de estos canales interactivos.
"Es cierto que tenemos una administración tributaria modélica y premiada en el mundo, pero lo sorprendente es que sea tan fácil contribuir y tan difícil participar" sostiene Gutiérrez-Rubí, quien culpa también del retraso a una estrategia que no apuesta por la participación.
LEYES CADUCAS
A juicio del presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez, las leyes no están adaptadas al tiempo de la red y, así, por ejemplo, -explica- "una recogida de firmas realizada a través de una web se cuestiona a menudo".
Entre las promesas de la Administración Obama, figura la posibilidad de que los ciudadanos dispongan de cinco días para comentar los proyectos de ley antes de su firma, una medida, según Pérez-Olea, "posible" en España y para la que "solo falta un impulso".
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Internautas critica la falta de "voluntad política" del Ejecutivo, y recuerda "el uso mínimo" que los diputados hacen del correo electrónico.
"En España, no solo no se cuida la sociedad civil sino que hay un enfrentamiento entre la ciudadanía y el Gobierno en asuntos como el canon digital, el intercambio de archivos o el acceso a la banda ancha, con 4 millones de habitantes sin acceso a internet", puntualiza Domingo
Obtener información oficial, acceder a archivos públicos o recabar datos de la Administración es, más que un derecho, un calvario. A diferencia de lo que ocurre en casi toda Europa (en Suecia, desde 1766), en España no existe ninguna ley que garantice la transparencia. Nada ni nadie obliga a instituciones, fundaciones o entidades privadas financiadas con dinero público a proporcionar datos a los ciudadanos. El oscurantismo es la única norma que se cumple a rajatabla. Impera la ley del top secret.
Creo que todo esto nos concierne muy directamente.
Un comentario de Oroel descubierto en la red, con más de dos años ya de historia:
La reciente creación de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha caído como una piedra en el estanque administrativo, que ha hecho que no sólo se agiten las plácidas aguas de su superficie, sino también el abundante limo del fondo.
Lo curioso es que han sido precisamente los sindicatos de funcionarios los que arremeten contra ella, dando la cara donde la Dirección General de la Función Pública calla, tratando de defender todas las ilegalidades que han pactado y consentido; actuando como lo que han llegado a ser con el tiempo: unos mercenarios al servicio de una administración corrupta y no de los intereses generales ni de los trabajadores.
Noticia aparecida en Heraldo:
Jesús Sola, alcalde de Herrera de los Navarros por el PAR, presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (Asael), ha colocado a su mujer, a la esposa de otro concejal y a una ex trabajadora de Asael en sociedades y fundaciones municipales. El Ayuntamiento ha cedido o tiene previsto ceder a estas entidades la gestión de incontables asuntos, desde el urbanismo hasta las fiestas locales o el parque eólico.
Sola era también asesor de Medio Ambiente hasta el pasado viernes, cuando una llamada de este periódico al departamento precipitó su destitución. Según fuentes de la Consejería, la decisión se tomó hace días ya que la se buscaba para el cargo a una persona "de un perfil más jurídico".
¿Este es el patio?
Noticia publicada hoy en El Periódico de Aragón:
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha ordenado el cese del presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (Asael) y alcalde de Herrera de los Navarros, Jesús Sola, como asesor de su departamento, según informó Heraldo de Aragón.
Al parecer, la causa de la destitución es el hecho de que el Ayuntamiento de Herrera ha nombrado a la esposa de Sola presidenta de la Fundación Los Castellares, vinculada con el municipio, y ha designado a la mujer del concejal Antonio Mainar gerente de la sociedad municipal Sol de Herrera. Ambas entidades tienen como objetivo la gestión de actividades del ayuntamiento.
Asael, asociación integrada por más de 400 consistorios de todos los colores políticos que preside Sola desde hace cuatro años, se ha mostrado crítica con la gestión de Boné. Una alegación de esta entidad hizo que Boné desistiera de su intención de ampliar el número de municipios afectados por las restricciones del Plan de Conservación del Cernícalo Primilla y de endurecer las medidas de protección.
En clave interna del PAR, Sola está alineado con el presidente del partido y vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel.
