EL DOBLE USO DE LA LEY.

Asistimos a un fenómeno preocupante en lo que respecta a la aplicación de la Ley por parte de algunos poderes públicos, que consiste sencillamente en creer que la misma solo obliga a los ciudadanos, de manera que los poderes públicos, en virtud de consideraciones de todo tipo –económicas o ideológicas-, se consideran legitimados para inaplicarla como y cuando lo consideren oportuno, entendiendo indebidamente que por encima de la ley está la voluntad política del Gobierno. Consideran innecesario modificar o derogar las leyes para eliminar los derechos que en ellas se reconocen, pues para ello basta inaplicarlas en todo lo que obligue a los poderes públicos, reservando su aplicación a aquello que impone deberes a los ciudadanos. Esta forma de gobernar es, sencillamente, inaceptable, y no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho.

Un ejemplo de esta manera de entender el ejercicio del poder político lo dio la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el reciente debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, desarrollado en las Cortes de Aragón. Reconoció que el Gobierno de Aragón no había dotado de manera suficiente los créditos presupuestarios destinados al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), pero no dijo que dicha prestación social se atiende con créditos ampliables y que el Gobierno estaba, por lo tanto, obligado a promover una ampliación de crédito si la dotación presupuestaria inicialmente aprobada resultaba insuficiente para el reconocimiento de las prestaciones a que tienen derecho los ciudadanos.

Podemos preguntarnos, por lo tanto, cómo la máxima responsable del Gobierno de Aragón, a la altura del mes de julio, no ha sido capaz de adecuar las partidas presupuestarias del área de atención social de acuerdo con lo previsto en la Ley, para cumplir una de las obligaciones más esenciales de todo Gobierno, como es evitar que los ciudadanos sufran situaciones de exclusión social y de pobreza.

El hecho de que, para disculpar tal incumplimiento, se apelase a la perversión moral que supone una atención social indiscriminada resulta verdaderamente escandaloso, cuando ello se hace desde un poder que no tiene voluntad de cumplir las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico, algo que solo puede deslegitimarle ante los ciudadanos.

La irracional ordenación de las becas para el servicio de comedor escolar o la propuesta de modificación del Ingreso Aragonés de Inserción –para restringir el acceso a dicha prestación-, o el bloqueo deliberado de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) no son ejemplos aislados de esta tendencia del Gobierno a entender la Ley como una norma que no les vincula –y cuyo incumplimiento no parece, de momento, tener consecuencias políticas ni jurídicas-, pero muestran bien claramente cómo las formas antijurídicas de gobernar no tienen reparo en aplicarse en las áreas más sensibles de la acción pública, frente a los ciudadanos que se hallan en situaciones de precariedad, poniendo en grave riesgo una condición esencial del Estado social y democrático de Derecho, como es la cohesión social.

Los servidores públicos estamos llamados a reaccionar frente a esta intolerable tendencia del poder político, de modo que el ordenamiento jurídico cumpla su verdadera función de ordenar la vida social, garantizando de manera efectiva los derechos de los ciudadanos legalmente reconocidos y ajustando la actuación de los poderes públicos al principio de legalidad, que no puede ser suplantado por el de la arbitrariedad política, aunque ésta se pretenda revestir de discursos morales contrarios a la ética pública más elemental.