Zaragoza, 8 de mayo de 2009.
La aprobación ayer, por el Pleno de las Cortes, de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, constituye uno de los principales desarrollos del Estatuto de Autonomía de Aragón en lo que afecta al funcionamiento institucional de la Comunidad Autónoma. De ahí que resulte muy importante no sólo destacar su aprobación, sino sobre todo su contenido, pues más importante que la aprobación de las leyes que requiera el desarrollo del Estatuto es la orientación que dichas leyes puedan dar al futuro político e institucional de nuestra Comunidad Autónoma, es decir a la vida democrática de la sociedad aragonesa.
Es cierto que las leyes no agotan ni mucho menos las posibilidades de buen gobierno y buena administración. Buenas leyes no suplen a buenos gobernantes, pero minimizan o permiten controlar y corregir actuaciones que no respeten los principios democráticos o del Estado de Derecho. Una democracia se caracteriza fundamentalmente por ser un sistema de gobierno de leyes, expresión de la voluntad general de los ciudadanos, a la que se someten tanto los ciudadanos como los gobernantes. La ley es expresión del autogobierno de un pueblo y garantía de la libertad de cada uno de los ciudadanos frente a posibles abusos de quienes, en cada momento, ejercen el poder político o administrativo.
Para que las leyes que afectan a las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma aragonesa –Presidente, Cortes de Aragón, Gobierno de Aragón y Justicia de Aragón- se afronten desde el rigor técnico imprescindible y la ambición democrática que corresponde al futuro de una comunidad política, creemos que su elaboración debiera haber ido precedida del Informe de una Comisión de Expertos, plural e independiente, que hubiera servido de base sólida al Gobierno de Aragón para la posterior elaboración del Proyecto de Ley. Esto no se hizo y los resultados saltan a la vista.
Tampoco hubo trámite alguno de información pública, como si la ordenación de la acción de gobierno en nada concerniese a los ciudadanos y fuera un asunto propio del Gobierno de Aragón. El Proyecto de Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, en definitiva, se ha enfocado como una cuestión de régimen interno del Gobierno de Aragón, elaborada al dictado político del mismo, y eso lastra muy negativamente su contenido. Ni siquiera el texto del anteproyecto de ley fue sometido al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, máximo órgano consultivo del Gobierno de Aragón. Ello evidencia un sorprendente desinterés por la calidad jurídica de dicho proyecto normativo.
El posterior debate parlamentario, concluido en la sesión plenaria de ayer de las Cortes de Aragón, no ha sido suficiente para corregir problemas de raíz que contenía el texto remitido por el Gobierno de Aragón. Sobre ellos esta Asociación se pronunció públicamente en su día y volverá a pronunciarse una vez que el texto aprobado se publique en el Boletín Oficial de Aragón.
Vivimos un mal momento político en Aragón. No nos referimos al signo del Gobierno, cuestión que le es ajena a esta Asociación, como lo exige nuestra independencia y pluralismo ideológico, sino a los modos de gobernar –sin la transparencia deseable y sin el respeto imprescindible a la legalidad y al valor que en su defensa corresponde a la Administración Pública- y a los mecanismos de control de esa acción de gobierno. Poco o nada viene a mejorar la nueva Ley y eso debería ser preocupación de todos los aragoneses. Si el desarrollo estatutario no va unido al refuerzo de los instrumentos democráticos de la acción de gobierno, no cabe hablar de desarrollo, sino de regresión y retroceso.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
6 comentarios:
Bravo por esta reacción ciudadana:
La Plataforma de Vecin@s de La Muela ha puesto en marcha en la red un blog para dar cuenta día a día de las acciones de la organización, el seguimiento de los medios de comunicación de sus actos así como la evolución de su principal exigencia: la recogida de firmas para solicitar la disolución del Consistorio muelano y la formación de una gestora.
Mil ejemplos de la necesidad de que los ciudadanos vigilen al poder cabe encontrar en el mundo. Recojo uno de tantos:
Calidad Democrática. Centro de Estudios e Investigación, A.C. nace en 2007 como resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de académicos y profesionistas, provenientes de las ciencias sociales y políticas, preocupados por los rezagos, peligros y desafíos que enfrenta la democracia mexicana en general, y la jalisciense en particular.
Para dotar de calidad a la democracia, funcionaremos a manera de un observatorio ciudadano que, entre otras cosas, vigilará de forma crítica, objetiva y propositiva el desempeño de los actores, instituciones y procesos políticos; analizará sus fuentes de legitimidad y bases de legalidad; y evaluará sus niveles de eficiencia y eficacia.
La pregunta realmente sería: ¿a la ciudadanía le importa la calidad de la democracia, que la información sea objetiva, que la oposición tenga resortes para controlar al Gobierno, que los derechos de las minorías se respeten, que el parlamentarismo funcione, que el dinero de todos no se gaste en propaganda, o en realidad todo esto le importa un pimiento? Tengo que confesar que no tengo una respuesta clara, pero lo que sí tengo claro es que a mí como ciudadano esto me importa mucho, y tiendo a pensar que los votos que se ganan con artimañas se pierden con gente que, como yo, juzga a los partidos por su apego al juego limpio y a las instituciones democráticas. Prefiero pensar que vivo en un país de ciudadanos inteligentes, aunque algunos me consideren ingenuo por ello.
¿Estas leyes de desarrollo van a ser el resultado de ese Estatuto que se aprobó sin la participación ciudadana y sin referéndum?
Siempre me he preguntado por qué catalanes y andaluces pudieron pronunciarse y votar, y los aragoneses no.
Ya se ve que tampoco las leyes de desarrollo van a ser objeto de información pública. Nuestros políticos, dentro de su mediocridad, deben pensar -equivocadamente a mi juicio- que el resto de los ciudadanos aún tenemos menos nivel que ellos y que nuestra opinión no es relevante.
Esa Ley es un bodrio, y tiempo habrá para constatarlo.
Me interesan los detalles de esa Ley. ¿Alguien la ha leído con detenimiento?
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