En
la mañana de ayer, tuvo lugar la comparecencia de los representantes de esta
Asociación ante la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, para
expresar las razones que llevan a nuestra Asociación a rechazar el Proyecto de
Ley de Función Pública aprobado por el Gobierno de Aragón el pasado 13 de mayo
y solicitar igual rechazo a los Grupos Parlamentarios.
El
desarrollo de las diferentes intervenciones supuso a nuestro juicio un diálogo
constructivo –más allá de las concretas posiciones de cada uno de los
intervinientes-, y esta Asociación se sintió escuchada y respetada por todos
los Grupos Parlamentarios, en forma muy distinta a la primera comparecencia que
realizamos en el año 2007, donde nuestras denuncias de ilegalidad en materia de
función pública resultaron visiblemente molestas a determinados grupos.
La
sesión de ayer fue un positivo diálogo entre una organización de la sociedad
civil, que se ocupa de la defensa de la función pública, y los portavoces de
los diferentes grupos parlamentarios, a los que corresponderá el estudio y
debate del proyecto de ley aprobado por el Gobierno de Aragón.
Esta
Asociación tenía particular interés en trasladar al Parlamento, de forma
directa, sus graves preocupaciones por el deficiente modelo de función pública
que contiene el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno de Aragón, pues se
producen graves retrocesos en cuanto a la profesionalidad de la función pública
–en el modo en que se introduce la figura del personal directivo y se establece
el modelo de provisión de puestos de trabajo- y se implanta de manera poco
meditada un modelo de carrera horizontal, con carácter universal –haciendo realidad
la vieja consigna sindical “carrera para
todos”-, cuya incidencia en la racionalidad organizativa y, sobre todo, en
el coste de los servicios públicos, no ha merecido la menor atención.
No
estaría de más prestar atención a las indicaciones del Consejo Consultivo, en
cuyo dictamen se alerta de que dicho modelo de carrera horizontal, sin las adecuadas garantías en su desarrollo y aplicación, puede
acabar en un “fracaso absoluto”. Razonablemente, conociendo la actual realidad
de nuestra Administración, cabe dudar de que el modelo se dote de las adecuadas
garantías, y no es descartable que el resultado sea un dislocamiento grave de la organización y un
encarecimiento generalizado e inasumible del capítulo de personal. Algo que, si
no preocupa al Gobierno y a los sindicatos, sí debiera preocupar a los
ciudadanos y a sus representantes, a quienes corresponde aprobar las leyes
buscando la racionalidad y el interés general, algo que dista mucho de estar
asegurado en el texto aprobado por el Gobierno de Aragón.
La
comparecencia de ayer significó un claro afianzamiento de las relaciones que
esta Asociación viene manteniendo con determinados grupos parlamentarios, pero
supuso también la apertura a una posibilidad de diálogo con los propios grupos
de la mayoría parlamentaria, que no pueden negarse a escuchar los argumentos
que alertan de las posibles deficiencias del modelo auspiciado por el Gobierno
al que han otorgado su confianza.
Esta
Asociación siempre ha tenido particular cuidado en respetar el papel que
corresponde a las instituciones democráticas –entre las que el Parlamento ocupa
una posición central-, y por ello valora muy positivamente que nuestra petición
de comparecencia haya sido tramitada con agilidad, que la sesión se haya
celebrado en un tono constructivo y de mutua confianza y que se haya invitado a
esta Asociación a aportar a los Grupos propuestas de modificación al articulado
del proyecto, para su posible consideración. No obstante, esta Asociación sigue
creyendo que, sin la necesaria memoria económica sobre costes derivados de la Ley y sobre su modo de
financiación, debe rechazarse su posible tramitación.
12 comentarios:
Es lógico que se valore el trabajo realizado.
Lo contrario no tendría ningún sentido, sobre todo cuando el trabajo se pone a disposición de todos, sin excepción.
Esto se lee en la página web del Gobierno de Aragón:
el Consejo de Gobierno ha aprobado la Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, para hacer visible al ciudadano cómo se gestiona lo público y para que éste pueda participar de las políticas públicas. Según el portavoz del Gobierno, “el ejemplo de esa participación es la propia ley, que se ha redactado teniendo en cuanta más de 450 aportaciones que han realizado más de 30 entidades y un centenar de ciudadanos. Con sus opiniones hemos hecho una buena ley”, ha recalcado.
La Universidad de Zaragoza, UGT, CCOO, el Justicia de Aragón, la Federación Aragonesa de Solidaridad, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Aragón, colegios profesionales… Así hasta más de 30 entidades y 90 ciudadanos a título individual han participado para mejorar el texto y han hecho que se modifiquen 49 artículos y 6 disposiciones de los 60 artículos y 11 disposiciones que forman esta ley.
