IMPUGNADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2014 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO.

El pasado día 4 de junio, esta Asociación formalizó ante el Tribunal Supremo la interposición del recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento ordinario, contra el Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2014. Por vez primera, esta Asociación lleva ante los Tribunales una Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado, vista la absoluta pasividad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para hacer respetar el derecho fundamental de acceso a la función pública y la legislación básica estatal que en materia de selección de personal establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

El motivo de la impugnación se desprende del primer párrafo de la parte expositiva del propio Real Decreto 228/2014, en el que se señala: “La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, establece que, a lo largo del presente año, no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal, exceptuándose de la citada limitación una serie de sectores y administraciones que se contemplan en el artículo 21 de la citada norma, respecto de los cuales se determina que se aplicará una tasa de reposición de hasta un máximo del 10 por ciento”.

A nuestro juicio, una Oferta de Empleo Público es el instrumento de ordenación establecido para atender las necesidades de personal de nuevo ingreso de una Administración, pero esas necesidades no son en todo caso de libre determinación, pues el propio ordenamiento jurídico precisa los supuestos en los que es obligada la inclusión de plazas en tales ofertas, como es el caso de las plazas vacantes ocupadas por interinos, porque así lo señala el Estatuto Básico del Empleado Público y lo ha declarado el Tribunal Supremo en la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón.

Podría pensarse que lo que dice una Ley, como es el Estatuto Básico del Empleado Público, lo puede modificar otra Ley, como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que dicho criterio es el da cobertura jurídica al Real Decreto aprobado por el Gobierno de España. Podría pensarse y algunos lo creen así, pero esta Asociación discrepa radicalmente de tal planteamiento, por la sencilla razón de que el acceso a la función pública no es un mero derecho legal que pueda ser limitado o suspendido temporalmente por una ley, como es la que aprueba anualmente los presupuestos generales del Estado, sino un derecho fundamental, que como tal vincula a todos los poderes públicos, incluido el legislador, y cuya regulación en ningún caso puede dejar de respetar su contenido esencial.

Forma parte del contenido esencial de dicho derecho, porque así lo entendió en su momento el Tribunal Supremo, la realización de los procesos selectivos necesarios para cubrir las vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público. Los órganos de gobierno competentes pueden, de forma motivada, suprimir plazas en la Administración, pero no bloquear su provisión conforme a criterios de mérito, capacidad y publicidad, pues la Constitución no puede ser desconocida ni verse vaciado de contenido normativo por una decisión del legislador.

Ni las Cortes Generales pueden establecer que durante un año no se incorporará nuevo personal –pues ello equivale a suspender temporalmente el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos- ni es posible aplicar a las plazas vacantes ocupadas por interinos la técnica de las tasas de reposición de efectivos, pues ésta, si ha de operar sobre algún factor del empleo público, ha de ser sobre su dimensión y no sobre el régimen de selección, es decir, sobre vacantes netas y no cubiertas temporalmente -salvo amortización-, y a la vista está el resultado de su inadecuada aplicación, cuando en la Comunidad Autónoma de Aragón se sobrepasa el 35% de temporalidad en el conjunto de su plantilla de personal.

Semejante tasa de temporalidad –muy superior a la existente en la Administración General del Estado- no solo habla del anómalo funcionamiento del sistema de selección de personal, sino sobre todo deja al descubierto la sistemática vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública, por la falta de aprobación de las ofertas anuales de función pública –como ha ocurrido de forma reiterada en Aragón, incluido el actual ejercicio- o por la aprobación de ofertas manifiestamente insuficientes.

Es evidente que la situación que se vive en las Administraciones Públicas solo la pueden corregir los Tribunales –tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional-, pues lo que demanda el pleno respeto al derecho fundamental de acceso es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que invalide las previsiones de las Leyes de Presupuestos que limitan y lesionan el contenido esencial del derecho de acceso a la función pública, tal y como ha sido delimitado por el Estatuto Básico del Empleado Público. Ese es el objetivo que se ha marcado esta Asociación a la hora de impugnar la Oferta de Empleo Público para 2014 de la Administración General del Estado.