EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE LA QUEJA POR LA CARENCIA DE MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN.

El titular de la institución del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha comunicado a esta Asociación, mediante escrito de 27 de mayo de 2014, la decisión de admitir a supervisión la queja planteada en relación con la falta de memoria económica del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón recientemente aprobado por el Gobierno de Aragón, carencia que se ponía de manifiesto en el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Aragón.

Considera esta Asociación, al margen de otros muchos motivos de discrepancia con el referido proyecto normativo, que ya fueron expresados en el escrito de alegaciones presentado en su día, dentro del trámite de consulta abierto por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, que una norma como la futura Ley de Función Pública de Aragón, en la que se establece un nuevo modelo retributivo para los empleados públicos y se prevé el desarrollo de una carrera horizontal de carácter horizontal, para el conjunto de los miembros de la función pública, requiere un detallado estudio sobre sus costes y sus criterios de financiación.

No cabe alegar que no resulta posible una cuantificación de sus consecuencias económicas ni cabe resolver la cuestión con una serie de consideraciones genéricas, pues la consistencia de un modelo de función pública se asienta sobre todo en su racionalidad económica y su viabilidad presupuestaria.

Nuestra objeción al apartado económico del Proyecto de Ley de Función Pública no se limita al incumplimiento de las obligaciones formales de la tramitación, como puedan ser la elaboración de la preceptiva memoria económica o la emisión del informe del Departamento de Hacienda y Administración Pública que exige la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, sino sobre todo a la debilidad e inconsistencia que comporta un modelo de función pública que carece de un estudio detallado y realista de su impacto presupuestario a medio y largo plazo, cuando las previsiones de carrera profesional comiencen a tener su verdadero desarrollo, imponiendo un compromiso de créditos presupuestarios cuya cuantía carecía de la debida previsión.

No hay que remontarse muy lejos para observar que algunas de las previsiones de naturaleza retributiva contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, como la relativa a las pagas extraordinarias, no solo no han podido tener desarrollo efectivo, tras siete años de vigencia, sino que decisiones de naturaleza extraordinaria llevaron a la supresión de la paga extraordinaria de navidad en 2012, así como a una reducción general de la cuantía de las retribuciones de todo el personal de las Administraciones Públicas. En ese escenario, promover una norma de función pública de Aragón sin un serio estudio de su apartado económico obliga a dudar de la consistencia y viabilidad del conjunto de sus previsiones.

La sostenibilidad presupuestaria de la función pública se corresponde con la garantía de los servicios públicos, razón por la cual no es posible minimizar esta cuestión, como parece pretender el Gobierno de Aragón, al remitir a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley que afecta a uno de los principales capítulos de gasto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, y hacerlo precisamente incumpliendo las exigencias de control de viabilidad económica que impone la propia Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Esperemos que el Justicia de Aragón, pero sobre todo los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, impongan al Gobierno de Aragón el sentido de responsabilidad que cabe exigir en este tema.