Esta ley afecta a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, las sociedades mercantiles con participación pública superior al 30%, las fundaciones con más del 30% de participación pública, las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón…
Todos ellos tendrán que ser transparentes y publicar, entre otras cosas, las retribuciones de los altos cargos y máximos responsables, los convenios colectivos, el personal de confianza –con sus funciones y retribuciones-, el dinero que se destine a las campañas de publicidad institucional, etc.
La Participación Ciudadana regula los procesos y mecanismos que permiten que las opiniones ciudadanas se valoren y se reflejen en las políticas.
Con este otro tema:
En el caso de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, se eleva a rango de ley el Código de Buenas Prácticas que ya aprobó el Ejecutivo en agosto de 2011 y que lleva aplicando desde entonces. En el nuevo texto, por tanto, aparece el llamado Código de Buen Gobierno, con las líneas de conducta que deben seguir los miembros del Ejecutivo aragonés y sus altos cargos.
Como ha explicado Bermúdez de Castro, “la base son principios como la eficacia, la eficiencia, la neutralidad o la imparcialidad en la toma de decisiones. Y aparece algo tan básico como el respeto a la Constitución y algo más específico como el uso adecuado y austero de los gastos de representación y protocolo”.
La ley establece también un régimen de conflicto de intereses para delimitar las situaciones en las que los intereses privados pueden entrar en colisión con los intereses públicos. Y para ello se parte de un principio esencial: la dedicación exclusiva al cargo público.
Como novedad fundamental, se limitan las actividades privadas que pudieran llevar a cabo los miembros del Gobierno y altos cargos en los dos años siguientes a su cese como cargo público. Para ello, tendrán que tener la autorización del órgano competente que declare la inexistencia de un conflicto de intereses, así como presentar una nueva declaración de actividades cada vez que la inicie.
Pero, además, se profundiza en el régimen de las declaraciones de las actividades económicas, profesionales y mercantiles, que se harán públicas, como ahora lo son las de los Diputados de las Cortes de Aragón. Los miembros del Gobierno y altos cargos tendrán que declarar su patrimonio, bienes y derechos ante el Órgano que controla los conflictos de intereses. Ahí también presentarán anualmente las declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
Este organismo, como ha detallado el portavoz del Gobierno, “realizará un examen de la situación patrimonial, al comienzo y al final del mandato. El órgano competente realizará un análisis para ver si durante el ejercicio del cargo público se han producido incrementos patrimoniales sin justificar. En el caso de presentarse indicios de enriquecimiento injustificado se informará a las autoridades judiciales que corresponda. Las conclusiones se publicarán en el Portal de Transparencia”.
En la Ley se ha introducido, además, un régimen sancionador. Algo que no existía en Aragón hasta ahora y que permite garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones. No son sanciones simbólicas, sino que tendrán que devolver las cantidades percibidas indebidamente o la destitución del cargo cuando los datos presentados en las declaraciones sean falsos.
¿Esto marcha?
La DGA ha convocado 1.522 puestos de funcionarios en lo que va de legislatura para acabar con la provisionalidad de los funcionarios de carrera tras aprobar los correspondientes decretos.
El director general de Función Pública y Calidad de los Servcios del Gobierno de Aragón, Ignacio Murillo, dio por cumplido "el compromiso adquirido al principio de la legislatura". Además, hizo un repaso pormenorizado de todas las convocatorias para "acabar con el problema de la provisionalidad funcionarial".
Murillo anunció que "una vez cumplido el compromiso inicial" la intención del Gobierno es "completar el proceso mediante la convocatoria y resolución de concursos".
HA.
No reconoción el Consejero Campoy en las Cortes que habían otorgado más de 1700 comisiones de servicio?. No estamos por lo tanto igual que antes?
Es estupendo que reinase un buen clima durante la comparecencia. A lo mejor es posible el diálogo entre sociedad e instituciones políticas, y la cuestión es cultivarlo.
La comparecencia de hoy:
El director general de la Función Pública destaca el cumplimiento del compromiso de reducir la provisionalidad en los funcionarios de carrera
Ignacio Murillo, que ha comparecido hoy en Comisión a solicitud del consejero de Hacienda para exponer la situación de los procesos de movilidad convocados para el personal de la Administración General de Aragón, ha destacado que “hemos creado la base y las herramientas adecuadas para facilitar una gestión eficiente, no costosa, ágil y con criterios claros y objetivos”
Zaragoza, 25/06/2014.- El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Murillo, ha comparecido hoy en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública a solicitud del consejero Javier Campoy para exponer la situación de los procesos de movilidad convocados para el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón. Murillo ha destacado a lo largo de su comparecencia, en la que ha aportado a los miembros de la Comisión numerosos datos, que “el compromiso adoptado en 2011 de reducir la provisionalidad en los funcionarios de carrera se ha cumplido” y ha incidido en que “hemos ido más allá, completando el proceso mediante la convocatoria y resolución de concursos en los que se oferten puestos base pendientes de los grupos A y B y los restantes puestos de los grupos C y D”.
