LA CORRUPCIÓN PÚBLICA, A EXAMEN PARLAMENTARIO.

Hoy comienza sus trabajos la Comisión de investigación parlamentaria, constituida en las Cortes de Aragón, para examinar la gestión de la plataforma logística PLAZA, en la que las investigaciones judiciales realizadas hasta el momento apuntan a una escandalosa y millonaria malversación de dinero público, figurando entre los imputados no solo el Gerente de la empresa pública, además de altos responsables de las empresas adjudicatarias de las obras, sino algún alto cargo del círculo de máxima confianza del anterior Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias.

Por dos veces esta Asociación pidió a las Cortes de Aragón la constitución de esta Comisión de Investigación, dada la necesidad de que, al margen de las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los gestores del proyecto, se determinen las posibles responsabilidades políticas y, sobre todo, se identifiquen las carencias de control en la gestión pública que no han podido evitar las irregularidades detectadas. No es admisible que responsables políticos del Departamento de Obras Públicas de la anterior etapa de gobierno, incapaces de detectar y corregir las irregularidades producidas, continúen ocupando puestos en los órganos de dirección del Parlamento aragonés, sin asumir la menor responsabilidad por sus omisiones o negligencias.

Lo sucedido en PLAZA tiene unas dimensiones de enorme gravedad y presenta preocupantes derivaciones que ponen de manifiesto el reducido nivel de integridad que ha existido en la gestión pública y en la actividad empresarial en años pasados. La situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, que esta asociación se vio obligada a denunciar a la Fiscalía General del Estado, era el perfecta ejemplo de la irregular utilización de los puestos públicos para retribuir servicios políticos. PLAZA no era un caso aislado, ni mucho menos. La regeneración imprescindible que necesitan el Gobierno de Aragón y el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin embargo, no se ha abordado con la debida determinación. Poco se ha avanzado a lo largo de la actual legislatura.

Carecemos de una estrategia decidida para evitar que sucesos de corrupción como los de PLAZA vuelvan a producirse, y el escaso impulso de una función pública profesionalizada –más allá de la retórica con la que se pretende acompañar el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón- es una evidencia de la falta de voluntad de corregir abusos y prevenir irregularidades. La dimisión del alcalde de Sos del Rey Católico, denunciando la falta de apoyo político a sus iniciativas para corregir irregularidades en la gestión local, es un claro ejemplo de que la acción política poco tiene que ver con el discurso de regeneración con el que se quiso abrir esta legislatura.

Llama la atención que las organizaciones empresariales y sindicales apenas hayan impulsado medidas para reforzar la integridad en la gestión pública.  Sin una decidida movilización de los agentes sociales y de la ciudadanía contra abusos y comportamientos ilícitos en la gestión de los intereses públicos, resultará difícil avanzar de manera efectiva en la corrección de las debilidades de nuestro sistema.

La apelación que desde esta Asociación hemos realizado a las medidas contempladas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2006, no ha encontrado eco en ninguna de las instituciones a las que nos hemos dirigido, pero no por ello dejaremos de insistir en la necesidad y obligación de implantar sus previsiones en nuestras Administraciones, haciendo de la función pública un poderoso agente en la prevención y lucha contra la corrupción.

Desde esta Asociación seguiremos con atención los trabajos de la Comisión de Investigación constituida en las Cortes de Aragón, cuyas conclusiones debieran servir para revisar en profundidad el funcionamiento del sector público empresarial y potenciar los mecanismos internos para alertar de posibles actuaciones irregulares, haciendo de cada servidor público un agente anticorrupción.