¡Bonita está la política!
Soplan vientos a favor para vuestro trabajo, amigos.
A lo mejor no se ha respetado el Código Nolan, pero la sanción al incumplimiento es drástica. Un ejemplo a seguir en nuestro país:
LONDRES. (EUROPA PRESS).- Un estudio llevado a cabo por el diario 'The Times' apunta a que al menos la mitad de los 646 parlamentarios de la Cámara de los Comunes abandonarán en los próximos meses su cargo oficial antes de las próximas elecciones generales a causa del escándalo sobre las partidas de gastos privados desatada en Reino Unido y que ha motivado las durísimas críticas de la opinión pública.
Las recientes informaciones desveladas por los medios británicos, que acusan a varios diputados de todo el espectro político de justificar gastos personales inadecuados a cuenta del erario público, podrían desembocar según el estudio en la dimisión de hasta 325 parlamentarios, el mayor abandono colectivo desde 1945.
La clase política en el 2010 es de un nivel o categoría deplorable. No solamente en España. La única diferencia es que aquí NADIE DIMITE si no lo meten a la cárcel o alguién lo echa. No existe el mínimo respeto a lo que llamaríamos la dignidad política, en su calidad de legales representantes del pueblo.
Lo que queda claro es que ya no hay políticos con vocación de servicio público. Todos van a defender únicamente sus propios intereses. Por lo menos en Gran Bretaña dimiten mientras que en nuestro país parece que ser corrupto es un requisito indispensable para dedicarse a la política.
Heather Brooke: una sacudida al Parlamento británico.
Lina María Aguirre | 19/05/2009.
El presidente ('Speaker') de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, Michael Martin, ha anunciado hoy que dimite a partir del 21 de junio. ¿Quién es la mujer detrás de este retiro en desgracia?
Heather Brooke. Aunque el destape de los gastos de los diputados ha corrido por cuenta (y, al parecer, por la billetera) del diario Daily Telegraph, es gracias al tesón y profesionalismo de Brooke que la investigación ha comenzado en primer lugar.
Esta periodista estadounidense, de ascendencia inglesa, pidió un informe de los gastos que parlamentarios cobraban al tesoro público en octubre de 2004, invocando la Ley de Libertad de Información que entraba en vigencia. Lo primero que recibió fue un informe presentado en rubros generales, sin personalizar y sin especificaciones en la destinación de fondos.
En ese momentó comenzó su batalla para que le entregasen documentos con una contabilidad detallada. Esa lucha la ha llevado por audiencias, múltiples peticiones formales (algunas de las cuales tardaron más de un año en ser respondidas), pagar seguros legales por el riesgo de bancarrota si perdía su caso e incluso enfrentarse con el mismo Martin en la corte.
Brooke y sus abogados, entre ellos el reputado Hugh Tomlinson, quien se ofreció a llevar su caso pro bono (en aras del bien público sin cobrar honorarios), han sentado un precedente clave en la campaña por el acceso real a la información sobre entes y funcionarios/as públicos. Pero el tema no termina en el hecho de que finalmente se conozca que una parte de los impuestos del electorado británico ha sido empleado para pagar servicios de plomería o jardinería sospechosamente costosos, auxilios injustificados de segunda vivienda a representantes de fuera de Londres, pantallas de plasma y redecoración, entre otros - el objetivo de Brooke es que el público se apropie totalmente de sus derechos a conocer cómo funciona de verdad la maquinaria detrás de las personas a quienes vota.
Brooke es autora del libro 'Your Right To Know' (Su derecho a saber), una guía ciudadana para conocer y hacer uso de la Ley de Libertad de Información. En su sitio web lleva un blog, comenta noticias y hace seguimiento al desarrollo del escándalo en cuestión y otros temas, con una combinación de conocimiento a fondo del sistema británico ("ya nos hemos quejado, ahora HAGAMOS algo") y 'proactivismo' estadounidense. De hecho es en su país de origen en donde Brooke encontró inspiración para su carrera: en aquel tipo de "reporteros a la antigua", dice. Investigadores de los años 30, 40, envueltos en humo y con un olfato sin límites de alcance ni horario.
