TIEMPO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS: DEBEN ELIMINARSE LAS TASAS DE REPOSICIÓN.

El mes de septiembre impone a los diferentes Ejecutivos la obligación de elaborar los Proyectos de Ley de Presupuestos, con la obligación de presentarlos antes del 1 de octubre ante los respectivos Parlamentos, a los que corresponde su discusión y aprobación. Así lo señalan tanto el artículo 135.3 de la Constitución Española (“El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”), como el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón (´”El Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso”).

Este momento obligará a nuestra Asociación a reproducir nuestros esfuerzos por convencer tanto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en primer lugar, como a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de la irregularidad e inoportunidad de introducir en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado, como medida de limitación del acceso a la función pública, la conocida técnica de las tasas de reposición, cuya aplicación en modo alguno contempla el Estatuto Básico del Empleado Público y, por consiguiente, debe entenderse contraria al régimen de acceso al empleo público. Así debe deducirse de lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo que, en el recurso promovido por esta Asociación, declaró nulo y contrario al derecho fundamental de acceso a la función pública (artículo 23.2 CE), el Decreto de Oferta de Empleo Público para 2007 aprobado por el Gobierno de Aragón.

El cuestionamiento de las tasas de reposición, contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, ha motivado, precisamente, el recurso contencioso-administrativo promovido por esta Asociación ante el Tribunal Supremo contra la Oferta de Empleo Público de 2014 para la Administración General del Estado por Real Decreto 228/2014. El pretendido objetivo de contención del gasto público no se obtiene con la obstaculización del régimen constitucional de acceso al empleo público, sino con la racionalización del empleo público, es decir, acometiendo, en su caso, la reducción de las plantillas de las Administraciones, sin desvirtuar el sistema de selección del personal público, pues éste es el que asegura no solo un principio esencial de igualdad y mérito, sino también la profesionalidad e inamovilidad de dicho personal, como elemento imprescindible para la calidad de nuestro Estado de Derecho.

Consecuentemente, esta Asociación volverá a dirigirse en próximas fechas a los responsables de función pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como al conjunto de Subsecretarios de los diferentes Ministerios, en su condición de responsables de personal, y al mismo tiempo informaremos de nuestra petición de respeto a lo establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.

Frente a la previsible respuesta de algún responsable ministerial sobre el escaso índice de interinidad en la Administración General del Estado, hay que recordar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene carácter básico y, por lo tanto, limita el acceso al empleo público en el conjunto de las Administraciones Públicas –incluyendo la autonómica y local-, donde se acumulan tasas de interinidad injustificadas que rondan entre el 25% y el 30% de los efectivos, lo que viene a cuestionar seriamente no solo el sistema constitucional de acceso al empleo público sino la profesionalidad e imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas.