Zaragoza, 5 de mayo de 2009.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en sentencia de veinte de abril de 2009, dictada con motivo del recurso formulado por esta Asociación contra la modificación del puesto de trabajo de Director/a de la Biblioteca de Aragón, declara inadmisible dicho recurso, “por falta de legitimación activa de la demandante Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Frente a todas las razones aportadas por esta Asociación sobre la irregular modificación del puesto de Director/a de la Biblioteca de Aragón -llevada a cabo por Orden de 17 de octubre de 2007, de los Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, con el único fin de adecuar el citado puesto a las características de la entonces Directora General de Cultura, Pilar Navarrete, quien pasó a desempeñar el citado puesto tras su cese como alto cargo-, y a pesar de las evidencias de desviación de poder existentes en el procedimiento seguido para acordar tal modificación, el Tribunal se limita a juzgar si esta Asociación cuenta con interés suficiente para impugnar la referida Orden.
Es la propia Administración, a través de su representante, quien solicita la inadmisibilidad del recurso contencioso formulado, por considerar que esta Asociación carece de interés legítimo en el caso, ya que la anulación de la modificación impugnada no repercute de forma clara y suficiente en su esfera jurídica, repercusión necesaria para la apreciación de un interés legítimo.
A partir de esa petición de inadmisibilidad, la sentencia limita todos sus razonamientos al análisis de los Estatutos de la Asociación y, en concreto, a la formulación de sus principios y fines. Afirma el Tribunal que esta Asociación “persigue la defensa de unos principios genéricos que, en definitiva, redunden en la mejora del Servicio Público frente a los administrados”. Señala que, entre tales fines, no figura “la representación y defensa de los derechos profesionales y de carrera de sus asociados-funcionarios o personal laboral de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea su situación administrativa, quienes, por cierto, entre sus derechos enumerados en el artículo 10 de los Estatutos no cuentan con la posibilidad de solicitar de la Asociación la asunción de su representación y defensa de tales derechos.
Concluye, por ello, que la Asociación no puede promover litigios en nombre de sus asociados. A ello añade que el interés que confiere a la Asociación actora su condición de entidad dedicada a la defensa de los principios establecidos en sus Estatutos –entre ellos los de legalidad, profesionalidad y ética pública- no configura interés legítimo, pues la anulación de la resolución impugnada no repercutiría directa o indirectamente, pero de modo efectivo, en la salvaguarda de los principios que la Asociación defiende.
Esta Asociación lamenta que los Tribunales hagan dejación de su labor de control de legalidad de la actuación administrativa, así como del sometimiento de ésta a los fines que la justifican, como les encomienda el artículo 106.1 de la Constitución. Interpretaciones restrictivas del interés legítimo para instar la acción de los Tribunales frente a la arbitrariedad o ilegalidad de ciertas actuaciones administrativas no hacen sino favorecer la consolidación de tales actuaciones, desvirtuando el sentido del principio de seguridad jurídica, ya que a nadie puede interesar que situaciones manifiestamente ilegales se vean aseguradas mediante el recurso de hacerlas inatacables por entidades que, como esta Asociación, se constituyen precisamente para promover y defender los valores constitucionales y los principios que han de regir la ordenación y el ejercicio de la función pública.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con esta sentencia, contradice la dictada con motivo del recurso planteado por esta Asociación frente a la Oferta de Empleo Público de 2007, por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. En dicha sentencia sostuvo que el resultado del litigio no podía ser indiferente a esta Asociación, pues afectaba a la realización de sus principios y fines. Ahora viene a afirmar justamente lo contrario: según la sentencia dictada, la anulación de una desviación de poder no repercute de forma suficiente en la defensa de los principios de esta Asociación, entre los cuales figura el de legalidad de la acción públic
La Asociación va a reflexionar seriamente sobre las medidas a adoptar tras el pronunciamiento judicial de inadmisión. No parece deseable que el ejercicio de una acción judicial para controlar arbitrariedades del Gobierno de Aragón se vea reducido a un debate sobre tecnicismos jurídicos a propósito de la noción de “interés legítimo” y que el objeto de la controversia sean los Estatutos de esta Asociación y no las decisiones administrativas impugnadas, sobre las cuales se omite toda valoración o pronunciamiento.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
18 comentarios:
No precipitarse en los juicios , organizar un buen debate el dia 12 , y no asustarse ante esta sentencia adversa, ya llegarán las favorables.
Extraños tribunales con argumentos de quita y pon.
