SUMA DE ARBITRARIEDAD Y MANIFIESTA INCOMPENTENCIA EN EL CURRICULUM DE LA GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES.

La tolerancia del Departamento de Hacienda y Administración Pública con la arbitrariedad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales parece no tener límite. El pasado 13 de junio de 2014, se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón una Orden del citado Departamento, suscrita por su titular, Javier Campoy, en la que se modificaban los requisitos de desempeño del puesto de trabajo de Director/a Provincial de Zaragoza del IASS, para posibilitar que accedan al mismo funcionarios de Administraciones distintas a la de la Comunidad Autónoma, ya sea la Administración Local o las de otras Comunidades Autónomas.

Ninguna razón objetiva ni de carácter organizativo justifica una modificación de ese tipo, que se adopta de manera singularizada y excepcional en el citado Instituto, y solo para la Dirección Provincial de Zaragoza, justamente aquella en la que nunca han existido problemas de candidatos entre el personal de la Administración autonómica. La razón de ser de este cambio, por lo tanto, y los antecedentes existentes lo avalan sobradamente, no es otra que la voluntad arbitraria de la responsable del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Cristina Gavín, de colocar en dicho puesto a un funcionario que no cumple los requisitos de desempeño establecidos en la relación de puestos de trabajo.

Si, tal y como se señala en el ordenamiento jurídico, la provisión de los puestos de trabajo ha de realizarse con estricta sujeción a lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, el Departamento de Hacienda y Administración Pública, como órgano competente para la aprobación de dichos instrumentos de ordenación, debiera evitar que los centros directivos y gestores modifiquen las características de los puestos, de manera arbitraria, para cubrir los puestos de manera contraria a la exigida por la relación de puestos de trabajo vigente. Han de buscarse candidatos que cumplan los requisitos del puesto, y no adaptar el puesto al perfil del candidato. Esto constituye una evidente desviación de poder.

El sometimiento a las normas no es compatible con la práctica de modificar la norma para posibilitar decisiones que la norma no permite. Esta práctica supone, por el contrario, supeditar las normas –su contenido y su carácter vinculante- a la voluntad de los órganos administrativos, de manera que nunca supongan un límite para ésta, sino un mero obstáculo que cabe remover con la correspondiente modificación. En esta irregular e inadmisible práctica, que subvierte el modelo de ordenación de la función pública, son tan responsables quienes promueven la modificación como quienes la tramitan y aprueban. Es decir, no tienen menos responsabilidad el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y el Consejero de Hacienda y Administración Pública que la Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

El efecto que produce este tipo de práctica es hacer creer a los responsables de los órganos directivos que están por encima de las normas y que el ordenamiento jurídico queda siempre a merced de su decisión política, que no puede quedar limitada por ninguna regla jurídica, llegando a ignorar o desconocer hasta el ámbito competencial propio y permitirse invadir las competencias de otros órganos. Prueba de ello es la Resolución que se publicaba el 19 de junio de 2014, por la que, de nuevo, la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se permitía disponer de recursos públicos que quedan fuera de su competencia, como son los comedores escolares de los centros docentes, y proceder a la convocatoria de ayudas para el servicio de comedor escolar durante el periodo de vacaciones de verano. ¿Acaso el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte ha pasado, como el Departamento de Hacienda y Administración Pública, a quedar sometido a los caprichos y arbitrariedades de la Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales?

Nos encontramos ante actuaciones irregulares de particular gravedad, en las que la objetividad y la racionalidad de la organización administrativa quedan a merced de decisiones de quien parece desconocer o despreciar las pautas más elementales de la actuación administrativa. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales es manifiestamente incompetente para determinar el funcionamiento de los centros docentes de la Administración autonómica. Debe recordarse que, conforme a las normas de procedimiento administrativo, son nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, como sucede en el presente caso. ¿Quién puede reconducir, ahora, a la legalidad la improcedente actuación de la incompetente titular del Instituto Aragonés de Servicios Sociales? ¿Una vez más se va a consentir que prosiga al frente de sus responsabilidades públicas quien carece manifiestamente de las actitudes y capacidades exigibles para ello?