VIGOR DE LAS IDEAS.

El debate y la libre circulación de las ideas valiosas, procedan de donde procedan, debiera ser una de las primeras preocupaciones de las Administraciones Públicas y, en particular, de sus Institutos o Escuelas de Formación (como el Instituto Aragonés de Administración Pública), porque la formación no sólo debe canalizarse a través de los cursos de perfeccionamiento sobre las variadas técnicas de gestión –sin restarles importancia-, sino que ha de animarse en el interior de las Administraciones, a través de una corriente permanente de pensamiento que mantenga vivo el sentido de lo público y reelabore, de manera constante, el papel de la función pública en una sociedad democrática en permanente evolución y desarrollo.

No es posible vivir de rentas –aferrándose a viejos conceptos, en muchos casos faltos de vigor y de vigencia- ni situarse de espaldas a la realidad, sino que es preciso vivir atentos a la reflexión sobre todas aquellas cuestiones que resultan centrales en la idea y en la actividad de una Administración Pública: poderes y servicios públicos, transparencia, derechos de los ciudadanos, cambio social y nuevas necesidades, opciones en la gestión pública, calidad democrática, ética pública y tantas otras, que no solo permiten mantener la inquietud intelectual de los servidores públicos sino que, sobre todo, posibilitan mantener vivo el compromiso con el “servicio público” y formar una cultura organizativa con un elevado nivel de pensamiento y debate colectivo y, en definitiva, de exigencia.

Si hay un rasgo que caracteriza en buena medida a la actual función pública es la mediocridad, fruto de la rutina, de la repetición, del uso de modelos normalizados y de informes estandarizados, de una aplicación de las normas desconectada de su razón última, de su verdadero sentido, como es la garantía de los principios esenciales del Estado social y democrático de Derecho y la consecución de sus objetivos. Esa mediocridad, que se percibe inevitablemente en cualquier producto administrativo publicado en el Boletín Oficial de Aragón, es resultado no solo de la creciente desprofesionalización que provoca el modelo de acceso y provisión de puestos aplicados, sino también del olvido y del abandono de las ideas esenciales que dan vida a la función pública.

Las Escuelas de Formación de las Administraciones Públicas debieran desplegar, dentro de cada Administración,  un papel fundamental en la difusión de aquellas ideas –no necesariamente nuevas- que son particularmente fecundas para el ejercicio de la función pública. Obras como “La lucha por el derecho”, de Rudolf von Ihering, o “El político y el científico”, de Max Weber, debieran ser bagaje necesario de todos los funcionarios superiores de las Administraciones Públicas, al igual que tantas obras de pensamiento social y científico sin las cuales no es posible entender la función que se reserva a un servidor público en el momento actual. Los clásicos del pensamiento público –y las reflexiones sobre los actuales desafíos de las democracias- no pueden ser ajenos a la cultura organizativa de nuestras Administraciones Públicas, salvo que la opción por la mediocridad en nuestras instituciones públicas tenga el fin deliberado de someterlas a un rol subalterno, al servicio de una clase política ajena a cualquier propuesta de excelencia intelectual o moral.