Como
consecuencia de los recursos promovidos por esta Asociación en defensa del
derecho de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, las tesis de la
Asociación fueron estimadas por los Tribunales, dando lugar a
la Sentencia
de 29 de octubre de 2010, del Tribunal Supremo, por la que se anuló el Decreto
de Oferta de Empleo Público para 2007, y Sentencia de 10 de febrero de 2012,
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se anuló el Decreto de
Oferta de Empleo Público para 2011 aprobado por el Gobierno de Aragón, al no incluirse en ellas la totalidad de los puestos vacantes ocupados por personal interino, incumpliendo con ello lo señalado por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ambas
sentencias, pese a su firmeza, no fueron ejecutadas de forma voluntaria por el
Gobierno de Aragón. De hecho la petición dirigida al Consejero de Hacienda y
Administración Pública, José Luis Saz, solicitando la ejecución de ambos
fallos, conforme a lo señalado en la
Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, no obtuvo respuesta, lo que llevó
a esta Asociación a solicitar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la
ejecución forzosa de ambas resoluciones judiciales, para asegurar la tutela
judicial efectiva de los derechos y restaurar el derecho fundamental vulnerado
por el Gobierno de Aragón con sus irregulares Ofertas de Empleo Público.
El
pasado viernes se notificó a esta Asociación un primer auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, relativo a la
Sentencia de 10 de febrero de 2012, del propio TSJA, por el
que se requería al Gobierno de Aragón para que adoptase todas las medidas
necesarias a los efectos de que, en un plazo de seis meses, se aprobase un
nuevo Decreto de Oferta de Empleo Público del año 2011 que incluyera todas las
plazas vacantes a 31 de diciembre de 2010 y cubiertas por funcionarios
interinos, salvo aquellas que se prevea su efectiva amortización y las que
estén reservadas a funcionarios de carrera con destino definitivo.
Ayer,
se notificó el segundo auto dictado por la misma Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, relativo a la
Sentencia de 29 de octubre de 2010, del Tribunal Supremo, por
el que nuevamente se viene a requerir al Gobierno de Aragón la aprobación de un
Decreto de Oferta de Empleo Público complementaria a la aprobada en su día para
2007, que incluya todas las plazas vacantes a 31 de diciembre de 2006 cubiertas
por funcionarios interinos, salvo aquellas que se prevea su efectiva amortización
y las que estén reservadas a funcionarios de carrera con destino definitivo. El
auto admite la posibilidad de que la Administración apruebe un único Decreto
complementario que incluya dicha Oferta de Empleo conjuntamente con la de 2011,
procediendo así a una ejecución conjunta de las Sentencias del Tribunal Supremo
y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón objeto de los respectivos
incidentes de ejecución forzosa.
Con
este último pronunciamiento judicial, concluye esta fase de intervención de los
Tribunales en garantía de la ejecución de las sentencias, correspondiendo ahora
al Gobierno de Aragón dar cumplimiento a las dos Sentencias que, hasta la
fecha, no había querido llevar a efecto.
Como
ya se ha señalado en otra nota de este blog, esta Asociación va a dirigirse a
todas las instituciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón para informar de las resoluciones
judiciales dictadas, y señalar la obligación que compete al Gobierno de Aragón
de aprobar, en el plazo de seis meses, las correspondientes Ofertas de Empleo Público
que vengan a corregir la vulneración del derecho de acceso declarada por los
Tribunales.
3 comentarios:
El Gobierno está obligado a cumplir.
EL PERIÓDICO 19/07/2013
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en un auto de este mes obliga al Gobierno de Aragón a convocar las oposiciones que están pendientes del año 2011. Lo hace después de estudiar las alegaciones presentadas por la asociación para la defensa del empleo público contra una sentencia del propio TSJA en la que precisamente se anualaba esa convocatoria. Ahora rectifica y pone plazo al Ejecutivo para que haga pública la oferta y que además incluya las plazas pendientes del 2010.
El auto admite la posibilidad de que la Administración apruebe un único Decreto complementario que incluya dicha oferta de empleo conjuntamente con la de 2011, procediendo así a una ejecución conjunta de las Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón objeto de los respectivos incidentes de ejecución forzosa, según explicaron ayer desde la asociación.
Con este último pronunciamiento judicial, concluye esta fase de intervención de los tribunales en garantía de la ejecución de las sentencias, correspondiendo ahora al Gobierno de Aragón dar cumplimiento a las dos sentencias que, hasta la fecha, no había querido llevar a efecto. Ahora la asociación va a dirigirse a todas las instituciones de la comunidad autónoma de Aragón para informar de las resoluciones judiciales dictadas, y señalar la obligación que compete al Gobiernode aprobar, en el plazo de seis meses, las correspondientes ofertas de empleo público que vengan a corregir la vulneración del derecho de acceso declarada por los tribunales.
Hay que recordar que como consecuencia de los recursos promovidos por esta asociación en defensa del derecho de acceso a la función pública las tesis de este colectivo fueron estimadas por los tribunales, dando lugar ya a la sentencia de 29 de octubre del 2010, del Tribunal Supremo, por la que se anuló la oferta de empleo para el 2007.
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