Brooke tiene una extensa experiencia y es profesora en la City University de Londres, en donde enseña cómo analizar información electrónica en periodismo investigativo. Es además la jefe del proyecto de la 'Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta' en el Reino Unido. Tiene en la mira estudios sobre el uso de fondos para la organización de los Olímpicos 2012 y la industria de extracción de petróleo.
Heather Brooke (born 1970) is a journalist, writer, and freedom of information activist, resident in London, United Kingdom. She is best known as one of the leading figures exposing the House of Commons resistance to disclosing expenses of MPs, generating a furore that culminated in the resignation of Speaker Michael Martin.
With the enactment of the Freedom of Information Act 2000, Brooke began work on a book explaining how to use the law, which was not scheduled to go into effect for another five years.[1] Originally titled Your Right to Know: How to Use the Freedom of Information Act and Other Access Laws, the book was reissued in October 2004 as Your Right to Know: A Citizens Guide to Freedom of Information, with a foreword by Alan Rusbridger, editor of The Guardian newspaper. In October 2006 it was revised and published in paperback and hardcover editions that included a foreword by satirist Ian Hislop.
Heather Brooke is a journalist and writer living in London. She is the author of ‘Your Right to Know’ (Pluto Press, University of Michigan Press), a citizens’ guide to using the Freedom of Information Act and accessing official information. Most recently, Heather won a High Court case against the House of Commons for the full disclosure of MPs’ second homes allowances. The ruling has resulted in full-scale reform of the Parliamentary expense system. Heather was runner-up for the inaugural Paul Foot Award for investigative journalism and her project ‘Justice by postcode’ for The Times was one of the first examples of computer-assisted reporting in the UK. She is a visiting fellow at City University’s Department of Journalism teaching students about FOI and how to analyse electronic data. She has worked as a consultant for several documentaries for Channel 4 television, investigating such topics as Tesco loyalty cards, the DNA database and surveillance technology.
Heather is the UK project director of the Open Society Justice Initiative’s anti-corruption survey and she is monitoring the accountability of three large public-sector projects: the London 2012 Olympics, the NHS Programme for IT and the oil extraction industry. Already, several of her findings have led to front-page news stories.
Heather has been interviewed on a number of radio and television shows and she writes articles for The Times, Sunday Times, Guardian, Daily Telegraph, Independent, Evening Standard, New Statesman and other national magazines. She has spoken at conferences hosted by the House of Commons, Lexis Nexis, British and Irish Law Librarians Joint Study Institute, the Society of Editors and the Association of Chief Police Officers.
Heather previously worked at the BBC as an assistant publicist in International Television; a copywriter and, for BBC magazines, a freelance editor, writer and subeditor. Before moving to Britain, she worked in the United States as a newspaper reporter covering state government and criminal justice. For the Spokesman-Review in Washington state, she used the state FOI law to uncover politicians’ misuse of public funds for travel and personal election campaigning. In South Carolina for the Spartanburg Herald-Journal she uncovered flaws in the state’s forensic crime lab and exposed dangerous practices in funeral homes. Both investigations resulted in changes to state law.
Heather is available for training and research on topics related to using the Freedom of Information Act, Environmental Information Regulations and other access laws. She currently teaches the FOIA and investigative journalism course for the National Union of Journalists. She has trained journalists at The Guardian, Financial Times, Independent, Trinity Mirror newspapers, BBC News and BBC World Service.
¿No han pensado en Brooke para la Comisión de Expertos que ha ideado la DGA sobre participación ciudadana?
The Open Society Justice Initiative, an operational program of the Open Society Institute (OSI), pursues law reform activities grounded in the protection of human rights, and contributes to the development of legal capacity for open societies worldwide. The Justice Initiative combines litigation, legal advocacy, technical assistance, and the dissemination of knowledge to secure advances in the following priority areas: anticorruption, equality and citizenship, freedom of information and expression, international justice, and national criminal justice. Its offices are in Abuja, Brussels, Budapest, London, New York, and Washington DC.
Tenemos que trascender un poco y buscar ideas donde se reflexiona libremente.
Chile Adopts Historic Law on Transparency and Access to Information.
