Zaragoza, 26 de enero de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió el pasado mes de diciembre a los Alcaldes de las ciudades de Teruel, Huesca y Zaragoza y a los Presidentes de las tres Diputaciones provinciales aragonesas, así como a los máximos responsables de las diferentes entidades comarcales constituidas en la Comunidad Autónoma de Aragón, para solicitarles el impulso de un Código de Buen Gobierno, en el que se establecer los principios que han de regir la conducta de los miembros de los órganos de gobierno de dichas entidades locales y de los responsables de carácter político de cada Administración local, a semejanza del aprobado en 2005 por el Gobierno de España para sus miembros y los altos cargos de la Administración General del Estado.
Consideramos que dichos Códigos de Buen Gobierno, dirigidos a los miembros de los órganos de gobierno y responsables políticos de las Administraciones locales aragonesas, constituyen un complemento imprescindible al Código de Buena Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público para el conjunto de servidores públicos de todas las Administraciones Públicas, incluidas las de los municipios, comarcas y provincias de Aragón, y que han de permitir extender el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración local, base territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De todas las Administraciones a las que se dirigió esta Asociación, la Comarca Bajo Aragón-Caspe ha sido la primera en remitir su respuesta.
El Presidente de la Comarca, Luis Javier Sagarra de Moor, nos da traslado del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Comarcal el pasado día 7 de enero de 2009.
Dicho Acuerdo es el siguiente:
“VISTO.- El escrito presentado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa con registro comarcal de entrada nº 988 de 18 de diciembre de 2008 relativo al impulso de la aprobación de un Código de Buen Gobierno y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para la Administración comarcal y para el conjunto de los municipios de dicha comarca.
La Junta de Gobierno acuerda:
PRIMERO.- Comunicar que la Comarca elaborará un Código de Buen Gobierno si bien esos principios ya son cumplidos por esta institución.
SEGUNDO.- Solicitar que nos envíe, si lo estima conveniente, una propuesta-borrador de código para proceder a su estudio.
TERCERO.- Agradecerles su preocupación por el buen funcionamiento de esta Institución Comarcal”.
Esta Asociación recibe con satisfacción la decisión adoptada por la Junta de Gobierno de la Comarca Bajo Aragón-Caspe y está dispuesta a prestar su colaboración a dicha Comarca y a las restantes comarcas interesadas en impulsar tal propuesta, mediante la elaboración de un borrador de Código y de una metodología para el debate y aprobación del mismo.
Confiamos en que otras entidades locales adopten iniciativas semejantes a la acordada por la Comarca Bajo Aragón-Caspe, incorporando el factor ético en el funcionamiento institucional de las Administraciones públicas.
No descartamos tampoco- la realidad es que lo estamos deseando - que algún día no muy lejano, el Gobierno de Aragón se decida a dar el paso necesario en esa misma dirección.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
18 comentarios:
Buena noticia, desde luego.
Traigo a colación este comentario formulado por el profesor Sosa Wagner hace unos cuantos meses sobre cuestiones que guardan relación con el tema:
En una revista bastante inocua relacionada con el mundo local se da noticia de un servicio local que está a punto de iniciar su andadura: se trata de las prácticas de buen gobierno y gestión del “riesgo reputacional” (sic!). Al parecer, según una encuesta realizada por una llamada “Asociación española de Gerentes de riesgos”, para las Administraciones públicas el riesgo de fraude y la infidelidad de los empleados será preocupación relevante. En rigor, ocupará en los próximos años el cuarto puesto en el “ranking” de los riesgos que más afectarán a dichas Administraciones, solo por detrás del cambio climático, el riesgo medioambiental y el de catástrofes naturales.
Como yo vivo en provincias y por ello me entero de muy poco, creía que los riesgos que la Administración padecía en este comienzo del siglo XXI eran la fragmentación del Estado, el paulatino arrinconamiento del principio de “mérito y capacidad” para la selección de los funcionarios y su sustitución por ese dedo que se posa -benéfico- en el hombro del pariente o del compañero de la agrupación del partido, también las prácticas viciosas en la aplicación de las normas urbanísticas así como en la selección de los contratistas ... por no citar otras corruptelas que se entrelazan en los afanes diarios de las actividades administrativas.
