Zaragoza 4 de enero de 2009.
El pasado día 25 de noviembre de 2008, tuvo lugar la comparecencia de los representantes de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón.
De acuerdo con lo solicitado a la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, nos ha sido facilitada la transcripción de dicha sesión, con la advertencia de que la misma no está todavía revisada por el Servicio de Publicaciones de la Cámara. Con dicha salvedad, por lo tanto, procedemos a reproducir las intervenciones de los distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios, por orden de intervención.
Reproducimos a continuación la intervención realizada por la diputada Ana de Salas, como portavoz en la Comisión del Grupo del Partido Aragones:
En nombre de mi grupo, del Partido Aragonés, bienvenidos al presidente y al secretario de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Agradecer su intervención, en relación a la información que nos han facilitado a todos los grupos, de esta asociación, que nació apenas un año y un poquito más: el 14 de febrero del año 2007; los fines, la actividad desarrollada, y las principales iniciativas y objetivos, aunque somos conocedores, porque también en nuestro grupo recibimos los escritos, desde su asociación, informando sobre cuestiones que ustedes consideran que no se ajustan a la legalidad.
Evidentemente, compartimos con ustedes el objetivo prioritario de la asociación: la defensa de la promoción de los valores, principios y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Administración de la comunidad autónoma (estoy leyendo el artículo 5), al objeto de que la misma contribuya al correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del estado autonómico, que definen la Constitución y nuestro Estatuto.
En definitiva, la mejora de la función pública. Es uno de los objetivos de su asociación, que también compartimos nuestro grupo, que también me consta que se comparte desde el Gobierno de Aragón, como un servicio público, para mejorar el servicio público a la ciudadanía.
Por tanto, esta mejora de este servicio público es fundamental, y ése es uno de los objetivos del propio Gobierno de Aragón, que se ejerce a través de ese nuevo departamento creado, el Departamento de Presidencia, y a través de la Dirección General de Función Pública.
Sin embargo, evidentemente, no podemos compartir alguna de las afirmaciones que ustedes han realizado en relación a actuación al margen de la legalidad, obviando la legalidad; no solamente por parte de los poderes públicos, sino también incluso han dicho ustedes que también se obvia por parte de la negociación colectiva. Han hablado ustedes de los sindicatos, que creo que nosotros, desde luego, no compartimos esa afirmación que han hecho ustedes de que la negociación colectiva, el trabajo con los sindicatos y con los poderes públicos se hace al margen también o sin ajustarse, han dicho ustedes, a las exigencias de la legalidad eso no lo podemos compartir, y ahí está la prueba: algunas cuestiones que ustedes han ido a los tribunales, y que en este caso, pues serán ellos los que tengan que resolver, y veremos.
Pero desde luego, la actuación del Gobierno de Aragón, la actuación, también me consta, en la negociación colectiva con los trabajadores, con los sindicatos representantes de los trabajadores de la función pública, yo creo que se exige, y sobre todo, se exige que se ajuste a la legalidad. Eso es evidente, porque es que estaríamos ante un descontrol absoluto de un Estado antidemocrático. Y evidentemente, nosotros no podemos compartir ese tipo de afirmaciones que ustedes han realizado.
Por lo demás, me consta, además, que tienen una relación fluida, también, con la Dirección General de la Función Pública; esas reivindicaciones o esas cuestiones que ustedes han planteado. Somos conocedores de que lo sabe también el propio director general de Función Pública, y por lo tanto, pues bueno: hoy están aquí, informando a todos los grupos, como no puede ser de otra forma. Y como ya digo, pues compartimos lo que es la finalidad, en realidad, de su asociación, pero no podemos compartir algunas de las afirmaciones que ustedes han realizado.
Nada más y muchas gracias.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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