Al igual que en días pasados dábamos cuenta, en una nota de este blog, del acuse de recibo de diferentes Defensores del Pueblo autonómicos –los de las Comunidades de Navarra, Rioja y País Vasco- a la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la Oferta de Empleo Público de 2007 del Gobierno de Aragón, de la que remitimos copia a dichas instituciones, nos llega ahora acuse de recibo de la institución del Defensor del Pueblo.
Aunque las sentencias del Tribunal Supremo son de acceso público, parecía oportuno que la Asociación le diera una difusión específica, haciéndola llegar, entre otros, a los titulares de las instituciones encargadas de velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos, como son el Defensor del Pueblo, el Justicia de Aragón y las instituciones similares de las restantes Comunidades Autónomas.
Se quería, con los escritos de remisión de la copia de la citada sentencia, no sólo ponerla en conocimiento de dichas instituciones, sino destacar su significación y valor para corregir el estado actual de gran parte de la función pública de nuestras Administraciones, insistiendo en la importante función que en tal sentido corresponde realizar al Defensor del Pueblo y a los Comisionados Parlamentarios autonómicos.
Creemos que el tono y los términos de los escritos de acuse de recibo de dichas instituciones avalan la oportunidad de la remisión realizada.
Se reproduce a continuación el escrito remitido desde la institución del Defensor del Pueblo:
“Sr. D. Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
Estimado Sr.:
Esta Institución acusa recibo de su último escrito, en el que nos comunica que le ha sido notificada la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación 2448/ 2008, de 29 de octubre de 2010, de la que nos traslada copia, en relación con el problema que dio lugar a su queja, y que anula el Decreto 67/2007 por el que se aprobaba la oferta de empleo público para el año 2007.
Congratulándonos del resultado favorable del procedimiento judicial y, agradeciéndole la confianza que ha demostrado en esta Institución, le saluda cordialmente,
El Adjunto Segundo del
Defensor del Pueblo,
Manuel Ángel Aguilar Belda”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
8 comentarios:
CCOO está preocupada por situación en la Admón
Cuando la excepción es la regla
CCOO recurre, ante el silencio de la Administración, la no convocatoria del concurso de Jefaturas de Sección.
Cuando la excepción es la regla
Hace más de 3 meses CCOO se dirigió a la Dirección General de la Función Pública solicitando que se convocara un concurso de Jefaturas de Sección para terminar con la situación irregular existente en la actualidad. Más de 150 Jefaturas de Sección están ocupadas en comisión de servicios desde hace varios años. Algunas de ellas nunca han sido ofertadas en un concurso de méritos.
A la luz de estos hechos conviene recordar que el artículo 2 del Reglamento de Provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón señala que "Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso, que es el sistema normal de provisión…"
Y el mismo Reglamento dice en su artículo 31 que "Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios." Y continúa diciendo que "Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración máxima de seis meses prorrogable por otros seis en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo."
Entonces, si la norma es tan clara, ¿por qué la Dirección General de la Función Pública decide incumplirla de manera sistemática? ¿Por qué la Administración ha decidido declarar el estado de excepción en la Provisión de Puestos?
Son preguntas sin respuesta. Función Pública no sabe, no contesta, no da razones. Mientras tanto, esos puestos singularizados originan una cadena de comisiones de servicio que vician y corrompen todo el sistema de provisión. Más de 150 funcionarios y funcionarias en comisión de servicios que dejan sus destinos de origen (Jefaturas de Negociado en su mayoría) con reserva de puesto, para que sean ocupadas también en comisión de servicios por otros 150 funcionarios y funcionarias que, a su vez, dejan sus puestos reservados, para finalmente cerrar este círculo vicioso con 150 funcionarias y funcionarios interinos que ocupan el último eslabón de la cadena.
En definitiva, más de 300 funcionarios y funcionarias de carrera en situación de provisionalidad permanente y más de 150 funcionarios y funcionarias interinos condenados a la interinidad permanente porque esas plazas no pueden ser incorporadas a Oferta de Empleo mientras no se resuelvan los concursos. ¿A quién beneficia semejante caos?
Frente a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la politización, CCOO defiende la legalidad. Igualdad, Mérito y Capacidad. No hay otro camino.
¿Y nos lo creemos?
¿por qué defendieron entonces la oferta de 2007, ahora anulada?
¿por qué no impugnaron la oferta de 2009?
¿por qué no recurrieron la falta de oferta en 2008?
¿por qué no recurrieron la oferta de 2010?
¿por qué han jugado tan triste papel en el recurso promovido por esta asociación?
¿demasiadas preguntas?
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