Sin embargo, no es así, la preocupación mayor en las Administraciones es el cambio climático y el riesgo de una catástrofe natural. Se trata de asuntos ciertamente muy serios pero de tal magnitud que uno propende a pensar que esas son preocupaciones, no de las Administraciones - un magma organizativo sin alma y sin sentimientos- sino de los sufridos administrados, esto es, del peluquero, del bombero, del empleado de banco y del secretario de juzgado porque lo cierto es que a nadie le gusta, al volver a casa por la tarde, encontrarla entre escombros, destruida por un terremoto.
Pero -como digo- estas deben ser aprensiones mías porque, ante la encuesta hecha con toda seriedad, no hay más remedio que rendirse. Por eso, estos empresarios privados están dispuestos a ayudar a las corporaciones locales a conjurar todos estos peligros y elaborar códigos de buena conducta y buen gobierno a través de los procesos de selección y formación de personas, el diseño y aplicación de códigos de comportamiento, la comunicación y el liderazgo y, en fin, la mejora ética (¡nada menos!) incorporando, como guinda, la gestión del riesgo “reputacional”.
Tal palabreja me ha producido un sobresalto. Por ello he acudido al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y resulta que no está recogida, es decir, que estamos en presencia de una labor magnífica de inventiva lingüística en este mundo de novedades empresariales. Ya lanzados por ese camino, nadie sabe a qué puerto de felicidad llegaremos.
Ante tanta necia palabrería, y hablando ya sin tono de ironía alguna, creo que el buen gobierno en la Administración local pasa por cambiar la ley electoral y establecer la segunda vuelta en la elección de los alcaldes cuando no se logren mayorías absolutas -así ocurre ya en la mayoría de los Länder alemanes-, por crear un marco de financiación que evite el recurso a las componendas urbanísticas y, en fin, por cuidar que los funcionarios -los de habilitación nacional y los
demás- sean realmente independientes y neutrales, libres de las intromisiones del estamento político, que tiene sus propias atribuciones.
Puede ser que, empezando por ahí, nos ahorremos tener que suscribir una póliza de seguro contra el riesgo “reputacional”.
En esto ya trabaja la FEMP desde mediados del año pasado, como se reseñaba en esta noticia:
Código de Buen Gobierno Local para mejorar la democracia local
La FEMP elaborará un Código de prácticas de buen gobierno que fomente la transparencia en la gestión municipal y convierta a los Ayuntamientos en espacios de participación activa. La iniciativa no sólo va dirigida a dignificar el ejercicio de la actividad del cargo público, sino que pretende la adopción de medidas que mejoren la gestión y la calidad de la democracia local.
La Comisión Ejecutiva de la FEMP acordó en su reunión del pasado 24 de junio la constitución de un Grupo de Trabajo para que elabore un “Código de Buen Gobierno Local”, tomando como base el contenido de una iniciativa presentada por su Presidente, Pedro Castro. Los miembros de la Ejecutiva decidieron que para su elaboración se tenga en cuenta también la propuesta que el Gobierno planteó en la pasada Legislatura sobre este mismo tema.
El documento, una vez elaborado por el grupo de trabajo, será sometido a la aprobación de la Comisión Ejecutiva en la próxima reunión de este órgano de dirección. El Código quedará abierto a la ratificación individualizada de todos los Gobiernos Locales que deseen adherirse a sus cláusulas y compromisos.
La intención es que los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares signatarios incorporen al Ordenamiento Local, a través de sus Reglamentos Orgánicos, los principios y normas contenidos en dicho Código, informando de todo ello a la ciudadanía, con el compromiso de velar por su cumplimiento.
Precisamente, en la propuesta presentada a la Ejecutiva se contempla la creación en el seno de la FEMP de un Observatorio de Evaluación de la Calidad Democrática para valorar la aplicación de los contenidos del Código.
En declaraciones posteriores a la reunión de la Comisión Ejecutiva, el Presidente de la FEMP, Pedro Castro, explicó que esta iniciativa pretende introducir elementos de transparencia y de calidad en la gestión, además de incorporar instrumentos de participación concretos, como consejos territoriales y sociales; en definitiva, “acercar la vida municipal a la sociedad”.
La Vicepresidenta Segunda de la FEMP, Rosa Aguilar, precisó además que “no estamos hablando de un Código Ético”, sino de “un concepto global de buen gobierno local”, configurado por Alcaldes y Concejales, pero dirigido a toda la ciudadanía, “para que sea mucho más partícipe en la gestión pública de su propio Ayuntamiento”.
