UNA INTERVENCIÓN DE VEINTE MINUTOS.

El próximo martes 24 de junio, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, intervendrá durante un tiempo máximo de veinte minutos ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, para trasladar a los diputados aragoneses una serie de discrepancias con el Proyecto de Ley de Función Pública aprobada por el Gobierno de Aragón y actualmente en tramitación parlamentaria, discrepancias sobre el fondo y la forma de tramitación que aconsejan la retirada del proyecto.

Los diferentes Grupos Parlamentarios pueden imaginar de antemano la posición de esta Asociación, pues a todos se les remitió en su día el escrito de alegaciones formulado al anteproyecto de ley elaborado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, y para su análisis y comentario se mantuvieron reuniones con los tres grupos de la oposición. Sin embargo, el rechazo entonces compartido por todos esos grupos podría haberse visto modificado, no por el hecho de que el contenido de la ley haya variado –sigue siendo sustancialmente el mismo-, sino porque el texto parece haber recibido el visto bueno de los sindicatos de la función pública. ¿Algo tendrá cuando lo bendicen? Algo, desde luego, pero no lo que necesita la función pública.

Creemos, no obstante, que es necesario que se oiga una voz crítica frente al proyecto, pues éste nos conduce hacia una función pública que poco o nada tiene que ver con los principios constitucionales de mérito, capacidad, profesionalidad e imparcialidad. Frente al necesario deslinde entre política y administración –entre dirección y gestión-, el nuevo proyecto abre novedosas y amplísimas vías de penetración de la presencia de personal de confianza política en la función pública, a través de la figura del personal directivo, figura que permite que una persona ajena a la función pública pueda ocupar, mediante contrato de alta dirección, el puesto de director provincial de un Departamento, por ejemplo.

El Proyecto de Ley de Función Pública aprobado por el Gobierno de Aragón representa una agresión sin precedentes al modelo de función pública profesional e imparcial, para someterla al estricto dictado político, pues basta que en la relación de puestos de trabajo se califique como puesto directivo un determinado puesto hasta el momento reservado a funcionario público para que, a partir de ese momento, pueda ser adjudicado a personal externo mediante contrato de alta dirección. El uso que se ha hecho de esta figura durante la actual legislatura, en ámbitos como los servicios sociales, permite augurar el enorme potencial desprofesionalizador de tal medida.

A su vez, la falta de memoria económica –más allá de un documento sin fecha ni firma que acompaña al Proyecto de Ley, al que no cabe reconocer valor jurídico alguno- supone una vulneración flagrante de la normativa presupuestaria y de estabilidad económica, pero parece que prometer lo que no se puede pagar, legislar lo que no se puede aplicar, ha sido la clave para lograr el beneplácito sindical –que una vez más confunden interesadamente profesionalidad con carrera profesional- para, de este modo, obtener el consenso de los grupos parlamentarios de la oposición, que acaso olvidan que la importancia de la función pública  y los intereses de la ciudadanía son muy superiores a la estrategia sindical y a las expectativas retributivas de los empleados públicos.

Veinte minutos son poco tiempo para analizar un Proyecto de Ley, pero debiera ser suficiente para expresar, de forma sintética, las razones que justifican su rechazo y su devolución, ya que en él solo se nos propone una función pública menos profesional pero más cara, un verdadero fraude a la sociedad y a los propios servidores públicos, a los que se hace un flaquísimo favor.