LA REGENERACIÓN INSTITUCIONAL DEBIERA COMENZAR POR EL RESTABLECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

La llamada regeneración democrática, como conjunto de medidas a debatir e impulsar por los partidos políticos para incrementar la calidad democrática de nuestro sistema político, está en la agenda pública de este otoño, y son numerosas las propuestas que desde todos los ámbitos sociales se formulan para que puedan ser consideradas dentro de tales negociaciones. No obstante, el actual clima político del país no parece favorecer un debate sereno sobre las medidas a adoptar, pues no parece que exista previamente un diagnóstico compartido sobre cuáles son las principales disfunciones de nuestro sistema político.

Esta Asociación ha demandado desde el primer momento de su constitución, ya en 2007, una regeneración institucional que debía concretarse en un “giro ético” de la función pública y en un respeto máximo de la legalidad y de los derechos constitucionales por parte de los responsables políticos y administrativos. No nos resulta por ello extraña la demanda de regeneración ni nos parece en modo alguno un debate artificial.

Ahora bien, la calidad de nuestra democracia, sobre cuyo fortalecimiento venimos insistiendo con propuestas de buen gobierno y buena administración a lo largo de las dos últimas legislaturas,  es inseparable del funcionamiento del Estado de Derecho. Poco énfasis se está poniendo en este punto. Nadie parece poner el acento en la necesidad de contar con una función pública profesional y radicalmente comprometida con la legalidad, como exige nuestro modelo constitucional.

Sería un tremendo error, por ejemplo, creer que la regeneración pasa por la revisión del sistema electoral para los municipios y no por la reforma y fortalecimiento de la función pública local, y muy en particular por la profesionalización de funciones clave para el aseguramiento de la legalidad en la actuación administrativa. Puede hasta resultar indiferente la fórmula electoral para la elección del alcalde, si luego éste cuenta con la posibilidad de imponer su criterio frente a los funcionarios públicos encargados de preservar la legalidad de la actuación municipal.

Mientras no se corrijan las elevadas tasas de interinidad que marcan la realidad de la función pública de la mayor parte de las administraciones públicas españolas –por vulneración de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público- y la libre designación permita a los responsables políticos disponer a su antojo de los niveles de decisión de la función pública –buscando la docilidad y la afinidad política en lugar de la solvencia profesional y el compromiso con el servicio público-, nuestra democracia seguirá carente de una de sus cualidades superiores, como es el sometimiento de la política al Derecho, que no se manifiesta solo en el control jurisdiccional, sino que debe tener su primera y principal expresión en el sometimiento de todas las decisiones administrativas al principio de legalidad, garantizando con ello los derechos de todos los ciudadanos. Nuestra democracia ha demostrado a los ciudadanos sus graves carencias cuando éstos comenzaron a percibir el alto grado de arbitrariedad y corrupción que había en las instituciones, resultado no de los sistemas electorales sino de la quiebra del principio de legalidad y de la debida profesionalidad de la función pública.

No es admisible por ello que la Presidenta del Gobierno de Aragón pretenda acotar las propuestas de regeneración a la reducción del número de aforados o a la limitación del número de diputados de las Cortes de Aragón, al tiempo que impulsa un Proyecto de Ley de la Función Pública de Aragón que no incorpora ningún avance efectivo en la necesaria profesionalización de la función pública, sino todo lo contrario. Es evidente que se olvida que la situación actual es fruto del olvido de las exigencias del Estado de Derecho para la política democrática, y ese olvido, por lo que vemos, sigue estando presente.