“De lo que estamos hablando -señaló la Alcaldesa de Córdoba-, es de prácticas de buen gobierno y eso va referido no sólo a lo que significa el ejercicio de cargo público sino también a facilitar desde el espacio de los Ayuntamientos la participación activa y la creación de órganos sectoriales que permitan la presencia de los vecinos en la propia gestión municipal”. Esta iniciativa, afirmó, implica abrir las puertas de los Ayuntamientos y estar dispuestos a un control permanente por parte de oposición y de los ciudadanos.
Vale la pena releer el preámbulo del Acuerdo del Gobierno de España por el que se aprobó el Código de Buen Gobierno en 2005:
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005, adoptó un Acuerdo por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
Desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el ordenamiento jurídico español se ha enriquecido con diversas normas que conforman el marco en el que han de actuar los altos cargos, los funcionarios públicos y el resto del personal de las Administraciones públicas para ejercer sus funciones de acuerdo al bloque de la legalidad, que garantiza la transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas y evita toda aquella actividad o interés que pudiera comprometer su independencia e imparcialidad o menoscabar el desempeño de sus deberes públicos.
No obstante, en el momento actual, se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas, aunque sí se inducían de ellas y que conforman un código de buen gobierno.
Se trata, pues, de establecer en dicho código el respeto a una amplia gama de exigencias entre las que se encuentran no sólo el cumplimiento de las normas legales o reglamentarias, sino también de otras garantías adicionales, que configuran un pacto de los poderes públicos con los ciudadanos, en torno a los principios de funcionamiento de las instituciones en el seno de la democracia española.
La elaboración de este código responde fielmente a las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otras organizaciones internacionales, por lo que supone una eficaz política de prevención y gestión de estos conflictos, acorde con experiencias similares adoptadas por otros países de tradición y raigambre democrática.
En tal sentido, y por lo que respecta a la Administración General del Estado, se trata de ofrecer a los ciudadanos un código de buen gobierno, donde se definan y expongan los valores de referencia que han de regir la actuación de los miembros del Gobierno y de sus altos cargos para responder a las demandas y exigencias de los ciudadanos en cuanto integrantes de la comunidad política en la que viven y ofrecer un compromiso sólido de respeto, protección y fomento de todas las aspiraciones de los individuos en un marco de solidaridad, libertad y justicia.
Parler aujourd’hui d’éthique publique consiste à identifier les fondements de gestion de l’éthique considérée comme mode privilégié de régulation des comportements dans les organisations publiques. Il s’agit de l’effort rationnel et pratique permettant de clarifier les mécanismes de raisonnement pour pouvoir élaborer une décision éthique au sein des services publics. Ce même effort a pour objectif de dévoiler les principales stratégies pour gérer chaque organisation publique de manière efficace, dans le respect des valeurs et des cultures de chaque société. La Maîtrise ès arts en éthique publique fournit à ses diplômés les compétences nécessaires pour comprendre et évaluer les questions éthiques complexes et de grande envergure auxquelles l'individu, la société, le gouvernement et l’industrie privée doivent faire face.
Le cas particulier de la place de l’éthique dans l’administration publique concerne non seulement l’analyse des conditions de la confiance des citoyens à l’égard des institutions publiques, mais surtout le statut de la fonction des administrateurs publics pour permettre l’aspiration commune pour le renouvellement des stratégies de gestion
Malgré les nombreux changements qui se produisent, nos valeurs démocratiques, professionnelles, fondées sur l’éthique et liées aux personnes demeurent les mêmes. Ces valeurs, qui me tiennent particulièrement à cœur, sont le point d’ancrage et la pierre angulaire de la fonction publique. Elles ne datent pas d’hier.
Una referencia de interés en Canadá:
Le Bureau des valeurs et de l'éthique de la fonction publique (BVEFP) est un centre d'expertise et de leadership chargé de promouvoir une gestion de la fonction publique axée sur les valeurs.
Estudios de interés en Nantes, ciudad natal de Julio Verne:
Le Diplôme d'Université "Ethique et action publique" est une formation dispensée par la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et le Service Formation Continue de l'Université de Nantes
en partenariat avec :
e Groupe des Associations de la Haute Fonction Publique (G16)
L’Association RED-Ethique (Références Ethique Développement)
Le Collège des Hautes Etudes de l’Environnement et du Développement Durable,
Les secteurs professionnels associés
Développement de la conscience éthique dans la gestion de l’action publique
Dans les Etats les plus libéraux, l'action publique joue un rôle primordial dans l'organisation, la régulation et le contrôle de la vie économique et sociale de la collectivité. Action publique et vie des individus sont de plus en plus imbriquées.
