Desde
la Asociación
hemos querido informar directamente a las diferentes instituciones públicas de la Comunidad Autónoma
sobre la importancia de los recientes autos dictados por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, con motivo de los incidentes de ejecución forzosa
promovidos ante la falta de ejecución voluntaria de las sentencias dictadas por
el Tribunal Supremo y por el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
anulando las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por no incluir la
totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.
Como
directos afectados por dichas resoluciones, en su condición de responsables de
personal en sus respectivos Departamentos, nos dirigimos hoy a los Secretarios
Generales Técnicos, solicitando su
activa contribución al respeto del derecho de acceso a la función pública, tras
haber sido condenado doblemente el Gobierno de Aragón por su conculcación.
Se
reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido a los
Secretarios Generales Técnicos de los distintos Departamentos:
“Zaragoza,
29 de julio de 2013.
Le
dirijo el presente escrito, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para
informarle de que, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a
través de sendos autos dictados con motivo de los incidentes de ejecución
forzosa promovidos por esta Asociación, ha requerido al Gobierno de Aragón para
que, en el plazo de seis meses, adopte todas las medidas necesarias para
proceder a la aprobación de nuevos Decretos de Oferta de Empleo Público de los
años 2007 y 2011, en los que se incluyan, respectivamente, todas las plazas
vacantes a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, que se hallen
cubiertas por funcionarios interinos, salvo que se prevea su efectiva
amortización o estén reservadas a funcionarios de carrera con destino
definitivo.
Dichos
autos de ejecución forzosa se refieren a las sentencias firmes obtenidas por
esta Asociación, como resultado de los recursos judiciales promovidos a través
del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, como
son la Sentencia
de 29 de octubre de 2010, del Tribunal Supremo, por la que se anuló el Decreto
de Oferta de Empleo Público para 2007, y la Sentencia de 10 de
febrero de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se
anuló el Decreto de Oferta de Empleo Público para 2011.
En
ambas resoluciones judiciales se concluyó que la Oferta de Empleo Público
aprobada por el Gobierno de Aragón vulneraba el derecho fundamental de acceso a
la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución
Española, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes
ocupadas por funcionarios interinos, de acuerdo con lo que exigen tanto el
Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Pese
a que esta Asociación se dirigió en septiembre del pasado año al Consejero de
Hacienda y Administración Pública, para solicitar la ejecución voluntaria de
ambas sentencias firmes, la falta de respuesta de dicho Consejero nos obligó a
acudir a los Tribunales el pasado mes de abril para instar su ejecución forzosa
judicial, dando lugar así a los dos autos citados, en los que se requiere al
Gobierno de Aragón dicha ejecución mediante la aprobación de nuevas Ofertas de
Empleo Público para 2007 y 2011 en el plazo de seis meses.
Creemos
que el conjunto de resoluciones judiciales dictadas, resultantes de la acción
de defensa del acceso a la función pública llevada a cabo por esta Asociación,
constituyen una desautorización de la política seguida en esta materia por parte
del Gobierno de Aragón, y debiera dar lugar a una profunda reflexión de todos
los órganos competentes en materia de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma
sobre la necesidad de respetar la legalidad y garantizar el pleno ejercicio de
los derechos fundamentales de los ciudadanos que afectan a la función pública.
Confiamos
en que, desde ese Departamento, se contribuya a la restauración del derecho
vulnerado mediante la correcta ejecución de las sentencias que anularon las
Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, y a la garantía futura del derecho de
acceso a la función pública, ajustando la aprobación y el contenido de las
Ofertas de Empleo Público a lo previsto en la Ley, en los términos señalados por el Tribunal
Supremo en su Sentencia de 29 de octubre de 2010.
Agradeciéndole
de antemano su atención, reciba un atento saludo.
Julio
Guiral Pelegrín. Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa”
4 comentarios:
Encomiable la labor que estais haciendo ojalá cundiera el ejemplo en toda España y hubiera asociaciones como la vuestra en todas las CCAA. Sinceramente no sé como una asociación como esta no sirve de ejemplo a otros y no se da más publicidad a lo que haceis. Mi más sincera enhorabuena.
Bueno, razones habrá para que las cosas sean como son.
Espero que esta Administración cumpla el auto del juez y por fin veamos ejecutadas las sentencias y no tengamos que hacer caso de los rumores sobre la posibilidad de solicitar la inaplicación de las mismas que últimamente se oye mucho.
Espero sinceramente que la Administración cumpla el Auto del Juez y podamos ver en poco tiempo una oferta complementaria y no tengamos que hacer caso de los rumores que apuntan a que la Administración está planteando la posibilidad de solicitar la inaplicación de la sentencia.
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