President Michelle Bachelet of Chile promulgated the Law on Transparency and Access to Information in August, culminating a four-year campaign led by long time Justice Initiative partner Pro Acceso. The law recognizes the right to information held by public bodies, significantly narrows areas of exception, obliges public bodies to respond to citizen requests within 20 days and creates a four-person Council for Transparency to implement and interpret the law. Chile now has arguably the strongest access to information law in South America and will be the first country to establish an implementation body. The Justice Initiative provided technical assistance to support Pro Acceso’s campaign, which included colloquia, analyses of legislative drafts, forceful advocacy in the mass media, participation in parliamentary discussions, and organization of a British Council-supported study mission to England for legislators and government officials. Of particular importance was the 2006 decision of the Inter-American Court in the landmark case of Claude Reyes, in which the court—citing a joint Pro Acceso-Justice Initiative study—ruled that Chile was in violation of the American Convention on Human Rights’ guarantee of the right to information. The court called on Chile’s government not only to pass a law but also to train government officers in its implementation. For more on the Claude Reyes case, click here.
I am full of admiration for what you are doing which is no less than trying to save our democracy.
I am appalled by the behaviour of so many of our politicans who are undermining our institutions by their
dishonest, self-aggrandising behaviour.
At the next election I shall be voting for the candidate of honesty, openness and integrity irrespective
of political affiliations.
We need more people like you to tell the public what is really going on , I think you and the Despatches team do a grate job but unfortunately everyone seems to complain but no one does anything about it, I have recently started a website called YourVoiceYourSay.com, where I was hoping people would log on and give there thoughts on different issues, the site also works out percentages on peoples opinions but despite my efforts no one seems interested in adding their views, I think you and the Despatches team are providing a service to the people, It saddens me to see that you don’t have millions of people leaving their comments, I think a public reaction would help to get the country out of the mess
Thank You
In the present economic situation, when most working people ( I say working, because they have their hard-earned wages
automatically docked taxes for parliament) have to watch what they spend their money on. Can’t afford to visit the local pub
anymore, having to choose whether they can afford the car to get to work because of higher fuel bills, the next holiday is on
hold! etc etc. When are these ‘upper-class’ type people that are supposed to be our peers, our representatives for our
community, our leaders in upholding the law, going to realise that they are voted there on merit and their actions are
abusing the peoples’ trust and faith in them?
www.foia.org.uk.
News and developments on Freedom of Information in the UK. This blog is run by the Campaign for Freedom of Information. It was established in May 2003 by Steve Wood, who ran it until the end of February 2007 when he took up the post of Assistant Commissioner at the Information Commissioner's Office.
¿Se ha mostrado incapaz? ¿Pero es que ha intentado hacer algo?
Carta en prensa de Maribel Martínez:
BASTA DE CORRUPCION.
Por fin salieron a la calle. Reunieron ánimos y fuerzas suficientes y salieron a la calle. ¡Ni un día más! Tal había sido su desánimo hasta el sábado que ni ellos mismos pensaban que se pudieran reunir tal cantidad de manifestantes. Pero las buenas gentes de La Muela dieron ejemplo y, frente a aquellos de sus gobernantes que han puesto a su pueblo en la picota y han hecho que sus habitantes llegaran en algún momento a avergonzarse de ser de La Muela, olvidaron sus pesadumbres y su vergüenza y salieron a la calle a manifestarse. Se trataba de reivindicar el buen nombre de su pueblo y de todos aquellos que en él viven.
Exigieron la dimisión de los cinco concejales del PAR que rigen el destino de su pueblo y por encima de todo mostraron su deseo de recuperar la dignidad y la confianza en su terruño. Para ello propusieron una única salida: la dimisión de la corporación y la creación de una gestora que tome el timón de este ayuntamiento desnortado.
La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.
La participación que se desarrolla por diversos medios en muchas democracias modernas está comenzando a consolidarse dentro del ámbito de la democracia representativa como una nueva manera de hacer las cosas. La participación no ha de limitarse, sin embargo, a que las autoridades locales y otros organismos públicos informen a la población de sus actividades y decisiones o inviten a los ciudadanos a presenciar sus debates, sino que implica escuchar a la población en la formulación de sus propios problemas y en la búsqueda de oportunidades y mejoras. Además, es indispensable proporcionarles los medios para encauzar una acción política, social o económica y participar en las decisiones públicas con propósitos de cambio.