Par action publique, nous entendrons tout processus de décision ou de mise en œuvre opéré et régulé par une ou plusieurs personnes –les acteurs publics- explicitement chargées par la collectivité d’agir en son nom. Dans ce sens, nous dirons que c’est l’acteur public qui fait l’action publique.
Más sobre el Diploma de Nantes:
Construire un socle de l'éthique et de l'action publique, en s'appuyant sur les textes fondamentaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l'Homme, la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (Organisation Internationale du Travail), la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, les principes fondamentaux de l'Union Européenne, les principes du Pacte Mondial des Nations Unies engageant les dirigeants des entreprises et organisations à « embrasser, promouvoir et faire respecter » un ensemble de valeurs fondamentales dans le domaine des droits de l'Homme, des normes du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, les principes de gouvernance et de conduite de l'action publique au 21e siècle,
Adapter la méthodologie de l'action publique aux orientations de l'éthique, pour exercer les bonnes pratiques en respectant les valeurs universelles sans porter préjudice aux parties prenantes.
Algo sobre el trabajo de la OCDE en la materia:
Il est impératif que les services publics inspirent confiance à la population. Les citoyens attendent des agents de la fonction publique qu’ils veillent à l’intérêt public en toute équité et qu’ils gèrent correctement les ressources de l’État au quotidien. S’ils sont équitables et fiables, les services publics inspirent confiance à la population et créent un climat propice aux activités des entreprises, contribuant ainsi au bon fonctionnement des marchés et à la croissance économique. Le respect de l’éthique est une condition préalable implicite pour que l’opinion publique accorde sa confiance à l’administration. Il est aussi un élément capital de la bonne gouvernance.
En cette période de consensus croissant entre les pouvoirs publics sur la définition des éléments indispensables d’une stratégie effective et globale de l’éthique, le présent rapport de l’OCDE contient une somme d’informations sur les dispositions en matière de gestion de l’éthique résultant de comparaisons entre les pays de l’OCDE, et dont il n’existe actuellement aucun équivalent. Cet ouvrage est destiné à favoriser l’apprentissage mutuel et à aider les décideurs à élaborer des stratégies modernes en matière d’éthique, tant dans les pays Membres que dans les pays non membres de l’Organisation. Il présente - pour la première fois - un panorama complet des dispositions concernant l’éthique adoptées par les 29 pays membres de l’Organisation, et comprend notamment les tendances générales et les pratiques particulièrement intéressantes. http://www.oecd.org/puma
Camino ya avanzado en otros ámbitos:
Normes et mécanismes existants du Conseil de l'Europe concernant l'éthique publique et la lutte contre la corruption, notamment :
- la Convention pénale sur la corruption (STE n°.173) ;
- le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n°. 191) ;
- la Convention civile sur la corruption (STE n°.174) ;
- l'Accord partiel du groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) ;
- la Résolution (97)24 portant les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption ;
- la Recommandation Rec(98)12 sur le contrôle de l'action des collectivités locales ;
- la Recommandation Rec(99)8 sur la responsabilité pécuniaire des élus locaux pour les actes ou omissions dans l'exercice de leurs fonctions ;
- la Recommandation Rec(2000)10 sur les codes de conduite pour les agents publics ;
- la Recommandation Rec(2003)4 sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales ;
- la Résolution 79 (1999) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe sur l'intégrité politique des élus locaux et régionaux ;
Consúltese:
Déclaration sur l'éthique publique des collectivités régionales et locales
Adoptée par la Conférence sur l'éthique dans le secteur public,
Noordwijkerhout, Pays-Bas, 31 mars–1er avril 2004
Identifíquese dicha categoría:
Le service public a assez d’ennemis extérieurs pour se permettre de tolérer, en plus, des ennemis intérieurs
Interesante noción la de infraestructura ética, acuñada por la OCDE:
Qu'appelle-t-on une infrastructure de l'éthique ? Le terme peut sembler quelque peu pompeux et ce qu'il désigne est devenu la pierre angulaire d'une vaste stratégie destinée à lutter contre la corruption dans le secteur public des démocraties modernes. La corruption est un phénomène qui va au-delà des délits individuels relevant du droit pénal. C'est aussi le résultat d'un échec du système. Lorsque l'on se place du point de vue de l'éthique dans le secteur public, la corruption apparaît comme un problème de gestion. Elle aboutit à des situations où même les lois les mieux conçues ne sont pas suivies d’effets et où des institutions publiques médiocres ne réussissent pas à faire respecter les règles ou à assurer la transparence, la surveillance et le contrôle voulus.
