viernes, 29 de marzo de 2013

SALIR REFORZADOS.



El próximo mes de abril esta Asociación vivirá un proceso de reflexión interna –con la celebración de una Junta Directiva en la que se valoren los resultados de la asamblea ordinaria del pasado 19 de marzo y la convocatoria de una Asamblea extraordinaria para cubrir el cargo de Presidente, pero sobre todo para definir los objetivos y prioridades de la Asociación en este periodo, a partir del “Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la VIII Legislatura de las Cortes de Aragón”, elaborado tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011- y confiamos en que este proyecto asociativo, que sigue contando con una clara razón de ser, salga reforzado de este periodo de reflexión.

Ni los usos políticos en la Comunidad Autónoma de Aragón ni los criterios de dirección y gestión de la función pública se han modificado sustancialmente en este último periodo. La Administración parece estar desnortada, sin rumbo, y los funcionarios se han convertido en muchos casos en incómodos testigos de unos equipos de dirección carentes de ideas y de capacidad. Vivimos una insatisfactoria experiencia que combina un Gobierno burocratizado, falto de pasión política y de liderazgo social, y una burocracia politizada, pues un gran número de altos cargos se han provisto por funcionarios, todos ellos de designación política, más preocupados en su permanencia que en una transformación real de la Administración para profesionalizarla y ponerla al servicio real de los ciudadanos. Las decisiones sectarias en materia de personal tampoco son inusuales. La Administración sigue teniendo la consideración de botín, utilizable para recompensas personales y políticas, para colocar a “los nuestros”. Esa utilización de los puestos públicos nada tiene que ver con la idea de “formar equipo” ni con la profesionalidad exigible a los servidores públicos. La función pública tiene sus propias reglas en materia de provisión de puestos y han de respetarse.

Las circunstancias económicas del país no pueden servir como excusa para el incumplimiento de la ley o la vulneración de los derechos de los ciudadanos, como estamos viendo de forma permanente.  Mucho menos para mentir y ocultar la verdadera gestión de los gobiernos e instituciones públicas, al tiempo que se realizan grandes protestas de transparencia.

Las medidas difíciles que deban tomarse se han de adoptar en el marco de la legalidad y con el máximo respeto a las personas afectadas. Y, por supuesto, con ejemplaridad por parte de quienes gobiernan en las actuales circunstancias, empezando lógicamente por el régimen retributivo y el uso de los bienes públicos, pero cuidando sobre todo el no poner en riesgo los valores que cimentan la imprescindible cohesión social y dan sentido a las instituciones.

En la actual coyuntura, como fácilmente puede comprenderse, la reivindicación de los valores de la función pública y del modelo constitucional de Administración Pública es más necesaria que nunca. Lo es para los servidores públicos, pero también para el conjunto de los ciudadanos. Por dicho motivo, no existen razones que permitan a nuestra Asociación flaquear en la defensa de sus principios y, a lo largo del mes de abril, no sólo debemos convencernos de que nuestro trabajo sigue siendo necesario, sino que debemos dar con las fórmulas para que nuestra actividad sea más amplia y más efectiva, de modo que podamos contribuir decisivamente a cambiar el preocupante estado de cosas y restaurar los valores de la legalidad y de la ética pública, como esencia de toda sociedad democrática.

8 comentarios:

Anónimo dijo...

Hay que seguir, reflexionar sí, pero no reblar. La situación de crisis económica, pero también política, social y de valores, lo está pidiendo a gritos.

Anónimo dijo...

La función pública tiene sus propias reglas en materia de provisión de puestos y han de respetarse al igual que ha de respetarse todas las leyes y todos los reglamentos vigentes, incluso por una Admón de chiste como es la nuestra.

Anónimo dijo...

¿Es de chiste que un empleado público tenga el parte de baja y le descuenten mientras que el que no lo tiene y falta a trabajar no le descuenten?. El BOA de hoy publica esto en la Instrucción de la Dirección General de la Función Pública de 15 de marzo.

Anónimo dijo...

Es de chiste crear asesores técnicos para pagarles su sueldo por la obligación de fichar entradas y salidas.

Anónimo dijo...

Es de chiste convocar ¿? (hacer como que se hace) para dejarlo ahí a remojo pasando de plazos, de reglamentos, de legalidades ... La función pública es de chiste ... donde los únicos (muchos) que sonrien son los "amiguetes" ...

Anónimo dijo...

Hay que hacer por cambiar esto.

Anónimo dijo...

Lo peor de todo es que no es un chiste todo lo que pasa, afecta a la carrera profesional de los funcionarios de carrera y laborales fijos, a su nómina, a las futuras prestaciones, a la conciliación de la vida familiar y laboral, a los derechos de los ciudadanos que quieren acceder en igualdad de condiciones al empleo público, a los parados, a los interinos, a todos los ciudadanos que nos creíamos que vivíamos en un país que respetaba las leyes. ¿Y los sindicatos qué hacen ante las protestas de sus propios afiliados? Dicen que todo es legal. Pues si es todo legal se deberían disolver ya que no sirven para nada, bueno sirven para negociar ilegalidades que presentan como un gran logro. Para muestra el BOA de hoy. Algún sindicato recogió firmas vía internet y aquí está el resultado, otra discriminación más, ahora con la incapacidad laboral.

Alfonso dijo...

Es este un artículo muy certero en el blog, de los mejores en los últimos tiempos.

En efecto, hay que revitalizar la Asociación, intentando captar más asociados, para lo que necesitamos ser más guerreros de lo que hemos sido durante el último año.

Un año en el que, como se afirma en el artículo, hemos contado con un Gobierno burocratizado y carente de impulso social, y una burocracia politizada, a pesar de ser elegidos muchos Directores Generales entre funcionarios.

Esto último es realmente preocupante, porque si los funcionarios están politizados es que se está descapitalizando la profesionalidad de la función pública. Hemos de pensar, además, que cuando dichos funcionarios dejen de desempeñar el puesto de Director General por un cambio de Gobierno, por ejemplo, seguirán igualmente politizados, ya que la forma de desempeñar un cargo es algo inherente a la persona no al propio cargo.

Preguntémonos también: si a esos funcionarios que han sido nombrados para puestos de Director General "se les obliga" a politizarse, ¿por qué no dimiten?¿dónde queda su ética profesional?

Lamentablemente nos estamos aconstumbrando a todo; por lo que se refiere a la función pública vemos normal que los Directores Generales que son funcionarios abandonen su neutralidad ideológica en favor de un partido político, el que gobierna en este momento. ¿Cómo confiar luego en ellos?

Saludos.