ELECCIONES SINDICALES: RECHAZO DE LOS EXCESOS Y DEL DOBLE DISCURSO.

Se aproxima la jornada de elecciones sindicales en la Administración autonómica y los diferentes sindicatos lanzan sus mensajes y programas, y en todos ellos se echa en falta una reflexión seria sobre las circunstancias reales de la Administración. No basta con decir que los números rojos son de la Administración, como si ello nada tuviese que ver con la productividad y eficiencia de los servicios públicos. Menos tolerable resulta reclamar, de forma desabrida, la devolución del dinero que se nos ha “robado”, como si el Gobierno y el Parlamento fuesen unos vulgares ladrones que han robado su salario a los sufridos empleados públicos.

Sorprende que no aflore en este momento la menor referencia a la deriva vivida en la Administración autonómica durante los años pasados, deriva que sin duda ha contribuido –en la medida en que corresponda- a la quiebra del equilibrio financiero de los servicios públicos. Una cláusula de revisión salarial ilegal, obtenida en el marco de la negociación colectiva, y una alegada carrera profesional anticipada, como excusa para una subida salarial injustificada, son dos factores de los que los sindicatos no pueden enorgullecerse, al menos de cara afuera, ante los ciudadanos. Claro, tampoco el Gobierno de Aragón puede quedar al margen de esta irregular gestión del dinero público, pues es el principal responsable del ilegal acuerdo y del irregular abono de tales cantidades. Y, por último, tampoco los perceptores podemos alegar ignorancia sobre la legalidad retributiva, o invocarla sólo cuando las decisiones públicas nos perjudican. ¿Aplaudimos la ilegalidad y denunciamos la legalidad? ¿Somos capaces de reconocernos en esta actitud tan impropia de servidores públicos? Dura lex sed lex.

La negociación colectiva y sus acuerdos –sobre todo los de carácter salarial- no pueden discurrir fuera de los límites de la legalidad presupuestaria como ha venido sucediendo hasta ahora, convirtiendo la política salarial en un pacto en perjuicio de los ciudadanos. Nadie ha robado a los empleados públicos, pero no se puede decir lo mismo respecto al dinero de los ciudadanos. Alguien se ha apropiado indebidamente de una buena suma de dinero público, unas veces vía subvención y otras –lamentablemente- vía retribuciones indebidas. Por el hecho de que la culpa se reparta entre todos no cabe olvidar un hecho tan degradante para una función pública como el percibir retribuciones ilegales.

¿Qué se nos propone en estas próximas elecciones sindicales? ¿Seguir bajando por la pendiente del desprecio a las normas y de la falta de responsabilidad presupuestaria?. Sería bueno que los sindicatos trasladaran las razones de sus pasquines y programas a la ciudadanía, pues son ellos quienes sostienen con sus impuestos el conjunto de los servicios públicos, nuestros salarios.

Es una lástima que las elecciones sindicales constituyan -una vez más- una oportunidad desperdiciada para realizar una reflexión serena y oportuna sobre el presente y el futuro de la función pública, sobre el papel de los empleados públicos, sobre la función a cumplir en la modernización de las Administraciones y en la dinamización económica y social del país. Nada de eso parece interesar, basta con que nos devuelvan el dinero que nos han robado, pero que a nosotros no se nos exija la devolución de lo indebidamente percibido. Eso no da votos, al menos en las elecciones sindicales.