DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO.

Esta Asociación, a lo largo de sus más de tres años de actividad, ha tratado de enfatizar el necesario compromiso de los servidores públicos con el Estado de Derecho. Los ciudadanos eligen a los gobernantes en los diferentes procesos electorales -de ahí la legitimación democrática del poder político-, pero los servidores públicos acceden -o deberían acceder- al ejercicio de sus funciones conforme a los principios señalados en la Constitución Española, como son los de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

La función pública -en sentido objetivo- es un elemento decisivo para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. De ahí el que algunos servidores públicos de la Administración autonómica pensásemos, en su día, en la necesidad de unirnos para defender y reivindicar el respeto a sus valores y principios. Defender la función pública es defender el Estado de Derecho, el principio de legalidad, los derechos de los ciudadanos, la igualdad de todos ante la ley, la plena vigencia de la Constitución Española, el buen funcionamiento institucional, la separación de poderes y el Estado autonómico.

Si es cierto que quien defiende su derecho está defendiendo el interés de todos, pues en el derecho de cada uno está comprometida la vigencia efectiva de las leyes y, por lo tanto, el derecho de todos, la defensa de la función pública, como institución al servicio de la ciudadanía y del correcto funcionamiento institucional, nos parece de extraordinaria importancia. Es posible, sin embargo, que dicha importancia no se aprecie suficientemente ni siquiera por quienes forman parte de la función pública, estatal, autonómica o local. A veces, la cercanía del poder político -algo que se aprecia especialmente en el ámbito de las administraciones públicas- es razón más que suficiente para evitar tomas de posición que pueden ser mal vistas por quienes, en última instancia, deciden nuestra suerte profesional.

El estado actual de la función pública sería difícilmente comprensible sin reparar en el debilitamiento sufrido por la posición de los servidores públicos dentro de las organizaciones administrativas. La sujeción a la legalidad, siempre que no se caiga en la perversión del mero "legalismo", no es algo que los responsables políticos sepan apreciar en la gestión pública, y se contempla con recelo y desconfianza a aquel funcionario que somete las decisiones políticas a algo tan elemental como es el análisis de su legalidad. ¿Qué otra cosa cabría hacer, cuando la Administración ha de actuar con pleno sometimiento a la ley y al Derecho? ¿Habría que olvidar dicho principio constitucional y someterse exclusivamente al poder político?

Vivimos un indudable desencuentro -o, al menos, así lo pensamos en esta Asociación- entre la cultura política de nuestros gobernantes y la cultura organizativa de los funcionarios públicos. La legitimidad de origen de unos y otros, políticos y servidores públicos, es diferente. Unos son elegidos por los ciudadanos y otros son seleccionados por razón de mérito y capacidad. Y ello es así porque el funcionamiento de nuestras instituciones se articula mediante un doble nivel, el político y el profesional. Unos marcan los objetivos a alcanzar -en su labor de dirección política- y los otros han de aplicar las medidas necesarias para que tales objetivos se cumplan, velando por que ello se haga dentro del marco de la legalidad, es decir, respetando las reglas del Estado de Derecho.

Es grave y censurable que los funcionarios públicos cuestionen indebidamente los objetivos políticos que marca un Gobierno democráticamente elegido, pero tanto o más grave es que los responsables políticos ataquen a los funcionarios públicos que tratan de hacer valer las reglas del Estado de Derecho, unas reglas que no se agotan en el respeto a los derechos de los ciudadanos, sino que se extienden necesariamente a las normas de ordenación de la propia función pública.

La vulneración de las normas que ordenan la función pública -normas fijadas en garantía de su imparcialidad y profesionalidad- constituye un cualificado menoscabo del Estado de Derecho, y de ello no parecen ser suficientemente conscientes los responsables políticos, y muy en especial quienes tienen la directa responsabilidad de velar por la función pública de cada Administración. Esta Asociación ha tratado de poner énfasis en la importancia de la función pública, y ha tratado también de diferenciar claramente los intereses de la función pública -globales y de carácter institucional- de los intereses de los empleados públicos -individuales y de carácter personal-, y, a partir de ahora, ha de pasar a formular propuestas para que la futura ordenación de la función pública, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, preserve los valores y principios de la función pública y haga de los servidores públicos unos agentes cualificados del Estado de Derecho y no los reduzca a meros empleados del Gobierno.

El debate de la función pública no es ni puede ser exclusivamente el de la eficiencia y cumplimiento de objetivos -aunque, sin duda, se nos tratará de presentar de ese modo, por unos y otros, como se ha hecho al adelantar los contenidos de la futura ley de función pública aragonesa, destacando el establecimiento de primas por cumplimiento de objetivos-, pese a ser decisivo ese aspecto en lo que respecta al buen funcionamiento de los servicios propios del Estado del Bienestar. Ha de ser también el del fortalecimiento institucional de la función pública para asegurar el Estado de Derecho, algo en lo que apenas parece ponerse énfasis por los impulsores de la la nueva ley autonómica. Acaso en ese aspecto es en el que esta Asociación haya de centrar su preocupación y sus propuestas.