OPOSITORES INDIGNADOS.

La existencia de ciudadanos exigentes, demandantes de servicios de calidad, es una condición necesaria en toda estrategia de mejora de los servicios públicos. En toda estrategia de calidad han de incluirse compromisos de buena gestión y compensaciones por el mal funcionamiento, a través de las cartas de servicios, y han de establecerse canales para la formulación de quejas y reclamaciones por mal funcionamiento o trato desconsiderado. Para corregirlo, naturalmente.

Sería deseable que el buen trato que la Administración ha de dispensar a los ciudadanos empezase por el respeto a los derechos y expectativas legítimas de quienes desean acceder a los puestos de trabajo ofertados por la Administración, acudiendo a las convocatorias de procesos selectivos realizadas para ello: es decir, el respeto a los derechos de los opositores.

Numerosos Estatutos de Autonomía, en sus recientes reformas, han incorporado en su Título relativo a derechos y principios rectores, el derecho a una buena administración, haciéndose eco de un principio de enorme potencialidad surgido en el ámbito de la Unión Europea, auspiciado por el Defensor del Pueblo Europeo. No lo ha hecho así el Estatuto de Autonomía de Aragón, que nada dice sobre tal derecho de los ciudadanos. También es llamativo el hecho de que la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, al enunciar sus principios de organización y funcionamiento, olvide hacer hincapié en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, algo a lo que se dedica un precepto específico por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

Podría considerarse que tales previsiones normativas resultan innecesarias a la vista de los principios éticos y de conducta que el Estatuto Básico del Empleado Público establece para todo el personal de las Administraciones Públicas. Si tales principios informaran la actuación de dicho personal, los ciudadanos verían asegurado, sin duda, su derecho a la buena administración.

Pero siendo muy importante la conducta de las personas, las normas son fundamentales para conformar la organización en la que los empleados públicos desarrollan su actividad, de manera que la mejor disposición de éstos puede resultar insuficiente para asegurar los derechos de los ciudadanos si la organización y los procedimientos de actuación no están debidamente diseñados para lograr un funcionamiento ágil y eficiente, con plenas garantías de seguridad jurídica y respeto a la legalidad. O si las conductas contrarias a tales principios y objetivos no son objeto de sanción ni reproche. Cuando incumplir las leyes no conlleva consecuencias, la cultura de la organización puede evolucionar peligrosamente hacia la relativización de la legalidad o la irrelevancia de su incumplimiento, cosa que ha sucedido en alto grado con la normativa de función pública, que en unos casos afecta a los ya funcionarios públicos y en otros, como ocurre en los procesos selectivos, a quienes aspiran a acceder a la condición de funcionario.

Seguramente se infravalora por los responsables de función pública el grave efecto que una mala política de selección de personal –con una defectuosa gestión de los procesos selectivos- conlleva para la imagen de la Administración, para su eficaz funcionamiento y para su cultura organizativa, a la que se incorporan desde el primer día quienes han superado los procesos selectivos.

La calidad en la gestión, el respeto a los derechos de los ciudadanos, la agilidad, la transparencia y la seguridad jurídica han de ser valores reconocibles de la política de selección de personal –y han de presidir toda actuación de los responsables de función pública y del Instituto Aragonés de Administración Pública y de los miembros de los diferentes Tribunales y órganos de selección-, pues difícilmente cabrá admitir que el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos –el establecido en el artículo 23.2 de la Constitución Española- pueda quedar sometido a la arbitrariedad y a la manifiesta incompetencia del poder público, como ocurre en demasiadas ocasiones en los procesos selectivos realizados por la Comunidad Autónoma de Aragón.

El fiasco del proceso selectivo de Administrativos, paralizado desde hace siete meses y que afecta a más de cuatro mil personas, es un ejemplo llamativo del fracaso del Departamento de Presidencia y del Instituto Aragonés de Administración Pública en la política de selección de personal.

No cabe hablar, sin embargo, de una excepción o un caso singular. Años sin Oferta, Ofertas no ajustadas a la legalidad, como lo acredita la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la de 2007, arbitrariedad en la inclusión de plazas –véase lo sucedido con las de la Clase de Sociólogos y Politólogos, inexistentes en las relaciones de puestos cuando se incluyeron-, total discrecionalidad en la designación de los miembros de los Tribunales e incumplimiento general y manifiesto de los plazos legales de ejecución de los procesos selectivos son el caldo de cultivo en el que no es extraño que se produzcan desastres como el proceso selectivo de Administrativos.

Son miles de ciudadanos los afectados por esta mala gestión de la selección de personal, personas que no tienen por qué soportar resignadamente que se juegue con su vida y con sus derechos e intereses. Todos ellos debieran demandar un cambio radical en el actual estado de cosas y reclamar plenas garantías a lo que supone el ejercicio de un derecho fundamental, que, como tal, ha de quedar sujeto a las garantías máximas de seguridad jurídica y no a la arbitrariedad y a la inseguridad jurídica que hoy domina la mayor parte de los procesos selectivos. Sin su reacción, sin su indignación ciudadana por el pésimo discurrir de los procesos selectivos que han de sufrir durante años de incertidumbre, será difícil que alguien se dé por aludido para cambiar una situación cada día más insostenible.