¿Por qué no se envía al fiscal como posible caso de prevaricación y nos olvidamos de los contenciosos?
No hay mal que por bien no venga. Ya lo vereis.
UNa pena, desde luego. ¿En qué piensan los tribunales?
Que no decaiga, tampoco es tan grave.
Algún día esta sentencia se citará como ejemplo de mala jurisprudencia. No preocuparse.
No entiendo lo de que los socios no puedan pedir a la asociación que defienda sus intereses. NO es una asociación para defensa de intereses, sino para defensa de principios y valores. ¿No es ese un interés todavía más legítimo? ¿O sólo es un interés noble y, por ello, desinteresado? ¿Es un desinterés legítimo?
Vais a perdonarme pero no creo que la frase “a ello añade que el interés que confiere a la Asociación actora su condición de entidad dedicada a la defensa de los principios establecidos en sus Estatutos -entre ellos los de legalidad, profesionalidad y ética pública- no configura interés legítimo, pues la anulación de la resolución impugnada "no" repercutiría directa o indirectamente, pero de modo efectivo, en la salvaguarda de los principios que la Asociación defiende” no es exacta.
La sentencia dice que el interés que confiere a la Asociación actora su condición de entidad dedicada a la defensa… no configura el interés que deriva del hecho de que la resolución administrativa que se impugna, si llegara a anularse, haya de repercutir directa o indirectamente, pero de modo efectivo en la salvaguarda de los principios que la Asociación defiende.
Yo no veo que la sentencia diga que la impugnación de la resolución administrativa NO repercuta directa o indirectamente en la salvaguarda de esos principios. Más o menos vienen a decir que no hay relación entre el hecho de que esos sean los intereses de la Asociación y el hecho de que de la impugnación de esa resolución se salvaguarden esos intereses. La redacción de la sentencia y de ese párrafo concreto, que es sobre el que pivota y se resume toda la argumentación, me parece tremendamente equívoca. El empleo de ese verbo -“no configura”-, salvo que en la terminología jurídica tenga un significado concreto que se me escapa, me parece tremendamente ambiguo e inconcreto. No entiendo el razonamiento, que me parece o deliberadamente ambiguo y oscuro o totalmente inconsistente desde el punto de vista lógico.
Las preguntas son: ¿De la impugnación de la resolución derivaría, en caso de ser atendida, la salvaguarda de los principios que defiende la Asociación: la legalidad, profesionalidad y ética pública? ¿Con esa resolución impugnada se han vulnerado esos principios? Curiosamente, como decís, la sentencia obvia la respuesta a esas cuestiones que son las medulares, y se pierde o se centra en las accesorias.
Y por otra parte, ¿cómo se le puede reconocer a la Asociación legitimidad en unos casos de vulneración de esos principios y no de otros?
Si reducimos la cuestión de la legitimidad a los directamente afectados, otorgamos un margen de impunidad casi absoluto a la Administración -y más aún si obtiene como parece, la conformidad tácita o expresa de los sindicatos-, puesto que esos directamente afectados han de manifestar además, no sólo su interés legítimo lesionado, sino su voluntad y disposición para defenderlo, sabiendo que la lentitud procesal, sus costes y las presiones o miedo a las represalias son factores altamente disuasorios que limitan la llegada de estos casos ante la Justicia. No solo habrán de ser directamente interesados, sino dispuestos además a asumir el coste en términos económicos y personales de su defensa.
Buena parte de la situación de deterioro a que ha llegado esta Administración, a la generalización de facto de las cesantías decimonónicas que señalaba en su artículo Ángel Garcés Sanagustín , y de otras cuestiones indeseables, se debe a sentencias como ésta.
Quina sorpresa:
Pensem que administració i democràcia són inseparables i els reptes que avui afecten l’administració pública passen, sobretot, per un procés de democratització que permeti actuar no només seguint les ordres que arriben des de dalt i les indicacions dels criteris professionals, sinó sobretot a partir dels diàlegs, els acords i els compromisos establerts tant entre els diferents membres interns com entre aquests i d'altres actors externs. Interpretem la democratització de l’Administració pública com una forma d’incorporar veus, d’establir complicitats i, per tant, com una forma d’enriquir la capacitat de resposta davant d’uns problemes cada cop més complexos, més volàtils i més variats.
Pidamos una estrategia de calidad para la Administración autonómica aragonesa y evaluemos el funcionamiento de sus diferentes servicios, para que no haya lugar ni a la complacencia de unos ni a la demagogia de otros.