L'intégrité est une condition fondamentale de l'exercice d'un gouvernement démocratique. Ainsi, la lutte contre la corruption et la volonté de promouvoir l'intégrité dans le secteur public constituent des éléments essentiels pour étayer la poursuite du développement économique et réussir la transition vers l'économie de marché.
La corruption n'est donc pas une cause mais un symptôme de dysfonctionnement. Pour la comprendre, il faut analyser les facteurs qui influent sur les comportements, conformes ou non à l'éthique, dans la fonction publique, ce qui nous ramène à la notion d'une infrastructure de l'éthique. Les pays de l'OCDE font appel à tout un arsenal de moyens et de procédures pour décourager les comportements indésirables et favoriser le respect de la déontologie. Ils publient des codes de conduite que les agents sont censés respecter, ces codes définissent des règles en matière de protocole, de comportement et de promotion. Les hauts responsables se voient imposer des normes rigoureuses de conduite et sont invités à donner l'exemple notamment en agissant de manière transparente. Il n'existe pas de méthode unique ou de remède miracle pour éradiquer la corruption dans le secteur public. Il faut plutôt s’efforcer de combiner judicieusement les incitations et les sanctions pour encourager les agents à s'acquitter de leurs fonctions dans le respect des règles professionnelles.
C'est l'ensemble de ces moyens qui constitue ce que l'on appelle une infrastructure de l'éthique.
¿Nos hemos afrancesado?
Por la relación que puede guardar con el asunto os remito la siguiente información y opinión:
Código Ético Profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local
Aunque este Código fue aprobado en la Asamblea celebrada en Salamanca entre el 12 y el 14 de mayo de 2005, me parece necesario hacer referencia a dicho documento por el interés que despierta en este colectivo.
Dado el desconocimiento que existe de las funciones de estos profesionales, se consideró necesario dar a conocer a lo largo de la geografía española dicho Código y por eso aprovechando las Jornadas sobre el Estatuto Básico del Empleado Público celebradas el 3 y 4 de mayo del pasado año en Zaragoza se produjo la presentación de este Código que recoge principios fundamentales (por ejemplo: defensa de los valores democráticos; cumplimiento de la legalidad; servicio al interés público; jerarquía; profesionalidad; lealtad; neutralidad e imparcialidad; dedicación; honestidad; transparencia; economía, eficacia y eficiencia; formación) y profesionales (tales como: objetividad e independencia; integridad; excelencia y calidad; corrección; proporcionalidad; innovación, iniciativa, creatividad; orientación al ciudadano; información; austeridad).
Todos estos principios se recogen en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin embargo esto no tiene especial relevancia puesto que la mayoría de ellos son de sentido común. En este sentido, cuando el artículo 53 de dicha Ley dice que: "Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico", es preciso señalar que de hecho el comportamiento contrario sería constitutivo de delito (principio de legalidad del artículo 9.1 de la Constitución Española).
Según declaraciones realizadas por Martín Llanas, Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Zaragoza, "que haya una pandilla de sinvergüenzas en algunas administraciones no quiere decir que esa sea la tónica general en las instituciones locales", algo con lo que estoy totalmente de acuerdo , ya que como dice el sabio refrán "no todo el monte es orégano".
No hace falta pacto alguno para fijar reglas del juego, porque las reglas del juego están muy bien definidas: ética y respeto a la ley. Basta con aplicar el viejo adagio de que los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté expresamente prohibido por la ley; los políticos, en cambio, sólo lo permitido por la ley
No caben excusas a la hora de valorar a los corruptos, no se puede tolerar que en ningún ámbito de la Administración, desde funcionarios a políticos, se utilice el privilegio y el honor de servir al bien público para enriquecerse y estafar a la ciudadanía.
Los casos de corrupción ensombrecen la noble responsabilidad de la política y envuelven en el mismo saco a decentes e indecentes, frenando en muchos casos la incorporación de personas comprometidas con sus pueblos y regiones
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