El problema básico del concepto de democracia participativa es la disyuntiva de cómo reconciliarlo con el gobierno de la mayoría. Sir Arthur Lewis, laureado con el Premio Nobel, señaló en una de sus obras que todos aquellos afectados por una decisión deben tener la oportunidad de participar en el proceso de tomar esa decisión, ya sea en forma directa o mediante representantes electos. Esto implica que en esa "oportunidad de participar" se tomen decisiones mayoritarias dentro de un concepto de consenso nacional en cuestiones relativas a principios básicos y derechos humanos. Esto no excluye el pluripartidismo sino que busca en la diversidad y el debate una política consensual con pleno respeto a las minorías.
Lewis, Sir Arthur (Sir William Arthur Lewis), 1915–91, British economist, b. St. Lucia. A graduate (1940) of the London School of Economics, he was later a professor of economics at the Univ. of Manchester (1948–58) and at Princeton Univ. (1963–83). A specialist in the economic theory of developing countries, he shared the 1979 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with American Theodore W. Schultz.
¡Mucho caudal veo en el blog! ¡Un blog-río!
Una experiencia que se está impulsando en Extremadura:
La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura puso en marcha a partir del mes de febrero el proceso de participación social 'Extremadura Habla', un programa que permite que la ciudadanía del medio rural adquiera la costumbre, las herramientas y los espacios para ejercer su derecho y su deber de participar en el desarrollo de sus territorios y que para la Administración regional está siendo un éxito.
La "buena respuesta y acogida" de este proyecto se deja sentir en el entramado generado desde la puesta en marcha del plan hasta hoy, según apuntó en nota de prensa la Junta, ya que 'Extremadura Habla' ha logrado movilizar a un total de 96 foros comarcales ciudadanos, políticos y técnicos en el ámbito rural de toda la región, a los que han asistido más de un millar de personas.
Con estos foros, se trata de crear en colaboración con los Grupos de Acción Local y con las Mancomunidades Integrales de Municipios unas estructuras estables basadas en la cooperación, participación y el compromiso de los ciudadanos, donde se desarrollen los procesos de comunicación, debate e intercambios para ejercitar la participación ciudadana de forma organizada.
Estas estructuras u órganos de participación son principalmente el Foro político o Grupo Plan 21, el Comité Ejecutivo de zona, el Foro técnico o Consejo Técnico de Participación y el Foro Ciudadano que se divide a su vez por sectores de población agrupados según áreas temáticas que más interesen en cada territorio.
Así, de los 96 foros que se han creado en nuestra región, se han constituido veinte Comités Ejecutivos, diecisiete Consejos Técnicos y ocho Grupos Plan 21, distribuidos por las distintas comarcas de Extremadura.
Dentro del grupo perteneciente a Foro Ciudadano se han conformado 16 foros de Tejido Asociativo y Juventud, once de Igualdad de Oportunidades, nueve de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, tres de Educación y Cultura, de Empleo, Empresa y Formación y de Turismo, cuatro de Tercera Edad y dos Foros Neorrurales o de Nuevos Pobladores del medio rural, entre otros
Aprendamos también de Andalucía que hace accesible a través de la página web de la Junta de Andalucía las declaraciones de bienes e intereses de sus altos cargos:
Registro de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos.
Consulta pública al Registro de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos en la Administración de la Junta de Andalucía.
¿No hay escapatoria posible según los versos de Benedetti?
NO TE SALVES
No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo
no quieras con desgana
no te salves ahora
ni nunca
no te salves
no te llenes de calma
no reserves del mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicios
no te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo
pero si
pese a todo
no puedes evitarlo
y congelas el júbilo
y quieres con desgana
y te salvas ahora
y te llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino
y te salvas
entonces
no te quedes conmigo.
¿Quién desea salvarse?
¿O quién no desea salvarse?
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