Buenas ideas para mirar hacia adelante:
L’évaluation : outil d’aide à la décision, de connaissance et de débat…
C’est un outil d’aide à la décision
Il permet d’éclairer les choix publics, d’améliorer la conception et les conditions de mise en oeuvre des politiques, en apportant des éléments de rationalité et en interrogeant l’efficacité et la pertinence des choix.
C’est un outil de connaissance
Il s’intéresse au fonctionnement et aux effets de l’action publique, utile notamment pour la décision et la mise en oeuvre des politiques, mais aussi pour l’appropriation par les acteurs (en ce sens, c’est également un outil d’apprentissage).
C’est un outil de débat
Il permet l’expression des acteurs et conduit à rendre compte des actions menées à l’ensemble des parties prenantes, dont les citoyens, en contribuant à en identifier les résultats - positifs ou négatifs -, ainsi que leurs causes.
Para combatir inercias y molicie, unos epígrafes a desarrollar:
Calidad Total en la Gerencia del Sector Público
Filosofía de la calidad total: un paradigma diferente; Conceptos de calidad y justificación de la aplicación de este enfoque; Bases de la calidad total en las organizaciones: orientación al cliente, cultura organizacional, trabajo en equipo, mejoramiento continuo y participación de todos. Metodología de la calidad total; Ciclos de control y mejoramiento; Herramientas para el análisis y mejoramiento de procesos; Elementos fundamentales del análisis estadístico. Planificación estratégica de la calidad total; Definición de objetivos; Elaboración de estrategias; Implantación; Organización para la calidad; Plan comunicacional asociado; Recurso Humano y calidad total; Gerencia del capital humano; Delegación y empoderamiento; Evaluación del desempeño y sistema de remuneración y reconocimiento. Educación y calidad total; Evaluación, capacitación, entrenamiento y formación; Inversión en capital intelectual. Liderazgo para la calidad total; Responsabilidad gerencial; Desarrollo del compromiso; Responsabilidad individual; Hábitos de la gente efectiva; Filosofía de la calidad a nivel personal.
¿Tenemos algo que impulsar en este campo o nos preparamos para el desguace?
¿Llegarán las favorables?
Buena pregunta: Los principios y valores, ¿no son intereses -de superior nivel además-?
Publicado hoy en El Periódico de Aragón:
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en sentencia del 20 de abril del 2009 ha declarado inadmisible el recurso presentado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra la modificación del grado funcionarial para habilitar el puesto de director de la Biblioteca de Aragón. Para este puesto fue designada la ex directora general de Cultura, Pilar Navarrete, a comienzos del pasado mes de noviembre.
Las razones del Tribunal para no admitir el recurso se centran en la falta de legitimación activa de la demandante Asociación . Fundamentalmente, la sentencia limita sus razonamientos al análisis de los estatutos de la Asociación y deduce que tal tipo de recurso no entra en la formulación de sus principios y sus fines.
Hasta el pasado noviembre el cargo de gerente de la citada biblioteca precisaba de un grado funcionarial llamado A (de licenciados universitarios) por parte de su titular. Sin embargo, Pilar Navarrete , que es diplomada en Magisterio, pertenece a un grado llamado B. Para encajar a la designada en el nuevo puesto se hacía necesaria una ampliación administrativa que diera al grado B unas atribuciones que hasta entonces requerían la titulación universitaria. Una orden de las consejerías de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, a instancias de Cultura, hizo posible la modificación y determinó la presentación del recurso, ahora desestimado.
Una victoria más de la corrupción, la cotidiana, la que corroe las interioridades del sistema,de forma permanente. ¿Alguien puede celebrar una sentencia así, al margen de los autores y beneficiarios de la desviación de poder? Un nuevo fracaso en la defensa de la legalidad, del interés público, de la ética administrativa. ¿Agradecemos a los magistrados su contribución a este resultado? ¿a los letrados de los servicios jurídicos? ¿a los consejeros y altos cargos de la administración aragonesa que han consumado la medida?
La impunidad existe, y la investigación de lo de La Muela es la excepción.
¿Quién, según el Tribunal, estaría legitimado para presentar el recurso? ¿Los bibliotecarios de Grupo A? Respuesta: no, ya que pueden presentarse al concurso cuando salga la plaza. Ya se ocuparán los mismos que la han nombrado de que no salga. ¿Los ciudadanos? Respuesta: no, ya que no están legitimados, al no tener un interés directo, salvo el de la defensa de la legalidad. ¿Dios, tal vez?
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