GRAVES ANOMALÍAS EN EL PROCESO SELECTIVO DE ADMINISTRATIVOS.

El hecho de que los candidatos que han concurrido a las plazas de Administrativos de la Oferta de Empleo Público de 2007 –luego acumuladas con las de la Oferta de 2009- no sólo no hayan concluido su proceso selectivo –después de cuatro años de la aprobación de dicha Oferta- sino que, a estas alturas, desconozcan las calificaciones del primer ejercicio de la oposición, despues de transcurridos cinco meses de su realización –tuvo lugar el 24 de octubre de 2010-, constituye una gravísima anomalía, que se añade al cúmulo de arbitrariedades que caracterizan el sistema de selección de personal de la Administración aragonesa.

Alguien deberá dar a los numerosos afectados explicaciones de esta irregular situación, pues el mal funcionamiento de los procedimientos selectivos es directamente imputable a sus responsables administrativos, como son la Consejera de Presidencia, Eva Almunia, el Director General de Organización, Inspección y Servicios, Antonio Brun, y el Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, Agustín Garnica.

Las más elementales exigencias que imponen la legalidad y la seguridad jurídica parecen haber desaparecido, cuando un ciudadano que aspira a acceder a una plaza ofertada por la Administración se ve inmerso en un proceso kafkiano, en el que no se garantiza el cumplimiento de los plazos para la realización de las pruebas ni existe la mínima transparencia en su realización. Un proceso sin garantías es incompatible con las exigencias de funcionamiento de una Administración Pública y con el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de acceso a la función pública.

¿Cómo es posible que las calificaciones del primer ejercicio de una oposición no se conozcan tras cinco meses de su realización? ¿Qué ha sucedido para que esto se produzca? ¿Dónde queda el respeto que merecen los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de acceso a la función pública? ¿Queda algún sentido de la responsabilidad por parte de quienes dirigen la función pública aragonesa?

Esta Asociación va a reclamar, para aclarar el conjunto de irregularidades existentes en el proceso selectivo de Administrativos, una investigación por parte de la Inspección General de Servicios del Departamento de Presidencia, formulando al mismo tiempo una queja al Justicia de Aragón, pues lo sucedido, además de un flagrante incumplimiento de la Ley de Ordenación de la Función Pública aragonesa, supone una vulneración del derecho de acceso a la función pública que establece el artículo 23.2 de la Constitución Española.