Zaragoza, 16 de enero de 2008.
El Presidente de la Asociación se ha dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para informarles de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, respecto a la obligatoriedad de que las necesidades de personal de las entidades de derecho público de la Administración autonómica se incluyan en la Oferta de Empleo Público que corresponde aprobar al Gobierno de Aragón, evitando por ello la aprobación de convocatorias de selección que no se hallen autorizadas por dicha Oferta, como ha sucedido con las convocatorias efectuadas por la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos, entidad adscrita al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad.
Se incluye a continuación el texto íntegro del escrito remitido:
“Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
Zaragoza, 12 de enero de 2009.
Estimados señores:
El Justicia de Aragón ha dado traslado a esta Asociación de una copia de la sugerencia formulada al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, respecto a la necesidad de que dicho Departamento vele por que las necesidades de personal de la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos, entidad de derecho público adscrita al citado Departamento, se incluyan en la oferta de empleo público que corresponde aprobar al Gobierno de Aragón o en instrumento similar a dicha oferta, conforme a lo previsto en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.
Esta Asociación se ha dirigido reiteradamente a los responsables del Gobierno de Aragón para recordarles la necesidad de que la Oferta anual de Empleo Público que corresponde aprobar al Ejecutivo autonómico incluya, como hace la Administración General del Estado, las necesidades de personal de nuevo ingreso de las diferentes entidades de derecho público de la Administración autonómica, evitando que éstas lleven a cabo convocatorias de selección de personal laboral fijo que no hayan sido previamente autorizadas por la Oferta de Empleo Público, como establece el Estatuto Básico del Empleado Público.
A la vista de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, resultado de una queja planteada desde esta Asociación, nos hemos dirigido a la titular del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y a los responsables de función pública de la Administración autonómica para solicitarles la expresa aceptación de tal sugerencia y la adopción de las medidas necesarias para ajustar la selección de personal de las entidades de derecho público a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Deseamos igualmente poner en su conocimiento la citada sugerencia, al objeto de que si, lo consideran oportuno, puedan adoptar desde ese Grupo Parlamentario aquellas iniciativas de impulso o control de la acción de gobierno que aseguren la aplicación del criterio expresado por el Justicia de Aragón en la sugerencia formulada, coherentemente con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Publico.
Agradeciéndoles la atención dispensada a nuestro escrito, reciban nuestro más atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
4 comentarios:
Bien, la necesidad de insistir sobre los parlamentarios es una magnífica estrategia. Que, por lo menos, no aleguen desconocimiento y que ejerzan el control institucional que les corresponde.
¿Tienen los grupos parlamentarios a alguien que haga algún seguimiento de lo que sucede en la administración autonómica? Eso debiera ser algo imprescindible, salvo que consideren que el gobierno puede hacer y deshacer a su antojo y aplicar o inaplicar las leyes aprobadas por el propio parlamento según el capricho o conveniencia de cada cual. Si esto es así, la responsabilidad compartida por gobierno y oposición en cuanto al estado de la función pública aragonesa resulta más que evidente. Pero no por ello hay que dejar de presionar a unos y a otros. Porque se trata, en definitiva, de presionarlos y nunca de suplantarlos. Hay que saber distinguir el rol de los políticos y el de los servidores públicos, algo que a veces no distingue el presidente del gobierno aragonés al aupar a responsabilidades políticas a funcionarios de perfil político o público bajo, muy bajo.
Le courage, la fraternité, le refus de l'aliénation, le désir de penser et d'agir en liberté, volonté de léguer un futur positif, l'amour de la paix, le respect de l'autre, des droits de l'homme, l'horreur du totalitarisme, du fascisme de la destruction de l'homme par l'homme.
La véritable justice, ce n'est pas la vengeance, c'est la mémoire. Robert Badinter
No olvidéis la realidad de las empresas públicas, aunque claro sería poco realista pretender disciplinar a las empresas públicas cuando ni las entidades de derecho público se ajustan a la ley, a pesar de la claridad del estatuto básico.
El comportamiento de los responsables de función pública de nuestra administración es deplorable y debe ponerse de manifiesto. Carecen de la menor autoridad moral y sólo andan a remolque de la demencial estrategia de los sindicatos: nada bueno cabe esperar de semejante combinación.
Por cierto, ¿alguien ha oído una sola idea al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, sobre la administración y la función pública? ¿a qué se dedica?
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