martes, 29 de marzo de 2011

MEMORIAS, OLVIDOS Y OMISIONES.

La Dirección General de Participación Ciudadana, para la cual la limitación de medios materiales parece no existir, ha publicado ahora una memoria de su actividad entre los años 2007-2011, a los que califica de “4 años de innovación democrática”, en la que descubrimos lo mucho que desde este Gobierno se ha hecho para cambiar las formas de hacer políticas públicas. Es imposible no sentir rubor al observar el grado de autoelogio en que incurren algunos responsables públicos al dar cuenta de su actividad pública.

Hay quienes, por lo visto, han decidido cifrar la noción de calidad democrática en algo tan insuficiente como las iniciativas de participación ciudadana que ha impulsado la Dirección General de Participación Ciudadana. El valor de tales experiencias, que no podemos negar, queda sin embargo anulado cuando se engloban en una forma de hacer política que poco tiene que ver con los principios de buen gobierno propugnados desde buena parte de las instituciones internacionales.

El respeto a la legalidad, la transparencia en las decisiones públicas, la rendición de cuentas y el control del dinero público, así como la imprescindible estrategia para prevenir y combatir la corrupción pública, son elementos fundamentales del gobierno democrático, cuya ausencia no puede ser suplida ni compensada con la retórica de la participación ciudadana.

La clave del buen gobierno está en la confianza más que en la participación. Es cierto que una parte de la confianza viene constituida por el elemento de inclusión social y política –el saberse escuchado o tenido en cuenta, algo que se refuerza con estrategias de participación ciudadana-, pero el núcleo de la confianza se compone por las notas de veracidad, competencia y transparencia.

Son estas tres notas las que, a nuestro juicio, hoy no alcanzan el nivel exigible en una sociedad democrática como la aragonesa. No estamos seguros de que se nos diga la verdad sobre los asuntos públicos –y a veces nos consta que se miente descaradamente-, tampoco estamos seguros de que quienes gobiernan tengan la competencia y solvencia necesarias para ello y, finalmente, vemos que no se rinden cuentas suficientes de los resultados reales de la acción de gobierno. Resultado de todo ello es el bajo nivel de confianza que existe hoy en las instituciones y el consiguiente debilitamiento de la cultura democrática de nuestra sociedad.

Frente a tal situación, no basta con abrir cauces novedosos de participación en la elaboración de las leyes –si luego las leyes no se cumplen-, ni es posible instrumentalizar el aval social de un proyecto de ley para condicionar el papel insustituible del debate parlamentario. Los cauces de participación debieran ser, preferiblemente, en sede parlamentaria –cuando se trate de la elaboración de leyes- para no reforzar aún más el papel hegemónico que hoy disfruta el Ejecutivo en su relación con los restantes poderes públicos.

Un ejercicio de humildad –un valor que, en nuestra opinión, constituiría una verdadera innovación democrática- supondría aprovechar la elaboración de una memoria para recapitular también lo que no se ha hecho, lo que no se ha querido hacer y lo que no se ha podido o sabido hacer. No es momento de volver sobre el derecho fundamental de petición y el nulo amparo dado al mismo desde la Dirección General de Participación Ciudadana: la memoria anual que –según impone la Ley Orgánica 4/2001- ha de elaborarse sobre el ejercicio y resultados de tal derecho es preferible, bien se ve, dejarla inédita, pues en ese terreno no ha habido innovación democrática sino pura inercia antidemocrática, negación del derecho constitucional.

En suma, la memoria de la Dirección General de Participación Ciudadana no es una memoria real, pues en ella es tan relevante lo que se relata como lo que se omite o, interesadamente, se olvida. Justo lo contrario de lo que requiere un verdadero espíritu de innovación democrática. Acaso porque los valores democráticos no requieren tanto de innovación como de recuperación. Acaso porque hoy la verdadera utopía es el cumplimiento de la ley, y sin ese compromiso básico bien pudiera ser que participar en la elaboración de las políticas con un gobierno que no respeta la ley sea sólo contribuir a legitimar su mal gobierno.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Esta Dirección General ha sido puro marketing, pero eso si, a costa del dinero de los ciudadanos.
Seamos serios,los funcionarios los primeros, todos a trabajar, pero los políticos que den ejemplo que hace falta y MUCHO.

Anónimo dijo...

Eso sí, utilizamo las fotos de los procesos, por eso de que una imagen vale más que ....

Anónimo dijo...

¡Hemos descubierto la democracia! ¡Viva la Dirección General de Participación Ciudadana!