Zaragoza, 12 de mayo de 2009.
Esta Asociación se dirigió, a finales del pasado año, a los Alcaldes de las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza y a los Presidente de las tres Diputaciones Provinciales aragonesa, para solicitarles, en ejercicio del derecho fundamental de petición, el impulso de un Código de Buen Gobierno en sus respectivas instituciones.
Una vez transcurrido el plazo obligado de respuesta –tres meses- que prevé la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, sin que ninguna de las citadas autoridades públicas diesen respuesta razonada a tal petición ni acusase recibo de la misma, esta Asociación presentó queja ante el Defensor del Pueblo frente a los seis responsables institucionales por entender vulnerado el derecho fundamental de petición ejercido. Iguales quejas se plantearon ante el Justicia de Aragón, por entender que la duplicidad de instituciones de control no conlleva la exclusión de intervención de ninguna de ellas, lo cual parece deseable en una materia tan relevante como la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo, con fecha 4 de mayo de 2009, ha trasladado a esta Asociación la decisión adoptada por la Institución en relación con las quejas planteadas, inhibiéndose nuevamente a favor de lo que resuelva el Justicia de Aragón y, lo que es más grave a nuestro juicio, considerando que el carácter político de la petición impide la actuación del Defensor del Pueblo.
¿Existe, nos preguntamos, algún derecho fundamental que no sea político? ¿Cómo no calificar de político, al margen de su contenido concreto, el ejercicio de un derecho de participación en los asuntos públicos? ¿No es, precisamente, esa participación en los asuntos públicos la dimensión política de la ciudadanía?
Se reproduce, a continuación, el escrito que el Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo ha remitido al Presidente de la Asociación:
“Nº expediente: 09006456.
Estimado Sr.:
Se han recibido sus escritos que han quedado registrados en esta Institución con el número arriba indicado, al que rogamos haga siempre referencia en el caso de dirigirse nuevamente a nosotros. En los mismos expone que, a través del derecho de petición, presentó ante las Diputaciones Provinciales de Zaragoza y Teruel y ante las Alcaldías de Huesca y Zaragoza una solicitud para la aprobación de un Código de Buen Gobierno, sin que exista todavía un pronunciamiento sobre la misma.
El Defensor del Pueblo tiene encomendada por el artículo 54 de la Constitución y por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución y, a tal efecto, supervisa la actuación de las Administraciones públicas y el esclarecimiento de sus actos y resoluciones, así como de sus agentes, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución.
En este marco de competencias, lo primero que debe señalarse es que, en virtud del principio de coordinación y cooperación institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y los comisionados parlamentarios de funciones homólogas en las distintas comunidades autónomas, esta Institución, atendiendo al criterio de prioridad en el tiempo, queda a lo que resuelva en su tramitación el Justicia de Aragón.
A lo anterior debe añadirse que, según lo manifestado en su escrito, no se dan las circunstancias que legitimen la actuación de esta Institución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, ya que su petición requiere una respuesta de tipo político, tal como expresa su propia petición al ejercer el derecho de petición, al reconocerse que la aprobación de ese Código supone, citando sus palabras, “un liderazgo político claramente comprometido ..”.
Le saluda cordialmente,
Manuel Ángel Aguilar Belda
El Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
El último párrafo de la respuesta es claramente impertinente, o inadecuado, si se prefiere. Lo que se somete a la consideración del Defensor del Pueblo no es el contenido del escrito, sino la desatención del derecho de petición. No es el fondo de la petición para lo que se solicita amparo, sino para el ejercicio del derecho.
No estaría de más remitir un respetuoso, pero firme escrito, deplorando esa valoración contenida en el último párrafo, que está totalmente fuera de lugar -tanto que debería haberse omitido- y recordando a esa alta insitución que se solicitaba su amparo para poder ejercer un derecho constitucional, como es el de petición, independientemente de cual fuera el contenido de la petición.
Si nuestra Democracia está tocada de muerte, se debe en parte no sólo por la sistemática vulneración de sus límites por parte de quienes han ostentado el poer, y abusado de él, sino por el desistimiento de quienes tienen la opbligación de velar porque ese abuso no se produzca.
¿Qué defiende,entonces? ¿O a quién defiende?
Después de las noticias de hoy sobre los Agentes de Protección de la Naturaleza, creo que la Asociación debería reunirse con ellos.
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