Murillo se ha centrado en la provisionalidad de los funcionarios de carrera, que se articula a través de las comisiones de servicio o las adscripciones provisionales, señalando que “esa provisionalidad condicionaba el derecho a la movilidad y el funcionamiento eficaz de la Administración”. El director general ha reiterado que “el compromiso asumido, muy complejo técnicamente, está prácticamente completado” y ha manifestado que, “gracias a la resolución de los concursos, se ha pasado de los mil doscientos veintiocho puestos que existían en comisión de servicios en el año 2011 a seiscientos noventa y nueve”.
El compareciente ha manifestado que la situación “se ha regularizado, deseamos que este proceso normalizado se mantenga y creemos que hemos creado la base y las herramientas adecuadas para facilitar una gestión eficiente, no costosa, ágil y con criterios claros y objetivos”, por lo que ha señalado que el trabajo realizado “debe continuar y debería ser un compromiso de todas las fuerzas políticas para mantener ordenada la Administración por el bien de la Comunidad”.
Murillo ha expresado también “un compromiso muy real con el proyecto de ley de función pública”, del que ha destacado “el elevado consenso con sindicatos y otros agentes”. Por último, el compareciente se ha referido a los interinos, recalcando que “no se persigue la destrucción de empleo”, sino cambiar la condición de ese empleo, “convertir la interinidad en empleo fijo”, aunque ha destacado que este es un proceso que “requerirá mucho más tiempo de una legislatura”.
cortes de aragon
La diputada popular Nuria Loris ha agradecido al compareciente por “dejar la función pública aragonesa ordenada al fin” y ha felicitado al Gobierno por “regularizar las ofertas de empleo público y sacar todas aquellas plazas que estábamos obligados a sacar”. Loris ha señalado también que el proyecto de ley de la función pública “no se ha podido traer antes ya que se ha estado consensuando” y ha destacado que “también se ha mejorado la transparencia, poniendo a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria, incluyendo las RPT”.
La socialista Ana Fernández ha criticado que “no se ha conseguido el objetivo”, ya que, en su opinión, “los distintos concursos podían haberse hecho bastante mejor, ha habido un amplio margen de discrecionalidad y muchas alegaciones”. La diputada, que también ha criticado que las plazas vacantes “se cubren de nuevo con comisiones de servicio, con lo que la inestabilidad y la provisionalidad continúan en la Comunidad”, se ha referido al proyecto de ley de Función Pública, señalando que el Gobierno “ha incumplido sus compromisos de traerlo a las Cortes hace unos cuantos meses”.
Por parte del PAR, Antonio Ruspira ha señalado que lo importante es conocer la “radiografía temporal del proceso” desde el año 2011 hasta el 2015, “para poder valorar lo que se ha hecho a lo largo de la legislatura”. El diputado ha manifestado su deseo de que lo realizado “sirva de base para el desarrollo futuro de la gestión pública” y, respecto a los interinos, ha pedido la “racionalización del capítulo 1”, remarcando que desde el PAR “queremos que se analice lo que la Función Pública necesita y hacer una estructura eficiente, ya que nos encontramos en un marco de estabilidad presupuestaria”.
José Luis Soro, representante de CHA, ha agradecido la información “difícil de conseguir a veces desde las Cortes, y que representa una foto fija de este momento” y se ha mostrado “de acuerdo con la solución adoptada de macroconcursos y de que se esté solucionado el problema de la provisionalidad”. Soro, tras dar su apoyo al proceso ha expresado “nuestra preocupación por cómo quedará la situación al final, ya que una buena función pública repercute en un buen servicio a los ciudadanos”, preocupación que también ha señalado acerca del “futuro de los interinos”.
Por último, el diputado de IU Adolfo Barrena ha renunciado a intervenir como muestra de protesta porque “una comparecencia de mi grupo solicitada en agosto de 2013 aún no se haya sustanciado y sin embargo si que se sustancie la del director general, solicitada por el consejero en junio de 2014”, lo que ha calificado como “una tomadura de pelo y una vulneración de los derechos de mi grupo parlamentario”. Barrena ha añadido que su no intervención es también una “expresión de queja de como la mayoría que gobierna la Cámara entorpece el trabajo de la oposición”.
cortes de aragon
¿Se podría hacer algo con el asunto de los enchufes en el Tribunal de Cuentas? ¿No es una cosa que hay que pedir que se aclare?
Publicar un comentario